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Sala de casación laboral magistrada ponente: isaura vargas diaz radicación No. 22668 Acta No. 94 Bogotá, D. C., doce


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


SALA DE CASACIÓN LABORAL
Magistrada ponente: ISAURA VARGAS DIAZ

Radicación No. 22668

Acta No. 94

Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil cuatro (2004).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de JOSE IGNACIO LONDOÑO MONTOYA, MARIA DEL CARMEN PACHECO SUAREZ, ARMANDO HUERTAS TENJO, HENRY GALINDO MORENO y PEDRO MARIA GRANADOS AVELLA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de marzo de 2003, en el proceso que promovieron contra la sociedad ‘CREDITOS PARIS LIMITADA’.


I.ANTECEDENTES
En lo que atañe al recurso es suficiente decir que los hoy recurrentes demandaron a la sociedad ‘CREDITOS PARIS LIMITADA’ para que una vez se declarara que terminó sus contratos de trabajo sin justa causa, fuera condenada a pagarles la indemnización por despido injusto, cesantías, indemnización moratoria, deducciones por el I.V.A., aportes a la seguridad social “y lo resultante de las facultades ultra y extra petita” (folio 19).

Fundaron las anteriores pretensiones, en suma, en que le prestaron sus servicios personales a la demandada desde las fechas que indicaron en la demanda y hasta el 2 de octubre de 1995, cuando dieron por terminada la relación laboral “bajo la modalidad del despido indirecto” (folios 11, 12, 13, 14, 15 y 16), por cuanto de su ingreso como vendedores, que correspondía al mínimo legal más las comisiones por ventas que realizaban para un promedio final mensual de $800.000,00, les descontaba el Impuesto al Valor Agregado I.V.A, además de que el reporte al Instituto de Seguros Sociales lo hizo por un salario inferior a pesar de que la deducción la efectuaba sobre su ingreso real, y porque no les practicó el examen médico para el retiro.


La demandada, en síntesis, aceptó que los demandantes desempeñaron a su servicio el cargo de vendedores, la fecha de terminación de la relación laboral y que no se les practicó examen médico de egreso; y se opuso a sus pretensiones aduciendo que no les aceptó la renuncia que presentaron, sino que la relación laboral la terminó con justa causa por actos de indisciplina, competencia desleal, incumplimiento del contrato de trabajo y del reglamento interno de la empresa; además, aseveró que no era procedente pagarles comisión sobre el valor del I.V.A. de las mercancías vendidas, y que los aportes a la seguridad social los hizo conforme a sus respectivos ingresos.

El juzgado de conocimiento, que lo fue el Quince Laboral de Circuito de Bogotá, por fallo de 31 de agosto de 2001, absolvió a la demandada “de todas y cada una de las pretensiones de la demanda” (folio 362), e impuso costas a los actores.



II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL

La alzada se surtió por apelación de los demandantes y terminó con la sentencia acusada en casación, mediante la cual el Tribunal confirmó la del juez de primer grado con costas a cargo de los apelantes.



En lo que al recurso interesa, es pertinente decir que para ello el Tribunal, una vez dio por probado, con base en la “prueba documental aportada al proceso” (folio 300), que los demandantes prestaron sus servicios personales a la demandada pero hasta el 4 de octubre de 1995, con excepción de HENRY GALINDO MORENO quien lo hizo hasta el 6 siguiente, y con salarios promedios base de liquidación por los valores que en el fallo indicó, aseveró que a pesar de que por un lado las cartas de los folios 23 a 32 daban cuenta de la renuncia de los trabajadores alegando un despido indirecto y, por otro, en las respuestas de folios 33 a 40 y 82 y siguientes, la sociedad contestó que ella era la que daba por terminados los contratos de trabajo, debía abordarse el estudio de la controversia “conforme a lo planteado en la demanda, es decir, si se dio o no el despido indirecto” (folio 302), pues, para cuando el empleador contestó en esa forma la renuncia aquél acto ya había surtido efectos, dado que, “ya los demandantes habían decidido dar por terminado el vínculo laboral a partir del 2 de octubre de 1995, por causas presuntamente imputables al empleador, siendo extemporáneo lo aseverado por el patrono para despedirlos” (ibídem).
Y en cuanto al despido indirecto cuyo análisis se dijo fue el que asumió, luego de referir las razones que para renunciar alegaron los trabajadores en las cartas que al empleador hicieron llegar, y de afirmar que a aquéllos correspondía “demostrar que efectivamente el empleador incurrió en los hechos aseverados como causal de desvinculación” (ibídem), concluyó que “no existe prueba alguna en el proceso donde los demandantes previamente a la carta de desvinculación, requirieran al patrono sobre el cumplimiento de las obligaciones desconocidas por el patrono, según lo relacionaron en la carta de renuncia por despido indirecto” (ibídem).
Para el Tribunal, el dicho requerimiento de los trabajadores al empleador debería aparecer acreditado, por cuanto, “mientras el mismo no exista, puede ser solo una apreciación del trabajador, un mal entendido o simplemente un problema administrativo de la empresa” (folios 302 a 303), y, en este caso, “no solo no existe ese requerimiento, sino también, no existe prueba idónea en el proceso que acredite en los términos del art. 61 del CPL, que los trabajadores al dar por terminado el contrato de trabajo alegando despido indirecto, lo hicieron debidamente legitimados o autorizados por la ley" (folio 303).
Además, según el juez de la alzada, “de manera genérica y abstracta” (ibídem), en las cartas de renuncia los trabajadores expresaron los hechos que motivaron su retiro sin precisar, por ejemplo, en el caso del cargo de no suministro de elementos necesarios para atender sus labores, “a cuales(sic) elementos se refería, ni desde cuando(sic) ello presuntamente aconteció” (ibídem), lo cual conducía a concluir que no dieron cumplimiento “a lo preceptuado en el parágrafo del art. 7º del Decreto 2351 de 1965, que obliga de manera perentoria a la parte que termina unilateralmente el contrato, a expresar a la otra en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación” (ibídem).
Sostuvo el juzgador, que pese a indicarse en las cartas de renuncia que el empleador no había incluido en el salario de 1995 el pago de bonificaciones habituales, cuya “prueba de su existencia era imperativa” (ibídem), “ello no ocurrió” (ibídem), por manera que, “al no aceptar el empleador en las respuestas a las cartas de renuncia por despido indirecto, que adeudara a los demandantes esas bonificaciones habituales, no existió razón de orden legal para que los demandantes dieran por terminado el vínculo laboral” (folios 303 a 304).

Asentó el Tribunal que el hecho que se afirmó en las cartas de renuncia, relacionado con las amenazas de despido que de manera reiterada hacía la empleadora a los demandantes, no fue probado, “de forma tal que este hecho no demostrado, desvirtúa una vez más el despido indirecto invocado” (folio 304). Así también, “tampoco tiene respaldo probatorio suficiente” (ibídem), la afirmación de las cartas de renuncia de que a los actores se les reportó al I.S.S. un salario inferior al realmente devengado, habida consideración que, en las planillas correspondientes, aparecía “que se cotizó con salarios variables” (ibídem), y los actores no probaron “el monto del salario variable realmente devengado por cada uno, mes a mes, durante el tiempo de vinculación al servicio de la sociedad demandada, para de esta manera poder concluir si lo reportado al ISS por salud y pensiones correspondió o no a lo realmente devengado” (ibídem).


Por todo lo anotado, el Tribunal aseveró que al no demostrarse ninguno de los hechos invocados por los trabajadores, “como causales de despido indirecto, imputables al empleador, en los términos del art. 7º literal b) del Decreto 2351 de 1965” (ibídem), la conclusión no podía ser otra a la de que “la decisión de los mismos al dar por terminado el contrato de trabajo, constituyó renuncia libre y voluntaria, con las consecuencias derivadas de esta calificación” (ibídem).
III. DEMANDA DE CASACIÓN
Inconformes con la anterior decisión los recurrentes pretenden en su demanda (folios 6 a 11 cuaderno 2), que fue replicada (folios 23 a 29 cuaderno 2), que la Corte case la sentencia del Tribunal, revoque la del juzgado y, en su lugar, “acceda a todas y cada una de las súplicas formuladas por los trabajadores” (folio 8 cuaderno 2).
Para tal efecto la acusan por aplicación indebida, tal cual está dicho en el escrito, “del artículo 61 del Código Procesal Laboral y de Seguridad Social (sic), en consonancia con el (sic) artículo 55, 57, y 61 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 55 y 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social” (folio 9 cuaderno 2).
Como errores de hecho singularizan los siguientes:
1º Dar por demostrado a pesar de no estarlo de que(sic) los señores José Ignacio Londoño Montoya, María del Carmen Pacheco Suárez, Pedro María Granados Avella, Armando Huertas Tenjo y Henry Galindo Moreno, renunciaron de(sic) sus labores en forma voluntaria.

2º No dar por demostrado a pesar de estarlo, de que(sic) dicho señores José Ignacio Londoño Montoya, María del Carmen Pacheco Suárez, Pedro María Granados Avella, Armando Huertas Tenjo y Henry Galindo Moreno fueron desvinculados por la demandada sin justa causa.



No dar por probado, a pesar de estarlo, de que(sic) los señores José Ignacio Londoño Montoya, María del Carmen Pacheco Suárez, Pedro María Granados Avella, Armando Huertas Tenjo y Henry Galindo Moreno, invocaron ante la empresa demandada la institución del despido indirecto por causas imputables al empleador demandado” (ibídem).
Para demostrar el cargo, afirman los recurrentes que el Tribunal no tuvo en cuenta “conforme a la prueba documental arrimada al proceso, como bien obra a folios 23 a 40 del plenario e igualmente de acuerdo a lo afirmado en el hecho tercero de la documental contentiva del escrito contestatorio” (ibídem), que la relación laboral que sostuvieron con la empleadora “se dio por terminada por causa imputable al empleador” (ibídem), lo cual significa que “reconoce a prima facie el despido injusto de que fueron objeto” (folio 10 cuaderno 2).
Aseveran que “de las probanzas allegadas como prueba documental” (ibídem), queda acreditado el fundamento de sus pretensiones, por cuanto “correspondía al empleador desvirtuar en el litigio que a los trabajadores se les desvincula con justa causa” (ibídem); que en el ordenamiento laboral no existe ninguna disposición “que constriña u obligue al trabajador a seguir el procedimiento que relata el Honorable Tribunal Superior, pues enuncia que los trabajadores con antelación a la pretensión de despedirse por razón imputable a la accionada han debido reclamar el pago de lo que alegaron en las cartas de despido” (ibídem); y que es en el momento de presentar la renuncia por despido indirecto cuando el trabajador “considera que el empleador vulnera sus derechos y por lo tanto es ahí donde encuentra las razones suficientes para proceder conforme” (ibídem).
Según los recurrentes, el juez de la alzada tampoco observó que el empleador, en la inspección judicial practicada en el proceso, “rehusó sin justificación valedera” (ibídem), exhibir las pruebas documentales que se le requirieron, circunstancia por la cual en el fallo debió “declarar como ciertos los hechos referidos de la demanda y en cuanto correspondía o comprometía tal probanza” (ibídem), además de tener esa conducta como “un indicio serio y grave en contra de quien omite a sabiendas de su obligación en cumplir con lo que le corresponde cumplir” (ibídem). El hecho de no proceder de esa forma, afirman, lo llevó “a determinar sin más, que el motivo objeto de quebrantamiento del contrato de trabajo sea única y exclusivamente de resorte de la voluntad de los trabajadores demandantes” (folio 11 cuaderno 2).
La opositora reprocha al cargo considerando que es suficiente la afirmación del trabajador para dar por probadas sus pretensiones de la demanda; no precisar las pruebas que acreditan los yerros que le imputa al fallo, ni lo que en particular pudieran demostrar; desconocer que por incuria de los mismos demandantes fue que no se evacuó la inspección judicial decretada en autos; exhibir un verdadero alegato de instancia y mezclar argumentaciones jurídicas con fácticas.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Tiene entera razón la opositora al afirmar en su réplica que el cargo adolece de inexcusables defectos técnicos que imponen su rechazo; y dada la forma como se plantea la acusación, quiere una vez más reiterar la Corte el carácter extraordinario del recurso de casación, e insistir que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el impugnante sepa plantear la acusación, se orienta a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.

Dicho lo anterior conviene precisar que en este caso, como ya se anotó, el Tribunal aseveró que a pesar de que por un lado las cartas de los folios 23 a 32 daban cuenta de la renuncia de los trabajadores alegando un despido indirecto y, por otro, en las respuestas de folios 33 a 40 y 82 y siguientes, la sociedad contestó que ella era la que daba por terminados los contratos de trabajo, debía abordarse el estudio del pleito “conforme a lo planteado en la demanda, es decir, si se dio o no el despido indirecto” (folio 302), pues, para cuando el empleador contestó en esa forma, --la renuncia ya había surtido efectos --, dado que, “ya los demandantes habían decidido dar por terminado el vínculo laboral a partir del 2 de octubre de 1995, por causas presuntamente imputables al empleador, siendo extemporáneo lo aseverado por el patrono para despedirlos” (ibídem).

De esas inequívocas expresiones solo es posible concluir que para el juez de la alzada la terminación de los contratos de trabajo de los actores no se originó en la voluntad de la empleadora sino en la de éstos, pues cuando aquélla quiso despedirlos, “ya los demandantes habían decidido dar por terminado el vínculo laboral a partir del 2 de octubre de 1995, por causas presuntamente imputables al empleador, siendo extemporáneo lo aseverado por el patrono para despedirlos” (folio 302).
Del citado razonamiento del juzgador, que fue el esencial para concluir que los demandantes renunciaron a sus labores antes de que la empleadora manifestara su voluntad de despedirlos, y que, por ende, debía abordarse el estudio del pleito “conforme a lo planteado en la demanda, es decir, si se dio o no el despido indirecto” (folio 302), no se ocupan los recurrentes en el único cargo que dirigen contra el fallo, pues, como se vio, todo el ataque lo orientan a plantear una situación de hecho que no fue materia de la demanda ni tema discutido en las instancias, esto es, “que el empleador demandado despidió sin justa causa a los trabajadores demandantes” (folio 9 cuaderno 2). Con ello, amén de proponer un medio nuevo inadmisible en casación, dejan incólume la conclusión del Tribunal de que el rompimiento de las relaciones laborales provino de la voluntad de los trabajadores y que, por tanto, el despido que posteriormente manifestó la empleadora devino inocuo.

Por lo anotado, debe insistir la Corte que para la prosperidad del recurso de casación es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el Tribunal como soporte de la decisión impugnada o apenas alguna o algunas de ellas, como aquí sucedió.

Fuera de lo indicado, suficiente para rechazar el cargo, ocurre que los recurrentes, desconocieron la exigencia prevista en los artículos 87 y 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y siendo que en el alcance de la impugnación persiguen que, en últimas, se acceda a las pretensiones que formularon en su demanda inicial, es decir, que la demandada sea condenada a pagarles la indemnización por despido injusto, cesantías, indemnización moratoria, deducciones por el I.V.A., aportes a la seguridad social “y lo resultante de las facultades ultra y extra petita”, no indican en la proposición jurídica del cargo, ni en otro lugar de la demanda, el o los preceptos legales de orden sustantivo que prevén los derechos que reclaman y que presuntamente el Tribunal violó al resolver el caso, pues, a los que aluden como aplicados indebidamente corresponden a normas de orden procesal, al deber de ejecutar el contrato de trabajo de buena fe, a las obligaciones especiales del empleador y a las causas normales de terminación del contrato de trabajo. En suma, no existe una verdadera proposición jurídica del cargo, ni siquiera atendiendo la morigeración introducida en este aspecto al recurso extraordinario por virtud del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, que pasó a ser legislación permanente por fuerza del artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Adicionalmente, el segundo de los tres errores de hecho que atribuyen al fallo del Tribunal no lo es, por cuanto la calificación de si fueron desvinculados por la demandada “sin justa causa” requiere de razonamientos jurídicos ajenos a la vía de ataque escogida en el cargo y, a lo sumo, podría ser es la conclusión a la que se arribaría de darse los presupuestos de hecho que las respectivas normas prevén.



Además, como lo destaca la réplica, no obstante aludir a yerros de valoración probatoria, refieren de manera genérica como fuente de los mismos “la prueba documental arrimada al proceso, como bien obra a folios 23 a 40 del plenario e igualmente de acuerdo a lo afirmado en el hecho tercero de la documental contentiva del escrito contestatorio”, sin individualizar los medios de convicción y sin expresar lo que de manera singular cada uno de ellos prueba distinto a lo observado por el juzgador.
Y si lo anterior fuera poco, resulta que al desarrollar el cargo se ocupan es de plantear argumentaciones de orden jurídico inadmisibles en la vía por la que lo enderezan, relacionadas con la carga de la prueba en los eventos del despido sin justa causa y lo ilegal de la conclusión del juez de la alzada de plantear con antelación al despido indirecto las causas de incumplimiento del contrato por parte del empleador. Además, la consecuencia procesal por la renuencia a la exhibición de las documentales en la inspección judicial, reclamada por la censura, no es de recibo, primero porque el oficio que se libró con tal fin (folio 275) no tiene constancia de haber sido recibido por la destinataria y en segundo término porque la inspección judicial se evacuó conforme se registra en audiencia de 26 de junio de 2001 (folio 277 y 278); y la calificación indiciaria de la conducta procesal de las partes, como se sabe, no es una prueba calificada en casación.
Por último, importa observar que ninguno de los razonamientos del fallador, derivados de la conclusión de que había que abordar el pleito desde la óptica que los recurrentes plantearon la demanda, que lo fue un despido indirecto, importó discutir a los recurrentes y con ello, como sucedió con el razonamiento principal del fallo, permiten mantener su presunción de acierto y legalidad.
Por lo dicho, es del caso recordar que las críticas formuladas por la censura en casación deben extenderse a los verdaderos razonamientos y argumentos del Ad quem, siendo insuficientes las acusaciones parciales o aquellas que controviertan consideraciones no contenidas en la providencia impugnada, como aquí ocurrió, por cuanto, al desviar el real objetivo de la crítica, quedan subsistiendo los reales soportes sustanciales del fallo, de suerte que nada conseguirá el impugnante si se ocupa de combatir fundamentos no tenidos en cuenta por el juzgador, porque la decisión seguirá apoyada en los verdaderos que dejó libres de ataque.
Por los inexcusable defectos técnicos de que adolece, como al comienzo se dijo, se rechaza el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Su­prema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de marzo de 2003 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que JOSE IGNACIO LONDOÑO MONTOYA, MARIA DEL CARMEN PACHECO SUAREZ, ARMANDO HUERTAS TENJO, HENRY GALINDO MORENO y PEDRO MARIA GRANADOS AVELLA promovieron contra la sociedad ‘CREDITOS PARIS LIMITADA’.

Costas en el recurso a cargo de los recurrentes.



Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.


ISAURA VARGAS DIAZ

GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER



EDUARDO LOPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ


FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO

MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA

Secretaria




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