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SENTENCIA NUMERO: DOS

En la Ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil catorce, siendo las doce horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por el señor Vocal doctor Luis Enrique RUBIO, con asistencia de los señores Vocales doctores Armando Segundo ANDRUET (h) y Domingo Juan SESIN, a los fines de dictar sentencia en los autos "QUINTEROS, Víctor Hugo y otra, p.ss.aa. homicidio calificado -Recursos de casación e inconstitucionalidad-" (Expte. "Q"- 7/11), con motivo de los recursos de casación interpuestos por el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Carlos Ferrer; el apoderado de los querellantes particulares, Dr. Carlos R. Nayi y el defensor del encartado Víctor Hugo Quinteros, Dr. Miguel Ángel Palacio, en contra de la sentencia n° 18 del 8 de julio dos mil once, dictada por la Excma. Cámara Novena en lo Criminal de esta ciudad, integrada con Jurados Populares conforme a la ley N° 9182.

            Abierto el acto por el Sr. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

            I. ¿Resulta indebida la declaración de inconstitucionalidad que se dispusiera en el fallo de los arts. 29, segundo párrafo y 44, primer y último párrafo, de la ley provincial 9182?

            II. ¿Es nulo el fallo atacado por no haberse precisado en la acusación instructoria las conductas que se le achacaran al encartado Quinteros?

            III. ¿Es nula la sentencia atacada en cuanto absolviera al encartado Aguilar por el hecho investigado?

            IV. ¿Ha sido indebidamente absuelto en el fallo de marras el imputado Onainty?

            V. ¿Resulta indebida la absolución dispuesta en el fallo de la encartada Segalá?

            VI. ¿Debe ser anulado el decisorio atacado por la arbitraria modificación del protagonismo endilgado al imputado Quinteros?

            VII. ¿Se inobservaron en el fallo impugnado los arts. 59 inc. 3° y 62 inc. 2° del C.P. al condenar al acusado Quinteros cuando se encontraban prescriptas las acciones penales de los delitos atribuidos al mismo?

            VIII. ¿Resulta indebido el monto de pena finalmente impuesto al encartado Quinteros?

IX. ¿Qué resolución corresponde dictar?

         Los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dres. Luis Enrique RUBIO, Armando Segundo ANDRUET (h) y Domingo Juan SESIN.



A LA PRIMERA CUESTION:

El señor Vocal doctor Luis Enrique RUBIO, dijo:

            I. Por sentencia Nº 18, de fecha 8 de julio de 2011, la Excma. Cámara en lo Criminal de Novena Nominación de la ciudad de Córdoba, integrada con Jurados Populares (ley provincial N° 9182), en lo que aquí importa, resolvió "…I) Declarar de oficio y por mayoría la inconstitucionalidad de los arts. 29, segundo párrafo y 44, primer y último párrafo, de la ley pcial. 9182. II) ABSOLVER por mayoría a OSCAR REYNALDO AGUILAR, ya filiado, por el hecho contenido en el auto de elevación a juicio de las actuaciones obrante a fs. 8862/8964 del cuerpo cuadragésimo sexto, que fuera legalmente calificado como coautor del delito de Homicidio Calificado (criminis causae por el vínculo y por alevosía) (arts. 80 inc.1º, tercer supuesto; 2do., segundo supuesto y 7mo.; en función de los arts. 79, 48 y 45 C.P.); sin costas (arts. 550 y 551 C.P.P.). III) ABSOLVER por mayoría a MARIO OSCAR ONAINTY, ya filiado, por el hecho contenido en el auto de elevación a juicio de las actuaciones citado precedentemente, que fuera legalmente calificado como cómplice necesario del delito de Homicidio Calificado (criminis causae por el vínculo y por alevosía) (arts. 80 inc.1º, tercer supuesto; 2do., segundo supuesto y 7mo.; en función de los arts. 79, 48 y 45 C.P.); sin costas (arts. 550 y 551 C.P.P.). IV) ABSOLVER por unanimidad a BRIGIDA MERCEDES SEGALA, ya filiada, por el hecho contenido en el auto de elevación a juicio de las actuaciones de fs. 7485/7550 vta. del cuerpo trigésimo sexto, que fuera legalmente calificado como coautora del delito de Homicidio Calificado por el vínculo, alevosía y codicia (arts. 80 inc.1º, tercer supuesto; 2do., segundo supuesto y 4to. segundo supuesto; en función de los arts. 79, 48 y 45 C.P.); sin costas (arts. 550 y 551 C.P.P.). V) ABSOLVER por unanimidad a VICTOR HUGO QUINTEROS, ya filiado, por el hecho contenido en el auto de elevación a juicio de las actuaciones de fs. 7485/7550vta. del cuerpo trigésimo sexto, que fuera legalmente calificado como coautor del delito de Homicidio Calificado por el vínculo, alevosía y por precio o promesa remuneratoria (arts. 80 inc.1º, tercer supuesto; 2do., segundo supuesto y 3ro.; en función de los arts. 79, 48 y 45 C.P.); sin costas (arts. 550 y 551 C.P.P.) por el segundo tramo del hecho atribuido y DECLARARLO autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por violencia y robo en concurso real; en los términos de los arts. 141 inc.1º, primer supuesto, 164 y 55 C.P., por el primer tramo del hecho atribuìdo e imponerle pena de siete años de prisión con accesorias de ley, costas y declaración de reincidencia; unificando la presente con la sentencia nro. 46 del 10/12/2001 dictada por la Cámara en lo Criminal de Décima Nominación que impuso la pena única de dieciocho años de prisión con declaración de reincidencia, adicionales de ley y costas; en la pena única de veinticuatro años de prisión con accesorias de ley, costas y declaración de reincidencia, sin perjuicio de la unificación posterior que correspondiera realizar con la sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal de Séptima Nominación, nro. 3 de fecha 10/03/2008 (arts. 9,12,50,58 C.P.; 550 y 551 C.P.P.)... VIII) Rechazar la acción civil deducida por Blanca Arolfo de Corradini, en contra de Brígida Mercedes Segalá, Mario Oscar Onainty, Oscar Reynaldo Aguilar, Víctor Hugo Quinteros y del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, con costas por el orden causado (CC arts. 1066, 1067, 1068, 1069, 1072, 1073, 1076, 1078, 1084 y 1113 in totum, todos a contrario, CPP arts. 550 y 551, CPCC art. 130). IX) Rechazar la acción civil deducida por Yanina Corradini Segalá y Yamila Corradini Segalá, en contra de Brígida Mercedes Segalá, Mario Oscar Onainty, Oscar Reynaldo Aguilar, Víctor Hugo Quinteros y del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, con costas por el orden causado (CC arts. 1066, 1067, 1068, 1069, 1072, 1073, 1076, 1078, 1084 y 1113 in totum, todos a contrario, CPP arts. 550 y 551, CPCC art. 130) " (fs. 10.132/10.133).

            II.1. Frente a lo anterior, se presentan diversos recursos de casación, agregando la defensa del encartado Quinteros un recurso de inconstitucionalidad, el cual ya fue tratado por este Superior Tribunal en Pleno (ver Auto N°        3,del 12/2/14). A su vez, los recursos de casación contienen diversos agravios cuyo orden de tratamiento en algunas ocasiones será alterado por razones netamente metodológicas.



2. En primer término, el defensor del encartado Víctor Hugo Quinteros, Dr. Miguel Ángel Palacio, presenta un agravio que refiere canalizarlo a través del motivo formal del recurso de casación, previsto en el art. 468 inc. 2do. del CPP.

Se deduce que a través del mismo el impugnante pretende revertir la declaración de inconstitucionalidad que dispusiera el a quo de los arts. 29 -segundo párrafo- y 44 -primer y último párrafo- de la ley provincial N° 9182.

Refiere allí que por razones de economía procesal hace suyos los argumentos que brindara el Sr. Fiscal de la Cámara Tercera de esta ciudad en la causa "PÉREZ, Andrés Darío, p.s.a. homicidio en ocasión de robo" en oportunidad que presentara un recurso de reposición contra un decisorio de dicho tribunal que declarara la inconstitucionalidad de determinadas normas de la ley N° 9182.

A continuación transcribe tales fundamentos en los que el mencionado Fiscal de Cámara entendiera, en su momento, que la mentada ley respeta las mandas constitucionales referentes al principio del Juez Natural, imparcialidad e independencia del tribunal.

En cuanto a la fundamentación del fallo, expresó en su momento el Sr. Fiscal, ninguna objeción le cabe a los párrafos segundo y cuarto del art. 44 de la citada ley, ya que no afectan la garantía constitucional de fundamentación contenida en el art. 155 de la Constitución Provincial, puesto que los jurados no deben expedirse sobre cuestiones técnicas sino solo sobre cuestiones de hecho.

Por lo anterior, el aquí recurrente solicita se revoque la sentencia atacada, puesto que entiende le ocasiona a Quinteros un gravamen irreparable que no habría tenido lugar si el tribunal de juicio hubiera tomado otra decisión (fs. 10.159/10.189).



3.a. De lo recién consignado, se advierte claramente que la pretensión del defensor del imputado Quinteros en la presente cuestión, es lograr -a través del recurso de casación- dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad que efectuara el tribunal de juicio sobre las mentadas normas de la ley provincial N° 9182.

b. Se adelanta opinión en cuanto postularé la inadmisibilidad del presente agravio.

Lo anterior es así puesto que a más de los defectos en orden a la fundamentación que presenta la crítica aquí analizada (por su absoluta carencia de argumentos autónomos y su remisión in totum a otros que habría esgrimido un Representante del Ministerio Público en otro proceso que no guarda conexidad alguna con el presente), lo cierto es que el error en la vía procesal escogida por el impugnante para revertir la declaración de inconstitucionalidad resuelta, determinará lo aquí propuesto.

Ello es así si se repara que la Constitución de la Provincia ha asignado al Tribunal Superior de Justicia competencia derivada, para conocer y resolver, en pleno, los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, y, por intermedio de sus salas, los recursos extraordinarios que las leyes de procedimiento acuerden (artículo 165, inc. 2 y 3) y desde antiguos precedentes se ha insistido en explicitar el organigrama recursivo dispuesto por la ley del rito local para aquellos agravios que versan -de una u otra manera- sobre la vulneración de normas constitucionales (T.S.J., en pleno, 6/5/42, "Romero"; Sala Penal, S. n° 76, 11/12/97, "Aguirre Domínguez"; S. n° 20, 25/3/98, "Gaón"; A. n° 86, 23/3/99, "Moreno"; A. n° 176, 13/5/99, "Olmos"; A. n° 178, 13/5/99, "Arce"; entre otros).

Así, en "Romero" (cit. supra), se sostuvo una prolija escisión: a través del recurso de inconstitucionalidad podía discutirse la constitucionalidad de normas, mientras que a través del recurso de casación podía impugnarse la resolución que inobservara una garantía constitucional. La importancia del precedente radica en que, con motivo de la reforma al Código Procesal Penal de la Provincia y de la previsión de los recursos de casación e inconstitucionalidad, se hacía necesario interpretar el deslinde entre ambas vías extraordinarias (cfr. MARTINEZ PAZ, Enrique (h), "Las violaciones de la Constitución en el Código de Procedimiento Penal", Justicia, Revista de Jurisprudencia, t. 2, 1942-43, p. 235; NUÑEZ, Ricardo C., "Recursos establecidos por el Código de Procedimiento Penal de Córdoba a los fines de que el Tribunal Superior pueda hacer efectivo el principio de supremacía de la Constitución", LL, t. 28, p. 429, en nota a "Fernández, Raúl", T.S.J., en pleno, 30/10/42; posición que mantuvo en "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba", 2da. edición, Lerner, 1986, p. 490; DE LA RUA, Fernando, "La casación penal", Depalma, 1994, p. 283 y ss.).

En definitiva, es el recurso de inconstitucionalidad la vía que sirve para impugnar la ley misma o sostener su regularidad constitucional, el vicio consiste -en ese recurso- no ya en aplicar erróneamente la ley, sino simplemente en aplicarla o en disponer su inaplicación.

Asimismo, en los precedentes invocados se ha descartado que obste a tal hermenéutica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.N., "Strada, Luis v/. Ocupantes del perímetro ubicado entre las calles Deán Funes, Saavedra, Barra y Cullen", 8/4/86, Fallos t. 308-1:490; "Christou; Hugo y Otros v Municip. de Tres de Febrero", 20/2/87, Fallos 310/1:324; "Di Mascio, Juan R. interpone recurso de revisión", 1/12/88, Fallos 311/2:2478), en cuanto a la obligación del Tribunal Superior de Justicia de pronunciarse sobre las cuestiones federales planteadas por las partes, ya que para arribar a tal pronunciamiento es necesario abrir la competencia por la vía procesal apta o idónea que acuerda la legislación local y cuya infecundidad no ha demostrado el recurrente, que ha optado por una de las vías impugnativas previstas, sin reparar en la específica idoneidad de otra (T.S.J., Sala Civil, "Imaz de Maubecin Ana María c/Municipalidad de Córdoba - Daños y perjuicios -Recurso directo-", S. n° 75, 2/10/96; Sala Penal, "Bucheler", cit.; en igual sentido MORELLO, Augusto, "El recurso extraordinario", Abeledo-Perrot, 1987, p. 124; SAGÜES, Néstor Pedro, "El concepto de instancia útil, apta o idónea provincial previa al recurso federal", LL 1986/E, p. 1062).

Cabe señalar, una vez más, que según doctrina consolidada de la Sala el principio iura novit curia, permite superar errores de encuadre legal entre las distintas causales de un mismo recurso, no así cuando el error versa sobre la elección del recurso extraordinario local (inconstitucionalidad o casación), atendiendo a las diferencias cualitativas de ambas vías y a la distinta competencia (Tribunal en Pleno o Sala) (T.S.J. , Sala Civil, "Imaz de Maubecin..."; Sala Penal, "Bucheler", "Aguirre Domínguez", cit. supra, entre otros).

Ello es así, por cuanto si bien el principio de la formalidad -particularmente acentuado en los recursos extraordinarios- ha sido atenuado, no ha llegado a receptar legal ni jurisprudencialmente, el llamado recurso indiferente, conforme al cual el Tribunal puede adecuar la instancia recursiva a los parámetros legales supliendo vicios o deficiencias, máxime cuando no se trata de un simple error material en su designación, ya que la fundamentación del recurso exterioriza la consciente elección de una vía equivocada (T.S.J., Sala Civil, "Imaz de Maubecin...", cit.).

En síntesis, cabe concluir que el quejoso no ha desarrollado las razones (art. 474 CPP) por las cuales ha optado por el recurso de casación, como medio para sostener la regularidad constitucional de la mencionada ley, resultando así claro que, en definitiva, no ha escogido la vía impugnativa adecuada -art. 483, C.P.P.-, ya que el sistema recursivo delineado por el Código Procesal Penal local sí ha cubierto adecuadamente el ámbito que le preocupa, con la sola condición de intentarla con un mínimo respeto al principio de taxatividad (C.P.P., art. 443).

En función de lo anterior, corresponde declarar formalmente inadmisible el presente agravio (CPP, art. 455, segundo párrafo).



c. No obstante lo dicho en el punto precedente, es de hacer notar que la misma pretensión que aquí esgrime el defensor de Quinteros a través del recurso de casación fue expuesta en el recurso de inconstitucionalidad el cual ya fue resuelta por este Superior Tribunal en Pleno mediante Auto N° 3, del 12/2/14.

Por tal motivo, las razones allí expuestas son de aplicación en la presente.

Así voto.

El señor Vocal doctor Armando Segundo ANDRUET (h), dijo:

El señor Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.



El señor Vocal doctor Domingo Juan SESIN, dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Vocal Dr. Luis Enrique RUBIO, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.



A LA SEGUNDA CUESTION:

El señor Vocal doctor Luis Enrique RUBIO, dijo:

I. Manteniéndose bajo el motivo formal de casación (art. 468 inc. 2do. del CPP), el defensor del imputado Víctor Hugo Quinteros plantea la nulidad de la sentencia por haberse inobservado en la acusación instructoria los arts. 354 y 355 del C.P.P.

Dice aquí que ante un tipo penal calificado por la existencia de plurales tipos subjetivos como el previsto en el art. 142 del Código Penal, que contiene las alternativas de que el hecho "se cometiere con violencias" o "amenazas" o "con fines religiosos" o "de venganza", la defensa podría haber adoptado diversas posiciones defensivas. Por ello considera que en la acusación debió especificarse sucintamente cuál o cuáles de tales alternativas se dieron en la causa, de modo que se pudiera delinear la estrategia defensiva.

Luego de hacer una referencia a la acusación instructoria e identificar el art. 355 del CPP, dice que su defendido no pudo conocer cuál o cuales son las conducta/s atribuida/s.

Con cita doctrinaria, afirma el recurrente que el Fiscal requirente no cumplió con la exigencia legal de calificar el hecho descripto.

Insiste, no surge la precisión del hecho que se le atribuye a Quinteros, lo que provocó en el mismo confusión acerca de la pretensión que el fallo ha hecho valer e incidió en el ejercicio concreto de su defensa.

Agrega que la intención de privar ilegítimamente de la libertad a otro y el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, no refleja ninguna de las hipótesis previstas por los arts. 142 inc. 1° en función del 141 y 164 en función del 162 del C.P.

Todo lo denunciado, dice, implica inobservancia de disposiciones concernientes a la intervención del imputado en el proceso, lo cual conlleva la nulidad de lo resuelto (fs. 10.159/10.189).

II.1. Conforme surge de la reseña efectuada en el punto anterior, se advierte que el defensor del acusado Quinteros denuncia aquí una serie de defectos contenidos en la acusación instructoria que, entiende, privaron al imputado de conocer qué se le atribuía al término de la investigación penal y a la defensa de trazar correctamente la estrategia defensiva.

Empero, el yerro en el que incurre el recurrente es patente desde que, conforme se desprende de la sentencia y del resto de la causa, no le fueron atribuidos a Víctor Hugo Quinteros en la fase crítica de la investigación penal preparatoria los delitos de privación ilegítima de la libertad y robo, como lo señala.

Por el contrario, en dicha etapa y conforme surge del A. de fs. 7485/7550 vta. -Cpo. 36-, el nombrado fue acusado como supuesto co-autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y por precio o promesa remuneratoria (arts. 80 inc. 1°, tercer supuesto; 2do., segundo supuesto y 3ro.; en función de los arts. 79, 48 y 45 del C.P.).

Cierto es que el mencionado imputado, previo ser absuelto por el segundo tramo del hecho atribuido en la acusación (donde se encontraba el recién mencionado delito contra la vida), resultó finalmente condenado por lo ocurrido en el primer tramo, lo cual fue subsumido en los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por violencia y robo en concurso real (arts. 141 inc.1º, primer supuesto, 164 y 55 C.P.). Empero, ello recién ocurrió en la sentencia ulterior al debate y no en la acusación, como lo denuncia el impugnante.

Por ello, al no presentarse el vicio señalado, el presente agravio debe ser rechazado.

Es de hacer notar que no puede interpretarse que el presentante esté denunciando una violación al principio de congruencia entre acusación y sentencia, desde que, a más de hacer expresa referencia a los arts. 354 y 355 del CPP (los cuales regulan la procedencia y el contenido de la requisitoria fiscal de citación a juicio), se queja de una supuesta "confusión" por parte del imputado en relación a los hechos atribuidos (lo cual lo vincula necesariamente con los consignados en la acusación y no con el hecho finalmente acreditado en la sentencia) y no de una "sorpresa" que le habría causado el hecho finalmente fijado. No obstante ello, debe destacarse que si la queja estuviera dirigida hacia el hecho acreditado en la sentencia, la misma, conforme lo que se resolverá en el tratamiento de la sexta cuestión de la presente, devendría abstracta.

Es mi voto.

El señor Vocal doctor Armando Segundo ANDRUET (h), dijo:

El señor Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.



El señor Vocal Domingo Juan SESIN, dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Vocal Dr. Luis Enrique RUBIO por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Así voto.

A LA TERCERA Y CUARTA CUESTION:

El señor Vocal doctor Luis Enrique RUBIO, dijo:

I.1. Tanto el Sr. Fiscal de la Excma. Cámara Novena, Dr. Carlos F. Ferrer, como el apoderado de los querellantes Yanina Corradini Segalá, Yamila Corradini Segalá y Blanca Arolfo de Corradini, Dr. Carlos Raúl Nayi, presentan sendos recursos de casación, los cuales canalizan a través del motivo formal previsto en el art. 468 inc. 2do. del CPP.

En lo que aquí importa, tanto el acusador público como el privado cuestionan la absolución que de los imputados Aguilar y Onainty se dispuso en el fallo.

Atento que el recurso de la parte querellante presenta argumentaciones contenidas en el del Sr. Fiscal, como asimismo que ambos recurrentes relacionan las conductas de los imputados como embarcados en una misma empresa criminal (convergencia intencional), los recursos referidos a los mencionados imputados serán tratados conjuntamente, sin perjuicio de discriminar las argumentaciones referentes a cada uno de manera autónoma.

2. Inicialmente se presenta el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Carlos F. Ferrer e interpone recurso de casación al cual se adhiere el Sr. Fiscal de Instrucción, Dr. Marcelo J. Hidalgo, quien fuera llamado al debate a coadyuvar con el anterior (art. 73 del CPP).

Luego de efectuar una serie de consideraciones en orden a la procedencia formal de la impugnación como de diversos antecedentes de la causa, afirma el Representante del Ministerio Público que la sentencia atacada presenta una fundamentación insuficiente y contradictoria, que omite valorar elementos probatorios decisivos y además es arbitraria en cuanto interpreta parcializadamente la prueba invocada, extrayendo conclusiones que no autoriza a colegir indefectiblemente, violando así las reglas de la sana crítica racional.

En la primer crítica que expone, denuncia una valoración parcializada y contradictoria relativa al arma utilizada y sus implicancias, por violación al debido proceso frente a la duda superable.

Afirma que la dirimencia de la cuestión radica en que, según el propio fallo, diversas circunstancias y extremos tendrían una conclusión distinta (incriminatoria) de poderse considerar acreditada lo relativo al arma de fuego.

Aclara que la prueba técnica que permitió a la acusación vincular el arma secuestrada en el Precinto 36 con la utilizada para matar a Corradini fue íntegramente producida durante la etapa penal preparatoria e incorporada por su lectura al debate. Si bien fue convocado a la audiencia el último perito balístico oficial designado (Eduardo A. Ahumada), al presentarse, por expresa indicación del Presidente del debate, no fue examinado, al dejar aclarado que su comparendo era "solamente" en carácter de testigo y en relación a otras circunstancias de su conocimiento que poco tenían que ver con el dictamen pericial (fs. 9435, Cpo. 49).

Precisa allí que para el recurrente el dictamen de Ahumada, incluso contrastado con los demás dictámenes y el resto de la prueba, era absolutamente fundado, completo y no merecía aclaración ni ampliación alguna. Si alguna duda abrigaba el tribunal, agrega, estuvo ante la posibilidad concreta de aclararla válidamente, pese a lo cual, inexplicablemente (ahora se ve) despreció sondear al experto.

Reitera, se trataba de prueba legalmente ofrecida y admitida y el perito estuvo en la sala, por lo que no resulta comprensible que, tratándose de una cuestión cuya dirimencia el propio Presidente destacó en su voto, y de la que pudo estar advertido prácticamente desde que se radicó la causa en el Tribunal (art. 361 CPP), pudiéndolo hacer, no haya adoptado las lógicas medidas conducentes a salvar su exclusiva duda.

Sostiene aquí el Sr. Fiscal de Cámara que, independientemente del principio acusatorio y el deber de la carga probatoria que se desprende del art. 362 del CPP, hay normas específicas (con interpretación favorable doctrinaria y jurisprudencialmente) que le permitían al Tribunal proceder en consecuencia.

Relacionado a lo anterior, expresa que la pericia es una medida que puede ser ordenada "aún de oficio cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba fuera necesario o conveniente" (art. 231 CPP), no existiendo prescripción alguna que limite su alcance o circunscriba esa facultad -de oficio- a la etapa penal preparatoria. Por el contrario, agrega, el art. 391 del CPP prescribe que "...En cuanto sean aplicables y no se disponga lo contrario, se observarán las normas de la investigación penal preparatoria relativas a la recepción de las pruebas...".

Pondera luego que, conforme al art. 400 del CPP y su remisión al art. 241 íbid, de entender el tribunal que los informes eran dubitativos, insuficientes o contradictorios, podría haberse nombrado uno o más peritos nuevos "para que los examinen y valoren o, si fuera factible y necesario realicen otra vez la pericia".

Cita doctrina en apoyo a fin de sostener que no había compromiso a la neutralidad del tribunal para que, de oficio pudiera ordenar actos que tuvieran como único fin la mejor valoración de elementos ya incorporados o a requerir la presencia de los peritos en los actos del debate y hacerlos declarar, si sus dictámenes ya incorporados requieran aclaraciones. Entiende que lo sostenido encuentra apoyatura en lo resuelto por esta Sala in re "Gómez", S. n° 19 del 30/4/97.

Por todo lo anterior, entiende inexplicable la actitud del Presidente del Tribunal durante el debate (por violatorio del debido proceso), lo cual se proyecta y agrava al momento de la deliberación, frente al hecho de que en tal ocasión, y sobre esa cuestión, el criterio de los integrantes del tribunal no fue unánime, aspecto que debió haber llevado a extremar los recaudos para zanjar la cuestión y apelar a la solución prevista en el art. 407 del CPP, lo cual no ocurrió. Sobre ello, citando la opinión del jurista José I. Cafferata Nores, sostiene que la facultad de reabrir el debate "procura escaparle a una absolución por duda del propio tribunal que debería así decidirlo".

Acto seguido, el Dr. Ferrer critica la ponderación que en el fallo se hiciera en relación a las pruebas balísticas.

Aclara aquí que durante el debate sostuvo que el arma secuestrada en el Precinto 36 fue la utilizada para ultimar a Héctor H. Corradini, extremo de cuya existencia son inferibles datos que acreditan el nexo ideológico y la participación de los imputados Aguilar, Onainty y Quinteros.

Menciona luego las conclusiones del informe técnico balístico de policía judicial (Rubén G. Pino) como las de las diferentes pericias practicadas.

Así, inicialmente pasa revista a las conclusiones del informe técnico balístico efectuado por Rubén G. Pino, de Policía Judicial (fs. 11114/1122 -Cpo. 6-) como de la pericia balística realizada por personal técnico de Gendarmería Nacional (Hugo J. Mara y Ramón S. Tabares).

Luego refiere que por sugerencia del Sr. Fiscal de la Cámara 2da. del Crimen, quien interviniera en un pasaje del proceso y sostuviera que se apreciaban contradicciones entre las dos pruebas técnicas anteriores, se ordenó una nueva pericia balística a cargo de Daniel I. Farías y Gustavo Oliva (ambos de policía judicial), quienes se expidieron en forma coincidente con el perito de control propuesto por el acusado Aguilar (Rolando H. Sor). Transcribe allí las conclusiones de los anteriores y luego las del perito de control de la querella, Segundo Comandante Hugo Ariel Iseas.

Acto seguido pondera la declaración testimonial del técnico de policía judicial Pino (fs. 5555/5556 -Cpo. 26-), quien además de negar las contradicciones señaladas, afirmó que el arma de causa con "...un alto grado de probabilidad positiva..." fue utilizada para ultimar a Corradini.

Luego de lo anterior, se realzó una nueva pericia, ahora a cargo de la Sección Balística de policía judicial (Eduardo A. Ahumada y el nombrado Pino), interviniendo Sor (por la defensa de Aguilar) y Pérez Allasia (por la querellante Arolfo de Corradini).

A diferencia de los anteriores, destaca, el presente estudio consistió en el cotejo del proyectil que pudo ser oportunamente secuestrado en el sumario donde fue incautada al arma de la causa, con los proyectiles secuestrados en el presente hecho como así también con los proyectiles testigos utilizados en anteriores operaciones.

En la misma, el perito oficial Ahumada concluyó de manera positiva, al igual que el perito de control de la parte querellante Carlos Pérez Alassia, conclusiones que fueron totalmente ignoradas en la sentencia.

Por su parte Pino, se expidió en el mismo sentido que Ahumada pero no hablando de una plena identificación sino de una "alta factibilidad". Critica allí el Sr. Fiscal los dichos de Pino.

En esta pericia, agrega, también se expidió el perito Sor (de control de Aguilar), quien entendió que no resultaba posible encontrar coincidencias. Relativiza esto el Titular de la Acción Penal, por tratarse de un asesor técnico de parte y por expedirse mediante afirmaciones negativas que tenían un deliberado propósito de provocar confusión y eludir la respuesta que se le requería.

Transcribiendo un pasaje del fallo, expresa el recurrente que llama la atención que en el mismo se le reproche a los peritos oficiales no haber replicado a Sor, cuando es claro que su informe fue presentado por separado y con posterioridad a los de los oficiales. Por el contrario, agrega, es Sor quien no refuta los argumentos brindados por Ahumada y Pino.

Destaca que en relación a la última pericia no hubo cuestionamiento alguno al método utilizado por parte de los peritos de Gendarmería.

En definitiva, dice, lejos se está ante "la existencia de una diáspora de opiniones técnicas que no permiten en modo alguno excluir la probabilidad de que el arma en cuestión haya sido con la que se mató a Corradini...", como se sostiene en el fallo.

Por el contrario, enfatiza, correspondía una correcta selección y valoración de las operaciones y dictámenes técnicos, lo que no puede llevar a otra vinculación inescindible y cierta entre el arma utilizada en el hecho del suicidio, el proyectil y la vaina recuperados con motivo del mismo, y la utilizada en el homicidio de Corradini, a partir de su comparación con los proyectiles recuperados del cadáver y del automóvil en que fue hallado.

Enfatiza que jamás ningún experto ha negado la citada relación entre dichos elementos, de parte de quienes la afirman con certeza (Mara, Tabares, Ahumada y Pérez Allasia) y no obstante haber sido convocados en distintos momentos y pertenecer a diferentes ámbitos institucionales (Nación y Provincia), se han expedido con rigor científico y dando claras razones de sus conclusiones.

Agrega que en la última de las pericias, ante las diferencias detectadas entre Ahumada y Pino, los fundamentos dados por el primero fueron acompañados de las imágenes fotográficas que ilustran sus expresiones y permiten corroborar su aserto.

Desde otro costado, sostiene el Sr. Fiscal de Cámara que resulta sumamente difícil admitir que las coincidencias encontradas en todos los casos (y aún admitiendo las expresadas con probabilidad), a partir de las cuales se relacionan el arma con proyectiles y vaina secuestrados por distintos motivos (suicidio y homicidio) en distintos momentos (1995, 1998, 2001 y 2007), puedan haber obedecido a la obra de una pura casualidad, que desafortunadamente y sin ninguna otra razón, hayan puesto a los acusados mencionados en el banquillo.

Ello sólo es posible, dice, ante el absurdo de admitir -como se hace en el fallo- la descontextualización y la fragmentación irrazonable del valor técnico de los mencionados dictámenes

A más de lo anterior, el recurrente sostiene que debió realizarse una valoración contextual y corroboración de las pericias balísticas con otras probanzas.

En este camino, denuncia que el tribunal ha omitido considerar las siguientes evidencias incriminatorias:

*En primer lugar, la detección y relación del arma en cuestión como la utilizada no fue producto del áleas.

El uso de armas de fuego secuestradas en dependencias policiales para cometer hechos ilícitos, constituía un dato concreto de la realidad verificado en la época en otros procesos por hechos igualmente graves (Ej., caso "Maders"). La posibilidad de poder ser sacada y restituida luego de su uso, aleja a tales armas del riesgo de ser detectadas y secuestradas en poder de los delincuentes o terceras personas.

*El dato de que el arma se encontraba secuestrada en el depósito de ese Precinto policial, revela un vínculo físico de disponibilidad por parte de quien a la época se desempeñaba como titular del mismo (Aguilar).

*El dato de que justamente ese titular de dependencia tenía un vínculo de conocimiento personal con la víctima (a partir de su actuación en la cooperadora) y que existen grandes coincidencias a partir de las cuales se puede afirmar con certeza o probabilidad que un revólver allí secuestrado fue utilizado para asesinar a Corradini, no puede descartarse tan ligeramente. La suma de elementos, dice, exigía un mejor esfuerzo.

Critica luego el Titular de la Acción Penal la conclusión del fallo en cuanto que la motivación del hecho fuera el cobro de una deuda.

Refiere que lo anterior es una mera conjetura que se apoya en elementos probatorios de dudosa confiabilidad, como lo son los cambiantes e interesados dichos de la acusada Segalá; y por otro, omite considerar, valora parcialmente y descarta arbitrariamente la prueba dirimente que conduce a tener por acreditada las motivaciones planteadas por la acusación.

Detalla acto seguido las probanzas en las que se apoyó el fallo para sostener que el propósito de quienes ingresaron a la casa de la víctima era el de cobrar una deuda: dichos de Segalá -quien refrió que su hija Yanina le dijo que los sujetos "buscaban algo, sabiendo haber dinero en su habitación" y de Héctor Hugo Corradini, denuncia efectuada por Segalá en el año 2004.

Frente a lo anterior, dice que es una norma de la experiencia que quien pretende cobrarse una acreencia por las vías de hecho puede apelar a métodos non sanctos pero también es sabido que la eliminación física del deudor extingue definitivamente toda posibilidad de recuperar lo propio.

Por otro lado, relata el impugnante que si se pretende vincular la demorada denuncia efectuada por Segalá por las supuestas extorsiones que habría sufrido luego del hecho (más precisamente en el año 2004) con la supuesta exigencia del pago de una deuda, debería incluirse en la conjetura que los "acreedores" conocían que su deudor tenía jugosos seguros de vida, conocían a la viuda, cuándo iba a cobrar los seguros, que la podían extorsionar, y que esta (pese a sus vínculos) no los denunciaría como final pero tardíamente hizo.

Luego de transcribir determinados pasajes del fallo, dice que sólo coincide con aquello que se sostuviera en cuanto que lo que dijeran las dos personas al ingresar al domicilio de Corradini y en presencia de los niños y la acusada ("esto es un asalto") no fue más que una "mascarada" pergeñada entre la acusada, los sicarios y sus otros cómplices para simular un hecho que explicara el retiro de la víctima, a quien no podía ejecutarse en el interior de la vivienda y en presencia de los menores, pero que se lo pretendía asesinar en otro lugar.

Entiende el impugnante que grave resulta que no se explique en la sentencia porqué conociendo Segalá que Quinteros era uno de los intrusos-"acreedores" no lo comunicó inmediatamente en aras de orientar a la autoridad policial para recuperar cuanto antes y con vida a su esposo que acababa de ser secuestrado; y en cambio lo guardó celosamente, no sólo después de conocido el desenlace, sino durante más de cinco años y medio, para revelarlo en una denuncia (no en esta causa) recién cuando la investigación claramente se enderezaba hacia ella, aspecto que conocía por intermedio del "investigador privado" Díaz y por su participación como querellante.

Agrega que peores falencias conviccionales tiene el fallo cuando para sostener aquello de la existencia de la deuda se refiriera al informante anónimo que le aporta al comisionado Jaque que Carlos Navas y Juan Domingo Gastón junto con Quinteros fueron los encargados de apretar a Corradini para que pague o entregase la droga que le estaría "mejicaneando" a González -el de la chacarita Escorpio- y a un tal "Gordo Batata" y que estos serían los que le encargaron el hecho a Fredy Cortez.

Al margen de la endeblez de lo consignado en el párrafo precedente, dice, como asimismo de otros trascendidos, objeta que ni una sola referencia se hizo en la sentencia sobre que a esa altura de la investigación, ya la rondaba (al igual que a la imputada Segalá) el siniestro "investigador privado" Díaz.

Muy por el contrario, agrega, los verdaderos motivos por los que Corradini fue "sacado" de su casa, están expuestos en la acusación y abonados con la prueba oportunamente valorada, la que permite arribar a la certeza que se sostuviera.

Luego de exponer lo anterior, el Titular de la Acción Penal se centra en la crítica a la absolución dispuesta en favor del imputado Oscar Reynaldo Aguilar.

Recuerda aquí que lo que el Ministerio Público que representa le atribuyó a Aguilar fue el haber aportado un arma de fuego que sería utilizada en el hecho y a la que tenía acceso por su condición funcional y jerarquía policial, la que, luego de cometido el mismo, reingresó o hizo reingresar al Precinto, conducta que estuvo dirigida a evitar que Corradini diera a conocer irregularidades que ocurrían en el ámbito del Precinto 36, y de la comisión de apoyo al mismo (de la que la víctima era su Presidente), que comprometían al primero y otras personas, y serían reveladas por éste a los vecinos en una asamblea convocada para ese fin, para el día 18/11/98, a las 18.30 hs.

Refiere que el fallo hizo depender la decisión absolutoria en torno a Aguilar de la cuestión vinculada al arma de fuego; es decir, supeditó su conclusión de duda sobre la utilización del revólver secuestrado en el hecho, afirmando que distinto sería si ocurriera lo contrario. En este punto se remite a lo ya sostenido.

No obstante, a más de lo anterior, dice que no se encuentra bajo discusión que Aguilar, como titular del Precinto, tenía acceso al depósito donde se encontraba secuestrado el revólver y conocía de su existencia.

Diversas probanzas acreditan que el revólver se encontraba en el depósito antes del hecho y que de allí fue secuestrado en el allanamiento que se diligenció con posterioridad al mismo, el 30/11/01.

Destaca los testimonios de Rolando C. Giordano y Ángel F. Santillán de donde se desprende que Aguilar tenía asiduo acceso físico al depósito, como asimismo los de Carlos M. Torres y Raúl A. Ferreyra, de donde se desprende que el mencionado acusado tenía y utilizaba una llave de dicho recinto. A su vez, de los testigos Oscar A. Miranda y Diego D. Moyano entiende que se desprende que lo recién señalado no era una particularidad de ese Precinto sino que lo mismo ocurría en otras dependencias en las que normalmente tenían la llave del depósito el encargado y el Titular.

A más de lo anterior, dice, obran otras pruebas que dan cuenta de conductas similares del nombrado Aguilar. Por ej., recibiendo del personal de la guardia un arma secuestrada que nunca ingresó al depósito (Cfr. testimonio de Perafán) o proveyendo irregularmente otra arma secuestrada a un particular (ver testimonio de Ballini -fs. 8512/13, Cpo. 41- y agenda del acusado -fs. 8198, Cpo. 40-).

Luego de lo recién analizado, el recurrente pondera lo relativo a las irregularidades en la cooperadora.

Afirma el Representante del Ministerio Público que las referencias de Corradini a dichas irregularidades y que su "denuncia" se iba a hacer pública el miércoles siguiente al de su muerte (18/11/98), es un hecho aceptado en el fallo y respecto del cual existen numerosos testimonios (Silvetti, Humberto Sosa, Pedraza, Pruvost, Amine Nuarte, Castoldi, Nora González, Villeco, Carunchio, Fanego, Aguirre, Diana, entre otros).

Si bien es cierto, aclara, que la víctima no pudo hacer trascender en detalle qué era concretamente lo que iba a denunciar, lo cierto es que se trataba de "irregularidades" respecto de lo cual existen claras y objetivas evidencias, las que fueron relativizadas en la sentencia.

En tal sentido, sostiene, se desprende que hubo cuestionamientos de Corradini en relación a reparaciones ficticias o sobrefacturadas de los móviles del Precinto en el taller de De la Vega; que con éste hubo roces que llevaron a que fuera separado de su cargo de tesorero; que con dinero de la cooperadora se pagaban gastos personales de Aguilar, etc. e independientemente de cual haya sido el estado de la relación entre Aguilar y Corradini, lo cierto es que, relacionado a lo anterior, también se supo del incidente ocurrido muy poco tiempo antes, en el que, en la dependencia, se le "escapó" un disparo de su arma reglamentaria a Aguilar, en momentos en que mantenía una fuerte discusión con la víctima (Cfr. testigos Pruvost y Carunchio -entre otros-).

Agrega a lo anterior que debe incluirse en el análisis que Corradini, tras el fallecimiento de su padre, había decidido y comunicado a su entorno afectivo, familiar y amical, que iba a dejar la presidencia de la cooperadora en un acto convocado para ese fin, haciendo trascender las mencionadas irregularidades, situación de la que Aguilar no saldría indemne.

La realidad anterior, agrega, el Tribunal la reconoció. No obstante fue minimizada expresando que "no aparece como firme e indiscutible o con entidad para adoptar por si, o plegarse a tan drástica decisión tomada por otra persona" de parte de Aguilar.

Sin embargo, enfatiza, el conocimiento previo entre Aguilar y Segalá (que incluyó en los últimos días incluso la sospecha de infidelidad que Corradini le confesara a Villeco) y la gravitación que como prevención la muerte de Corradini podía presentar para el primero ninguna palabra dijo el fallo.

A lo anterior debe agregarse, dice, que sobre el perfil de personalidad de Aguilar obran elementos detalladamente expuestos en la autopsia psicológica (fs. 3911/50 -Cpo. 19- y fs. 8562/78 -Cpo. 44) y su pericia psicológica (fs. 2753/57 -Cpo. 14), de los que se desprende su gran necesidad de estimación y autoimportancia; fantasías hipomaníacas de éxitos laborales; doble fachada; explotación despiadada de quien ponga en peligro su equilibrio psíquico; componentes sádicos y agresivos ocultos, sin sentimiento de culpa, para concluir afirmativamente sobre su capacidad para cometer hechos como el que se le atribuye.

Pondera luego el Sr. Fiscal de Cámara lo relativo a la conducta concomitante y posterior del imputado Aguilar, quejándose de la asignación de valor anfibológico que el a quo diera a este punto. Dice aquí que esta conducta cobra plena relevancia por la vinculación a la acreditación de la utilización del arma secuestrada, "porque no debe olvidarse que fue justamente esa la atribución que se puso a cargo del nombrado: haber aportado el arma homicida...resultando ello coherente con las motivaciones que tuvo y con su actividad posterior en cumplimento de lo pactado...".

Acto seguido el Sr. Fiscal de Cámara se introduce en el pasaje de su libelo donde ataca la absolución del imputado Onainty. Aquí también entiende que a ello se arribó a través de una fundamentación arbitraria por contradictoria, insuficiente y omisiva de elementos dirimentes.

Refiere el recurrente que en la acusación lo excluyó a Onainty del acuerdo previo con Aguilar y Segalá, limitándose a reprocharle haber brindado apoyo moral y físico al nombrado en primer término, acompañándolo y trasladándolo como chofer, en el tramo ejecutivo de las acciones por él desplegadas en aras de su designio criminoso y el de sus cómplices, que conocía y compartía.

La absolución, dice, fue dictada por la duda que el a quo tuvo en torno a la utilización del arma secuestrada, de donde, por sentido contrario, el recurrente entiende que la acreditación fehaciente de dicho extremo -ya argumentado-, conlleva necesariamente a la solución contraria de la adoptada por el tribunal.

Afirma que el a quo coincidió en que, a la hora del hecho y subsiguientes, Onainty estuvo en todo momento acompañando a Aguilar, cabiéndole todas las implicancias que su periplo y silencio conllevan y que se minimizaron en el fallo.

El sentenciante elucubró, dice, que resultaba inconveniente para Onainty haber aceptado que el automóvil con el cadáver de Corradini fuera abandonado en un lugar tan próximo a su domicilio, a partir de lo cual parece descreerse de su responsabilidad. Sin embargo, agrega, dicha reflexión es puramente conjetural porque a partir de la misma también puede decirse que la proximidad tiene efecto cargoso, sobretodo pensando en el tiempo que transcurrió entre el secuestro de la víctima, el hallazgo de su cadáver y el operativo policial montado.

Desde otro costado, se queja el impugnante de que el fallo no derivara conclusión cargosa alguna de la intencionada mendacidad en que incurriera la esposa de Onainty, Sonia Bracco, cuando -buscando encubrir a su marido- adujera un inexistente llamado telefónico a su domicilio por parte de Aguilar en el que Onainty se habría enterado del hecho. Ante ello, agrega, el sentenciante -llamativamente- se limitó a considerar que también otros policías mintieron.

Afirma que sin poderse vislumbrar el motivo el fallo le restó incidencia cargosa a la falsedad de las afirmaciones de Onainty en la Unidad Judicial Delitos Económicos, al negar conocer a la víctima, pese a que lo conocía por su rol en la cooperadora sino por haber realizado adicionales "truchas" en la panadería.

Tampoco se le asignó valor, critica, a lo afirmado por Onainty en el sentido que, en la mañana siguiente, al dirigirse a realizar adicionales al Banco no tuvo ocasión de advertir el movimiento que el hallazgo del vehículo con el cadáver de Corradini había provocado a pocas cuadras de su casa. Refiere que Norma B. Córpora manifestó que en la misma esquina que instantes antes transitara el acusado, pudo ver el operativo y que la factibilidad de tal observación quedó técnicamente demostrada en el relevamiento escopométrico ordenado durante el debate.

Agrega a lo anterior que no deja de resultar llamativo que Onainty, ni a su cuñada Córpora, ni a su compañero de adicionales con quien se reunió minutos después (Mario A. Zárate) ni a quien lo supervisó (Juan Carlos Urbano), les efectuara comentario alguno sobre el hecho, pese a que no sólo le constó sino que por dicho motivo había pasado buena parte de la madrugada en pie (acompañando a Aguilar).

Por último, tampoco la sentencia ponderó el testimonio de "Charo" Quevedo en cuanto afirmó que la mañana del hecho, Onainty se hizo presente en la panadería manteniendo un breve diálogo en el que, tras hacerle señas y apartarla del resto de la gente allí reunida le expresó con una sonrisa en la boca "¿Vio que Héctor andaba en malos pasos?". Ello dice, no deja de ser una actitud enigmática que, valorada con el resto de la prueba, lleva a una conclusión claramente incriminatoria, sin que pueda decirse que los dichos de esta mujer hayan estado contaminados y enderezados a perjudicar arbitrariamente ahora también a Onainty.

En síntesis, dice, habiéndose valorado de manera parcial los datos anteriores, la conclusión absolutoria resulta errada por arbitraria.

Por último, el Titular de la Acción Penal critica que la absolución de los acusados lo fuera por considerar otras hipótesis de investigación.

Refiere que en este tópico el fallo sostuvo que los autores del hecho (o sus motivaciones) estarían vinculados con el desarmadero y comercio de venta de autopartes Escorpio e hizo mención a las extorsiones que la familia Corradini había sufrido por parte de la línea de investigación "Lencina".

Sobre ello, el impugnante dice que no obstante la trascendencia de tal línea, la misma formó parte de las primeras hipótesis consideradas, la cual fue examinada y debidamente descartada a través de sobreseimientos.

Lo anterior bastaría para no realizar más consideraciones sobre el punto. Empero, refiere que tal línea no tiene andamiaje ni entidad para sostenerla ni mucho menos para descartar la de la acusación.

Las referencias que se hicieron en el fallo al conocimiento previo del Crio. Lencina con Corradini y Quinteros y a la presencia de la víctima en el desarmadero, remiten únicamente a aquella época (1995) y no existe dato objetivo alguno (documentos, llamadas telefónicas, testimonios, etc.) que demuestre que con proximidad al hecho se renovaron los vínculos o recobró vigencia aquél antecedente.

Agrega que Corradini, no obstante ser "bocón", sin medir consecuencias, nada mencionó a persona alguna acerca de su preocupación vinculada a esta hipótesis de autorrobos.

Tampoco, dice, lo hizo explícitamente (pese a su gravedad) con relación al desarmadero Escorpio. En todo caso, si alguna vinculación surge de la prueba es del mentado desarmadero con integrantes de la policía, y dentro de ella con Aguilar en particular, tal como lo refirió Corradini a Silvia Fanego, al decir que dicho local estaba "protegido" por el acusado.

Tal referencia, agrega, es coincidente con lo señalado por el policía Carlos Torres al memorar los problemas que le trajo con dicho jefe policial al pretender investigar ese comercio, como así también al constatar, luego, que en la terraza de la dependencia Aguilar compartía asados con el dueño del desarmadero y al recibir la "sugerencia" anónima de que no se metiera con el tema porque Aguilar tenía el apoyo de la Jefatura.

Por lo anterior es que, si se le reconoce entidad, el tema podía ser considerado en todo caso como una más de las irregularidades que podían comprometer a Aguilar, explicando también por ese motivo, su interés en eliminar a Corradini.

Afirma el recurrente que no deja de sorprender que, siendo tal conjetura que se propugnó como motivación del hecho, se haya sostenido junto a la de la existencia de deudas "que se pretendía que Corradini abonara" , y que además, por el solo hecho de coexistir ambas motivaciones, se derive sin más, que unas eran causa de las otras: esto es, que las supuestas deudas tenían su origen en las actividades del desarmadero Escorpio.

Con similares connotaciones, es decir, sin sustento probatorio serio, se hipotetizó sobre la supuesta implicancia de otras personas interesadas en la muerte de Corradini, entre las que se incluyó, además del Dr. Ribotta y del "Banana" Barrionuevo, hasta el propio hermano de la víctima (Oscar Corradini), quien, pese a haber sido investigado, no mereció tan siquiera una imputación.

En función de todo lo expuesto, propicia que se case el fallo atacado en relación a los puntos materia de agravio, se declare su nulidad y se reenvíen los autos al tribunal de origen para que se dicte una nueva resolución (fs. 10.201/10.237).


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