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Sala de casación civil magistrado Ponente: William Namén Vargas


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Magistrado Ponente:


William Namén Vargas


Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil diez (2010)

Discutido y aprobado en sesión de ocho (08) de septiembre de dos mil diez (2010)

Ref.: 11001-02-03-000-2010-01471-00



Decide la Corte la acción de tutela instaurada, mediante apoderada judicial, por Jorge Enrique Molina contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los magistrados, Jorge Enrique Pradilla Ardila, Omar José Amado Ariza y Mery Esmeralda Agón Amado, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad.

ANTECEDENTES
1. Invocando la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y dignidad humana, el promotor del amparo solicita modificar las sentencias de primera y segunda instancia de 23 de febrero de 2009 y 3 de noviembre de la misma anualidad, respectivamente, proferidas dentro del proceso ejecutivo promovido por Bavaria S.A. en contra suya y de Miguel A. Suárez Martínez y Molina y Molina Ltda., haciendo extensiva la declaratoria de la prescripción de la acción cambiaria a su favor.
2. Sustenta su petición, en síntesis, así:
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga con fundamento en la referida demanda presentada el 11 de abril de 2000 libró mandamiento de pago por $43.945.800 como saldo insoluto de la obligación instrumentada en el pagaré CA-7310928, más intereses moratorios, en contra de la sociedad Molina y Molina Ltda. y Miguel A. Suárez Martínez, y por $28.700.000 más intereses moratorios, contra Jorge Enrique Molina y Miguel A. Suárez Martínez.
El 17 de marzo de 2005 se notificó personalmente del mandamiento de pago, en su doble condición de persona natural y representante legal de la sociedad Molina y Molina Ltda., y dentro del término legal para contestar la demanda suscribió poder a un profesional del derecho como representante legal de la nombrada persona jurídica, asumiendo su responsabilidad como garante de la obligación contenida en el pagaré 066333AA, aunque la representación a nombre propio no fue incluida en el poder, presumió que el inicial otorgado comprendía su representación.
Dentro del término para contestar la demanda se formularon excepciones de mérito, entre otras, la prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré aducido como base de recaudo, alegando que la exigibilidad del título valor acaeció el 20 de agosto de 1999.
El Juzgado de conocimiento profirió sentencia declarando la prosperidad de la excepción de prescripción de la acción cambiaria respecto de la sociedad Molina y Molina Ltda. y Miguel A. Suárez Martínez; y en lo concerniente al pagaré 066333 AA, tan solo a favor del demandado Miguel A. Suárez Martínez, teniendo en cuenta que Jorge Enrique Molina, “…como persona natural, no otorgó poder y por tanto al tenor literal de la contestación de la demanda, ésta no fue contestada a su nombre y representación”, lo cual dio lugar a que la ejecución siguiera en contra suya por la suma de $28.700.000,oo.
Contra la sentencia de primera instancia interpuso recurso de apelación, decidido por el Tribunal en forma desfavorable a sus intereses, según sentencia de 3 de noviembre de 2009, la que en su sentir afecta los derechos fundamentales invocados, porque acorde con los artículos 1568 y 1569 del Código Civil y 825 del Código de Comercio, la prescripción debió hacerse extensiva a su favor, pues “cuando uno de los demandados la alega procesalmente y el otro guarda silencio frente a las pretensiones del demandante en sede ejecutiva, (…) no obsta para que el Tribunal, mediante sentencia condene al creador del titulo, más aún cuando éste responde la demanda ejecutiva como representante legal de la sociedad Molina y Molina Ltda. asumiendo su responsabilidad (…)”.
Finalmente aduce que si bien la sentencia de segunda instancia se profirió en noviembre de 2009, el término para interponer la demanda de tutela en su caso es razonable porque aún no se ha efectuado la liquidación del crédito y se siguen causando intereses.
3. La Corte admitió a trámite la demanda de tutela; tuvo en cuenta como prueba la documental aportada por el actor constitucional y, de otra parte, dispuso librar las comunicaciones de rigor.
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, en respuesta a la demanda de tutela manifestó, en síntesis, que ese despacho ha actuado de acuerdo con las normas preexistentes aplicables al caso en particular, pues el trámite realizado al proceso se ajusta a los parámetros procesales pertinentes.
5. Por su parte el Tribunal accionado, señaló que la solicitud de tutela en el presente caso resulta improcedente, porque la misma versa sobre hechos procesales sucedidos hace más de ocho meses, con lo cual se desconoce el principio de la inmediatez. A lo que agregó que esa Corporación confirmó los numerales 7° y 8° de la sentencia apelada con base en las pruebas y fundamentos expuestos en su fallo que no es constitutivo de vía de hecho, cuyas explicaciones adicionales no son necesarias.

CONSIDERACIONES
1. Al tenor del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico de protección de los derechos fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de las autoridades públicas y, en determinados eventos normativos, de los particulares.
Para su viabilidad es menester, a más de la relevancia ius fundamental del asunto, o sea, la presencia de un derecho fundamental comprometido a cuya exclusiva protección se orienta, el agotamiento de los recursos ordinarios, la ausencia de otro mecanismo eficiente e idóneo, su ejercicio en término razonable y coherente con el menoscabo, la configuración de una “vía de hecho” y la incidencia determinante en el quebranto actual o potencial.
2. En el caso específico el cuestionamiento constitucional dirigido contra la sentencia de primera instancia, confirmada en sede de apelación por el Tribunal, según fallo de 3 de noviembre de 2009, mediante la cual tras declarar fundada la excepción de prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré CA 7310928 respecto de la sociedad Molina y Molina Ltda. y Miguel A. Suárez Martínez, así como la emanada del pagaré 066333 AA frente a este último, ordenó seguir adelante la ejecución en contra de Jorge Enrique Molina conforme a lo ordenado en el mandamiento de pago, deviene tardío habida consideración que entre el pronunciamiento más reciente y la formulación del amparo (25 de agosto de 2010), transcurrió un lapso superior a nueve meses, que contrasta con el carácter urgente de la acción de tutela de proteger en forma inmediata los derechos esenciales conculcados en una situación concreta.
A este propósito conviene anotar que, aunque las normas que disciplinan la acción de tutela no establecen un plazo determinado para su formulación, debe recordarse que por virtud de los principios que lo informan -urgencia, celeridad y eficacia-1, lo consecuente es que el actor proceda de manera inmediata, es decir tan pronto acaezca el hecho generador del supuesto agravio, presupuesto que no se cumplió en el presente asunto, como tampoco se alegó ni mucho menos demostró motivo que justifique válidamente la demora en acudir al juez constitucional.
En sentido análogo, esta Sala en oportunidad anterior dijo que “a pesar de la desaparición del término de caducidad de dos meses que el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 había consagrado para ejercer la acción de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo específico para el ejercicio de la acción de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protección al que apunta, y, en fin, por el propósito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposición del amparo debe llevarse a cabo en un término que se avenga con la inmediatez que contempla el artículo 86 de la Constitución Política, al punto de permitir que la decisión no sea tardía o extemporánea.”.
Con fundamento en lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitación tiene como objetivo conservar y resaltar el carácter ágil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública acusada.”.
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, estos sí actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente”.2
De este modo, el amparo solicitado resulta improcedente, sin que tal conclusión pueda revertirse en virtud del argumento del censor, en el sentido de que la situación desfavorable a sus intereses subyace en el tiempo y por ello no es posible desestimar la demanda de tutela por falta de inmediatez, pues la presunta afectación que pueda derivarse de la actuación cuestionada, se materializó, prima facie, con la expedición de la providencia atacada, independientemente de que sus efectos se proyecten hacía futuro; es decir, si con ella se lesionó algún derecho de estirpe superior, el accionante con mayor razón debió acudir en correspondencia con la diligencia debida que demanda este singular mecanismo de protección constitucional.
3. Congruente con lo anterior, se impone denegar el amparo solicitado.


DECISIÓN

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo solicitado.


Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

WILLIAM NAMÉN VARGAS

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

1 Artículo 3º del Decreto 2591 de 1991.

2 Cfme. sentencia de 3 de octubre de 2007, exp. 2007-01230.



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