Página principal

Sección cuarta


Descargar 94.13 Kb.
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño94.13 Kb.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA



Consejera Ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero del dos mil quince (2015)
Radicación número: 11001-03-15-000-2014-03336-00
Demandante: LEODAN JULIO DÍAZ DAZA Y OTROS
Demandado: SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Acción de Tutela.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por los señores Leodan Julio Díaz Daza, Isabel Arenis Cuello Mendoza, Nidia Esther Díaz Daza, Nulbis Rosario Díaz Daza, Edilber Jesús Díaz Daza, Carmen Silvina Daza de Díaz y Nelvis Leonor Díaz Daza contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.


ANTECEDENTES


  1. Pretensiones.

Los actores instauraron acción de tutela contra las citadas autoridades judiciales, por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

(…)
2. Que mediante la orden de REVOCACIÓN (sic) impartida, se DECLARE que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional de Colombia y el Hospital San Rafael ubicado en el Municipio de San Juan de Cesar, Guajira, son administrativa, solidaria y patrimonialmente responsables de los daños materiales y morales causados a los hoy accionante y demandantes dentro del proceso de Reparación Directa Nº 44-001-23-31-003-2001-0676-00.

3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se CONDENEN a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional de Colombia y al Hospital San Rafael de San Juan del Cesar, Guajira, a pagar a los hoy accionantes la suma QUE LIQUIDADA A VALOR PRESENTE correspondiente a las pretensiones de la demanda del proceso referido en el numeral 2 del presente capítulo, es decir, más de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE. ($320´000.000. mcte.).”


  1. Hechos

Se advierte como hechos relevantes, los siguientes:


El 1º de diciembre de 1999, el señor Leodan Julio Díaz Daza ingresó al Hospital Regional San Rafael del municipio de San Juan del Cesar, con dos impactos de bala, uno en el pulmón y otro en el ojo derecho, que presuntamente le fueron propinados por miembros de Ejército Nacional cuando se movilizaba de la vía que de San Juan del Cesar conduce al municipio de Molino.
En el hospital se le realizó un procedimiento en el tórax con el fin de salvarle la vida y en el ojo se le colocó un ungüento y una venda, posteriormente, el 5 de diciembre de 1999, fue remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López a petición de sus familiares para que fuera valorado por un oftalmólogo.
El 6 de diciembre de 1999 se detectó que el señor Díaz Daza tenía un trauma ocular severo, razón por la cual se le realizó una enucleación del ojo derecho.
Por los hechos antes descritos, el actor y sus familiares instauraron acción de respiración directa contra el Hospital Regional de San Juan del Cesar y el Ejército Nacional, con el fin de que se les reconocieran los correspondientes perjuicios.
El Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante sentencia del 18 de noviembre del 2004, resolvió: I) declarar administrativamente responsable al Hospital San Rafael de San Juan del Cesar; II) exonerar de responsabilidad al Ejército Nacional; y III) condenar el hospital al pago de perjuicios morales y materiales únicamente respecto del señor Leodan Julio Díaz Daza.
El tribunal no encontró probada la responsabilidad del Ejército Nacional, pues no se aportó elemento alguno que demostrara que los impactos de bala recibidos por el señor Díaz Daza provinieran de miembros de esa Institución. Por el contrario, consideró que hubo negligencia en la atención médica dada por el Hospital San Rafael y que como consecuencia de ello el actor perdió el ojo derecho.
La sentencia fue apelada y la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, en providencia del 25 de junio del 2014, por considerar que no se probó que el cruce de disparos proviniera del Ejército Nacional, así como tampoco se acreditó que de habérsele practicado al señor Díaz Daza algún tratamiento en su ojo no lo perdería.
Los actores señalaron que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defectos fáctico por indebida valoración probatoria de los siguientes elementos: I) el oficio proferido por el Hospital San Rafael, en el que se informó que la atención dada al señor Díaz Daza fue “de rigor”; II) los registros civiles de los actores con los cuales probaban el parentesco con el señor Leodan Julio Díaz Daza para el reconocimiento del daño moral; y III) la devolución del despacho comisorio por parte del Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar para recibir un testimonio
Argumentaron que no se aplicó el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, pues en la contestación de la demanda la apoderada del Ejército Nacional confesó que para la fecha de los hechos se presentó una operación militar y que los daños ocasionados se produjeron en cumplimiento de un deber legal.
Finalmente, manifestaron que se desconoció la sentencia T-934 del 2009 y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, pero no especificaron cual.
3. Trámite previo
El despacho sustanciador, mediante auto del 18 de noviembre del 2014, admitió la demanda y ordenó notificar a las partes y al Ejército Nacional y al Hospital San Rafael de San Juan del Cesar, como terceros interesados en las resueltas del proceso.1
4. Oposiciones
El doctor Hernán Andrade Rincón, magistrado de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, reiteró los argumentos expuestos en la sentencia reprochada y aseguró que no se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso a los actores, pues la decisión se soportó en el material probatorio debidamente aportado al proceso de reparación directa.
Adujo que se respetaron los parámetros constitucionales y legales, por lo que solicitó que se negaran las pretensiones de la presente acción de tutela.
El Tribunal Administrativo de la Guajira guardó silencio.
5. Intervención de los terceros interesados
La gerente y representante legal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar aseguró que al actor se le prestó una atención íntegra y se le dio prioridad a los tratamientos que necesitaba para salvarle la vida.
Informó los procedimientos que se le practicaron al señor Leodan Julio Díaz Daza y señaló que el paciente fue remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López para la revisión de oftalmología cinco días después de que ingresó, porque primero debía ser estabilizado.
El Ejército Nacional guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».


Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, los señores Leodan Julio Díaz Daza, Isabel Arenis Cuello Mendoza, Nidia Esther Díaz Daza, Nulbis Rosario Díaz Daza, Edilber Jesús Díaz Daza, Carmen Silvina Daza de Díaz y Nelvis Leonor Díaz Daza, pretenden la protección del derecho fundamental al debido proceso, que consideran vulnerados con las sentencias del 18 de noviembre del 2004 y del 25 de junio del 2014, proferidas por el Tribunal Administrativo de la Guajira y la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, respectivamente.

A la Sala le corresponde estudiar si las autoridades judiciales demandadas con sus actuaciones vulneraron el derecho fundamental invocado por los actores.



Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad2.
Ahora bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional3.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 31 de julio de 2012, exp 2009-01328-01, aceptó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.” (Subraya la Sala)

Aun más, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por los órganos judiciales de cierre (Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra “cualquier autoridad pública”.
Hechas estas precisiones acerca de la excepcionalísima procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado.
En esa sentencia la Corte Constitucional precisó que las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son:


  1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;




  1. Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;




  1. Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (Negrilla fuera del texto)




  1. Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;




  1. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y




  1. Que no se trate de sentencias de tutela.

Una vez agotado el estudio de estos requisitos, y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.



Caso concreto
Los actores solicitaron la protección del derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por el Tribunal Administrativo de la Guajira y la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, por incurrir en defecto fáctico, en defecto sustantivo y desconocer la sentencia T-934 del 2009 y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.
Del estudio del expediente, se observa:
Los señores Leodan Julio Díaz Daza, Isabel Arenis Cuello Mendoza, Nidia Esther Díaz Daza, Nulbis Rosario Díaz Daza, Edilber Jesús Díaz Daza, Carmen Silvina Daza de Díaz y Nelvis Leonor Díaz Daza instauraron acción de reparación directa contra el Ejército Nacional y el Hospital Regional San Rafael de San José del Cesar, con el fin de que los declararan administrativamente responsables por los perjuicios ocasionados al señor Leodan Julio Díaz Daza por la pérdida de su ojo derecho.
El Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante sentencia del 18 de noviembre del 2004, exoneró al Ejército Nacional de responsabilidad y condenó al Hospital San Rafael de San José del Cesar a pagarle únicamente al señor Leodan Díaz Daza los perjuicios materiales y morales. Esta decisión fue revocada por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado que, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, en fallo del 25 de junio del 2014.
Los demandantes aseguraron que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, en defecto sustantivo por inaplicación del artículo 194 del Código de Procedimiento Civil y desconocieron la sentencia T-934 del 2009 y el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.
La Sala estudiará los defectos alegados, así:
Defecto fáctico
Los actores señalaron que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración de los siguientes elementos probatorios: I) el oficio proferido por el Hospital San Rafael en el que informa la atención que se le prestó al señor Díaz Daza; II) los registros civiles de los demandantes para probar el parentesco y III) la devolución del despacho comisorio por parte del Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar.
La Corte Constitucional ha definido que se constituye vía de hecho por defecto fáctico es necesario que: (…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.”
Sobre el primer punto, los actores señalaron que no se tuvo en cuenta que en el oficio se enfatizó que la atención dada al señor Díaz Daza fue de rigor, luego, aseguraron que no fue la suficiente para evitar que perdiera su ojo derecho. Al respecto, la Sala observa que se trata de una comunicación interna suscrita por la subdirectora científica, el médico especialista en cirugía y el médico general de urgencias, en el que le manifestaron al gerente del Hospital San Rafael, lo siguiente:

Atendiendo su comunicación interna de fecha septiembre de 5 de 2002, me permito informarle lo siguiente sobre el Oficio No. 2726, RECIBIDO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ACTOR: LEODAN DÍAZ DAZA, RADICACIÓN No. 0676-2001. ACCIÓN: REPARACIÓN DIRECTA


1º. Se envía copia de la historia clínica del actor, que consta de 26 folios útiles
2º. La certificación sobre el estado en que llegó el actor es la siguiente: El paciente llegó consciente, palidez marcada, dificultades para respirar, presencia de tiraje intercostal, en muy malas condiciones generales por síndrome anémico causado por herida con arma de fuego con orificio de entrada 1/3 proximal de clavícula izquierda, orificio de salida a nivel de omoplato izquierdo, con sangrado activo profuso, pulmón izquierdo hipoventilado por presencia de sangra en cavidad torácica izquierda (hemoneumotorax).
3º. Fue recibido en la urgencia del Hospital por la Dra. Deisy Mendoza Jiménez, y atendido por el Dr. José Luis Muñoz, Médico Especialista en Cirugía.
4º. Presentaba heridas en tercio proximal de clavícula izquierda y orificio de salida a nivel de omoplato, con marcada destrucción de tejidos, se diagnostica hemoneumotórax izquierdo, por lo cual se lleva a cirugía y se le hace toracostomia a drenaje cerrado, debridamiento de herida de pared de tórax.
5º. No fue atendido de herida en el ojo derecho, porque lo que presentaba era un hematoma, con marcado edema palpebral que imposibilitada abrirle el ojo, haciéndosele la atención de rigor, consistente en aplicar ungüento oftalmológico y cubrir el ojo. En este caso, la verdadera urgencia consistía en la herida del tórax, la cual ponía en peligro inminente la vida del paciente.”5
De lo anterior, claramente se puede evidenciar que el Hospital San Rafael de San Juan del Cesar no fue negligente en su actuación, por el contrario, hizo todo lo posible por salvarle la vida al señor Leodan Díaz Daza, así pues las heridas que comprometían sus órganos vitales fueron intervenidas con prioridad y en el ojo derecho le fue aplicado un ungüento oftalmológico que ayudara a desinflamar.
Además, el paciente fue remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López para consulta de oftalmología cinco días después porque primero debía ser estabilizado, posteriormente le fue realizada una enucleación del ojo derecho, así obra en el Oficio 275-02 del 4 de octubre del 2002, así:
Paciente que ingresa del día 1 de Diciembre de 1999, por presentar herida con proyectil de arma de fuego, en tórax izquierdo 1/3 superior al nivel de región supraclavicular es llevado al hospital de su localidad donde le colocaron tuvo de tórax drenando material sanguinolento, además el paciente el mismo día del trauma de tórax por proyectil de arma de fuego recibió trauma en ojo derecho por objeto contundente (patada) razón por la cual es remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López, por valoración por oftalmología como antecedentes personales tiene:
(…)
DESCRIPCIÓN QUIRÚRGICA: Bajo anestesia y previa apepsia y antisepsia se realiza Enucleación de ojo derecho, encontrándose material purulento y resto de proyectil de arma de fuego la cual se extrae. El paciente tolera el procedimiento.”6
Así las cosas, le asiste razón a la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado cuando advierte que no puede afirmarse que si las cirugía oftalmológica se hubiera realizado antes de los cinco días el señor Díaz Daza no hubiera perdido el ojo derecho, por el contrario, se observa que la lesión se causó por el proyectil que lo impactó.
En cuanto al punto de la no valoración de los registros civiles de nacimiento de los familiares del señor Leodan Díaz, la Sala recuerda que el parentesco se probó en debida forma en el proceso de reparación directa, luego, no lo que no se demostró fue la causación de perjuicios morales respecto de ellos. Además, la sentencia de primera instancia fue revocada y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la demandada para todos, razón por la que la afirmación realizada por loa actores en el escrito de tutela no tiene fundamento alguno.
Ahora bien, en cuanto a la negligencia del tribunal sobre la devolución del despacho comisorio por parte del Juzgado Civil Municipal de San Juan del Cesar, se observa que mediante auto del 13 de septiembre del 2002 se devolvió el exhorto, por cuanto el auto que ordenó la comisión no expuso el objeto del testimonio del señor José Luis Muñoz Calvo. No obstante, no se evidencia en el expediente que los actores hayan hecho solicitud alguna, contrario guardaron silencio respecto de ello, y no es la acción de tutela el medio judicial para reabrir un debate probatorio que ya culminó.
De igual manera, no está demostrado que el testimonio del señor Muñoz Calvo cambiara el rumbo del proceso, pues con esa única prueba no es posible asegurar que el Ejército Nacional y el Hospital San Rafael fueran los responsables de los perjuicios ocasionados al señor Díaz Daza.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que se hizo una debida valoración probatoria y que el defecto no está llamado a prosperar.
Defecto sustantivo
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que una providencia judicial adolece que un defecto sustantivo en los siguientes casos:


  1. Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador,


(ii)        Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente,
(iii)       Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”7
Los demandantes señalaron que el Tribunal Administrativo de la Guajira y la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado incurrieron en defecto sustantivo por inaplicación del artículo 194 del Código de Procedimiento Civil que señala lo siguiente.

ARTÍCULO 194. Confesión judicial. Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio.”

En el sub lite se observa que los actores pretenden que se tome como confesión un aparte de la contestación presentada por el Ejército Nacional en la que afirmó lo siguiente: “En el evento puntal de que estas personas que se vieron involucradas en este operativo militar fueron lesionadas, salta a la vista que ocurrió el daño en cumplimiento de un deber legal”.


Al respecto, la Sala advierte que existe prohibición expresa respecto de la confesión de los representantes de la Nación consagrada en el artículo 199 del CPC, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 199. Declaraciones e informes de representantes de la Nación y otras entidades públicas. No vale la confesión espontánea de los representantes judiciales de la nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales, los municipios y los establecimientos públicos.

Tampoco podrá provocarse confesión mediante interrogatorio de dichos representantes, ni de las personas que lleven la representación administrativa de tales entidades.

Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir el informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales.”

De la norma transcrita, se concluye que no es posible tomar como confesión judicial la afirmación realizada por la apoderada del Ejército Nacional que, además, no estaba facultada para representar a dicha institución, por cuanto no aportó el correspondiente poder.


Así las cosas, se respetaron las normas del procedimiento civil que regulan la materia.
Violación del precedente.
Esta Sala8 se refirió al precedente judicial como el conjunto de sentencias que han decidido de la misma forma un conflicto jurídico y que sirven como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Es decir, el precedente judicial no lo conforma un solo caso, sino una serie de pronunciamientos que terminan convirtiéndose en reglas de derecho específicas que deben aplicarse en los casos similares. Según la Corte Constitucional, el precedente judicial “es aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia.9
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que10: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.
Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de últimas instancias en cada una de las jurisdicciones no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo, las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto la última instancia de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en una vía de hecho y, de contera, viola el derecho a la igualdad.
No obstante la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma.
Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical cuando: “(i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues ‘sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia’11; y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo12.
En síntesis, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas13:


  1. En la tutela, el demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció14.

  2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe una regla jurisprudencial que el juez natural hubiese dejado de aplicar.

  3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.

  4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.

  5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto15.

  6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad.


Desconocimiento del precedente en el presente caso.
Los actores afirmaron, de manera general, que las autoridades judiciales demandadas desconocieron el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y la sentencia T-934 del 2009 de la Corte Constitucional.
Respecto del precedente del Consejo de Estado se realizó una transcripción de una sentencia que no fue identificada y no se expuso argumento alguno, razón por la cual no posible estudiar el cargo.
En cuanto al desconocimiento de la providencia T-934 del 2009, la Sala advierte que en anteriores oportunidades16 ha explicado que las sentencias que la Corte Constitucional dicta en ejercicio de la facultad de revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela17 tienen el carácter de precedente constitucional18, según lo ha dicho esa Corporación19.

La Corte Constitucional justifica el carácter de precedente de esas decisiones en el hecho de que la función de revisar las sentencias de tutela “hace parte de la guarda de la Carta, conforme al artículo 241-9 Superior y de la garantía de vigencia de los derechos fundamentales, de acuerdo al artículo 86 inc. 2º” y porque, además, “las Salas de Revisión unifican la jurisprudencia y dan desarrollo judicial a la Constitución20.


Además, debe precisarse que las providencias dictadas en sede de revisión de las decisiones de tutela constituyen precedente obligatorio “sobre los alcances y límites aplicables a los derechos fundamentales por parte de los diferentes operadores jurídicos21. Es decir, tales providencias constituyen precedente obligatorio sólo frente a la interpretación que la Corte Constitucional le ha dado a un derecho fundamental.
En ese orden de ideas, la Sala desestima que se configure el desconocimiento del precedente alegado por los actores.
Ahora, resulta necesario señalar que las providencias que versan sobre la interpretación y aplicación del derecho, no pueden, en principio, ser objeto de control constitucional en sí mismas por vía de tutela, si en ellas no se configura uno de los requisitos de procedibilidad, producto de una actuación abiertamente caprichosa frente al orden jurídico por parte de la autoridad judicial, que genera la violación de derechos fundamentales22.
En el sub lite, no se advierte que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, instancia en la que culminó el proceso de reparación directa, haya adoptado una decisión caprichosa y arbitraria, ni trasgresora de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama, luego, corresponde a la Sala negar la acción de tutela.
Lo anterior tiene fundamento en que el juez de tutela no puede involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones, a no ser que la cuestión que entre a resolver sea genuinamente un tema de relevancia constitucional que afecte los derechos fundamentales de las partes.

En efecto, en el presente caso la demanda de tutela tiene como fin dejar sin efectos una decisión que fue adoptada conforme con los parámetros legales y jurisprudenciales.


Por lo expuesto, la Sala negará la acción de tutela interpuesta por los señores Leodan Julio Díaz Daza, Isabel Arenis Cuello Mendoza, Nidia Esther Díaz Daza, Nulbis Rosario Díaz Daza, Edilber Jesús Díaz Daza, Carmen Silvina Daza de Díaz y Nelvis Leonor Díaz Daza contra el Tribunal Administrativo de la Guajira y la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.



F A L L A

  1. NIÉGASE la solicitud de tutela instaurada por los señores Leodan Julio Díaz Daza, Isabel Arenis Cuello Mendoza, Nidia Esther Díaz Daza, Nulbis Rosario Díaz Daza, Edilber Jesús Díaz Daza, Carmen Silvina Daza de Díaz y Nelvis Leonor Díaz Daza.



  1. En caso de no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual Revisión.




  1. Notifíquese a las partes por el medio más expedito posible.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.


JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS

Presidente de la Sección



MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ


1 Folios 42-43

2 Ver entre otras, sentencias de 3 de agosto de 2006, Exp. AC-2006-00691, de 26 de junio de 2008, Exp. AC 2008-00539, de 22 de enero de 2009, Exp. AC 2008- 00720-01 y de 5 de marzo de 2009, Exp. AC 2008-01063-01.

3Entre otras, ver sentencias de 28 de enero de 2010 (Exp. AC-2009-00778); de 10 de febrero de 2011 (exp AC-2010-1239) y de 3 de marzo de 2011 (Exp. 2010-01271).

4 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA.

5 Fl. 137 del expediente de reparación directa.

6 Fl. 179 del expediente de reparación directa.

7 Corte Constitucional. Sentencia T-125/2012.

8 En providencia de 3 de julio de 2013, Consejero Ponente Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas N°: 11001-03-15-000-2013-00725-00

9 Ver, entre otras, la sentencia T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda

10 Sentencia T-158 de 2006.

11 Sentencia T-688 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Además, en esta oportunidad se sostuvo: “El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendii, que los ciudadanos legítimamente siguen.”

12 Ver entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003.

13 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.

14 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica.” (Se destaca).

15 Para la Corte Constitucional la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T 443 de 2010.

16 Ver sentencia del 17 de septiembre del 2014, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Exp: 2014-00525-00, Actor: René Alberto Almonacid Cardona.

17 “Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

(…)


9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”.

18 En la sentencia T-292 de 2006, la Corte Constitucional dijo: “puede concluirse que en materia de tutela, - cuyos efectos ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional -, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las autoridades. La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la función que cumple la Corte Constitucional  en los casos concretos, que no es otra que la de ‘homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos fundamentales’ a través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela (artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser  las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable. De no aceptarse este principio, la consecuencia final sería la de restarle fuerza normativa a la Constitución, en la medida en que cada juez podría interpretar libremente la Carta, desarticulando el sistema jurídico en desmedro de la seguridad jurídica y comprometiendo finalmente la norma superior, la confianza legítima  en la estabilidad de las reglas jurisprudenciales y el derecho a la igualdad de las personas.  

19 Ver, entre otras, las sentencias T 693 de 2009.

20 Sentencia T 693 de 2009.

21 Ibídem.

22 Así lo consideró la Corte Constitucional en Sentencias T-073 de 1997,  C-836 de 2001 y T-698 de 2004, al sostener que no toda discrepancia interpretativa -defecto sustantivo- conlleva, prima facie, la ocurrencia de una vía de hecho. Las posibles diferencias de interpretación, sustentadas en un principio de razón suficiente, no pueden ser calificadas entonces  como vías de hecho, pues, la eventual disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica un desconocimiento per se de la juridicidad.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje