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¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?


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En la ciudad de General San Martín, a los 20 días del mes de septiembre de 2007, se reúnen en acuerdo ordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, Ana María Bezzi, Jorge Augusto Saulquin y Hugo Jorge Echarri en presencia de la Sra. Secretaria Ana Clara González Moras, para dictar sentencia en la causa Nº 1004-2007, caratulada “L., L. E. c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”. Establecido el siguiente orden de votación: Jorge Augusto Saulquin, Ana María Bezzi y Hugo Jorge Echarri, se estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada Jorge Augusto Saulquin dijo:

1. A fs. 157/168 el Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de San Martín: a) Hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por la actora L. E. L. -en su carácter de progenitora de M. O. M.-, contra la Provincia de Buenos Aires condenando a abonarle a la misma las sumas de pesos cien mil ($100.000) en concepto de valor vida, pesos cien mil ($100.000) por daño moral, pesos veinticinco mil ($25.000) por daño psicológico, pesos nueve mil seiscientos ($9.600) en concepto de tratamiento de atención psicológica y pesos setecientos ochenta y siete ($ 787) por gastos funerarios; con más los intereses -a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días-, que deberán liquidarse desde la fecha que el hecho tuvo lugar (18-08-2002) hasta su efectivo pago. (Art. 622 del Código Civil, Art. 7 y 10 ley 23.928 modificado por la ley 25.561 y 5º de la ley 25.561. b) Ordenó que el cumplimiento de la sentencia se lleve cabo dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde que quede firme la sentencia (art, 63 CCA y 163 del Constitución provincial). C) Impuso las costas en el orden causado y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 inc. 1 CCA y art. 51 ley 8.904).

Para así decidir, consideró:

1.1. a) Que la Sra. L. E. L. inició demanda contra la Provincia de Buenos Aires, como progenitora de M. O. M. solicitando una reparación integral de los daños y perjuicios sufridos por la muerte de su hijo, hecho ocurrido encontrándose detenido en la Comisaría Nº1 de San Martín.

b) Que su hijo es detenido el día 18 de agosto de 2002 y alojado en la mencionada comisaría. Que personal policial siendo las 14 horas lo retira de de su celda a fin de ser trasladado para la revisación médica atento a que iba a ser puesto en libertad. Para ello es traslado a una celda de contraventores y atento ser convocado el personal que estaba custodiándolo para otro servicio es dejado solo con sus manos esposadas.

c) Que aproximadamente a las 17,50 hs el ayudante de guardia Ledesma avisó a sus superiores que su hijo se encontraba muerto como consecuencia de haberse asfixiado por compresión mecánica del cuello con el cordón de sus zapatillas.

d) Que la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de San Martín instruyó el correspondiente sumario Nº 237.467, donde se encuentra agregada la autopsia, el mapa de la unidad de aislamiento y el lugar del hecho y fotografías referidas al hecho.. El mismo concluyó que se había tratado de un suicidio sin determinar responsabilidades penales respecto del personal policial.

e) Que la actora reclamó a la provincia los daños ocurridos como consecuencia del referido evento en el entendimiento que ha sido responsable el personal policial que estaba a cargo de la custodia de su hijo y que había sido hostigado por aquel. Que su hijo se encontraba alterado psíquicamente, circunstancia que exigía por el contrario de dicho personal una atención especial de cuidado. Considera que esta circunstancia coadyuvó a que su hijo se suicidara. Por otro lado entiende subsidiariamente que existió por parte del personal incumplimiento a sus deberes de seguridad al no haberle sacado los cordones de sus zapatillas.

f) Que por ello responsabilizó al Estado provincial y le reclama: gastos funerarios $2.500, valor vida $200.000, daño moral $200.000, daño psicológico $25.000, gastos por honorarios tratamiento psicológico $11.520.

g) Que fundó su reclamo en los artículos 502, 504, 1109 y 1112, 1113, 1078, 1079, 1178 y siguientes del Código Civil.

1.2. La Provincia de Buenos Aires se presenta a fs. 56/64 contestó demanda, negó los hechos y solicitó el rechazo de la demanda.

Fundó su posición en:

a) Que el suceso se produjo por una decisión de autoeliminación que fue inevitable, ya que el mismo resultado hubiera sido de todas formas, más allá de los guardias de seguridad.

b) “Que debido a las normas de seguridad de detenidos se los priva de cordones de zapatillas, cintos, lo que no ocurrió en el caso de autos por una circunstancia excepcional, ya que al momento de disponerse el traslado del detenido, para recibir atención médica, ante una llamada de emergencia que solicita la concurrencia de personal policial por otro hecho delictivo, debió ubicarse al mismo en una celda totalmente solo y atenderse así la misma, oportunidad que M. aprovecha para colgarse de sus cordones…”.

c) “…Que probado el suicidio de M. no puede aducirse que la omisión en el cuidado y resguardo por parte del personal policial sea la causa adecuada de la producción del hecho y por el cual accionara la actora, sumado a que de probada tal circunstancia sea dicha omisión consecuencia directa e inmediata de ella” (fs.158vta).

d) Que pretender responsabilizar a la provincia por el suicidio sería exigir un cuidado sobre la persona del suicida que ni siquiera es requerido a los familiares más cercanos.

e) Que los hechos se produjeron por decisión de la propia víctima y con tal rapidez de manera imprevisible, extremos eximentes de responsabilidad en el hecho.

f) Que en consecuencia impugna la liquidación practicada por la actora como así cada uno de los rubros reclamados y que la reparación de un daño no puede ser fuente de un enriquecimiento sin causa.

1.3. Que el señor juez, a fs. 159, manifiesta en la audiencia que establece el artículo 41 del CCA “…las partes tuvieron por acreditados los siguientes hechos: a) Que con fecha 18 de agosto de 2002 se produjo la detención de M. O. M. por parte de personal policial, produciéndose la misma a las 13,30 horas aproximadamente y no a las 14 horas, como surge de la demanda (ver causa 237.470, agregada por cuerda la similar 237467). b) Que fue trasladado en calidad de detenido a la Comisaría 1º de San Martín. c) Que fue alojado en una celda de contraventores sin ningún tipo de custodia. d) Que el mismo fue encontrado muerto por personal policial como consecuencia del ahorcamiento con los cordones de sus zapatillas, que atara en los barrotes de la puerta del calabozo. e) Que los hechos relatados surgen de la causa penal incoada. Que a su vez cabe tener por cierto que la muerte de M. O. M., fue consecuencia de suicidio encontrándose detenido en una celda en la Comisaría 1º de San martín”.

1.4. El a quo, cita doctrina y afirma que en el caso de autos el factor objetivo de atribución es la falta de servicio por omisión del Estado Provincial ante el accionar de sus dependientes de la Policía, que no efectuaron el control de los elementos que portaba el detenido y su posterior deficiente custodia, es decir que nos encontramos en el terreno de la responsabilidad por actividad extracontractual ilegítima, que surge del art. 1112 del Código Civil en concordancia con las disposiciones del art. 1074…”

Más adelante el señor juez sostiene que la defensa de la demandada es irrelevante respecto a que no hayan sido condenados ninguno de los agentes en sede penal. Y sigue afirmando que atento el estado del señor M. debió preverse un mayor cuidado sobre el mismo para evitar el suicidio. Esta obligación la funda ya no en el art. 912 del CC sino en la Constitución Nacional y en los tratados internaciones de jerarquía internacional que son operativos: Art. 18 in fine Constitución Nacional, Art. 5 Inc. 1,2,3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Art. 6 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A mayor abundamiento agrega que el Reglamento de Detenidos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Resolución 36381/77 y la Circular General 388884 del Ministerio de Seguridad provincial (fs. 44/52 y 55 de la causa penal Nº 237467) fijan las pautas que la autoridad debe cumplir ante personas privadas de libertad. Así el art. 8 del reglamento establece: “Serán requisados prolijamente sus ropas por el Cabo de Guardia, en presencia del Ayudante de Guardia y del Oficial de Servicios, retirándosele dinero y otros efectos que posea, como así fajas, cinturones, tirantes, cordones, corbatas y todos otros elementos que pudiera servir para atentar contra su propia vida”.

Cita el considerando 9º del fallo 318:2002 de la CSN en donde se hace hincapié respecto de la obligación por parte del Estado en garantizar la integridad de la vida de los internos.

Recoge la cita de la actora de la normativa de la ley provincial nº 12.155 (Ley Orgánica de la Policía provincial), la que en su artículo 7º indica la conducta que debe asumir el personal policial en el desempeño de sus funciones “…d) asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su custodia…”.

El a quo conforme lo que expone previamente considera que en el caso “…ante un acto legítimo de la autoridad, que esta asume, la responsabilidad de su custodia y la guarda de la persona detenida, debiendo desplegar toda su actividad para que, al momento de recuperar ésta su libertad lo haga en las mismas condiciones físicas que presentaba al momento de su ingreso a la dependencia policial, ante el luctuoso acontecimiento que nos encontramos en la presente litis en donde el Señor M. se quitara la vida en dependencias de la Comisaría, nace la responsabilidad del estado por no haber cumplido con sus funciones de protección de las personas”.

Cita fallos que dan basamento a lo que sostiene precedentemente, en particular CSJN 8/8/2006 Blackie, Paula Yanina y otros Córdoba, Provincia de s/ daños y perjuicios B. 798. XXXVI.


1.5. Determinada la responsabilidad del estado frente al hecho pasa a determinar los daños:

a) Para su determinación de $ 100.000 en concepto de valor vida analiza el reclamo efectuado, el grado de parentesco, la edad del occiso, sus ingresos, etc. todo ello en base a la prueba colectada en autos.

b) Lo fija en $100.000 en concepto de daño moral y lo funda, sin perjuicio de destacar que el mismo está sujeto de manera central al arbitrio judicial.

c) Fija el daño psicológico en $ 25.000. Para ello tiene en cuenta la pericia psicológica producida en autos a fs-. 124/126 y las explicaciones solicitadas a fs. 136. En base al mismo determina un monto distinto al daño moral y da por probado que la actora padece en su persona de un 25% de incapacidad psicológica (arts. 519 y 1069 del CC y art. 165 del CPCC).

d) Tratamiento psicológico lo fija en la suma de $ 9.600 en base a la pericia psicológica que al respecto no fue objetada por la demandada.

e) gastos funerarios reconoce solo la suma de $ 787 que es la acreditada y no cuestionada en autos.

f) Los intereses deben ser calculados a partir del hecho dañoso y a la tasa que pague el Banco de la provincia de Buenos Aires por depósitos a 30 días.

g) Las costas las impone en el orden causado de conformidad al art. 51 del CCA por no haber encontrado excepción a su aplicación.

2. Contra dicha decisión, a fs. 175/180 la demandada interpone recurso de apelación, el que fue contestado por la actora a fs. 182/189 y la actora a fs. 171 interpone recurso de apelación por la forma en que fueron impuestas las costas, el que fue contestado por la demandada a fs. 197/198. A fs. 206 ésta alzada efectuó el correspondiente análisis de admisibilidad y llamó autos para sentencia.

2.1. Expone la demandada los siguientes agravios a saber:

a) La crítica la efectúa en primer término en que el señor juez de primera instancia condenó a la Provincia como consecuencia del suicidio del hijo de la actora mientras estaba detenido en la Comisaría 1º de San Martín. Por atribuir falta de servicio por omisión del personal policial que a criterio del sentenciante no habría llevado a cabo el control adecuado de los elementos en poder del detenido al que también habría custodiado en forma deficiente.

b) Manifiesta la demandada que yerra el sentenciante aún “…cuando trae a colación la normativa que rige en orden a las precauciones establecidas cuando se produce a la detención de una persona, al desatender el argumento relacionado con la falta de causalidad adecuada entre el hecho o la omisión que se imputa y el desenlace por el que se acciona”.

La demandada intenta sostener que dicho error quita sustento que “…se afirma únicamente en la omisión de haber quitado el cordón de las zapatillas y deja de lado la conducta asumida por la víctima determinante en la producción del daño por el que se condena y que escapa al curso ordinario de las cosas (tener los cordones no conduce regular y ordinariamente suicidarse)” (sic).

c) A renglón seguido la demandada sostiene en su escrito: “…Téngase en cuenta que el SR M., sin irregular ni deficiencia del servicio estatal, se autoprovocó su muerte (hecho probado y reconocido), lo que lleva a sostener que el daño tendría su origen o causa adecuada en el obrar voluntario del propio perjudicado, a quien debería entonces, imputarse la responsabilidad (autorresponsabilizarlo), por su propio daño, en clara aplicación del art. 1111 del Código Civil…” (el subrayado me pertenece).

d) Afirma que nuestro derecho adhiere al “…sistema < de la causalidad adecuada> (art. 901/906 CC L 17.711”.

Más abajo ilustra lo expuesto: “…es la que vincula a un hecho antecedente con otro consecuente, si el primero tiene la virtualidad de generar el segundo, según el curso normal y ordinario de las cosas, sea por si solo, sea por la conexión con otro que eventualmente acompaña al primero”; El juez deberá analizar si el daño era previsible de acuerdo al curso natural de los acontecimientos…”.

La demandada intenta criticar la sentencia: “…ello configura un eximente total de la responsabilidad endilgada, ello en razón de que la causa adecuada del daño no fue negligencia del personal policial sino de la decisión de quitarse la vida del propio actor”.

Cita un fallo de la CSJN 97.176 28/4/98 “Zacarías, Claudio c/ Provincia de Córdoba y otros” y cita parte del fallo: “la falta de servicio es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, lo cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el daño y el grado de previsibilidad del daño… En tales condiciones y habida cuenta de que la obligación del servicio de policía de seguridad satisface con haber aplicado la diligencia y previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar, cabe concluir que no se ha configurado falta alguna del servicio, capaz de comprometer la responsabilidad de la Provincia de Córdoba…”.

e) El apelante considera que ha efectuado con los argumentos por él vertidos una crítica concreta y razonada de la sentencia y que demostró la falta de responsabilidad de su parte.

f) Continúa haciendo referencia a sus agravios respecto a los rubros indemnizatorios.

g) Valor vida. No desconoce que se ha demostrado la actividad del sr. M. pero que no se ha probado en que medida mermaron sus ingresos presentes o futuros. Considera que lo que se debe tener en cuenta son sus aportes a la madre y no las presuntas ganancias del muerto. Además afirma que es de muy difícil cálculo los ingresos de los músicos y que los mismos son fluctuantes. Concluye en que la suma fijada por el a quo no se condice con las constancias de autos.

h) Daño moral: Lo considera excesivo. El mismo no puede constituirse en una pena civil. Afirma que es variable según la gravedad del detrimento inferido y las particulares condiciones de la víctima. Concluye al respecto que de las pruebas aportadas, de la pericia psicológica y falta de responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires el monto fijado es elevado.

i) Daño psicológico: por el elevado monto se agravia ya que considera que “…no toda alteración anímica a consecuencia del hecho constituye una lesión psíquica en sentido propio…” y en el caso sostiene que con el tratamiento y con el transcurso del tiempo va a ir mejorando. Por otro lado considera que el mismo debe ser incluido dentro del daño moral por carecer según sostiene de autonomía.

j) Hace reserva del caso federal.

2.2. Por su parte la actora en su contestación de traslado manifiesta que:

a) Rechaza la pretensión de la demandada de no ser responsable del evento por tratarse de un caso fortuito. Por el contrario, el Estado era garante de de la seguridad de su hijo y en el caso estaba a su alcance impedir que ocurriera el hecho. Cita jurisprudencia Sassano, Nélida Beatriz c/ Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios Juzgado Civil y Comercial Nº 12 de La Plata, confirmada por la Cámara a la que considera análogo al de autos. Cita demás jurisprudencia que apoya su reclamo.

b) Afirma que deben unirse los principios constitucionales la idea de “falta de servicio” y la remisión al art. 1112 del CC para considerar responsable al estado en la presente causa.

c) Niega que el personal policial obrara con la diligencia necesaria: “Si hubieran sido diligentes, M. no hubiera podido suicidarse”

d) Respecto del valor fijado por el juez del valor vida la actora sostiene que han sido acreditados en autos que el hijo era su sostén, que tenía diversos trabajos y que “…el mero desagrado que que lo resuelto cause a la contraria no alcanza para modificar lo que ha sido probado”. Por ello solicita que se rechace el agravio.

e) Considera que corresponde considerar de manera independiente los rubros de daño moral y psicológico y que este último resulta de la prueba pericial que estimó la incapacidad de la actora en un 25% de la total obrera. Solicita que este agravio también debe ser rechazado.

3. La actora se agravia de la fijación de las costas por su orden, plantea su inconstitucionalidad pero no funda su agravio. El traslado que contesta la demandada no se relaciona con el tema de las costas por lo que no puede ser tenido en cuenta.

4. En primer lugar corresponde analizar los agravios opuestos por la demandada y adelanto que el recurso no puede prosperar. No es usual efectuar un desarrollo tan detallado de una sentencia pero la solidez de la misma debe ser contrastada con la expresión de agravios. La sentencia no logra ser conmovida por la apelación interpuesta.

4.1. Es que, el planteo de responsabilidad del Estado por falta de servicio o irregular cumplimiento de un servicio público encuentra fundamento en el artículo 1112 del Código Civil, resultando de directa aplicación por tratarse de una norma de derecho público contendida en el Código Civil.

En efecto, en el supuesto de autos el carácter de funcionarios públicos del personal policial no puede ni ha sido controvertido, ya que ese carácter lo tiene por la existencia de una relación de empleo público, sin que sea determinante para su configuración la retribución, la permanencia prolongada en el cargo, la fuente de la designación o la distinción jerárquica (cfr. SCBA, Ac. 84389, S. 27-IV-2005).

El criterio precedentemente expuesto es el sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (cfr. “Brescia” y “SCBA, Ac. 77960, “Monteagudo”, S. 14-VII-2006, entre muchos otros”). El Superior Tribunal provincial en la causa L. 71.070, “Giménez, Bonifacio contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios”, pore decisión de la mayoría sostuvo que:”…de la evolución jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal Federal y de la opinión de los doctrinantes se constata la construcción de un sistema de responsabilidad estatal con imputación directa, porque los funcionarios actuando en el ejercicio de su tarea son órganos del Estado, y con factor de atribución objetiva, que se trasunta a través de las denominadas “faltas de servicio”, ello con fundamento en la hermenéutica del art. 1112 del Código Civil”.
4.2. En los precedentes citados, con fundamentos que comparto, se resolvió que quien contrae la obligación de prestar un servicio –en el caso, personal policial de la Provincia de Buenos Aires-, lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y que es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (fallos, 306:2030, 307:821, 312:343).

Los conflictos originados en dicha circunstancia, pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (cfr. CSJN, “Jorge Fernando Vadell c. Provincia de Buenos Aires”, sent. del 18-XII-1984).

4.3. En el caso de autos no se han controvertido los hechos expuestos en la demanda y a los que se refiere el a quo en la audiencia del art. 41 CCA: “…las partes tuvieron por acreditados los siguientes hechos: a) Que con fecha 18 de agosto de 2002 se produjo la detención de M. O. M. por parte de personal policial, produciéndose la misma a las 13,30 horas aproximadamente y no a las 14 horas, como surge de la demanda (ver causa 237.470, agregada por cuerda la similar 237467). b) Que fue trasladado en calidad de detenido a la Comisaría 1º de San Martín. c) Que fue alojado en una celda de contraventores sin ningún tipo de custodia. d) Que el mismo fue encontrado muerto por personal policial como consecuencia del ahorcamiento con los cordones de sus zapatillas, que atara en los barrotes de la puerta del calabozo. e) Que los hechos relatados surgen de la causa penal incoada. Que a su vez cabe tener por cierto que la muerte de M. O. M., fue consecuencia de suicidio encontrándose detenido en una celda en la Comisaría 1º de San martín”.

De los mismos se desprende que los funcionarios públicos actuaron con negligencia al dejar en la celda al sr. M. con los cordones de sus zapatillas y sin vigilancia. Concuerdo con lo expresado por la actora en el traslado: “Si hubieran sido diligentes, M. no hubiera podido suicidarse”

La demandada se confunde: No es materia de debate que el sr. M. se suicidó. La cuestión es que lo hizo en una dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sin tomar los agentes públicos los recaudos que incluso para mayor abundamiento están expresamente estipulados en el Reglamento de Detenidos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Resolución 36381/77 y la Circular General 388884 del Ministerio de Seguridad provincial (fs. 44/52 y 55 de la causa penal Nº 237467) fijan las pautas que la autoridad debe cumplir ante personas privadas de libertad. Así el art. 8 del reglamento establece: “Serán requisados prolijamente sus ropas por el Cabo de Guardia, en presencia del Ayudante de Guardia y del Oficial de Servicios, retirándosele dinero y otros efectos que posea, como así fajas, cinturones, tirantes, cordones, corbatas y todos otros elementos que pudiera servir para atentar contra su propia vida”.

Además, la demandada entra en clara contradicción: Por un lado pretende introducir en esta instancia, de manera confusa, que no existió falta de servicio y por el otro partiendo de que existió falta de servicio, que la misma no puede ser considerada como causa relevante para responsabilizar a la Provincia por el suicidio del sr. M..

Estos argumentos deben ser descartados no solo por contradictorios sino por todo lo expuesto más arriba.

4.4. Cabe finalmente citar por su similitud el fallo dictado por la Cote Suprema de Justicia de la Nación en los autos Vergnano de Rodríguez c/ Buenos Aires Provincia s daños y perjuicios del 28 de mayo de 2002 (V.128.XXXV Originario): “…En definitiva: la policía provincial transgredió el reglamento de detenidos al alojar conjuntamente a Rodríguez y a Morán Mesa. Por otra parte, y más allá de lo establecido en dicho reglamento, resultaba imprudente alojar a una persona que mostraba signos de insania y había demostrado reiteradamente su peligrosidad, a solas con un contraventor en estado de intoxicación etílica, en un recinto sin vigilancia. Esta actuación irregular hizo posible que Morán Mesa provocara las lesiones que produjeron la muerte de Rodríguez.-


En tales condiciones aparecen reunidos los requisitos para que se genere la responsabilidad del Estado provincial pues, como este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades, quien contrae la obligación de prestar un servicio -en el caso, de policía de seguridad- lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o su ejecución irregular -Art. 1112 del Código Civil- (Fallos: 321:1776 y sus citas). 4.5. Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la demanda condenando a la Provincia de Buenos Aires a responder por los daños y perjuicios.

4.6. Cabe ahora analizar los agravios que opusiera la demandada respecto al monto y a los distintos rubros indemnizatorios. Es de destacar que solo corresponde a este tribunal analizar si el a quo se ha excedido en los montos fijados. Si bien la sentencia ha fijado sumas inferiores a lo reclamado por la actora no puede analizar este tribunal este extremo dado que la actora ha consentido la misma.

4.7. En la sentencia de primera instancia han sido objeto de mérito los rubros por los que la misma llega a cada uno de los montos determinados.

En la expresión de agravios la demandada no hace más que manifestar su disconformidad con los mismos sin poder acreditar que han sido fijados de manera arbitraria.

Respecto de la oposición al rubro daño psicológico el mismo ha sido debidamente acreditado por lo que corresponde confirmarlo teniendo en cuenta la pericia producida en autos. (V.128.XXXV Originario.

Por lo expuesto, corresponde rechazar los agravios en los rubros y montos fijados en primera instancia confirmando los mismos.

5. Respecto a la apelación interpuesta por la actora la misma carece de la fundamentación exigida por el arts. 56 inc. 3 de la ley 12.008 y 260 del C.P.C.y C, por cuanto no constituye una crítica concreta y razonada del fallo apelado.
La crítica debe ser concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada la labor de comprensión incumbe luego a la parte la tarea de demostrar cuál es el punto del desarrollo argumental en que se ha incurrido en un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica –dando las bases del distinto punto de vista- que lleva al desacierto ulterior concretado en la sentencia. Cuando el litigante sólo manifiesta su disconformidad o discrepancia subjetiva con lo decidido, sin demostrar cuales han sido los errores incurridos en el decisorio, queda invalidado por falta de instrumental lógico de crítica antes que por la solidez de la decisión que impugna (confr. Cam. 1ª Civ y Com. Sala II La Plata, S 26-10-1989 “F.G., M. C/D.L., J.J. s/divorcio”; Cam. 1ª Cic. Y Com, Sala III La Plata, S 23-8-1994 “Flores, Oscar R. c/Koval, Carlos y otro s/daños y perjuicios”, entre otros).
En este sentido, el breve escrito de expresión de agravios no critica concreta y razonadamente el artículo 51 del CCA cuya inconstitucionalidad pretende por lo que corresponde declararlo desierto (art.56 inc. 3 CCA y 260 CPCC).

Sin perjuicio de ello ya esta cámara se ha expedido: “… En estas condiciones, la regla dispuesta por el artículo 51 del CCA, en cuanto establece como principio que las costas se impondrán en el orden causado, no resulta constitucionalmente censurable, porque en definitiva es una cuestión de política legislativa elegir un sistema u otro, prevaleciendo así, por sobre la opinión de los jueces, el criterio razonable del legislador (doctr. Causas B. 48456 Prato de Palermo, 2-11-82, B. 48321, Savia, 23-11-82)” (CCASM Nº 165/2005, “Méndez Cristina Margarita c/Secretaría de Inspección Distrito Zárate y otro s/Medida Cautelar Anticipada”).

6. Los señores jueces Ana María Bezzi y Hugo Jorge Echarri votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.-

7. Por lo expuesto, en virtud del resultado del Acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE: 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la demanda. 2. Confirmar los rubros y las sumas indemnizatorias de la sentencia. 3. Declarar desierto el recurso de apelación de la actora por falta de fundamentación. (art. 56 inc. 3 CCA y 260 CPCC) 4. Las costas se imponen en el orden causado (art. 51 del CCA ley 12008 –texto según ley 13101-) y se difiere su regulación para su oportunidad. Regístrese. Notifíquese y devuélvase.

ANA MARÍA BEZZI
JORGE AUGUSTO SAULQUIN

HUGO JORGE ECHARRI

ANTE MI
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo - San Martín

Registro de Sentencias Definitivas Nº 50 Fs.326/340





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