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Se presentan solicitan tribunal oral federal nº 1 de la capital federal


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SE PRESENTAN - SOLICITAN

TRIBUNAL ORAL FEDERAL Nº 1 DE LA CAPITAL FEDERAL

EDUARDO RODOLFO CABANILLAS con DNI Nº 4.391.790, JUAN DANIEL AMELONG con DNI Nº 10.151.296, JORGE HECTOR DI PASQUALE con DNI Nº 7.603.678, VÍCTOR ALEJANDRO GALLO DNI Nº 10.151.423; en conjunto con quienes, en hoja aparte con datos personales suscriben la presente (67 [sesenta y siete] firmas); constituyendo domicilio en el Complejo Penitenciario Federal II – Marcos Paz; todos Presos Políticos dependientes de diferentes tribunales federales; por nuestros propios derechos y en calidad de amicus curiae, nos presentamos a VV. EE. y decimos:



I. OBJETO

Que habiendo manifestado en reiteradas oportunidades y particularmente por ante VV. EE., el señor ex Teniente General D JORGE RAFAEL VIDELA, que rechaza cualquier tipo de excarcelación o detención domiciliaria, mientras cualquiera de sus subalternos durante los años que comandó el Ejército Argentino y/o ejerció la Presidencia de la Nación, permanezca en prisión efectiva en dependencias del servicio penitenciario (ver Anexo 1); y que todos los que nos presentamos en calidad de amicus curiae en la presente hemos sido subalternos del señor ex Teniente General, y sin querer manifestar con ello reivindicación política alguna, reconocemos y agradecemos profundamente esa actitud que lo enaltece, así como su sacrificio, que dá testimonio de la decisión adoptada; venimos a relevarlo del compromiso moral asumido y a solicitar su inmediato cambio de modalidad modificando la prisión efectiva en prisión domiciliaria.



II. FUNDAMENTOS

Fundamentamos esta solicitud en cuestiones y razones absolutamente humanitarias y considerando, además de la edad del señor ex Teniente General (87 años) y su estado de salud, que ya lleva cumplidos –en diferentes modalidades- mas de 21 (veintiuno) años de prisión, en los cuales siempre se ha responsabilizado de sus actos, constituyéndose en un ejemplo de dignidad para quienes suscribimos la presente; y que más allá de cualquier argumentación que se pretenda contraponer referida a la gravedad de las penas impuestas o en expectativa, debe prevalecer el principio pro homine.

Asimismo en función del art. 2 del Código Penal corresponde la aplicación de los arts. 32 y 33 de la ley 24.660 según su texto original y no la modificación introducida por la ley 26.472.

También la presente solicitud se encuentra avalada por abundante legislación internacional de rango constitucional, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.



III. PETITORIO

Es por lo muy brevemente expuesto que, en síntesis, solicitamos:



  1. Se nos tenga presentados como hemos manifestado.

  2. Se notifique a las diferentes Defensas Técnicas Públicas Oficiales que asisten al señor ex Teniente General JORGE RAFAEL VIDELA a fin de que puedan cumplir con el cometido propuesto en la presente.

  3. Previos trámites de ley, se haga lugar a la pretensión expuesta, permitiéndo el derecho de continuar cumpliendo la condena o prisión preventiva impuesta bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Proveer de conformidad;

SERÁ JUSTICIA.-

EDUARDO RODOLFO CABANILLAS JUAN DANIEL AMELONG

DNI Nº 4.391.790 DNI Nº 10.151.496

JORGE HECTOR DI PASQUALE VÍCTOR ALEJANDRO GALLO

DNI Nº 7.603.678 DNI Nº 10.151.423

(Siguen las firmas: ver archivo “Firmas.xls”)

Anexo 1

Declaración prestada por el Sr ex Teniente General D JORGE RAFAEL VIDELA ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Capital Federal, en la Causa denominada “Plan Cóndor”, el día martes 14 de mayo de 2013.-

Manifestación previa

Señor Presidente:

Estoy plenamente convencido de la fortaleza intrínseca que tiene el artículo 18 de la Constitución Nacional, para garantizar a todo procesado la inviolabilidad de su defensa y de su libertad de declarar. Basta con invocarlo y ello es suficiente para poder ejercer por si mismo este derecho a la defensa material con los alcances que cada uno decida hacerlo.

Yo voy ahora a ejercer estos derechos invocando esa garantía que me ofrece el artículo 18 de la Constitución, y lo voy a hacer manifestándome a través de algunas experiencias vivenciales, así como reafirmando mi posición al respecto.

Es entonces en ese marco y con el debido respeto que manifiesto, como lo hiciera en anteriores oportunidades, que este Tribunal carece de jurisdicción y competencia para juzgarme, por los hechos protagonizados por el Ejército –mientras fui su Comandante, en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo- toda vez que al momento de ocurrencia de dichos hechos, y a tales efectos, mi juez natural era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

En efecto, como instancia superior, el Consejo Supremo fue suplantado por abocación de la nueva Cámara Federal, verdadera “comisión especial” creada por ley “ex post facto”, promulgada por el Doctor Alfonsín y fulminada por el mismo artículo 18 de la Constitución Nacional.

A ello puede adicionársele el carácter de “ad hoc” cuando a menos de un año de haber dictado sentencia, todos sus miembros incluyendo al Fiscal, presentaron sus renuncias para ocupar otros cargos bien rentados; uno en el sector privado, los cuatro restantes en el sector público y el Fiscal, a su pedido, fue trasladado al exterior aduciendo razones de seguridad personal.

Por otra parte, en la causa Nº 13/84 (llamada “de los Comandantes”) la “comisión especial” antes citada, juzgó –en mi caso- todos los hechos a los que he hecho referencia anteriormente. Por alguno de esos hechos, la citada “comisión especial” resolvió condenarme, y por los restantes que no fueron objeto de expresa condena, resolvió absolverme (punto 25º de la parte dispositiva de la sentencia).

Por lo expuesto sostengo que los hechos que se investigan en esta causa constituyen cosa juzgada y les cabe la aplicación del principio por el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.

Sin perjuicio de ello, me hago un deber reiterar que asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses respecto a lo actuado por el Ejército durante el desarrollo de la citada guerra interna, descargando de toda responsabilidad a quienes se limitaron a cumplir mis órdenes; y a quienes acompañaré en prisión –como Preso Político- hasta que el último de ellos obtenga su merecida libertad.



Finalmente, ejerciendo mi invocado derecho de libertad de declaración, que autoriza a que el procesado se niegue a declarar sin que ello opere presunción alguna en su contra, manifiesto que por la razones que acabo de señalar, no voy a prestar declaración indagatoria en esta oportunidad, ni voy a agregar nada más a estos actuados, toda vez que carece de sentido ejercer una defensa en el marco de una justicia vaciada de derecho.

Jorge Rafael Videla


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