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Sala de casación penal magistrado ponente: sigifredo espinosa pérez aprobado Acta N


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia
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Tutela No. 34.369

RICARDO GUZMÁN ÁVILA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado ponente:



SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 248


Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil siete.



VISTOS


La Corte resuelve la acción de tutela interpuesta por RICARDO GUZMÁN ÁVILA, contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ, por la supuesta violación de los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso, al considerar que la condena impuesta en su caso resulta desproporcionada en relación con la pena que se les aplicó a sus compañeros de causa. Al trámite fue vinculado oficiosamente por pasiva el Juzgado Penal del Circuito de Lérida y se dispuso la notificación de los sentenciados José Freddy Salazar y Moisés Pérez Gutiérrez.



LOS ANTECEDENTES Y LA ACCIÓN
1. De la confusa reseña presentada por el actor así como de las evidencias allegadas al plenario, pudo establecerse que RICARDO GUZMÁN ÁVILA fue condenado el 24 de noviembre de 2003 por el Juzgado Penal del Circuito de Lérida que le impuso 28 años y 9 meses de prisión; la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término; la obligación de cancelar los perjuicios morales en cuantía equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales; y, le negó los sustitutos de suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria, al declararlo coautor penalmente responsable de homicidio agravado. En la misma providencia resultaron condenados a idénticas sanciones Reynel Romero Enciso y Juan José Arana Ávila.
2. La sentencia fue recurrida en apelación y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué que, no obstante, la modificó en el sentido de concretar la pena accesoria en 10 años.
3. Contra la decisión de segundo grado interpusieron el recurso extraordinario de casación y el proceso se encuentra actualmente en trámite ante esta Corporación bajo el radicado No. 23.741.
4. El 29 de junio de 2002, el Juzgado Penal del Circuito de Lérida dictó sentencia condenatoria contra José Fredy Salazar y Moisés Pérez Gutiérrez a quienes les impuso 28 años de prisión; inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal; la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego por el término de 10 años; la obligación de cancelar 20 salarios mínimos legales mensuales a título de perjuicios morales; sin derecho a los sustitutos de suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria, por haberlos declarado autores penalmente responsables de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego.
5. Este fallo fue recurrido en apelación y confirmado el 11 de abril de 2007 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, que lo modificó para declarar prescrita la acción penal derivada del porte ilegal de arma de fuego y, en tal virtud, concretar la pena de prisión en 25 años. Igualmente, determinó que la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas sería por 10 años.
6. Al proceso penal seguido contra José Fredy Salazar y Moisés Pérez Gutiérrez, también estuvo vinculado RICARDO GUZMÁN ÁVILA. Sin embargo, el 11 de octubre de 2001, en el transcurso de la audiencia pública celebrada ante el Juzgado Penal del Circuito de Lérida, el titular de ese Despacho decretó la ruptura de la unidad procesal y dispuso que siguiera el trámite únicamente con respecto a Salazar y Pérez Gutiérrez.
7. El 5 de agosto de 2002, el Juzgado Penal del Circuito de Lérida condenó a GUZMÁN ÁVILA a 28 años de prisión, por razón del caso que viene de reseñarse y la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué confirmó la decisión en segunda instancia el 9 de octubre de 2003, sin que se hubiera en este caso presentado el fenómeno de la prescripción de la acción penal en relación con el atentado contra la seguridad pública, razón por la que no se le modificó el monto de la pena principal, que sí ocurrió en relación con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, fijada en 10 años.
8. No obstante, ahora se duele el actor de que a sus compañeros de causa (José Fredy Salazar y Moisés Pérez Gutiérrez) se les hubiera modificado la sanción para concretárselas en 25 años de prisión, mientras que el debe soportar 28 años de privación de la libertad, a pesar de la identidad de hechos y circunstancias. En razón de ello solicita que se le protejan por este medio los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso y se le ordene al Juez Colegiado demandado imponerle la misma pena que les dedujo a los otros dos sentenciados.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La acción de tutela que ocupa la atención de la Sala se dirige contra una providencia en la que no se analizó la declaratoria de prescripción de la acción penal, porque ni siquiera se había presentado ese específico fenómeno, que sí ocurrió en relación con otros procesados por los mismos delitos, empero dentro de un trámite en el que se había decretado la ruptura de la unidad procesal y cuyo fallo de segunda instancia se dictó con posterioridad.

Lo anterior impone reiterar el criterio inmodificable de la Corte acerca de la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones o actuaciones judiciales, más todavía cuando se encuentran protegidas por los efectos de la cosa juzgada.


Sólo por excepción, se admite el amparo constitucional cuando la decisión judicial de que se trate constituya una vía de hecho, por contener defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o de procedimiento que generen lesión o amenaza a los derechos de la persona.
Alega el accionante en tutela, que la autoridad demandada vulneró sus derechos, porque la providencia que ahora censura desconoció los efectos de la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal para reducirle la sanción, afirmación que se aleja de la realidad, como quiera que la decisión cuenta con una argumentación jurídica que razonadamente conduce a señalar su improcedencia.
Entonces, lo que aquí se discute no es el agravio de un derecho fundamental, porque es inexistente la afrenta. Lo que pretende el actor es que se dilucide la existencia de un derecho que exige radicar en cabeza suya, sin que se hubieran cumplido los requisitos previstos en la legislación sustantiva penal para el efecto.
La tutela no es el medio idóneo para suplir los trámites establecidos y mucho menos para declarar derechos, sólo para proteger los de estirpe fundamental.
Téngase en cuenta que por disposición expresa de la ley (art. 6-1 D. 2591/91), la acción de tutela no procede cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales, y en el asunto que ocupa la atención de la Corte aparece claro que el accionante pudo recurrir extraordinariamente en casación y, sin embargo, omitió hacerlo.
El hecho que expone el demandante como base de su petición, ni siquiera fue objeto de debate ante el juez natural, porque omitió manifestar cualquier oposición ante la Sala de Casación Penal, según se demostró con las evidencias allegadas. Además, no se advierte que hubiesen ocurrido las situaciones que plantea, pues, mientras la sentencia de segunda instancia correspondiente a José Fredy Salazar y Moisés Pérez Gutiérrez se dictó el 11 de abril de 2007, y por el paso del tiempo hubo de modificar la pena al declarar prescrita la acción penal derivada del porte ilegal de arma de fuego, en su caso la decisión del Ad quem data del 9 de octubre de 2003, fecha para la cual no había necesidad de decretar la aludida prescripción en beneficio de RICARDO GUZMÁN ÁVILA.
Significa lo anterior que para hacer valer los derechos que asegura conculcados, el actor dispuso de los recursos y oportunidades previstos en el proceso penal, empero omitió ejercerlos, habiendo dejado precluir la oportunidad para demostrar su inconformidad con la decisión adoptada a través del extraordinario recurso de casación, resultando ser ese el medio de defensa idóneo para su caso.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

PRIMERO. NEGAR, por improcedente la tutela de los derechos constitucionales fundamentales invocados por RICARDO GUZMÁN ÁVILA.



SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
Cópiese, notifíquese y cúmplase.

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN

TERESA RUIZ NÚÑEZ



Secretaria



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