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Sala de casación laboral magistrado Ponente: Fernando Vásquez Botero


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia


SALA DE CASACIÓN LABORAL
Magistrado Ponente: Fernando Vásquez Botero

Radicación No 8044

Acta No 32
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil dos (2002).
Se procede a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado de ALONSO GONZALEZ MUÑOZ, JOSE NOLBERTO RESTREPO OSORIO, EDGAR ACUÑA RIVERA, ALFREDO MORENO RIVERA, LUDUVINA FUENTES LONDOÑO, VICTOR ALBERTO TOVAR OTALVARO, LUIS HERNAN MOSQUERA, ESPERANZA SANCHEZ VALENCIA, CARLOS ENRIQUE OLAYA MONTAÑO, LUCIO VELASCO DORADO, EMILSE DE JESUS MARULANDA BECHARA, ANTONIO CALERO, GUILLERMO DARIO RIVAS BUSTAMANTE, ALVARO ACOSTA HURTADO, FERNANDO MONDRAGON MORENO, LUIS BENEDICTO ANGULO, MILTON SANCHEZ COBO, MAXIMINO MUÑOZ ORTIZ, RAFAEL RIVAS ORTIZ, ALEJANDRO REYES GUTIERREZ, JOHN JAIRO CASTILLO GONZALEZ, GUILLERMO GOMEZ GUEVARA, LUIS ADRIANO POVEDA BOLAÑOS, SALUSTRIANO RODRIGUEZ RIASCOS, HUMBERTO VARGS, HAROLD VALENCIA RODRIGUEZ, MARELLY PARRA GUZMAN, JAIME MONROY, PETER TADEO RINCON CASTILLO, MARCO TULIO TABARES CARDONA, CLARA CAICEDO ORTEGA, ELENA NAVIA LOPEZ, LILIANA MEDINA MONTAÑO, DARIO CARMONA RESTREPO, JORGE ENRIQUE MUÑOZ, LUIS ARMANDO JASPIN LEMOS, FRANCISCO JAVIER GALLEGO FLOREZ, ISIDRO ANTONIO MELESIO, GUILLERMO LEON MERA SANDOVAL, JORGE DARIO MARULANDA CARMONA, NELSON FILIGRANA CABRA, SEGUNDA ELADIA PAI GUANGUA, JORGE JAIRO GIRALDO BARRERA, ANTONIO JOSE TORO JARAMILLO y GILBERTO HERNANDEZ BEDOYA contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

ANTECEDENTES

Por medio de apoderado, las personas antes relacionadas instauraron acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, para que se les proteja sus derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y trabajo, en su sentir, vulnerados por dicha Corporación judicial con los fallos de tutela números 208, 221, y 256 de fechas 9, 10 y 16 de noviembre de 1999 respectivamente, con los cuales confirmó las decisiones de tutela de primer grado, promovidas contra la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Cali –EMSIRVA S.S.P.


Piden, en consecuencia, que se tutelen los referidos derechos y que “ se ordene nivelar los salarios de los motoristas y operarios, para efectos de que se les reconozca la nivelación salarial respecto de los motoristas y operarios nombrados y se ordene la indexación y aumentos que les correspondan desde su fecha de ingreso hasta la presente, por haber desempeñado igual puesto, funciones, horarios, responsabilidades y condiciones de eficacia que otros motoristas y operarios devengaban un mayor salario por el simple hecho de estar apoyados por el sindicato, con respaldo político y nombrados mediante resolución administrativa que si les permite acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Tal como se había solicitado en las pretensiones de las tutelas que se han presentado en los Juzgados Cuarto y Noveno Laboral de Cali y que en segunda instancia conoció el Tribunal Superior de Cali- Sala Laboral -”.
Funda las súplicas anteriores en los hechos que a continuación se sintetizan así: que está acción de tutela tiene su fundamento en una serie de omisiones, actuaciones y decisiones de hecho, violatorias de los derechos al debido proceso, a la igualdad y a los derechos mínimos fundamentales del trabajador, irregularidades en las cuales incurrieron los Magistrados de la Sala Laboral accionada, quienes, mediante sentencias de tutela números 208, 221 y 256, calendadas, en su orden, los días 9, 10 y 16 de noviembre de 1999, omitieron aplicar la doctrina constitucional sobre procedencia de la tutela para restablecer la igualdad en materia laboral, según el principio de “ a trabajo igual salario igual”, incurriendo así en vías de hecho por presentar tales providencias un defecto sustantivo y estar edificadas en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico; que sus poderdantes no tienen otra vía de defensa judicial, dado que los fallos de tutela aludidos fueron excluidos de revisión; que en ningún momento las pretensiones de esta acción son temerarias, ya que lo que se está pidiendo lo contemplan la Constitución Política y el Código Sustantivo de Trabajo, esto es, la interpretación real y veraz tal como lo disponen las normas en cita.

TRÁMITE IMPARTIDO
Mediante auto calendado el 1º de los corrientes, esta Sala de la Corte asumió el conocimiento de la tutela, y ordenó enterar, por medio de telegrama, a los Magistrados que integraron la respectiva Sala de decisión y al representante legal de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Cali –EMSIRVA E.S.P.- parte accionada en los procesos de tutela que aquí se cuestionan.


SE CONSIDERA




I.- PROCEDENCIA: según lo dispuesto en los artículos 5º y 13 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 5º del Decreto Reglamentario 306 de 1992, la acción de tutela puede ser ejercida contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares que “ haya violado, viole o amenace violar” cualquiera de los derechos constitucionales fundamentales de las personas.
II.- COMPETENCIA: En el caso sub judice, los interesados dirigen la acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º, regla 2ª, inciso primero del Decreto 1382 de 2000, esta Sala de la Corte tiene competencia para avocar su conocimiento en primera instancia.

III.- MATERIA OBJETO DE ESTUDIO: la causa petendi en esta actuación, está orientada a atacar los fallos de tutela antes referenciados, en los cuales la Sala accionada confirmó las decisiones de primera instancia proferidas por los juzgados laborales a los que correspondió su conocimiento. Consecuentemente solicitan los actores que “ se ordene nivelar los salarios de los motoristas y operarios, para efectos de que se les reconozca la nivelación salarial respecto de los motoristas y operarios nombrados y se ordene la indexación y aumentos que les correspondan desde su fecha de ingreso hasta la presente, por haber desempeñado igual puesto, funciones, horarios, responsabilidades y condiciones de eficacia que otros motoristas y operarios devengaban un mayor salario por el simple hecho de estar apoyados por el sindicato, con respaldo político y nombrados mediante resolución administrativa que si les permite acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Tal como se había solicitado en las pretensiones de las tutelas que se han presentado en los Juzgados Cuarto y Noveno Laboral de Cali y que en segunda instancia conoció el Tribunal Superior de Cali- Sala Laboral -”.

IV.- RESPUESTA DE LA SALA ACCIONADA.- La Magistrada María Nery López Alzate, quien actuó como Ponente en el fallo de segunda instancia objeto de esta acción de tutela, remitió vía fax copia incompleta de la referida providencia, expresando en ella se concretan las motivaciones en las cuales se fundamentó la decisión de la Sala (ver folios 9 a 17).

ANÁLISIS DE LA SALA.- De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Ahora bien, tratándose de acciones de tutela contra fallos de la misma naturaleza, esta Corporación ha fijado su pensamiento, que mantiene inmodificable, así:


Es indiscutible el carácter de decisión judicial que tiene el fallo que resuelve una solicitud de tutela, de manera entonces, que al igual que ocurre con cualquier otra sentencia, existirá siempre la posibilidad de un error, posibilidad de desacierto que es muchísimo más probable en un procedimiento cuyo trámite sumario no concede las debidas oportunidades de defensa; pero lo único que debe tomarse en cuenta, si se quiere decidir con arreglo a la Constitución Política y a las normas legales vigentes, es el hecho de haber declarado inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, norma que daba una apariencia de legalidad al ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
Debe recordarse que el mencionado artículo 40 textualmente establecía en su parágrafo 4º lo siguiente:” No procederá la tutela contra fallos de tutela”.
Debido al efecto de cosa juzgada constitucional que el artículo 243 de la Constitución Política consagra expresamente para los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional, se impone concluir que en su integridad el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 no podrá ser reproducido por ninguna autoridad “mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la comparación entre la norma ordinaria y la Constitución”.

Este es un aspecto que por su claridad no parece razonable que pueda ser puesto en discusión; y por ser dicho parágrafo una parte del artículo declarado inexequible, es obvio que en este momento no tiene existencia jurídica.


“A pesar de ello, conviene precisar que la improcedencia de la acción de tutela “contra fallos de tutela” no resulta de la específica e innecesaria previsión que traía el parágrafo de la norma legal declarada inexequible, sino que se deriva directamente de lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución Política, que prevé la acción de tutela como un procedimiento preferente y sumario que únicamente procede cuando el afectado “ no disponga de otro medio de defensa judicial”…..”.

Por ello se estima, que los argumentos esgrimidos por los accionantes para acometer contra los fallos de tutela prementados, no constituyen razones válidas para demandar ante los jueces constitucionales los derechos deprecados. No, porque ello convertiría la tutela en dispositivo complementario y adicional de protección. En otras palabras, erigiría la tutela en un recurso más contra las providencias judiciales ejecutoriadas, y esa no fue, ni puede ser la teleología que inspiró al Constituyente cuando implantó esta novedosa institución de defensa de los derechos fundamentales; ni es ese el alcance que se desprende del artículo 86 de la Carta Política.


Respecto de las actuaciones judiciales que, como se sabe, están cobijadas por la presunción de legalidad, cabe recordar que no procede el mecanismo excepcional de la acción en referencia, no solo por lo dicho anteriormente, sino también, porque el juez de tutela no está revestido de facultades para inmiscuirse en decisiones adoptadas en procesos judiciales de la misma naturaleza, como fueron las que dieron origen a esta acción, decisiones que se encuentran ejecutoriadas, dado que, como lo afirman los quejosos, no fueron objeto de revisión por la Corte Constitucional; opinar lo contrario, constituiría una incursión arbitraria en la órbita del juzgador constitucional, atentatoria de la seguridad jurídica y de los principios de independencia, autonomía y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia.
El funcionario judicial, acótase, goza de autonomía para interpretar la ley; esa, precisamente, es la razón de ser de su función.
Por último cabe resaltar que la acción de tutela tampoco procede para ordenar incrementos o indexación de salarios o prestaciones laborales como las que persiguen los demandantes, pues para hacer efectivos tales derechos deben utilizar la vía judicial correspondiente.
Lo dicho es suficiente para negar la tutela examinada por improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


RESUELVE
PRIMERO.- NEGAR, por improcedente, la tutela promovida por las personas de la referencia, contra el Tribunal Superior de Cali, Sala Laboral.
SEGUNDO.- Por el medio de comunicación más eficaz, la Secretaría de la Sala hará conocer a las partes lo aquí resuelto.
TERCERO.- Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO

FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA

CARLOS ISAAC NADER LUIS GONZALO TORO CORREA

GERMÁN G. VALDÉS SÁNCHEZ ISAURA VARGAS DIAZ

JESÚS ANTONIO PASTAS PERUGACHE



Secretario



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