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Santafé de Bogotá, D. C., veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos


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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá, D. C., veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Magistrado ponente: Doctor Jorge Enrique Valencia Martínez.

Radicación No. 12

Aprobado Acta No. 023.



Vistos
Por impugnación presentada por el apoderado de los ciudadanos José María Obando y Rosa Elvira Arévalo de Obando, conoce la Corte de la sentencia de fecha 20 de diciembre de 1991 mediante la cual el Tribunal Superior de Orden Público decidió “Rechazar la acción de tutela... contra la indagación preliminar adelantada por el Juzgado de Orden Público (Código 77) de esta ciudad, adscrito a la seccional de Santafé de Bogotá y con radicación número 3651...”

El fallo impugnado
El Tribunal Superior de Orden Público mediante sentencia de fecha 20 de diciembre de 1991 Rechazó la acción de tutela promovida en representación de los esposos Obando - Arévalo en los siguientes términos:
En el presente caso, según la narración de hechos que hace el peticionario, no existe proceso sino diligencias de indagación preliminar toda vez que se trata de ocupación y decomiso de unos bienes materiales y de conformidad, al parecer, con lo dispuesto por los Decretos 1895 y 1856 de 1989 que contemplan los delitos de enriquecimiento ilícito cometido por particulares y sobre bienes provenientes del tráfico de estupefacientes o del testaferro para quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros procedentes del narcotráfico, sin que exista sentencia o auto que ponga fin a la actuación. Por lo tanto, no cabe la acción de tutela puesto que existen en favor de los esposos Obando Bernal y Arévalo de Obando todos los recursos y medios de defensa judicial establecidos en el Código de Procedimiento Penal”.
“Es más: Si de la mora se trata, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial es la encargada de investigar a los jueces por el no cumplimiento oportuno de los términos judiciales, pero nunca la omisión de un juez en el pronunciamiento oportuno sobre la entrega de bienes a los presuntos herederos del titular de un derecho puede ser causal de la acción de tutela”.
“Respecto de los derechos constitucionales invocados por el solicitante, que se encuentran consagrados en los artículos 15, 21, 29 y 58 de la Carta Política, no han sido vulnerados y con menos razón amenazados si se tiene en cuenta que la investigación gira alrededor de unos bienes; esto es, se trata de establecer la procedencia de estos bienes o de los dineros con que fueron adquiridos, si son de lícita procedencia o por el contrario su poseedor inscrito prestó su nombre para que un tercero los adquiriera con dineros de mala o dudosa procedencia. De ninguna manera se está juzgando la honra o buen nombre de una persona por cuanto si se juzgara o pretendiera desde ahora juzgar al señor Crisanto Noé Obando Arévalo o a sus padres, existiría proceso puesto que habría procesados o sindicados determinados. En el presente caso, se insiste, nada de esto se ha dado toda vez que se está adelantando, al parecer, se repite, las diligencias tocantes con el enriquecimiento ilícito para saber a ciencia cierta la procedencia de dichos bienes y, de no resultar involucrados en esta clase de negocios, lo natural y lógico es que se ordene su entrega a su propietario o a sus herederos”.

Fundamentos de la impugnación
En su escrito de impugnación dice el actor que “... no existen normas más arbitrarias e inconstitucionales que aquellas contenidas en los Decretos 2790 de 1990 y 99 de 1991, las anteriores y posteriores a las mismas normas, que permitieron a autoridades sin fundamentos y sin pruebas claras, cometer arbitrariedades por medio de ocupación de bienes o decomiso de otros, con base en rumores, chismes, indicaciones malintencionadas y, como en la mayoría de los casos, por el prurito de pertenecer o ser el propietario una persona nacida, domiciliada o que labore en el municipio de Pacho (Cundinamarca), hecho que ha venido siendo un estigma para quienes a esa provincia tenemos alguna clase de vínculos”.
Afirma que los bienes (apartamento y vehículo) a que se contrae la investigación que cursa en el Juzgado Setenta y siete de Orden Público de Bogotá no son de propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha sino que “ ...con documentos públicos sobre los que no se puede tachar de falsos, se probó que son de propiedad de Crisanto Noé Obando Arévalo desaparecido desde 1987, desvirtuándose así la aseveración falsa de los miembros del Ejército Nacional. Revisado ese expediente se hubiera percatado de que la única sindicación es la de ser oriundo del Municipio de Pacho”.
“Se está inculpando al desaparecido propietario de los bienes y de paso a sus padres legítimos quienes eran los poseedores de los bienes, de testaferros y narcotraficantes sin un fundamento en su contra. Si eso no es atentar contra el derecho al buen nombre y a la honra, olímpicamente puedo afirmar que todos los miembros del Ejército Nacional son mafiosos o delincuentes por el mero hecho de que algunos de ellos han sido encontrados responsables de hechos tales. O que todos los jueces son prevaricadores porque algunos de ellos se les ha encontrado culpables...”
“El hecho de que mis poderdantes y el desaparecido aparezcan como implicados y no como sindicados dentro del expediente, tal como lo argumenta el Tribunal, me parece un sofisma malhadado. Los verdaderos involucrados son los propietarios o poseedores de los bienes incautados. O es que seguimos realizando procesos penales contra bienes muebles o inmuebles? Los únicos sujetos procesales son las personas y no los objetos. Si no se les ha sindicado de ello, los llamados a responder son estas personas y contra ellas se dirigiría la confiscación”.
Concluye que se ha violado el debido proceso y que se está causando un perjuicio irremediable a sus poderdantes, sin contar con otros medios de defensa judiciales para hacer respetar sus derechos constitucionales fundamentales.

Consideraciones de la Corte
La impugnación introducida por el apoderado de los ciudadanos José María Obando y Rosa Elvira Arévalo de Obando contra la sentencia del Tribunal Superior de Orden Público que Rechazó la acción de tutela, de fecha 20 de diciembre de 1991, no está llamada a prosperar por las siguientes razones:
1º El artículo 86 de la Constitución Nacional consagra la acción de tutela para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública.
Esos derechos fundamentales fueron consagrados en el Capítulo Primero, del Título Segundo de la Carta Política, es decir, aquellos expresamente señalados del artículo 11 al 41, luego el derecho a la propiedad que se consagra en el artículo 58 ibídem, no es un derecho fundamental sino de aquellos descritos en el Capítulo Segundo como “Derechos sociales, económicos y culturales”, o sea, que estos últimos no pueden ser tutelados por los jueces mediante esta acción preferente y sumaria.
Derechos como el de la propiedad, incluso el de la posesión, sólo pueden reclamarse ante los jueces competentes y mediante las acciones ordinarias que consagra nuestra legislación civil.
2º Pero en el evento de que tal derecho fuera fundamental, tampoco procedería la tutela por cuanto existen medios o recursos judiciales para los esposos Obando Arévalo, ya que es el propio actor quien pone de presente que ante el Juzgado Treinta Civil del Circuito de esta ciudad se adelanta un proceso de presunción de muerte por desaparecimiento de su hijo Crisanto Noé el que dará oportunidad a que los bienes a que se contrae este diligenciamiento, pasen a los herederos legítimos. Menos podría aceptarse que por lo dispendioso del asunto, para evitar un perjuicio calificado por el actor como irremediable, se tutelara, se repite, un derecho que la Carta Política no ha considerado como fundamental.
3º En cuanto al perjuicio que pone de presente el actor, basta con decir que el Decreto 306 de 1992 en su artículo 1º precisa que “no existe perjuicio irremediable” cuando la acción va dirigida a obtener “d) Orden de entrega de un bien”.
4º La investigación adelantada por el Juzgado Setenta y siete de Orden Público está en etapa preliminar luego no puede afirmarse que la tardanza en abrir la correspondiente investigación penal comporta violación a un “Debido proceso público sin dilaciones justificadas”, pues, lo que el artículo 29 de la Constitución está protegiendo es que toda persona sindicada “durante la investigación y el juzgamiento” tenga derecho a la asistencia de un profesional del derecho, a que el proceso se desarrolle de acuerdo con la Constitución y la Ley, a que se le resuelva oportunamente su situación jurídica y que el mismo culmine prontamente con base en los principios generales que orientan el proceso penal.
Las diligencias preliminares son por ministerio de la ley reservadas y si los bienes trabados figuran en cabeza de Crisanto Noé Obando Arévalo y éste no ha comparecido ante la justicia para hacer valer sus derechos y demostrar la lícita procedencia del apartamento y vehículo retenidos por la justicia de Orden Público, no por ello puede afirmarse que estando desaparecido desde el año de 1987, sean sus padres los sujetos procesales que deben comparecer a juicio o que el no habérseles llamado para hacer claridad sobre el punto, de suyo implique la violación del mandato constitucional en comento.
5º La presunta violación de los derechos constitucionales fundamentales previstos en el artículo 15 (el buen nombre) y 21 (a la honra) que reclama el actor, sólo tiene cabida en su imaginación pues, como ya se dijo, la investigación está en etapa preliminar y ella es reservada. Los esposos Obando Arévalo en ningún momento han sido molestados en su intimidad personal o familiar ni su honra puesta en peligro alguno pues ningún pronunciamiento judicial existe al respecto, al punto que ni siquiera se les ha vinculado al proceso ni su apoderado da cuenta de haberles asistido en la etapa previa.
6º La arbitrariedad e inconstitucionalidad que predica el actor de las normas que autorizan a las autoridades a la retención de bienes muebles e inmuebles, no existe ya que los decretos mencionados por él fueron objeto de la correspondiente revisión constitucional y hallados conforme a la Carta Política. Entiende la Corte la situación incómoda en que pueden encontrarse los poderdantes del actor, pero ella no puede solucionarse por vía tan excepcional como la consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve
Confirmar la sentencia de fecha 20 de diciembre de 1991 mediante la cual el Tribunal Superior de Orden Público denegó la tutela promovida por el doctor José Manuel Garzón Silva en representación de José María Obando y Rosa Elvira Arévalo de Obando.
2º Ejecutoriada esta providencia, remítase el proceso a la Corte Constitucional para los efectos previstos en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
3º Notifíquese de conformidad con lo preceptuado en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y cúmplase.

Ricardo Calvete Rangel, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz, Gustavo Gómez Velásquez, Dídimo Páez Velandia, Edgar Saavedra Rojas, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez.

Rafael Cortés Garnica, Secretario.


Convenio Consejo Superior de la Judicatura y Corte Suprema de Justicia






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