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Sala primera de oralidad magistrada ponente: yolanda obando montes


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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA PRIMERA DE ORALIDAD
MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA OBANDO MONTES
Medellín, veintidós (22) de septiembre de dos mil catorce (2014)


REFERENCIA

RADICADO

05001 23 33 000 2014 01065 00

PROCESO

REVISIÓN DE ACUERDOS

DEMANDANTE

GOBERNADOR DE ANTIOQUIA

NORMA REVISADA

ACUERDO No. 050 DE 2013 CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

TEMA

Patrimonio Cultural de la Nación. Protección constitucional y legal. Monumentos y Bienes de Interés Cultural Municipal. La declaratoria es competencia de los alcaldes previo concepto del Consejo de Patrimonio Cultural competente.

DECISIÓN

Declara invalidez parcial.

PROVIDENCIA

474

La Secretaria General del Departamento de Antioquia, delegada por el Gobernador de Antioquia, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política y los artículos 119 y 120 del Decreto 1333 de 1986, remitió al Tribunal el Acuerdo N° 050 de 2013 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - ANTIOQUIA, A LA CORPORACIÓN ESCUELA DE MÚSICA JORGE ROBELDO (SIC) ORTIZ”, expedido por el Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia (Antioquia), a fin de obtener un pronunciamiento acerca de la validez del mismo.


HECHOS


  1. El Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia expidió el Acuerdo No. 050 de 2013, mediante el cual declaró patrimonio cultural de interés colectivo a la Corporación Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz.




  1. El acuerdo mencionado dispuso:

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese Patrimonio Cultural del Municipio de Santa Fe de Antioquia a la corporación Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz.


ARTÍCULO SEGUNDO: Que la Corporación Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz del Municipio de Santa fe de Antioquia es un bien de interés musical y educativo que representa las manifestaciones de nuestra cultura por ende el concejo municipal promoverá su inclusión en el Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial con el ánimo de velar por la protección de esta institución, la cual propende por el desarrollo educativo, artístico del Municipio.
ARTÍCULO TERCERO: El municipio se encargará de proteger el patrimonio cultural en Santa Fe de Antioquia dentro de los principios de concurrencia y subsidiariedad, contribuyendo para su protección y preservación.
ARTÍCULO CUARTO: Reconózcase a la Corporación Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz del Municipio de Santa fe de Antioquia como la institución avalada por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para prestar los servicios de formación musical en el Municipio.
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz de Santa Fe de Antioquia podrá hacer uso de este acuerdo municipal, para gestionar ante el ministerio de cultura y patrimonio de Antioquia o cualquier institución que lo requiere para los fines pertinentes.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción, publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.”


  1. El acuerdo fue aprobado el día 23 de noviembre de 2013 y sancionado el día 25 del mismo mes y año.


CONCEPTO DE VIOLACIÓN
El Departamento de Antioquia a través de la Secretaria General sostiene que el Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia no tenía competencia para declarar un bien de interés cultural mediante Acuerdo No. 050 de 2013, por cuanto tal asunto fue atribuido a otra autoridad administrativa.
Aduce que la Ley 1185 de 2008 y el Decreto Reglamentario 763 de 2009 disponen que le corresponde al alcalde declarar los bienes de interés cultural, previo concepto favorable del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.
En consecuencia, concluye que si la competencia fue asignada al Alcalde, el Concejo no puede asumir esa competencia porque vicia el acto.
Procede la Sala entonces a analizar si proceden las observaciones realizadas por la Secretaría General del Departamento de Antioquia, debidamente delegada por el Gobernador, para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes,
CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA. De conformidad con lo preceptuado en el numeral 4° del artículo 151 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en concordancia con el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para conocer acerca de la validez de los acuerdos de los concejos municipales que le remita el Gobernador, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad.
De igual manera, el artículo 119 del Decreto Ley 1333 de 1986, prescribe que si el Gobernador encuentra que el acuerdo es contrario a la Constitución, la Ley o la Ordenanza, lo remitirá al Tribunal Contencioso Administrativo competente, para que decida sobre su validez.
2. PROBLEMA JURÍDICO. Debe la Sala establecer si en la expedición del Acuerdo Nº 050 de 2013, el Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia actuó sin competencia, en la medida que la declaratoria de bienes de interés cultural le corresponde a las alcaldías o si hace parte de sus facultades constitucionales y legales.
3. MARCO TEÓRICO.


    1. DE LAS FACULTADES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES. Observa la Sala que el artículo 122 de la Constitución Política establece como principio de la función pública: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la Ley y el reglamento...”, y en el artículo 5º de la Ley 489 de 1998, dicho principio se contempla así:

ARTICULO 5o. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los organismos y entidades administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo.



Se entiende que los principios de la función administrativa y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad consagrados por el artículo 288 de la Constitución Política deben ser observados en el señalamiento de las competencias propias de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos”.
El anterior principio es extensivo a los alcaldes y concejos municipales, cuyas funciones se encuentran señaladas en los artículos 313 y s.s. de la Carta Política, y en forma particular en la Ley 136 de 19941 y el Decreto 1333 de 1986. En relación con las funciones de los concejos municipales, la Constitución Política establece:
1 ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. (…)” (Negrillas de la Sala)
Por tanto, los servidores públicos sólo pueden hacer lo que en forma manifiesta y explícita les permita la Constitución y la Ley, de allí que se considere que la incompetencia es la regla y la competencia la excepción.
3.2 DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA DECLARATORIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL. La Constitución Política establece una especial protección al Patrimonio Cultural de la Nación, así:
ARTICULO 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
Así mismo, el artículo 72 de la Carta Política, establece:
ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”.
Estos mandatos constitucionales, se concretan en la Ley 397 de 1997 Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”, la cual establece en su artículo 4 cómo está integrado el Patrimonio Cultural de la Nación, bajo el siguiente tenor:
ARTICULO 4o. INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.  El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico…”
Por otro lado, la norma en comento en su artículo 8 establece que la declaratoria de los monumentos nacionales y los bienes de interés cultural o artístico de carácter nacional, así como del manejo de unos y otros, le corresponde al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura previo concepto del Consejo de Monumentos.
Así mismo, instituye que cuando se trate del nivel territorial dicha función de declaración de bienes de interés cultural, le corresponde a las autoridades del ámbito municipal, distrital y departamental, por intermedio de las alcaldías y las gobernaciones, previo concepto de los centros filiales del previo concepto de los centros filiales del Consejo de Monumentos Nacionales allí donde existan, o en su defecto por la entidad delegada por el Ministerio de Cultura. En efecto, el artículo 8 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008, indica:
ARTICULO 8o. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL.
a) Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional.
Son bienes de interés cultural del ámbito nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional;
b) A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos.
Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción territorial los declarados como tales por las autoridades departamentales, distritales, municipales, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, en el ámbito de sus competencias, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en una división territorial determinada.
Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, pueden ser declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura en la forma prevista en el literal a) de este artículo, en coordinación con el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, sobre los valores del bien de que se trate.
Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993.” (Negrillas propias)
De conformidad con lo establecido en las normas citadas, se concluye que la declaratoria de bienes de interés cultural le corresponde al Gobierno Nacional previo concepto del Comité de Monumentos del Ministerio de Cultura si es del orden nacional, y cuando sean del orden distrital, municipal o departamental, le corresponde a las autoridades respectivas, esto es, a los alcaldes y gobernadores, previo concepto favorable del Consejo de Patrimonio Cultural competente2.


  1. DEL CASO EN CONCRETO. Descendiendo al caso bajo análisis, se advierte que mediante el Acuerdo N° 050 de 2013 se declaró patrimonio cultural de interés colectivo a la Corporación Escuela de Música Jorge Robledo Ortiz, acuerdo cuya revisión solicita la Secretaria General del Departamento Antioquia, al considerar que el Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia actuó sin competencia, en razón de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 397 de 1997.

Las normas invocadas en acápites precedentes permiten concluir que el patrimonio cultural está constituido por bienes materiales, inmateriales, productos y representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana. La Ley 397 de 1997 asignó la competencia para la declaratoria de monumentos nacionales y de bienes de interés cultural de carácter nacional al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura, previo concepto del Consejo de Monumentos Nacionales, y a nivel territorial asignó tal competencia tratándose de bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital, departamental, a las alcaldías y las gobernaciones, previo concepto del Consejo de Patrimonio Cultural competente.



Así las cosas, resulta evidente que el Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia carecía de competencia para declarar como bien de interés colectivo a la Corporación Escuela de Música Jorge Robledo. En efecto, este cuerpo colegiado se atribuyó competencias que no le están dadas, toda vez que la declaratoria de bienes de interés cultural, en el ámbito territorial le corresponde a la máxima autoridad administrativa del Municipio, esto es al alcalde previo concepto favorable de la entidad correspondiente, por lo que es viable declarar la invalidez del Acuerdo No. 050 de 2013.
En razón de que el acuerdo sólo versa sobre el asunto aquí debatido, procederá a declararse la invalidez total del mismo.
Por lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE ORALIDAD, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR INVÁLIDO el Acuerdo No. 050 de 2013, expedido por el Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia (Antioquia), “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - ANTIOQUIA, A LA CORPORACIÓN ESCUELA DE MÚSICA JORGE ROBELDO (SIC) ORTIZ”, de conformidad con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. Por Secretaría COMUNÍQUESE la presente decisión a Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal de Santa Fe de Antioquia (Antioquia).
TERCERO. Una vez notificada la presente providencia, DEVUÉLVANSE las diligencias a la oficina de origen.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia se estudió y aprobó en Sala, como consta en el acta de la fecha.
LOS MAGISTRADOS

YOLANDA OBANDO MONTES

ÁLVARO CRUZ RIAÑO JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

04



1 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

2 H. Consejo de Estado, sentencia del 31 de mayo de 2007, M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, expediente No. AP-01611.


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