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San Miguel, veinticinco de Febrero de dos mil ocho


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San Miguel, veinticinco de Febrero de dos mil ocho.
VISTOS:

En estos autos RIT Nº 44-2007, RUC Nº 0600004907-5 del Tribunal Oral en lo Penal de Talagante, con fecha trece de septiembre de dos mil siete se condenó a los siguientes imputados: a doña ANA ROSA ROJAS DONAIRE, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y, a una multa de 300 unidades tributarias mensuales; a don JORGE ORLANDO ROJAS ULLOA, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y, a una multa de 300 unidades tributarias mensuales y, a don HUMBERTO DEL CARMEN ROJAS ULLOA, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y, a una multa de 50 unidades tributarias mensuales, como autores del delito consumado de tráfico ilícito de drogas o estupefacientes.


En contra de dicho fallo el abogado don Luis Madariaga Mendoza, en representación de la sentenciada doña Ana Rosa Rojas Donaire, dedujo recurso de nulidad por los fundamentos y causales que se describirán más adelante.
Asimismo, en contra de dicho fallo el abogado don Manuel Alejandro Tejos Canales, en representación del sentenciado don Humberto del Carmen Rojas Ulloa, dedujo recurso de nulidad po r los fundamentos y causales que se describirán más adelante. Como también, este profesional, dedujo recurso de nulidad, por el sentenciado Jorge Rojas Ulloa por los fundamentos y causales que se analizarán en este fallo.
Con fecha 5 de Febrero del año en curso se realizó la audiencia respectiva para el conocimiento de los recursos.Con fecha 5 de Febrero del año en curso se realizó la audiencia respectiva para el conocimiento de los recursos.
En estrados se presentó el Fiscal del Ministerio Público don Heriberto Rojas, quién se opuso a las nulidades planteadas y por los recursos de nulidad concurrieron a estrados los abogados don Manuel Covarrubias y don Rodrigo Lezana.
Se citó para la lectura del fallo a la audiencia del día 25 de Febrero de 2008.
No se plantearon cuestiones de admisibilidad de los recursos interpuestos.
OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:
     EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD PLANTEADO POR LA DEFENSA DE LA SENTENCIADA ANA ROSA ROJAS DONAIRE:
PRIMERO: Que el recurso de nulidad interpuesto por el abogado de la sentenciada se funda en tres causales, respecto de las cuales las dos primeras se entablaron en forma conjunta y la tercera en forma subsidiaria.
Al respecto es necesario precisar que, con fecha siete de diciembre de dos mil siete, la Excma. Corte Suprema, declaró inadmisible éste recurso de nulidad en cuanto se asila en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal.
Esta Iltma. Corte de Apelaciones tiene competencia para entrar a conocer en relación a la segunda causal de nulidad impetrada en carácter de conjunta esto es, la contemplada en el artículo 374 letra f), y la impetrada en carácter de subsidiaria contemplada en el artículo 373 letra b) ambas del Código Procesal Penal.
SEGUNDO: SEGUNDO: Que en cuanto a la causal contemplada en el artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal, esto es, Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo prescrito en el artículo 341. La recurrente la funda en que los hechos y circunstancias contenidos en la acusación en relación con los hechos y circunstancias concretas que se dieron por establecidos en el fallo recurrido, discurren sobre una base diferente al que funda la acusación, excediéndose éstos últimos más allá de los hechos y circunstancias contenidos en l a acusación, lo que es una incongruencia en relación con la conducta desplegada por cada uno de los sentenciados, como en el sentido geográfico al condenarse por hechos acaecidos fuera de la ciudad de Santiago que no eran parte de la acusación.
TERCERO: Que conforme se expresa en el fallo impugnado, el hecho de la acusación fue el siguiente:
?Durante el mes de Enero de 2006, entre los días 2 de Enero y 21 de Enero de 2006, los acusados, trasladaron desde la primera Región de Tarapacá la cantidad de 79 kilos y 560 miligramos de cocaína en un camión marca Kia, modelo HBW-150, hasta la ciudad de Santiago, para su posterior distribución.?
CUARTO: Que, por su parte, la sentencia deja establecido como hecho de la causa, con la convicción suficiente y más allá de toda duda razonable ?Que entre el 2 y 21 de Enero del 2006, los acusados, cumpliendo diversos roles, transportaron desde Arica, la cantidad de 79 kilos y 560 miligramos de cocaína, correspondiéndole a doña Ana Rojas Donaire, la coordinación del transporte de la droga desde Tacna hacia Santiago, ejecutando los actos necesarios para que el camión, marca Kia, modelo HBW-150, que la trasladaba , llegara hasta el restaurant ?La chacra de Maipú?, ubicada en camino a Melipilla; lugar en el cual hizo entrega de dicho vehículo, a los acusados, Jorge Rojas Ulloa y Humberto Rojas Ulloa, siendo detenidos por la Policía de Investigaciones, cuando se dirigían a Melipilla, con él, estableciéndose momentos después, que la droga se encontraba en los tablones de la carrocería del camión?.
QUINTO: Que para estas sentenciadoras, los hechos acreditados en el fallo en análisis se encuadran dentro del marco de la acusación, la sentencia le imprime detalles, pero no la excede, porque aún la entrega de la droga a los señores Rojas es parte del transporte, ellos no son los destinatarios finales.
Lo anterior llevará a esta Corte a rechazar esta causal invocada.
SEXTO: Que en cuanto a la causal de nulidad alegada por la Defensa y que contempla el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, ésta la funda en que el fallo recurrido al momento de calificar los hechos materia de la acusación y que se dieron por establecidos como aquellos que permiten encuadrarlos dentro de los element os de existencia de la causal de agravación del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000, esto es, si la sentenciada formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, acogiendo la pretensión del ente persecutor, se incurrió en concepto de la defensa, en un error de derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
Señala que los fundamentos para acoger esta agravante especial de responsabilidad se encuentran vertidos en el fundamento vigésimo primero, del fallo impugnado, estimando la defensa que los sentenciadores han confundido la simple coparticipación o pluralidad de sujetos en la comisión de un hecho con la agravante en cuestión.
Sostiene en su recurso que ?Dentro de los requisitos que debe concurrir para que estemos frente a esta agravante el propio art. 19 letra a) de la ley 20.000 nos expresa: a) Agrupación o reunión de delincuentes?b) Que exista una permanencia en el tiempo?c) Que no se den los restantes requisitos de una organización ilícita,??. Señala que no se estaría en presencia de esta agravante, ?al tratarse de un solo transporte de droga detectado en un lugar lejano hasta la ciudad de Melipilla, en que por razones de tiempo y distancia es razonable y lógico y natural que hayan existido dos o más personas involucradas, en cuanto la entrega de droga debe ir precedida de un transporte, y no se ha involucrado a más personas que las necesarias racionalmente para poder efectuar la entrega en condiciones. Doña Ana Rojas Donaire resultó ser la persona que custodiaba el transporte de la droga y quién haría la entrega a su adquirente don Jorge Rojas Ulloa, éste último quién se hizo acompañar de su hermano, quién disponía de licencia para conducir camiones, a sabiendas en entender del Tribunal de que se recibiría un camión que contenía droga, hechos que sólo hacen configurar una coparticipación dolosa y dista mucho de constituir una reunión de carácter estable y permanente en el tiempo.?
Solicita se invalide la sentencia definitiva y se dicte una sentencia de reemplazo que rechace la concurrencia de esta agravante especial y, por ende, se aplique a la sentenciada una pena inferior que debiera de ser presidio menor en su grado mSolicita se invalide la sentencia definitiva y se dicte una sentencia de reemplazo que rechace la concurrencia de esta agravante especial y, por ende, se aplique a la sentenciada una pena inferior que debiera de ser presidio menor en su grado máximo.
SEPTIMO: Que, por su parte el artículo 19 de la Ley N° 20.000 en su le tra a) establece que ?Tratándose de los delitos
anteriormente descritos, la pena deberá ser aumentada en un grado si concurre alguna de las circunstancias siguientes: a) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16.?
     OCTAVO: Que según se establece en el fundamento vigésimo primero del fallo recurrido, los sentenciadores de fondo exponen de manera clara y precisa en base a la prueba rendida en el juicio oral, los motivos que los llevaron a establecer la concurrencia de la agravante especial, permitiendo sostener que las conductas desplegadas por la sentenciada y otro de los autores permitió encuadrar su relación incluso de la definición literal de agrupación o reunión. Se señala, también, que de los relatos de diversos funcionarios policiales se colige que ésta acusada estaba a cargo de complicadas tareas que involucraban el traslado de la droga desde el norte del país hasta la región metropolitana.
NOVENO: Que en este recurso y respecto de esta causal de nulidad invocada se atacan los hechos que sirvieron para la dictación de la sentencia y la valoración de la prueba que realizó el tribunal a quo para establecer la concurrencia de la agravante especial contemplada en el artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000, desde el momento que la Defensa sostiene que ?El error de derecho cometido a juicio de esta defensa, al estimar concurrente la agravante señalada, en circunstancias que ésta no se configura, influye sustancialmente??
DECIMO: Que se podrá disentir o estar de acuerdo con la valoración que el Tribunal Oral otorgó a la prueba rendida en la causa, más ello no hace que su razonamiento sea susceptible de anularse por tal motivo, toda vez que la valoración de la prueba y el establecimiento de los hechos constituye una facultad soberana del Tribunal a quo, en particular si, como en el caso de autos, se expone adecuadamente cómo fueron valorados los medios de prueba y no se falta a los principios básicos que envuelven la forma en que un sentenciador puede apreciar los medios de prueba rendidos en este tipo de casos, para determinar la concurrencia de la agravante solicitada por el Ministerio Público. De otro modo, estaríamos en presencia de un a especie de recurso de apelación, cuestión que evidentemente ha sido desestimada por el sistema de recursos del nuevo proceso penal.
A mayor abundamiento, los requisitos que expone la defensa que debieran concurrir para encontrarse el sentenciador ante la agravante especial señalada, son aquellos que se han señalado como concurrentes para la figura establecida en el artículo 16 de la Ley N° 20.000, esto es, los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley serán sancionados, por este solo hecho con las penas en él contempladas, sin embargo, el Ministerio Público solicitó, precisamente, se aplique a la sentenciada la agravante contemplada en el artículo 19 letra a) de la citada ley, norma que exige haber formado parte de una reunión o agrupación de delincuentes.
UNDECIMO: Que así las cosas, no cabe más que concluir que en el caso en cuestión no se configura la causal de nulidad impetrada del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, la que éstas sentenciadoras rechazarán.
     EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD PLANTEADO POR LA DEFENSA DEL SENTENCIADO HUMBERTO DEL CARMEN ROJAS ULLOA:
DUODECIMO: Que el recurso de nulidad interpuesto por el abogado del sentenciado se funda en dos causales, entabladas en forma subsidiaria.
Al respecto es necesario precisar que, con fecha siete de diciembre de dos mil siete, la Excma. Corte Suprema, declaró inadmisible éste recurso de nulidad en cuanto se asila en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal.
La parte recurrente entabló las dos causales de nulidad de manera subsidiaria, esto es, la contemplada en el artículo 373 letra a) y la del artículo 373 letra b), fundada ésta última en el motivo absoluto de nulidad señalado en el artículo 374 letra e), por haberse omitido en la sentencia lo establecido en el artículo 342 letra c), todas normas coLa parte recurrente entabló las dos causales de nulidad de manera subsidiaria, esto es, la contemplada en el artículo 373 letra a) y la del artículo 373 letra b), fundada ésta última en el motivo absoluto de nulidad señalado en el artículo 374 letra e), por haberse omitido en la sentencia lo establecido en el artículo 342 letra c), todas normas contempladas en el Código Procesal Penal. Al ser rechazada por inadmisible la primera de estás causales interpuestas para ante la Excma. Corte Suprema, esta Iltma. Corte de Apelaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal, sólo tiene competencia para entrar a conocer en relación a la segunda causal de nulidad impetrada en carácter de subsidiaria.
Por lo anterior, la causal de nulidad interpuesta por la defensa del sentenciado, respecto de la cual, estas sentenciadoras entran a su conocimiento es la contemplada en el artículo 373 letra b) del citado Código, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c), esto es la exposición clara, lógica y completa de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo a lo dispuesto con el artículo 297, todos los Código Procesal Penal.
     DECIMO TERCERO: Que la defensa del imputado funda esta causal en cuanto, sostiene, que se han quebrantado los principios lógicos elementales que, acorde al artículo 342 c) y 297 del Código Procesal Penal, deben regir tanto en la apreciación de las pruebas, como el razonamiento y dictamen de un fallo.
     Sostiene que la errónea aplicación del derecho consiste en no haberse tomado en consideración su solicitud de abonar punitivamente a la condena de su mandante los 42 meses que excesivamente sirvió en prisión, en concordancia a los artículos 160 del Código Orgánico de Tribunales y 503 del Código de Procedimiento Penal.
        Señala que la no consideración que el Tribunal Oral en lo Penal hizo, respecto de la sentencia que en su momento pronunció la Corte de Apelaciones de San Miguel en causa seguida contra el sentenciado en los autos N° 2907-2006, en la que se le condenó finalmente a 541 días de presidio menor en su grado medio; importa en relación al artículo indicado una causal o motivo absoluto de nulidad de la sentencia, ?que si bien no cumple los requisitos específicos del caso, si entrega principios rectores que permiten interpretar el presente escenario, toda vez que la analogía en materia penal y procesal penal se permite, en razón del principio In Dubio Pro Reo, siempre que sea in bonam parte, es decir para el beneficio del afectado?.
     Sostiene que la sentencia, incurrió en una notable contradicción, rompiendo de pas o leyes lógicas esenciales a toda sentencia como son el ser congruente e inequívoca. Basa esta afirmación en que el fallo habría por una parte, reconocido claramente la existencia del proceso tantas veces señalado al establecer que al sentenciado no le perjudica la agravante contemplada en el artículo 12 N° 16 del Código Penal y, por otra parte, rechaza la solicitud de la defensa de abonar en la condena de esta causa, los períodos de reclusión sufridos por su representado a propósito de procesos anteriores, por no encontrarse éstos acreditados fehacientemente mediante algún documento o antecedente idóneo, desconociendo la existencia del proceso reconocido anteriormente.
     DECIMO CUARTO: Que la supuesta incongruencia que plantea la defensa en relación con ésta causal de nulidad, en todo caso, no es tal, desde el momento que se está en presencia del rechazo de una agravante que perjudicaría al sentenciado contemplada en el artículo 12 N° 16 del Código Penal -ser reincidente en delito de la misma especie- lo que no configura un desconocimiento de la existencia del ilícito anterior, cometido por el imputado.
 El hecho de no acceder a reconocer el fallo un posible abono de tiempo solicitado por la defensa, por no haber sido acreditado fehacientemente por el recurrente en la instancia procesal pertinente, como tampoco se ofrece prueba sobre la causal en el recurso respectivo en los términos establecidos en el artículo 359 del Código Procesal Penal, no permiten sostener que la sentencia sería incongruente y equívoca como alega la defensa.
   Por el contrario, la sentencia se encuentra dictada de acuerdo al mérito del proceso y se han aplicado por los sentenciadores de fondo, las normas legales vigentes y que proceden en la materia. Por su parte el artículo 160 del Código Orgánico de Tribunales que el recurrente señala que debió haberse aplicado en la materia, se encuentra derogado por el artículo 1° N° 18 de la Ley N° 19.708, publicada en el Diario Oficial de fecha 01 de enero de 2001, norma legal que entró en vigencia de conformidad a las reglas establecidas en el artículo 7° transitorio de la Ley N° 19.665, según se establece en su artículo transitorio.
 DECIMO QUINTO: Que de acuerdo a lo razonado precedentemente, estas sentenciadoras rechazará n la causal de nulidad invocada por cuanto se está en presencia de un fallo dictado de acuerdo a derecho, donde no se han vulnerado principios en su dictación, desde el momento que se está en presencia de situaciones jurídicas diferentes, por una parte la negativa a reconocer una agravante y, por otra el rechazo del reconocimiento de posibles abonos de tiempo en causas anteriores del sentenciado, rechazo fundado en la sentencia por no encontrarse esta petición fehacientemente acreditada.
 Asimismo, es improcedente la solicitud planteada en estrados por su defensa, al solicitar a esta Iltma. Corte que oficie solicitando la prueba que ella no aportó a favor de su defendido, al encontrarnos ante un sistema procesal adversarial.
       EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD PLANTEADO POR LA DEFENSA DEL SENTENCIADO JORGE ROJAS ULLOA:
DECIMO SEXTO: Que el recurso de nulidad interpuesto por el abogado del sentenciado se funda en dos causales, entabladas en forma subsidiaria.
Al respecto es necesario precisar que, con fecha siete de diciembre de dos mil siete, la Excma. Corte Suprema, declaró inadmisible éste recurso de nulidad en cuanto se asila en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal.
La parte recurrente entabló las dos causales de nulidad de manera subsidiaria, esto es, la contemplada en el artículo 373 letra a) y la del artículo 373 letra b), todas normas contempladas en el Código Procesal Penal. Al ser rechazada por inadmisible una de estás causales interpuestas en forma subsidiaria para ante la Excma. Corte Suprema, esta Iltma. Corte de Apelaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 360 del CóLa parte recurrente entabló las dos causales de nulidad de manera subsidiaria, esto es, la contemplada en el artículo 373 letra a) y la del artículo 373 letra b), todas normas contempladas en el Código Procesal Penal. Al ser rechazada por inadmisible una de estás causales interpuestas en forma subsidiaria para ante la Excma. Corte Suprema, esta Iltma. Corte de Apelaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal, sólo tiene competencia para entrar a conocer en relación a la segunda causal de nulidad impetrada en carácter de subsidiaria.
Por lo anterior, la causal de nulidad interpuesta por la defensa del sentenciado, respecto de la cual, estas sentenciadoras tienen competencia para entrar a su conocimiento es la contemplada en el artículo 373 letra b) del citado Código, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, consistente en la errada interpretación y aplicación del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000, qu e sanciona el tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes, al haberse dado por acreditada la agravante especial de responsabilidad penal que la precitada norma establece, no obstante no haberse probado sus presupuestos materiales.
     El otro motivo de nulidad que señala lo funda en que no se reconoce a su representado la atenuante de responsabilidad contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal, esto es, irreprochable conducta anterior, por cuanto, en su concepto las anotaciones prontuariales que registra su parte, una no se encontraría ejecutoriada y la otra, según sostiene se encontraría prescrita para los efectos de la suma propia de la reincidencia.
     DECIMO SEPTIMO: Que tanto los hechos de la acusación, como los que se establecen en el fallo en análisis se encuentran señalados en el fundamento tercero y cuarto de esta sentencia, los que se dan por enteramente reproducidos.
     DECIMO OCTAVO: Que, en cuanto al motivo de nulidad basado en un supuesto error en la aplicación de la agravante especial contemplada en el artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000, la defensa la funda en las acepciones semánticas de las palabras agrupación y reunión.
         En estrados sostuvo que no existe la organización que establece el artículo 19 y que habría solamente coparticipación de su representado y pide que se le reconozca la atenuante contemplada en el artículo 11 N°9 del Código Penal, solicitando, además, que ésta se le califique.
     Estas sentenciadoras consideran que lo invocado por la defensa dice relación con la figura contemplada en el artículo 16 de la citada ley, esto es, asociación ilícita, figura que no fue solicitada por el Ministerio Público y, por ende no se aplicó por los jueces del fondo. Asimismo, la agravante especial impuesta al sentenciado no requiere de dos o más tráficos para su existencia como lo sostiene su defensa ya que en esa hipótesis, se estaría probablemente en presencia de una reiteración del ilícito.
     DECIMO NOVENO: Que en lo que respecta a la solicitud de rechazar la agravante especial contemplada en el artículo 19 letra a) de la ley N° 20.000, consistente en que en el pronunciamiento de la sentencia se hizo una errónea aplicación del derecho que ha in fluido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, situación que de ocurrir haría procedente la declaración de nulidad de la sentencia y dictación de una de reemplazo, cabe tener presente que en rigor, el recurrente no aporta antecedentes que permitan alcanzar convicción respecto de su tesis. Tampoco esta supuesta transgresión queda en evidencia luego de examinar el fallo cuestionado, de modo que la pretensión del recurrente queda reducida a una aspiración respecto de la valoración de la prueba rendida y de la convicción que debe alcanzar el Tribunal, como fue establecido en el fundamento Vigésimo Primero del fallo impugnado.
En relación a la solicitud de reconocimiento de la atenuante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal según se establece en el recurso, estas sentenciadoras la desestimarán por encontrarse acreditado en autos que el sentenciado no tiene una conducta anterior irreprochable.
En cuanto a la solicitud planteada en estrados, que se reconozca la circunstancia atenuante de responsabilidad contemplada en el artículo 11 N°9 del Código Penal y, que se la califique, estas sentenciadoras no emitirán pronunciamiento al no encontrarse ella impetrada en el recurso.
VIGESIMO: Que, en consecuencia, y en atención de lo expuesto, y no apareciendo acreditada una errónea aplicación del derecho que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, no se acogerá lo solicitado por este recurrente.
VIGESIMO PRIMERO:  Que, de contrario a lo pretendido por los tres recurrentes, según se ha indicado en los motivos precedentes, el fallo en cuestión se ocupa de la manera como lo ordena la ley, de la valoración de la prueba y los motivos que llevan a dar por establecida la agravante especial contemplada en el artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000 en su considerando Vigésimo Primero. Asimismo, el rechazo al abono de tiempo solicitado no se encuentra fehacientemente acreditado ni se ofreció prueba a su respecto en este recurso y, en cuanto a la atenuante de responsabilidad penal solicitada, se encuentra fundado su rechazo en el fundamento Vigésimo Cuarto del fallo recurrido, de tal forma que no se producen los vicios denunciados.
Y visto además lo dispuesto por los artículos 358 y 384 del Código Procesal Penal, SE RECHAZAN los recursos de nulidad interpuestos por la defensa de los acusados ANA ROSA ROJAS DONAIRE, HUMBERTO DEL CARMEN ROJAS ULLOA y JORGE ORLANDO ROJAS ULLOA, en contra de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil siete, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante, la que por consiguiente no es nula.
Se previene que la Sra. Ministra Rosa Egnem Saldías no comparte el contenido del fundamento Décimo Cuarto de esta sentencia.
Redacción de la Abogada Integrante Sra. María Patricia Donoso Gomien.
Se dio a conocer lo resuelto a los intervinientes presentes, se ordenó notificar por el estado diario y se levantó la presente acta que firma la señora Relatora que actuó como Ministro de fe.  
Regístrese, comuníquese y devuélvase.
Rol Nº 60-2008 REF.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pronunciada por la Primera Sala de Verano, Ministras Sra. Carmen Rivas González, Sra. Rosa Egnem Saldías y la Abogado Integrante Sra. María Patricia Donoso Gomien.    

 
 




En San Miguel, a veinticinco de febrero de dos mil ocho, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.


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