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Seminario Internacional Dictadura y Sistema Represivo


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Seminario Internacional

Dictadura y Sistema Represivo

1936-1948

Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Geografía e Historia

Cátedra Memoria Histórica del siglo XX



1-3 Abril 2009
La represión y el aparato jurídico del régimen


El análisis del aparato represor del franquismo y su cobertura jurídica ya no puede hacerse como se hacia antes de la entrada en vigor de la Ley 52/2007, de 26 de Diciembre, cualquiera que fuese la valoración que ésta merezca. Antes de esa fecha, constan innumerables análisis jurídicos, políticos e históricos que, sin duda, han favorecido y conducido a las conclusiones de dicha Ley. Son de destacar las palabras de los Profesores Marc Carrillo y Pere Ysàs: ”La dictadura se dotó de un arsenal de normas jurídicas e instituciones administrativas y jurisdiccionales de excepción de carácter netamente represivo.Es decir, normas e instituciones creadas ad hoc en el marco de una estrategia planificada de represión contra la oposición. La práctica de esta violencia institucionalizada, en la que la pena de muerte estaba tipificada y se aplicaba ampliamente a los autores y participes del delito de rebelión, estaba presente en las tres fases a las que se veia sometida cualquier persona represaliada por razones políticas: la detención, el proceso judicial y la prisión”1.Igualmente cabe tener presentes algunos, escasos, pronunciamientos parlamentarios. Como la solicitudes al Gobierno en 2004(con el apoyo del Grupo parlamentario del PSOE), nunca atendidas, de anulación de sentencias manifiestamente injustas dictadas contra determinadas personalidades de la II República como, entre otras, el Presidente de la Generalitat Lluís Companys. Y algunas leyes y otras disposiciones, también escasas, como la Ley 18/1984, de 8 de Junio, sobre reconocimiento de años trabajados a los efectos de la S. Social de los pasados en prisión, en la que se afirma que “el nuevo Estado democrático pretende eliminar los últimos obstáculos para integrar como ciudadanos de pleno derecho a quienes se caracterizaron por la lucha por la libertad y el establecimiento de la convivencia en España”.Y, sobre todo, por la Ley 24/2006, de 7 de Julio, esencialmente retórica, que declaraba ese año como de la “Memoria Histórica” en la que se hacia referencia ala “represión de la dictadura franquista”.Finalmente, ante la presión cívica y popular, el Gobierno crea la Comisión Interministerial por R.D 1891/2004, de 10 de Septiembre, en el que se citan a quienes “como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas durante la guerra civil y el franquismo”.También en el ámbito judicial se han producido algunos pronunciamientos, desde luego minoritarios. Entre otros el voto particular del Magistrado J.L.Calvo Cabello. El Consejo de Guerra núm. 2 de Valencia, el 25-5-1942 en el procedimiento sumarísimo núm. 6981.V.39, condenó a muerte a José Pellicer Gandia, que fue ejecutado. Una vez mas la Sala 5ª del Tribunal Supremo rechazó la revisión de la sentencia. Pero, una vez más, un magistrado disintió de ese criterio y apoyó que fuese revisada. Los razonamientos son estos: “El Estado social y democrático no es el mero Estado de legalidad, sino el proyecto de un Estado justo. Y en un Estado justo, siempre inacabado, no tienen cabida las condenas pronunciadas sin un juicio justo. A tal Estado de Derecho ha de resultarle intolerable la presencia de condenas pronunciadas abiertamente en contra de la Justicia”.La condena de ese Consejo de Guerra no fue un “juicio justo”, porque el órgano que la dictó era “ilegítimo, dependiente y parcial” (Auto 20-6-2006.Recurso Revisión 5/2006).

“Con la expresión “juicio justo” se denomina un conjunto de principios de carácter suprapositivo y supranacional, cuya legitimación es esencialmente histórica, pues proviene –en ello coincide la doctrina- de la abolición del procedimiento inquisitorial, de la tortura como medio de prueba, del sistema de prueba tasada y de la formación de la convicción del juez sobre la base de actos escritos en un procedimiento fuera del control público y que se define por los siguientes derechos:

- derecho a un tribunal independiente,

- derecho a ser oído,

- derecho a la presunción de inocencia,

- derecho a ser informado de la acusación,

- derecho a disponer de tiempo y facilidades para la defensa,

- derecho a defenderse por sí o por un defensor de su elección,

- derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo,

- derecho de igualdad de armas y

- derecho de acceso a los recursos”.

Cómo fue un antecedente relevante de la reacción frente a la dictadura, la incoación del Sumario 53/2008 por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, por las denuncias de desapariciones forzadas, por los delitos de “detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad”,luego archivado.


Ya sabemos que esa llamada integración está aún pendiente por dos causas fundamentales, por la cobardía institucional del Fiscal General del Estado ante la revisión judicial y anulación de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas y por los desaparecidos forzados todavía no hallados.

De todos aquellos precedentes, el mas relevante fue, sin duda, el acuerdo de 20 de noviembre de 2002 del Congreso de Diputados aprobando una Declaración Institucional en la que condenaba, sin mencionarlo expresamente, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Como dijo en 2002 un Diputado, "la casa no será totalmente habitable" mientras no se afronte la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación moral y jurídica de los "ex presos, guerrilleros, represaliados, exiliados y los enterrados clandestinamente".

La “casa”, nuestro sistema democrático, es ahora más habitable pero con evidentes carencias que deberán subsanarse.

Lo ha hecho posible, en parte, la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre(BOE 27-12-2007), “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, dando así cumplimiento a la Resolución del Congreso de Diputados de 8 de Junio de 2004.

Ciertamente la Ley es tardía, pero representa que, por fin, la democracia española, con evidentes insuficiencias, se enfrenta directamente a la Dictadura. Ya era hora de condenar formalmente el franquismo, precedido por una “sublevación militar”, precisamente por la violación de los Derechos Humanos que se detallan en la Declaración del Consejo de Europa de 17-3-2006 que se asume expresamente.

La Exposición de Motivos de la Ley parte, pues, de dicha condena que era el presupuesto de otros pronunciamientos necesarios para completar el rechazo de aquel régimen, de su aparato represor y de las consecuencias de la represión.

Dice así: “Es la hora de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. Y, por último, a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valo­res democráticos, como los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros, cuya rehabilitación fue unánimemente solicitada por el Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, o los miembros de la Unión Militar Democrática, que se autodisolvió con la celebración de las primeras elecciones democráticas. En este sentido, la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”.

Complementariamente, la Ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”.2

Es ya evidente que la institucionalización de la violencia y el terror estuvo constituida, sobre todo durante los primeros años, por los Consejos de Guerra y Tribunales especiales que aceptaron y consintieron la tortura generalizada, impusieron miles de penas de muerte y castigaron con masivos y largos encarcelamientos a quienes no se adhirieron a la sublevación, se opusieron a ella o defendieron ideales democráticos. Por tanto, era fundamental, casi la clave de bóveda de la Ley, cómo se afrontaba esa represión y sus consecuencias. Ciertamente, no fue posible, por la irreductible oposición del PSOE-carente de fundamentación jurídica-, que se declarase la expresa nulidad de tantas y tantas sentencias radicalmente injustas. Pero los resultados obtenidos son de evidente trascendencia, inmediata y futura, en cuanto representan la rotunda y definitiva descalificación de la Dictadura y de todo su aparato represor. Lo que sitúa a España entre los países que, finalmente, han afrontado su pasado oscuro y represor.

Todo esto es lo que significa el reconocimiento por la Ley de que los Tribunales franquistas eran “contrarios a Derecho”, es decir, ilegales en cuanto sustituyeron por la fuerza a la legalidad y las instituciones republicanas. Y eso significa también que los procesos y las sentencias eran “ilegítimas”, en cuanto radicalmente contrarias a los derechos fundamentales y a los más elementales Principios de Justicia. Pero la condena y descalificación es aún mayor.

El contenido esencial de los "vicios de fondo y forma" de las sanciones y condenas a que hace alusión el art. 3.3 de la Ley tiene como contenido esencial la ausencia absoluta de garantías, definidas en los arts. 6 del Convenio de Roma y 14 de los Pactos de Nueva York, ausencia de garantías que tienen como consecuencia la indefensión de los acusados y condenados. Indefensión que se expresaba en la imposibilidad total y absoluta de los acusados, como ocurría en aquellos procesos, de hacer valer sus derechos, de mantener su posición y de oponerse eficazmente a la acusación. Derecho del que todos los acusados fueron privados masiva y sistemáticamente en sus dos manifestaciones esenciales, la asistencia letrada, entonces inexistente, y el derecho a la prueba, también completamente ausente.

El término indefensión tiene una gran trascendencia porque es el que se emplea en el art 238 de la LOPJ cuando define "la nulidad de los actos procesales". Nulidad que se asocia a "vicios de forma y fondo" que generan indefensión.

Pero, en cualquier caso, la declaración prevista en la Ley, asociada a los términos de la Exposición de Motivos, establece que las normas "represoras" son "contrarias a los derechos fundamentales" y que los tribunales, de la clase que fuesen, han "vulnerado las mas elementales garantías del derecho a un proceso justo", atentando contra "los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas" (Art. 7. 2 del Convenio de Roma), lo que constituye el máximo fundamento de la declaración de ilegitimidad que ya los invalida a todos los efectos. Por más que solo la declaración legal o judicial de nulidad elimine las sentencias como acto procesal y represente la formal declaración de inocencia de los injustamente condenados.

Así lo expresa rotundamente la Ley: ”Art. 3.2.-Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley.3.- Igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.

Desde estos presupuestos legales, el análisis del sistema represivo franquista es mucho más riguroso y fundado.

Debe partirse de un presupuesto fundamental. La Constitución de 1931 proclamaba que “La Justicia se administra en nombre del Estado” y que “Los jueces son independientes en su función” (Art. 94). En el Art. 95, se establecía que “La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los institutos armados”. La jurisdicción militar aplicaba, con algunas adaptaciones, el Código de Justicia Militar de 27 de setiembre de 1890, con la finalidad de adaptarlo a los principios y normas de la nueva Constitución. Estábamos, pues, ante una jurisdicción con unas competencias limitadas al ámbito militar y un régimen orgánico y procesal claramente determinado en función de dichas competencias.
Por otra parte, la Constitución de 1931 había establecido un régimen de “garantías individuales y políticas”, particularmente, en los Art. 28 y 29, además de estar vigente la Ley de Enjuiciamiento criminal que había implantado el régimen de garantías propio de un Estado liberal.
En esas circunstancias, se produce el golpe militar del General Franco de 18 de julio de 1936, sublevación contra el legítimo Gobierno de la República que no sólo subvierte y destruye el orden político y jurídico legalmente constituido sino que constituye al Ejército en pieza esencial de las instituciones que los sublevados comienzan a configurar. Y, de modo particular, por la función que le otorga, mucho más allá de las competencias que tenía atribuidas, para el enjuiciamiento y persecución penal de cuantos permanecieron fieles a la República y, en general, de cuantos eran considerados contrarios al alzamiento militar.

Ya nadie duda del significado y alcance de la represión en la estrategia del golpe militar de julio de 1936, represión que se materializó inmediatamente desde aquella fecha en los territorios ocupados y, sobre todo, desde el 1 de abril de 1939 cuándo se implantó la Dictadura bajo la forma de un Estado fascista. Cuando decimos represión, decimos la planificación y ejecución de una política de exterminio que, allí donde resultó imposible la resistencia civil y militar al golpe, se impuso inmediatamente. Estrategia represiva que se llevó a cabo paralelamente a la destrucción sistemática de las instituciones republicanas y de los derechos democráticos.

Ya lo han señalado notables historiadores. Es ya evidente el papel que representó, desde los inicios de la sublevación, la violencia y la represión como elemento central de la política. Así se ha expresado por los historiadores que han estudiado en profundidad el ejercicio concreto de la represión en el conjunto de España: “la violencia fue un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento”.3 La significación de la represión ha sido valorada en todos los análisis del franquismo desde el 18 de julio de 1936 hasta prácticamente el final de la Dictadura. Así lo resumía Arcángel Bedmar: “Si la represión física y los derechos más elementales fue la mas llamativa, también funcionó una represión cotidiana, permanente y opresiva, que condenó a la marginación social, laboral, a una buena parte de la población. Cuando hablamos de represión siempre pensamos en los fusilamientos, pero existen otras formas sutiles de hacer daño que causan dolor profundo y traumátíco, y que acompaña a los supervivientes durante toda su existencia. A través de sus investigaciones sobre la justicia militar y civil Conchita Mir Curcó se ha acercado al espacio crudo y humillante de las nuevas estructuras de poder y de las nuevas relaciones sociales establecidas tras la victoria franquista que se adentraron en los ámbitos más privados de la vida personal –sobretodo en las mujeres- y se manifestaron por medio del control moral, la pobreza, la soledad, el subempleo, los ajustes de cuentas, la vigilancia de unos sobre otros…hasta configurar un mundo en el que vivir no era sino sobrevivir”.4.

En el ámbito de la represión en Cataluña, el profesor Borja de Riquer ha definido con toda claridad los significados y rasgos de la represión franquista. Además de afirmar que la “repressió esdevingué una necessitat política per a mantenir i consolidar el seu projecte dictatorial i contrarevolucionari”, la definió “pel seu carácter d’exemplaritat i de càstig, de totalitat i massivitat, i de continuitat”5.

El alcance de la represión fue de tal magnitud que, como dato especialmente significativo, en la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, “hasta el año 1966 no llegaría el indulto general, lo que suponía, a fin de cuentas, que el Estado franquista necesitó 30 años para liquidar las responsabilidades políticas que atribuía a sus enemigos”.6 No es de extrañar, dado que a finales de 1941, el 9’5% de la población española había sido sometida, sancionada o no, a procedimientos de responsabilidades políticas. Era la consecuencia de lo que se calificó por el Presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas como “una responsabilidad difusa de casi todos los españoles” en lo que llamaba “la inmensa catástrofe que ha representado para España la revolución roja”.

Pero siempre es posible conocer más y más expresiones de ese terror que cualificaba el Estado que construían los rebeldes. Hace ya muchos años, en 1966, el profesor Elias Diaz definía como rasgo característica del Estado fascista “el uso y la exaltación de la violencia y el terror”7. Dos datos son suficientemente significativos que ilustran el alcance del acuerdo alcanzado. Por una parte, el Bando de guerra del General Queipo de Llano de 24 de julio de 1936 donde, con carácter de norma penal, se disponía lo siguiente: “Al comprobarse en cualquier localidad actos de crueldad contra las personas, serán pasados por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxista o comunista que en el pueblo existan, y caso de no darse con tales directivos, serán ejecutados un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos”. Asímismo es digna de tomarse en consideración la referencia que se contiene en el prólogo de Paul Preston a una obra de extraordinaria importancia sobre la represión en Andalucía8. En dicho prólogo se hace referencia a la carta dirigida por un fiscal, integrado en los Consejos de guerra, dirigida al general Varela en las que calificaba de “monstruosidad jurídica” la instrucción dirigida por el Auditor de guerra de dicho General a los Presidentes de los Consejos que decía lo siguiente: “Todos los apoderados e interventores del Frente Popular en las llamadas elecciones de 1936 tenían que ser procesados determinándose en el acto del juicio oral, por la impresión que en el tribunal produjese la cara de los procesados, quienes debían de ser condenados y quienes absueltos; todos los Milicianos, rojos, también, como regla general, debían ser procesados y fusilados….”.

En ese marco de represión generalizada, los rebeldes dictaron disposiciones normativas, con independencia de su denominación formal -entre las que habrían que incluir Bandos como el citado- todas dictadas por el General Franco desde su posición de Dictador que concentraba todo el poder. Represión a través de la cual, por recuperar hoy las palabras del profesor E. Díaz “los derechos humanos son…salvajemente negados y ultrajados”.

La función decisiva de la jurisdicción militar en la represión resulta con toda evidencia de las disposiciones que tienen su origen en el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936 de la Junta de Defensa Nacional que “hace extensivo a todo el territorio Nacional” el estado de guerra ya declarado en otras provincias. Tanto esta jurisdicción como los Tribunales especiales ejecutan con toda precisión y frialdad una política de exterminio de los republicanos y de los demócratas, combinando la eliminación física, mediante las ejecuciones de las penas de muerte, el encarcelamiento masivo y la discriminación de los vencidos en todos los ámbitos.

La acentuación, la exasperación de la represión a través de la jurisdicción militar fue revalidada por el Decreto número 79 de la Junta de Defensa Nacional, de 31 de agosto de 1936, con la siguiente justificación: “Se hace necesario en los actuales momentos, para mayor eficiencia del movimiento militar y ciudadano, que la norma en las actuaciones judiciales castrenses sean la rapidez…”. Y, para ello, establece en el Art. 1º: “Todas las causas de que conozcan la jurisdicciones de Guerra y Marina se instruirán por los trámites de juicio sumarísimo que se establecen en el título diecinueve, tratado tercero, del Código de Justicia Militar, y título diecisiete de la Ley de enjuiciamiento militar de la Marina de Guerra”. No será preciso para ello que “el reo sea sorprendido «in fraganti» ni que la pena a imponerse sea la de muerte o perpetua”.

La estructuración de la jurisdicción militar para dichos fines, tanto orgánica como procesalmente, tiene lugar mediante un Decreto del general Franco, el Nº 55, de 1 de noviembre de 1936, que, por tanto, deja sin efecto las disposiciones vigentes en el Código de Justicia Militar e implanta el procedimiento “sumarísimo de urgencia” en vigor hasta la Ley de 12 de julio de 1940, que restableció el sumarísimo ordinario con escasísimas diferencias entre ellos. El Decreto se dicta, según el preámbulo, ante la previsión de la ocupación de Madrid para garantizar “la rapidez y ejemplaridad tan indispensable en la justicia castrense”. En dicho Decreto se establece la composición de los Consejos de Guerra, que admite la participación de “funcionarios de la carrera judicial o fiscal”, “el cargo de defensor será desempeñado en todo caso por un militar” y la competencia de los Consejos de Guerra abarcará a “los delitos incluidos en el Bando que al efecto se publique por el General en Jefe del Ejército de Ocupación”. Asimismo se dictan normas procesales como las siguientes, que representan la reforma y supresión de las ya escasas garantías contempladas en el C.J.M. para los procedimientos sumarísimos:

«A) “Presentada la denuncia o atestado se ratificarán ante el instructor los comparecientes ampliando los términos en que esté concebida aquella si fuere necesario. B) Identificados los testigos y atendido el resultado de las actuaciones, con más la naturaleza del hecho enjuiciado, el Juez dictará auto-resumen de las mismas comprensivo del Procedimiento, pasándolas inmediatamente al tribunal, el cual designará día y hora para la celebración de la vista. En el intervalo de tiempo que media entre la acordada para la vista y la hora señalada se expondrán los autos al fiscal y defensor a fin de que tomen las notas necesarias para sus respectivos informes. C) Si se estimara conveniente por el Tribunal la comparecencia de los testigos de cargo, se devolverán los autos al Juez que los transmite, quien, oído el defensor, aceptará o no los de descargo. D) Pronunciada sentencia se pasarán las actuaciones al Auditor del Ejército de Ocupación a los fines de aprobación o disentimiento».

Es una descripción sumaria del significado y función de la Jurisdicción Militar que se completa con la Circular del Alto Tribunal de Justicia Militar, de 21 de noviembre de 1936, dada en Valladolid, según la cual “Se entenderá limitada la posible interposición de recursos a aquellos procedimientos que no tengan carácter de sumarísimos”.

Finalmente, por Decreto Nº 191, también del General Franco, de 26 de enero de 1937, dado en Salamanca, “Se hace extensiva a todas aquellas plazas liberadas o que se liberen la jurisdicción y procedimientos establecidos en el Decreto nº cincuenta y cinco”.

Así se generaliza e impone un jurisdicción militar que infringe todas y cada una de las reglas orgánicas y procesales entonces vigentes.

La represión se fundamentó desde sus inicios en una aplicación generalizada y analógica del delito de rebelión militar, ya prevista en el Bando de 28 de Julio y que, concluida la guerra, se aplicó “a conductas carentes por completo de relevancia política”.9Así resulta de la Orden de 25 de Enero de 1940 “de Orden de S.E. el Jefe del Estado”(BOE 26/1/1940) en la que se crean y fijan criterios a las Comisiones Provinciales de “Examen de Penas” para la posible conmutación de las mismas a fin de “alejar…desigualdades que pudieran producirse o que de hecho se han dado en numerosos casos…” en la aplicación de las normas penales. A tal efecto se establecían “en una tabla o relación algunas normas y las principales modalidades de los delitos de rebelión militar…” hasta un total de 81 modalidades de dicho delito,equiparando,por ejemplo,haber sido Diputado o miembro del Gobierno de la República con ser “jefe o miembro de una checa” en la que se “aplicaron..tormentos”.

Los Consejos de Guerra constituidos desde el 18 de julio de 1936, máxime por el procedimiento sumarísimo, en modo alguno podían calificarse como Tribunales de Justicia. Eran, pura y simplemente, una parte sustancial del aparato represor implantado por los facciosos y posteriormente por la dictadura. Consejos constituidos con la activa participación de jueces ordinarios que, como los militares, también traicionaron la Constitución republicana que, en el Art. 94, proclamaba que los “jueces son independientes en su función”. Así, muchos jueces y fiscales al servicio y bajo las directrices de los Jefes y Oficiales sublevados, cooperaron, sumisos, a la represión franquista.

Los procesos ante los Consejos de Guerra, especialmente los sumarísimos, pero igualmente los ordinarios, según los Art. 649 a 662 del C.J.M, vigente el 18 de julio de 1936, eran radicalmente nulos por varias causas. En primer lugar, no merecen la calificación de Tribunales de Justicia en cuanto fueron siempre constituidos, ya desde el Decreto 55 del general Franco, por la máxima instancia de los sublevados contra la República. En segundo lugar, los militares miembros de dichos tribunales carecían radicalmente de cualquier atributo de independencia, propio de un juez, en cuanto eran estrictos y fieles servidores de los jefes de que dependían y compartían plenamente los fines políticos y objetivos represivos de los sublevados. Basta la lectura de cualquier sentencia de las dictadas por esos Tribunales en las que destaca su absoluta falta de objetividad e imparcialidad tanto en la exposición de los hechos como en los fundamentos jurídicos –si es que así pudieran calificarse– en los que asumen expresamente como legítimos los motivos y fines del golpe militar. En tercer lugar, era incompatible su posible independencia con la disciplina castrense impuesta por todos los jefes. Son numerosos los procedimientos en los que el Comandante Militar de la Plaza ordena al Juez Militar que eleve a “Procedimiento sumarísimo” el procedimiento ordinario que estuviera tramitando. Asimismo, las sentencias que dictaban carecían de todo valor en cuanto debían ser supervisadas y aprobadas por el Auditor de guerra, condición para que adquirieran firmeza y prueba indiscutible de la estructura jerarquizada del tribunal. La sumisión a las más altas instancias del Poder militar y del Poder Ejecutivo que los sublevados iban configurando quedaba de manifiesto cuando la ejecución de la pena de muerte exigía del “enterado” del Jefe de Estado.

Pero, sobre todo, tanto en los procedimientos sumarísimos como en los ordinarios, concurría una total vulneración de todas las garantías y derechos fundamentales. La instrucción del procedimiento era inquisitiva y bajo el régimen de secreto, sin ninguna intervención del defensor. El Juez Militar instructor, practicaba diligencias con el auxilio exclusivo de las Fuerzas de Seguridad, Comisarías de investigación y vigilancia y otros cuerpos policiales y militares, limitándose la relación con los investigados, siempre en situación de prisión preventiva, a la audiencia de los mismos, naturalmente sin asistencia de letrado. El instructor acuerda una diligencia de procesamiento en la que relata los hechos y su calificación penal y, finalmente, emite un dictamen que, conforme al Art. 532 del C.J.M., resumía los hechos, las pruebas y las imputaciones y que elevaba a la Autoridad militar superior que solía ser el General jefe de la División correspondiente. Resumen que prácticamente es el documento que va a fundamentar la acusación y la sentencia ya que las diligencias practicadas por el instructor no se reproducían en el plenario con una manifiesta infracción del principio de inmediación en la práctica de la prueba y la correspondiente indefensión de los acusados.

Consejos de Guerra que de forma habitual se constituian ilegalmente, es decir, infringiendo su propio marco legal que, evidentemente menospreciaban. Así resultó del voto particular emitido por el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo en la sentencia sobre la revisión de la condena a muerte de Julian Grimau: “la condena de Julián ha de reputarse inexistente”, fue un “acto estremecedor para la conciencia jurídica”, mas que una sentencia era una “apariencia de sentencia”. Aquella muerte, continuaba, “no fue el desenlace de un proceso, fue “un acto despojado de todo respaldo jurídico”, “un hecho máximamente reprobable por su absoluta contradicción con el Derecho”.La ilegalidad de ese Consejo de Guerra fue común a miles de procedimientos militares.

A todos estos procesos se refería el apartado 57 de la Declaración de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa sobre el franquismo denominándolos un “sistema de justicia militar expeditiva” en el marco de la imposición de la “ley marcial”.

Otros instrumentos esenciales de la represión constituidos por la dictadura fueron el Tribunal de Represión de la masonería y del Comunismo y los Tribunales de Responsabilidades Políticas.Como veremos, es evidente el carácter radicalmente ilegitimo de estos tribunales tanto por su origen, como por su composición, además de constituirse organismos de naturaleza administrativa dotados de competencias penales y, por tanto, con facultades para la imposición de sanciones penales.

La Ley de 1 de marzo de 1940, vigente hasta 1963, creadora del primero de aquellos Tribunales, es la máxima expresión de la arbitrariedad jurídica al servicio de la represión ideológica y política. En primer lugar, crea figuras delictivas como “pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas...” que se oponen a todos los principios inspiradores de un derecho penal basado en el respeto a la persona humana, como los principios de tipicidad y legalidad. La Ley establece penas gravísimas de reclusión menor y mayor para las conductas que describe, además de las penas de separación o inhabilitación perpetua para ciertos cargos públicos o privados, confinamiento y expulsión.Y lo que es de mayor gravedad, para la persecución y castigo de los autores de dichos delitos constituye un Tribunal Especial que designa y controla el Jefe del Estado y el Gobierno. Es el incipiente Poder Ejecutivo constituido en una especie de Poder Judicial con unas amplias competencias penales y procesales dado que puede “comisionar” a tribunales militares y ordinarios para lo que se denomina “instrucción de expedientes y sumarios”. Es importante destacar que el Jefe del Estado nombra al Presidente y a sus miembros, que debían ser “un General del Ejército”, “un Jerarca de Falange Española Tradicionalista y de las JONS” y dos letrados. Es la más rotunda negación del Estado de Derecho.



De similar naturaleza son los Tribunales establecidos por la Ley de 9 de Febrero de 1939, de Responsabilidades políticas, vigente hasta 1966. Son también Tribunales administrativos, el Tribunal Nacional depende “de la Vicepresidencia del Gobierno”, los miembros de los Tribunales Regionales, presididos por “un Jefe del Ejército”, son nombrados por el Ministerio que corresponda y los “jueces instructores” son militares. Resulta necesario describir cual es el fundamento de las responsabilidades que se exigieron al amparo de esta Ley: “contribuir a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo victima a España desde el primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro…” y, desde el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, haberse opuesto “al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”. A partir de estas conductas, más especificadas en el art. 4º, esos tribunales, integrados por responsables políticos de la dictadura, por falangistas y por militares, con la colaboración de la magistratura, estaban facultados para imponer sanciones de orden penal como las penas-en la Ley se denominan “sanciones”- de inhabilitación absoluta y especial, extrañamiento, confinamiento, destierro y pérdida total o parcial de bienes, es decir, sanciones gravemente privativas y restrictivas de derechos.

Asimismo, debe incluirse una consideración sobre el Decreto-Ley de Bandidaje y Terrorismo (18-4-1947) porque era aplicado por la jurisdicción militar. Disposición que representó un verdadero desafio ante la Resolución 39(I) de 9-2-1946 de la Asamblea General de la ONU que condenó el Régimen de Franco en cuanto impuesto por la fuerza. Cuando una parte de la oposición antifascista opta por la resistencia armada, por la resistencia guerrillera, la Dictadura dicta esa disposición que deroga la Ley de Seguridad del Estado creando una norma penal de una dureza inaudita que rompe con los esquemas mas clásicos de la represión penal.A los destinatarios de ella los llama “gentes criminales e inadaptadas” y su significación la resume perfectamente el Ministro Ibáñez Martín:”teniendo en cuenta la gravedad de la situación actual, todas las circunstancias atenuantes deben desaparecer y las penas mas severas serán aplicadas dentro del cuadro de medidas excepcionales, tomadas para castigar estos crímenes contra la nación”.Es cierto que ante esta forma de oposición, las fuerzas represivas acudieron de forma habitual a procedimientos extrajudiciales, a la eliminación física directa de los resistentes, pero en todo caso la norma está concebida para esa eliminación por la vía de la aplicación intensiva de la pena de muerte. No solo contempla en diferentes supuestos dicha pena como pena única, privando al Consejo de Guerra de otras alternativas, sino que la establece como única en supuestos en los que no ha mediado ninguna actividad lesiva, como ocurre para “el Jefe de la partida en todo caso”, extendiendola, en términos verdaderamente analógicos y rechazables a”los componentes de la partida que hubiesen colaborado de cualquier manera a la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en esta ley”.Con esta previsión, todos los miembros de un grupo armado, realizasen o no una acción lesiva, estaban sujetos a la pena de muerte.Para el resto de los delitos, con alguna ligera excepción, la pena era la de reclusión menor o mayor a muerte ante hechos como la colocación de explosivos, aunque no se produjese la explosión, el asalto de establecimientos o de personas que transporten valores, sin que medie un resultado lesivo, el simple hecho de esgrimir un arma o exigir bajo amenazas “claras o encubiertas” la entrega de valores económicos. Y, finalmente, se crea una forma de cooperación, ausente de las disposiciones penales entonces vigentes, ”prestar cualquier auxilio” a las partidas aunque no constituyan “complicidad ni encubrimiento”.Fué, pues, una norma que, además de una extrema dureza, representaba la negación de los principios básicos del derecho penal. Era la mas pura expresión del terrorismo de Estado.Las condenas impuestas, en los supuestos anteriores, en aplicación de ese Decreto-Ley fueron todas, sin excepción, radicalmente injustas. Pero, pese a estas consideraciones, se aplicó, de forma desafiante, bajo la vigencia en la comunidad internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

El marco descrito de normas represivas ha quedado descalificado por la citada Ley de 2007 como radicalmente contrario a los principios de justicia. Ante leyes y tribunales de esa naturaleza, vale tener presente las palabras del profesor alemán G. Radbruch cuando en 1946, ante el horror nazi, escribió un famoso opúsculo denominado “Leyes que no son Derecho y Derecho por encima de las leyes”10. Decía que, “la legalidad, la aspiración a la justicia y la seguridad jurídica son requisitos de una Administración de Justicia. Y las tres condiciones se echan de menos en los Tribunales Penales por delitos políticos en la época de Hitler”. Y citaba las palabras de un Fiscal del Estado de Sajonia que en un juicio contra responsables nazis afirmó “la legislación del Estado nazi, que sirvió de base para condenar de muerte carece de toda validez jurídica”, llegando a afirmar que “ningún juez puede invocar, ni ninguna jurisprudencia puede atenerse a una ley que no solo es injusta sino que es delictiva”. Concluyendo, “Invocamos los derechos humanos que están por encima de las leyes escritas, el derecho inextirpable y eterno que rehúsa la validez de los mandatos ilegítimos de los tiranos inhumanos”. Eran palabras que hoy conservan plena actualidad, máxime cuando hasta ahora, hasta setenta años después, no está afrontándose directamente la realidad de las leyes y de los tribunales impuestos por el General Franco que representaban no solo la ausencia de Derecho –como expresión de principios de Justicia- sino la contradicción con esos principios de Justicia que tienen su último fundamento en la dignidad humana. Como decía Radbruch en estos casos la contradicción de la Ley con la justicia alcanza “un grado insoportable”.


Carlos Jiménez Villarejo


1 Jornada Violencia, represió i justicia a Catalunya (1936-1975). Fundació Carles Pi i Sunyer, 6 de Junio de 2007.

2 “El Bando de Guerra de 28 de julio de 1936 de la Junta de Defensa Nacional aprobado por Decreto nº 79, el Bando de 31 de agosto de 1936 y, especialmente, el Decreto del general Franco, Nº 55, de 1 de noviembre de 1936;las Leyes de Seguridad del Estado de 12 de julio de 1940 y 29 de marzo de 1941, de reforma del Código penal de los delitos contra la seguridad del Estado; la Ley de 2 de marzo de 1943 de modificación del delito de Rebelión Militar; el Decreto- Ley de 18 de abril de 1947, sobre rebelión militar y bandidaje y terrorismo y las Leyes 42/1971 y 44/1971 de reforma del Código de Justicia Militar; las Leyes de 9 de Febrero de 1939 y la de 19 de febrero de 1942 sobre responsabilidades políticas y la Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo, la Ley de 30 de julio de 1959, de Orden Público y la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de Orden Público”

3 F. Moreno Gomez, ”La represión en la posguerra” en la obra colectiva Víctimas de la guerra civil, Madrid, 1999, p. 277.

4 Coordinador de la obra colectiva “Memoria y olvido sobre la Guerra Civil y la represión franquista”. Ayuntamiento de Lucena 2003. Pág. 15

5 “La repressió dels vençuts” (del autor citado y de Joan B. Culla), de la obra Pierre Vilar, Historia de Cataluña. Barcelona, Edicions 62. Volumen VII. “El franquisme i la transició democràtica”.

6 Manuel Alvaro Dueñas, “Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo”, La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, p. 253.

7 Estado de derecho y sociedad democrática. Ediciones Cuadernos para el diálogo, 1936, p. 33.

8 Francisco Espinosa “La justicia de Queipo”. Editorial Crítica, 2006, p. XI.

9 Nicolás Garcia Rivas, La rebelión militar en el Derecho Penal. Ediciones Universidad Castilla-La Mancha, pp.104-106.

10 Derecho injusto y Derecho nulo. Editorial Aguilar 1971, pp. 3-22.


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