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Sentencia del tribunal constitucional


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EXP. N.° 04573-2007-PHD/TC

LIMA

RAMÓN EDUARDO

ARÉVALO HERNÁNDEZ

 

           



 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 15 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y EtoCruz, pronuncia la siguiente sentencia



 

ASUNTO

 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ramón Eduardo Arévalo Hernández contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 172, que declaró infundada la demanda de hábeas data en autos.



 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 18 de febrero de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra el Comandante General de la Marina, don Jorge Ampuero Trabucco, y el Director General del Personal de la Marina, don Óscar Penny Cabrera, con la finalidad de que se le proporcione copias fedateadas de las actas y la transcripción de la discusión y evaluación desarrolladas por los miembros de la Junta Permanente de Selección para el Ascenso del grado de Contralmirante al de Vicealmirante de Comando – Promoción 2005. Considera que la denegatoria de tal información lesiona su derecho de acceso a la información.



 

En su contestación de la demanda, la Marina de Guerra del Perú señala que mediante documento de fecha 24 de enero de 2005 proporcionó la información solicitada por el demandante, en la parte que se encuentra referida a su persona. Asimismo, señala que no correspondía entregar la información solicitada respecto de los otros oficiales que también se presentaron al proceso de selección, pues estos no habían otorgado la autorización respectiva para tal efecto.

 

El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante sentencia del 31 de octubre de 2005, declara infundada la demanda por considerar que el demandante recibió la información solicitada que se relacionaba con su persona, no siendo posible entregarle la referida a los demás postulantes, por cuanto se trata de datos personales de otros oficiales, cuya divulgación sin su autorización constituye una invasión de la intimidad personal.



 

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia del 18 de octubre del 2006, confirmó la sentencia de primer grado con los mismos argumentos.

 

FUNDAMENTOS

 

I. Verificación de presupuestos procesales

 

A)   Contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de acceso a la información

 

1.      El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el artículo 2º, inciso 5, de la Constitución de 1993. Asimismo, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra reconocido en el artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (caso Claude Reyes vs Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77).



 

2.      En términos generales, este derecho consiste en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder de las entidades estatales, quienes se encuentran obligadas a entregarla, salvo en los casos en donde sea posible invocar alguna excepción, de conformidad con lo previsto en la Constitución de1993 y el TUO de la Ley 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la información pública).

 

3.      En el presente caso, el demandante solicita acceder a copias fedateadas de las actas y  la transcripción de la discusión y evaluación desarrolladas por los miembros de la Junta Permanente de Selección para el Ascenso del grado de Contralmirante al de Vicealmirante de Comando – Promoción 2005. Se trata, en consecuencia, de un pedido relacionado con el contenido del derecho fundamental de acceso a la información.



 

B) Cumplimiento del requisito especial de la demanda

 

4.      De acuerdo al artículo 62º del Código Procesal Constitucional, para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de su derecho de acceso a la información.



 

5.      En el presente caso, mediante documento de fecha cierta del 28 de diciembre del 2004, que corre a fojas 2, el demandante solicitó a la entidad estatal respectiva el acceso a la información mencionada en el fundamento 3. La respuesta a su pedido se realizó mediante documento de fecha 27 de enero de 2005.

 

6.      En este sentido, ha quedado acreditado que el demandante cumplió con el requisito especial de la demanda establecido en el artículo 65º del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, es importante advertir que la entrega de la información solicitada por el demandante excedió el plazo legal previsto para tal efecto en el artículo 11º, inciso b), del TUO de la Ley 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la información pública).



 

C) Inexistencia de alguna causal de improcedencia

 

7.      De la revisión del contenido del expediente, el Tribunal Constitucional no ha identificado ninguna causal de improcedencia relacionada con la presente demanda de hábeas data.



 

II. Análisis del fondo del asunto

 

A) Determinación del problema principal

 

8.      El derecho de acceso a la información pública, como todo derecho fundamental, puede ser sometido a limitaciones o restricciones. En este sentido, el artículo 2º, inciso 5, dela Constitución de 1993 establece la protección del derecho a la intimidad como un supuesto que puede ser invocado para negar el acceso a la información solicitada.



 

9.      El problema principal de la presente controversia consiste en determinar si, como han señalado las instancias previas que conocieron la demanda, la información solicitada por el demandante no corresponde ser entregada, pues contiene datos relacionados con la intimidad de terceros. En otras palabras, corresponde determinar si en el presente caso la protección del derecho a la intimidad puede ser invocada para negar el acceso a la información solicitada.

 

B) Análisis del problema principal

 

Sobre los alcances del derecho a la intimidad

 

10.  La aplicación de la excepción de la protección a la intimidad como un supuesto para negar el acceso a determinada información implica delimitar el contenido del derecho a proteger. A través de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo esta tarea y ha señalado lo siguiente sobre el reconocimiento nacional e internacional del derecho a la intimidad (STC 6712-2005-HC, caso Magaly Medina, fundamento 37):



 

En la Constitución, como derecho-regla base se ha prescrito en el artículo 2°, inciso 7, que toda persona tiene derecho a la intimidad personal y familiar. Además, existen otros dispositivos que siguen refiriéndose a este tema dentro del mismo artículo 2°: el impedimento de que los servicios informáticos no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (inciso 6); la inviolabilidad de domicilio (inciso 9); el secreto e inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados (inciso 10); entre otros. Y pese a que el desarrollo constitucional de la materia es disperso, lo cierto es que la Declaración Universal de Derechos Humanos le da cierta coherencia y unidad. Así, en el artículo 12° se sostiene que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, motivo por lo cual se expresa el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Un planteamiento similar se puede encontrar en el artículo 17° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (sobre todo incisos 2 y 3).

 

11.  En cuanto a los alcances del derecho a la intimidad, el Tribunal Constitucional ha señalado (STC 6712-2005-HC, caso Magaly Medina, fundamento 38):



 

Con respecto al bien jurídico tutelado en la Constitución, no cabe duda que la vida privada refleja uno de muy difícil comprensión, tanto así que algunos consideran que se trata de un concepto jurídico indeterminado. No obstante ello, juzgamos que es necesario plantearse sobre él un concepto inicial y preliminar.

Son diversas las posturas para explicar el significado de la vida privada. Algunas la conciben como aquella zona de la persona que no es pública, por lo que nadie debe tener acceso a ella. Sin embargo, más correcto es tratar de otorgar un sentido positivo. Así (…) se ha estimado apropiado afirmar que es el ámbito personal en el cual un ser humano tiene la capacidad de desarrollar y fomentar libremente su personalidad. Por ende, se considera que está constituida por los datos, hechos o situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, están reservados al conocimiento del sujeto mismo y de un grupo reducido de personas, y cuya divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño[1]

 

12.  En consecuencia, la protección de la intimidad implica excluir el acceso a terceros de información relacionada con la vida privada de una persona, lo que incluye las comunicaciones, documentos o datos de tipo personal.



 

Sobre la información solicitada y su relación con el derecho a la intimidad

 

13.  En el presente caso, el demandante solicita acceder a copias de las actas y la transcripción de la discusión y evaluación desarrolladas por los miembros de la Junta Permanentede Selección para el Ascenso del grado de Contralmirante al de Vicealmirante de Comando – Promoción 2005 (en adelante la Junta de Selección).



 

14.  Respecto al acceso a la transcripción de la discusión y evaluación que llevaron a cabo los miembros de la Junta de Selección, la parte demandante no ha acreditado la existencia de un registro en el que conste esta información. Asimismo, la parte demandada ha negado la existencia de un registro sobre la materia. Por estas razones, este extremo de la demanda debe ser rechazado.

 

15.  Respecto al acceso a las actas de la Junta de Selección, consta en el expediente (a fojas 6) la información entregada al demandante sobre los resultados de su propia evaluación por parte de la mencionada Junta, siendo su intención, a través de la presente demanda, acceder a los resultados que obtuvieron las otras personas que también postularon al mismo proceso de ascensos.



 

16.  Al revisar la información contenida en la hoja de resultados entregada al demandante y referida a su persona, se observa que en la misma aparecen datos relacionados con el puntaje obtenido como resultado de la evaluación de su hoja de vida, el puntaje respectivo que le asignó la Junta de Selección y la suma de ambos.

 

17.  A juicio de este Tribunal, esta información se encuentra protegida por el derecho a la intimidad, por tratarse de datos personales reservados al conocimiento de cada oficial que postuló al proceso de ascensos, por lo que el pedido del demandante de acceder a las actas de la Junta de Selección en que aparecen los puntajes obtenidos por los demás oficiales debe ser desestimado.


Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.



 

Publíquese y notifíquese.

 

 

SS.



 

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ

 

 



 

 

 



 

 

 



 



[1] FERREIRA RUBIO, Delia Matilde. El derecho a la intimidad. Análisis del artículo 1071 bis del Código Civil: A la luz de la doctrina, la legislación comparada y la jurisprudencia. Buenos Aires, Editorial Universidad, 1982. p. 52.


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