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Sala de casación civil fernando giraldo gutiérrez magistrado ponente stc11906-2014


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL



FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

Magistrado ponente
STC11906-2014

Radicación n.º 11001-22-03-000-2014-01353-01


(Aprobado en sesión de cuatro de septiembre de dos mil catorce)
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil catorce (2014).

Decide la Corte la impugnación del fallo de 8 de agosto de 2014, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que negó la tutela de Luis Jorge García Aguirre frente al Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad, siendo vinculados el Cuarto Civil Municipal de Descongestión del lugar, Inversiones García Vanegas S. en C., Luis Orlando Vega Hernández, Andrés Mauricio Muñoz Rosas, Gina Marcela Martín, Jorge Julián García Leal, Erika Isabel Guzmán Montalvo, José David, Michelle, Andrea y Erika Isabel Reyes Guzmán, Óscar Javier Becerra Camargo, Ómar Alejandro del Valle Jaramillo, Leonardo Torres Sáenz y Nelson Arturo Galindo.


I.- ANTECEDENTES

1. Inicialmente obrando directamente y después facultada por el promotor, la apoderada sostiene que se violó el derecho al debido proceso.


2. Atribuye la vulneración a que en el ejecutivo quirografario de Inversiones García Vanegas & Cía. Ltda. contra herederos de José Luis Reyes Martínez se resolvió una reposición extemporánea, toda vez que quienes la interpusieron estaban notificados por conducta concluyente desde cuando se le reconoció personería a su mandatario.
3. Sustenta el libelo en los supuestos fácticos que se resumen así (folios 32 al 35):
3.1. Que del mandamiento de pago librado el 2 de diciembre de 2008 no alcanzó a darse noticia a Reyes Martínez, quien murió el 31 de marzo de 2009.
3.2. Que el 16 de mayo de 2012, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá reconoció al vocero judicial constituido por los sucesores del precitado, quien alegó un vicio procedimental.
3.3. Que en providencia de 19 de julio de 2012, corregida el 13 de agosto siguiente, el despacho invalidó el litigio desde el fallecimiento, por haberse adelantado después de acontecido un motivo legal de interrupción, y ordenó enterar de la existencia de los títulos a los causahabientes.
3.4. Que el 1º de agosto siguiente, el extremo demandado atacó con reposición el “mandamiento”, la que “acertadamente” fue rechazada el 14 de febrero de 2014 por tardía, decisión contra la que aquél formuló idéntico recurso.
3.5. Que el 8 de abril pasado, la autoridad encartada desató dicho remedio horizontal, respecto de lo que la accionante interpuso otro de la misma índole que el 27 de junio fue desechado por improcedente.
4. Reclama dejar sin valor ni efecto los dos últimos pronunciamientos (folios 35 y 36).
II.- RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS
El Juez Octavo se atuvo a sus determinaciones, precisando que la que define una “reposición” no es susceptible de reproche por el mismo medio, siendo durante el traslado de aquélla que el interesado debe exponer sus razones (folios 70 y 71).
No hubo más intervenciones.
III.- FALLO DEL TRIBUNAL
No concedió el auxilio porque Luis Jorge García Aguirre carece de legitimación, debido a que la ejecutante es la sociedad Inversiones García Vanegas S. en C., amén de no es pertinente cuestionar con “reposición” un auto que resolvió otro de igual naturaleza, salvo puntos nuevos en aquél, excepción que acá no se configura (folios 72 al 76).
IV.- IMPUGNACIÓN

La mandataria insistió en que su contraparte quedó notificada por conducta concluyente cuando allegó el poder que confirió a su agenciado, no obstante de que al reconocerlo el juez omitió decirlo; no al momento de desatarse la nulidad, máxime que ésta fue por causal distinta a la errónea vinculación, de tal manera que su censura al mandamiento fue tardía. Aseveró que si bien es cierto por “error mecanográfico”, al facultársela para interponer la tutela no se indicó que el otorgante representa a la persona jurídica, no menos cierto es que ella lleva la vocería de ésta en el cobro coercitivo y debe velar por sus intereses. Admitió la improcedencia de su reposición frente al pronunciamiento de 8 de abril pasado, y alegó que precisamente en un yerro así incurrió la autoridad encartada en esa misma providencia, pues, allí desató un remedio horizontal contra la que había definido otro igual.


V.- CONSIDERACIONES
1. La controversia se centra en establecer si en el ejecutivo de Inversiones García Vanegas & Cía. S. en C., cesionaria de Nelson Arturo Galindo Godoy, contra los sucesores de José Luis Reyes Martínez, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá menoscabó las prerrogativas esenciales de Luis Jorge García Aguirre al desatar un recurso supuestamente extemporáneo.
2. Por virtud de la consagración constitucional de la autonomía judicial, los pronunciamientos de los jueces o funcionarios que administran justicia son, en principio, ajenos al escrutinio propio del amparo previsto en el artículo 86 de la Carta Política; la exclusión a dicha regla, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos en los que la respectiva autoridad profiere alguna decisión ostensiblemente arbitraria y caprichosa, esto es, producto de su mera liberalidad, a tal punto que configure una vía de hecho, y bajo los presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un término razonable a quejarse y no tenga ni haya desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos para conjurar la lesión de sus garantías.
3. Para los efectos del estudio que se realiza está acreditado:

3.1. Que Inversiones García Vanegas & Cía. S. en C., cesionaria de Nelson Arturo Galindo Godoy, adelanta ejecución quirografaria contra los sucesores de José Luis Reyes Martínez.


3.2. Que la abogada que promueve la acción constitucional es la apoderada sustituta de dicha sociedad, representada legalmente por Luis Jorge García Aguirre (folios 57 y 73 al 73, cuaderno 1 de la ejecución).
3.3. Que el prenombrado le confirió mandato a la misma profesional para tramitar esta tutela sin referirse a su condición de gerente de la mentada persona jurídica, sino aduciendo su “calidad de demandante” (folio 47, cuaderno 1).
4. Se mantendrá lo definido por el a-quo, de acuerdo con los siguientes razonamientos:
Uno de los requisitos de procedibilidad de esta acción tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, que se encuentra en cabeza de la persona cuyos derechos han sido trasgredidos o amenazados, por lo que es ella quien puede solicitar la protección de manera directa o a través de representante.
Desde esa perspectiva, el reclamo que aquí se examina deviene improcedente, por un lado porque si bien la abogada que lo suscribe es la procuradora judicial de Inversiones García Vanegas & Cía. S. en C. en la ejecución, no detenta la misma calidad para efectos del trámite de este amparo; por otra parte, Luis Jorge García Aguirre, quien la autoriza para impetrar el resguardo obra en nombre propio, pero no es parte en ese proceso civil.
Al respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que los poderes especiales conferidos para un litigio determinado no facultan a los apoderados para impetrar la salvaguarda de las prerrogativas de sus prohijados por la vía del amparo constitucional, como señaló la Sala
(…) la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997, que por las características de la acción ‘todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión…De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente…La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (…). (CSJ STC, 14 ag. 2014, exp. 00074-01).
En relación con el segundo tópico, es decir, la interposición del auxilio a favor de quien no es parte en el litigio que lo motiva, como sucedió aquí, en donde al ser requerida por el Tribunal para que aportara un mandato que la facultara para reclamarlo, la abogada allegó uno conferido por García Aguirre, los cargos planteados tampoco pueden ser analizados toda vez que éste también carece de legitimación en la causa por activa en la medida que lo que allí se resuelva no le concierne personalmente.
En otras palabras, el poderdante no es titular de la garantía que reclama, en tanto el debido proceso en ese asunto sólo podría lesionársele a quien conforma uno de los extremos del pleito y eventualmente a terceros a los la ley faculta para intervenir, condición que aquél no satisface.
La Corte ha precisado sobre el particular que
(…) al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la legitimación para ejercer la acción constitucional radica en cabeza de la persona cuyas garantías superiores han sido vulneradas o amenazadas, por lo que será ella quien podrá solicitar el amparo de manera directa o por conducto de su representante … la Sala ha sostenido de manera inveterada que la persona habilitada constitucionalmente para acudir a esta específica vía es aquélla a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales(...). (Sentencia 25 de febrero de 2013, exp. 00075-01, reiterada el 31 de octubre del mismo año, exp. 00174-02).
No se ignora que quien dio el poder es el representante legal de la sociedad, pero tampoco que al hacerlo no manifestó hacerlo a nombre de la misma, sino como “demandante” en el ejecutivo, yerro que no se puede pasar por alto, porque jurídicamente no es lo mismo uno que otro, lo cual tiene importantes repercusiones a la hora de determinar aspectos tales como temeridad y cosa juzgada constitucional, lo que el extremo activo debe conocer suficientemente al estar encabezado por la abogada.
En el sentido anotado, la decisión del Tribunal se ajusta a derecho, máxime que conocido el fundamento de la misma, la vocera judicial pudo subsanar la deficiencia, pero en lugar de ello persistió en alegaciones improcedentes, como un supuesto yerro mecanográfico en el respectivo memorial, que por ningún lado se advierte; o que al ser mandataria en el proceso civil está en obligación de velar por los intereses de su cliente, lo que automáticamente extiende a la interposición de la tutela, que como se ha visto no es factible.
Sobre el tema, la Corporación ha expuesto que
es de verse que el principio de la informalidad que impera en estos trámites, ‘no llega hasta el punto de permitir, sin fundamento alguno, que cualquiera pueda invocar por cuenta de otro, como si a él se le violaran las garantías superiores y no a quien pretende favorecer. Ni mucho menos intervenir sin que se le haya otorgado poder especial o general con la finalidad determinada y concreta de auspiciar los derechos propios y personales de su mandante’” (CSJ STC, 25 feb. 2013, exp. 2012-00202-01).
5. En consecuencia, se confirmará el fallo apelado.
VI.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia recurrida.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


Notifíquese
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

Presidente de Sala


MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA



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