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Sentencia de segunda instancia: Bordaberry y Juan Carlos Blanco


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Sentencia de segunda instancia:
Bordaberry y Juan Carlos Blanco

Ministro Redactor:


Sentencia
Nº 136.-
Dr. Alfredo Gómez Tedeschi
Montevideo, 1º de junio de 2007.-

VISTOS, para sentencia interlocutoria de segunda instancia, esta causa seguida contra Bordaberry Arocena Juan María y Blanco Estrade Juan Carlos por cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados, ficha 100/10592/1985, venida a conocimiento de esta Sala, en virtud de los recursos de reposición y apelación en subsidio, interpuestos por las respectivas Defensas, contra la providencia Nº 1133, de fs. 2964 y ss., dictada por el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Undécimo Turno, Doctor Roberto M. Timbal; actuaciones seguidas con la intervención de la Señora Fiscal Letrado Nacional en lo Penal de Segundo Turno, Doctora Mirtha Guianze y, luego, en calidad de Subrogante, la Doctora María del Huerto Martínez Balbuena, y de los Señores Defensores, Doctores Gastón Chaves y Diego Viana, luego, en lugar de éste último, a partir de fs. 3103, el Doctor Juan Pedro Bordaberry, y, Carlos Curbelo Tammaro, respectivamente;

RESULTANDO:
I) Que, por la precitada interlocutoria Nº 1133, se dispuso el procesamiento y prisión de Juan María Bordaberry y de Juan Carlos Blanco, como coautores responsables de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados.

Funda su decisión el Señor Juez de primer grado, en los siguientes hechos:


1º) que, luego del golpe de estado de 1973, Ferreira Aldunate, Gutiérrez Ruiz y Michelini, pasaron a residir en la ciudad de Buenos Aires.
El primero, en zona rural, había adquirido una finca ("La Panchita"), a 300 kms. de la Capital Federal, lugar en el que vivía junto a su esposa y a su hijo, Juan Raúl. También poseía un apartamento en Corrientes y Esmeralda, cercano al Hotel Liberty.
Gutiérrez, junto a esposa y cinco hijos, habitaba un apartamento en la calle Posadas al 1011, y tenía en sociedad con Barreiro y Schwengel, un almacén en Cangallo (hoy, Juan Domingo Perón) y Callao, negocio que constituía su medio de vida.
Michelini, vivía en el Hotel Liberty (Corrientes 626), y trabajaba como periodista del diario "La Opinión", y tenía un kiosko que atendía uno de sus hijos.
Rosario Barredo, viuda de Gabriel Schröeder, tupamaro muerto el 14 de abril de 1972, luego de su liberación, viajó a Chile, donde conoció a William Whitelaw. Luego del golpe de estado del 11 de setiembre, la pareja y sus hijos pasaron a residir en Buenos Aires, en la calle Matorras Nº 310.
2º) que, Michelini y Gutiérrez Ruiz, renunciaron a su condición de asilados políticos, para poder viajar al exterior y exponer ante los organismos extranjeros, la situación política existente en Uruguay, en especial, la violación de los derechos humanos, como sucedió ante el Tribunal Russell.
Posteriormente, Michelini, en el año 1975, tenía previsto viajar a los Estados Unidos a efectos de entrevistarse con el Senador Edward Kennedy y otros Congresistas, pero no pudo concretar el viaje, porque el Gobierno uruguayo resolvió cancelarle el pasaporte, medida adoptada igualmente respecto de Gutiérrez y Ferreira; 3º) que, en la noche del 17 al 18 de mayo, Juan Raúl Ferreira estuvo cenando con Gutiérrez, con quien estuvo conversando hasta la una y media de la madrugada, acompañándolo, luego, al apartamento de la calle Posadas.

En la puerta del edificio, se encontraban estacionados dos automóviles, marca Ford Falcon, con personas en su interior. En la ocasión, Gutiérrez le refirió que se trataba de una actitud de hostigamiento o de seguimiento, incluso, le manifestó que había recibido llamadas anónimas, preocupándole lo que parecía un creciente deterioro de la situación de seguridad de los exilados uruguayos;


4º) que, luego, Juan Ferreira se dirigió al Hotel Liberty, en donde le confió a Michelini que pensaba viajar a Montevideo, a lo que éste le expresó que ello constituía un gravísimo error, por el gran deterioro de la situación, haciéndole referencia a conversaciones que sabía que, el entonces Canciller Blanco, había mantenido con el Canciller argentino, y que era visible que los exilados estaban siendo sometidos a una campaña de hostigamiento; 5º) que, alrededor de las dos de la mañana del 18 de mayo, Osvaldo Forese, alias Paqui, forzó y abrió la puerta de entrada del apartamento de Gutiérrez, irrumpiendo en la vivienda varios individuos armados, que se identificaron como Policías Federales, los que inmovilizaron al dueño de casa, lo encapucharon, registraron la vivienda, llevándose los objetos de valor y documentos.

Los referidos individuos abrieron las ventanas, y se comunicaban a viva voz con otros elementos que se encontraban en la calle, luego, cortaron los cables del teléfono, y se llevaron a Gutiérrez en un automóvil, dejando otro estacionado en la puerta y amenazaron a la familia para que no diera aviso a nadie.

Durante el operativo, Gutiérrez le entregó una lista a su esposa, con nombres de personas a las que podía recurrir, reconociendo los secuestradores, el de Michelini: "...Cuando dije Michelini...me lo hicieron repetir", "Como dijo, Michelini?", "Si", "Bueno a ese comunista también lo vamos a llevar"; 6º) que, en la misma madrugada, varias personas con armamento pesado, que se identificó como perteneciente a la Armada, ingresó al Hotel "Liberty", mientras otros sujetos, aguardaban en el exterior, junto a varios coches estacionados.

Exigieron al encargado la entrega de la llave maestra, ingresaron a la habitación ocupada por Michelini: "...Zelmar te llegó la hora...", llevándoselo detenido, revisaron la habitación, sustrayendo gran cantidad de objetos, los cuales envolvieron en una frazada, entre ellos, una máquina de escribir, marca "Hermes", color rojo, habiendo Margarita Michelini advertido la existencia de la misma (o una similar), en dependencias militares, cuando estuvo detenida en Bvar. Artigas y Palmar; 7º) que tanto Matilde Rodríguez, como Pedro Michelini y un empleado del hotel "Liberty", no tuvieron éxito cuando fueron a realizar las denuncias respectivas, no recibiéndose las mismas; 8º) que, inmediatamente del secuestro de Gutiérrez, los socios de éste pensaron en advertir a Wilson Ferreira acerca del riesgo que corría, dirigiéndose a "La Panchita", ubicándolo allí, lo que determinó que éste partiera de inmediato, junto con su esposa, hacia la ciudad de Buenos Aires, cruzándose en el camino con quienes iban a detenerlo. Una vez en la Capital, advirtieron que se había montado una "ratonera" en el apartamento de su propiedad, así como en el almacén de Gutiérrez.

Ferreira se mantuvo deambulando por distintos lugares, hasta que se logró protección diplomática en la Embajada de Austria, obteniendo salvoconducto para abandonar el país junto a su hijo; 9º) que, Rosario Barredo y William Whitelaw, fueron secuestrados unos días antes, el día 13 de mayo, mediante un procedimiento similar a los descritos.

A los dos de la madrugada del 12 de mayo, los vecinos advirtieron la presencia de distintos vehículos, así como un gran despliegue de personal que portaba armas largas y granadas, vestían gabanes verdes y se presentaban como Policía Federal. Permanecieron en el lugar hasta las 18 ó 19 horas aproximadamente, entrando y saliendo, cortando el tránsito, para cargar todos los efectos que sacaron de la casa.

A las 10 de la mañana del día 13, subieron en un camión a la pareja, y a los niños pequeños de ésta y se los llevaron. En circunstancias no aclaradas, los niños aparecieron días después; 10º) que, el día 20 de mayo, un grupo de personas que circulaban en dos automóviles, uno de ellos un Torino verde, encerraron a Polideo Rosa, quien conducía un Torino color borravino, a quien, bajo amenazas de arma de fuego, lo obligaron a descender del vehículo y luego a ubicarse en el asiento trasero de otro vehículo, y, finalmente, lo hicieron bajar en la ruta; 11º) que, el 21 de mayo, la Policía dio cuenta del hallazgo del referido automóvil abandonado en la vía pública, hallándose en su interior, en la parte trasera, el cadáver de Michelini y, en el baúl, los de Gutiérrez, Barredo y Whitelaw.

Los cuerpos presentaban heridas de bala y otras lesiones, habiéndose establecido que las muertes databan de varias horas, según informe de las autopsias practicadas.

Sobre el tablero del coche, se ubicó un sobre que contenía una nota mecanografiada, en cuyo margen superior izquierdo, había una bandera celeste y blanca con estrella roja en su centro y la inscripción E.R.P.

El texto, de la nota en cuestión, refería que el día 20 de mayo, la unidad "Juan Olivera" había procedido a ajusticiar a los nombrados, a requerimiento del Comité Central del Movimiento de Liberación Nacional "Tupamaros", por ser responsables de la escisión sufrida por dicho movimiento.

Asociaban la ejecución, con el entorpecimiento de la "solidaridad revolucionaria que requiere el enfrentamiento a las dictaduras que padecen nuestros países. Este ajusticiamiento dentro del marco de unidad que establece la Junta de Coordinación Revolucionaria debe servir de ejemplo a todos aquellos que pretenden alejarse del camino que impone la guerra contra las dictaduras de Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia". 12º) que, se tiene por suficientemente probada, la participación material en los hechos, de fuerzas de seguridad argentinas, lo cual resulta de los enjuiciamientos de Suárez Masón (Comandante de la zona I) y de Jorge Rovere (Comandante de la sub-zona Capital Federal), así como debe señalarse, en los operativos de secuestro y asesinatos, la posible participación material de personal militar uruguayo, como los oficiales Pedro Mato y Manuel Cordero, según testimonio de Haydée Trías.

El Señor Juez a quo, asimismo, anota como elemento de convicción el testimonio de Raúl Antuna y de Margarita Michelini; 13º) que, a continuación, reseña un cúmulo de indicios que involucran a los indagados en los hechos.

Manifiesta que los sucesos investigados fueron cometidos en el marco de un acuerdo o coordinación entre los gobiernos de Uruguay y Argentina, que incluyó la detención y traslado de personas de un país a otro; la actuación de militares uruguayos en Argentina, entre otros en el centro clandestino "Automotores Orletti".

Expresa que resulta impensable que ciudadanos uruguayos, que no tenían participación en la política argentina, fueran secuestrados y se les diera muerte en dicho país, sin intervención uruguaya o sin acuerdo entre las autoridades de ambos países; siendo entonces responsables quienes tuvieron participación directa, como quienes adoptaron decisiones al respecto o influyeron en las mismas, determinándolas.

La referida colaboración o coordinación tuvo un marco más amplio, conformando lo que se denominó "Operación Cóndor" o "Plan Cóndor", cuya existencia quedó de manifiesto, cuando en setiembre de 2001, son desclasificados documentos del Departamento de Estado.

En dichos documentos, se constata el conocimiento de los EE.UU. de la existencia de ese plan y su instrumentación, cuya existencia tuvo por probada la sentencia argentina dictada el 3 de setiembre de 2004, en la causa Nº 13445/99.

Entre la documentación antes mencionada, interesa destacar el informe del agente del F.B.I., Harry Schlaudeman, en donde afirma que los regímenes militares de América Latina ahora coordinan sus actividades de inteligencia muy cercanamente, operan en el territorio de los países vecinos, persiguiendo subversivos y han establecido la Operación Cóndor para encontrar y matar a todos los terroristas del Comité de Coordinación Revolucionaria, en sus propios países y Europa. Brasil está cooperando, excepto en las operaciones de asesinato.

Señala que "el problema comienza con la definición de subversivo, nunca ha sido una palabra muy precisa. Un reportero escribe que la subversión ha crecido para incluir a cualquiera que esté opuesto a los planes de gobierno".

Asimismo, agrega el informe "el Ministro de Relaciones Exteriores urugua yo Blanco, uno de los más brillantes y normalmente confiable miembro del grupo, fue el primero en describir la campaña contra los terroristas como "Tercera Guerra Mundial". Justifica las duras y radicales medidas de "guerra". Hace énfasis en el aspecto internacional e institucional, justificando las consecuencias del ejercicio del poder, más allá de los bordes nacionales".

La actividad de los ex parlamentarios uruguayos era seguida de cerca, desde tiempo atrás, por las autoridades uruguayas, las que presentaron asiduamente reclamos, tal como relató Jorge Vázquez, Vice Canciller argentino, durante el gobierno de Cámpora.

Por télex, desde la Embajada del Uruguay a Diplomacia de Montevideo, se hace saber que en entrevista mantenida con el Jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros, Comisario Gattei, se informó que Enrique Erro fue trasladado a la penitenciaría de Villa Devoto, y, asimismo, pudo saberse que Michelini viajará a EE. UU., accediendo a una invitación que le formulara el Senador Edward Kennedy.

Al día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió la nota solicitando que se remitiera información sobre el referido viaje, la que fuera respondida por otra, dirigida a Blanco, por el entonces Embajador Folle.

Luce agregado otro télex confidencial, dirigido a Blanco, para su trasmisión al Ministro Ravenna, en donde se menciona que: "...El Sr. Michelini está pidiendo permanentemente salir del país. Quiere ir a EE.UU. o a Bolivia con cédula de identidad. No hay pedido nuevo de radicación ni puede ser radicado. Por pedido del Ministerio de RR.EE., a raíz de una solicitud del Consulado de la Embajada del Uruguay se ha pedido la invalidez del pasaporte del Sr. Michelini. Los inspectores están controlando permanentemente. Tienen instrucciones de detenerlo si observan alguna anomalía en su documentación....".

Finalmente, el 25 de noviembre de 1975, se comunica a la Embajada y al Consulado del Uruguay en Buenos Aires, la cancelación de los pasaportes de Ferreira, Michelini y Gutiérrez.

Michelini, poco antes de su secuestro, había escrito una carta a un compañero de redacción del diario "La Opinión", el Sr. Roberto García, que se publicara luego de su secuestro, donde refiere: "En estos días he recibido amenazas telefónicas comunicándome un posible atentado y además un traslado por la fuerza y contra mi voluntad a Montevideo. Me llega asimismo la información de que el Ministro uruguayo Juan Carlos Blanco plantearía ante las autoridades argentinas la necesidad de que se me aleje de ese país. No sé cual puede ser el curso futuro de los acontecimientos, pero en previsión de que efectivamente un comando uruguayo me saque del país, le escribo estas líneas para que usted sepa que no tengo ni he tenido intención de abandonar Argentina y que si el gobierno uruguayo documenta mi presencia en algún lugar del territorio uruguayo es porque he sido llevado allí en forma arbitraria, inconsulta y forzada...".

Dos días después, el 7 de mayo, Blanco se trasladó a la Argentina donde tuvo una reunión a bordo de un barco en el delta del río Paraná, con el Canciller Guzzetti.

Al respecto, el proveyente de primera instancia, no obstante la negativa de Blanco, destaca la significativa proximidad de dicho viaje y la fecha de los secuestros, el anuncio efectuado en la carta remitida a García, las expresiones vertidas por Harguindeguy a Alfonsín acerca de la calidad de tupamaros de Michelini y Gu tierrez y las declaraciones del Brigadier Klix, entonces Comandante de la Fuerza Aérea argentina, acerca de que la operación de secuestro fue "una operación uru-guaya, todavía no sé si oficial o no".

Asimismo, en su relato a la Comisión Parlamentaria, Ferreira Aldunate hace referencia a las reuniones que mantenían asiduamente los ex legisladores asesinados, y que a las mismas, concurrían espías enviados por la dictadura uruguaya; haciendo referencia a clases que se dictaron en la Escuela de Seguridad Nacional (ESEDENA), por parte de un coronel uruguayo, sobre sus actividades y las de los ex legisladores, relatando la labor de espionaje.

Manifiesta Ferreira Aldunate que, cuando en octubre de 1975, Michelini fue expulsado de la Argentina, el Director de Migración le manifestó que el expediente venía "muy pesado", aludiendo a que el SIDE, sin dar fuentes, indicaba que Michelini era un importante dirigente tupamaro, y que, en el expediente, figuraba también similar información, elevada por el gobierno uruguayo, por los canales correspondientes, no recordando si también aludía a Gutiérrez, aunque así lo cree. 14º) que, además, surgen otros indicios, como la versión anónima que circuló al tiempo de los secuestros, respecto a que la misma fue adoptada en el Consejo de Seguridad Nacional.

De acuerdo a lo declarado por el Dr. Alberto Zumarán, en una reunión de gobierno, se habría resuelto cometer los crímenes, decisión tomada con los votos en contra del Presidente Bordaberry y el Comandante de la Fuerza Aérea, Brigadier Dante Paladini.

Un documento similar recibió, el Arzobispo de Montevideo, Monseñor Partelli, con quien Zumarán tenía trato frecuente, dada su condición de asesor de la Curia.

Partelli, confirmó tal versión ante la Comisión Investigadora Parlamentaria, y ambos testigos dijeron haber destruido el documento, ya que podía comprometerlos.

Zumarán agrega que, con posterioridad a las muertes supo, por Monseñor Partelli, que un Brigadier habló con él, como descargando su conciencia y, le hizo referencia a que en el Organismo de Seguridad, se tomaron decisiones a efectos de evitar que Ferreira, Michelini y Gutiérrez, continuaran realizando tareas contra el proceso cívico-militar.

Más allá de que pudiera haber existido una intervención material de parte de personal militar uruguayo, la cual no resultó suficientemente probada, el cúmulo de indicios, prueba la intervención del gobierno uruguayo y, particularmente del ex Canciller Blanco, en un conjunto de acciones que culminaron en el secuestro y muerte, con intervención de fuerzas militares argentinas, de los dos ex legisladores y del matrimonio Barredo-Whitelaw.

A todo ello, cabe agregar la actitud asumida por el Gobierno uruguayo, una vez conocidos los secuestros, de quienes fueron nada menos que Presidente de la Cámara de Representantes y un Senador de la República, la cual se limitó a unas breves instrucciones al entonces Embajador Magariños, sin que hubiera ninguna protesta ni pedido oficial de investigación.

Cuando se hallaron los cuerpos, se hizo todo lo posible para desvirtuar la gravedad de lo ocurrido, emitiéndose un comunicado recalcando la calidad de requerido de Gutiérrez, en tanto el Presidente Bordaberry firmó una nota de felicitación al policía que impidió que se colocara el Pabellón Nacional sobre su féretro.

La propia inclusión de los hechos investigados, en el artículo 1º de la Ley 15.848, por parte del ex Presidente Sanguinetti, revela la opinión del Gobierno de que la operación se ejecutó por militares o policías, por móviles políticos y en ejecución de órdenes de los mandos.

15º) que, a efectos de evaluar la responsabilidad de los indagados, es preciso tener en cuenta la posición institucional de los mismos.

Bordaberry, disolvió el Parlamento el 27 de junio de 1973, suspendió las garantías individuales, encabezó el gobierno de facto y compartió plenamente la filosofía del golpe de estado y el papel de los militares, y, si bien fue desplazado del cargo poco tiempo después de los crímenes, tuvo al tiempo de los mismos, dominio suficiente sobre la estructura de poder.

Blanco también fue integrante del gobierno, fue Ministro de Relaciones Exteriores, habiendo tenido perfecto conocimiento de la situación de los exilados y participación en las medidas que se adoptaron contra ellos.

Por su posición institucional, no puede alegar desconocimiento acerca de que existió colaboración, por lo menos, a nivel de las Fuerzas Armadas de Argentina y Uruguay, en la represión de las actividades políticas, contrarias a los regímenes de facto de ambos países, sino que, por el contrario, desde sus cargos la propiciaron y alentaron, con el resultado a que se llegó con las víctimas de autos.

II) Que, de fs. 2997 a fs. 3014, la Defensa Juan Carlos Blanco, y de fs. 3015 a 3101, la Defensa de Juan María Bordaberry, interponen los recursos de reposición y apelación en subsidio, contra la precitada decisión.

III) Que, la Defensa de Juan Carlos Blanco, a cargo del Doctor Carlos Curbelo Tammaro, en síntesis, adujo:
1º) que, reitera su convicción, que no la altera el auto de procesamiento que está recurriendo, que el plexo probatorio reunido en autos, que se ha invocado como fundamento, es absolutamente insuficiente para dar cima a cualquier imputación, y menos a una de tan enorme gravedad;

2º) que, asimismo, disiente de manera visceral, con el fallo de este Tribunal, que se basa en considerar que los encausados son "homicidas peligrosos", única forma de lograr la extensión del plazo prescripto, constituyendo ésta una clara actitud de prejuzgamiento, que está anunciando cuál será la actitud de la Sala.

No deduce recusación porque siempre se le podrá decir que no se ha ingresado al mérito del asunto, por tratarse de una cuestión meramente procesal o adjetiva; 3º) que, las inocultables connotaciones políticas del caso, las pasiones desatadas, el antagonismo social que exhibe nuestra realidad actual, es demostrativa que las heridas no han cerrado, y que la pacificación intentada por anteriores gobiernos, no se acepta por determinados sectores de la población.

Por el ritmo pendular de la historia, los réprobos de ayer son los gobernantes de hoy y éstos a su vez, podrán ser juzgados mañana si, en el devenir de su gobierno, la tentación del poder sin límites ni contralor, los lleva al desborde del marco jurídico, en el que es tan fácil caer, si no se respeta, en primer lugar, el freno constitucional; 4º) que, entrando a la consideración técnica de los hechos y su proyección dentro del marco jurídico en que se pretende subsumirlos, surge con palmaria claridad, la más absoluta falta de prueba de cargo, para formular las imputaciones que se han realizado; 5º) que, existe únicamente prueba indiciaria, porque la prueba documental agregada no guarda el menor respeto a la normativa nacional e internacional para su válida consideración en juicio, ya que no existen legalizaciones ni traducciones, habiéndose prescindido de la autenticación de documentos; 6º) que su defendido señaló, en su declaración ratificatoria, que el COSENA era un órgano meramente asesor, sin poderes de decisión, creado con el propósito de que las Fuerzas Armadas, se integraran al conocimiento de las áreas de gobierno, que iban a seguir la política de seguridad para el desarrollo.

A los civiles que integraban el gobierno, no se les daba la menor intervención en la lucha antisubversiva; 7º) que, es una especulación, una mera conjetura que no constituye prueba alguna, la reunión, próxima a la fecha de los secuestros, mantenida entre Blanco y el Canciller argentino, el Almirante Guzzetti, desde que el encausado ha negado toda conversación referida a las víctimas; 8º) que, Blanco no ordenó la cancelación de los pasaportes de Michelini y Gutiérrez, ya que desde setiembre de 1973, la expedición y renovación de pasaportes pasó al Ministerio del Interior, donde se mantiene hasta hoy. 9º) que, Monseñor Partelli y el Doctor Alberto Zumarán, resultan ser testigos de oídas de personas que no identifican. Se habla de una reunión del COSENA, donde se decidió la suerte de Michelini y Gutiérrez, no obstante el voto en contra de Bordaberry y Paladini y, aunque no se menciona a Blanco como asistente en esa reunión, considerar ello, como prueba, no tiene la menor seriedad; 10º) que, la entrevista entre el Ministro del Interior, General Harguindeguy, y el Dr. Raúl Alfonsín, tiene versiones encontradas, contraponiendo lo afirmado por Samuel Blixen, con las declaraciones del Dr. Alfonsín, quien niega que el General Harguindeguy le hubiera mostrado documento alguno, con lo que también queda desmentido el falaz testimonio de Juan Raúl Ferreira; 11º) que, como no existen testigos directos, las versiones de testigos de oídas provienen de personas objetivamente comprendidas en tachas que quitan fe a sus deposiciones, como los dichos de Juan Raúl Ferreira y el Vice Canciller de Cámpora, Jorge Alberto Vázquez; 12º) que, la operación Cóndor, se ha tomado como piedra angular que acredita y prueba, la participación de los encausados, en la sangrienta represión que se les atribuye penalmente.

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