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Sala constitucional


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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 03 de julio de 2008, LEYDA MARICELA GARCÍA DE RON, titular de la cédula de identidad número 5.641.090, mediante la representación de los abogados Luis Orlando Ramones Hevia y Elmer Gregory Díaz Ramírez, con inscripción en el I.P.S.A. bajo los números 17.593 y 90.634, respectivamente, solicitó, ante esta Sala, la revisión de la sentencia que dictó el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 15 de febrero de 2008.



El 09 de julio de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 05 de agosto de 2008, la solicitante pidió decisión.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA SOLICITANTE

1.         Los apoderados judiciales de la requirente de revisión alegaron:

1.1      Que su poderdante propuso pretensión por cumplimiento de contrato de arrendamiento “…en nombre propio y representación propia, pero también en el de sus tres (3) hijos, (…), en contra del ciudadano HOMERO ARCANGEL PÉREZ SÁNCHEZ, ya identificado como arrendatario del inmueble anteriormente descrito, por ante el Juzgado Segundo de los Municipios san Cristóbal y Tórbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira…”, la cual fue admitida el 12 de marzo de 2007.

1.2       Que, el 25 de abril de 2007, el apoderado judicial de la parte demandada, cuando contestó la demanda, alegó la falta de cualidad e interés de la parte demandante.

1.3       Que, el 15 de junio de 2007, el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira declaró con lugar la pretensión por cumplimiento de contrato.

1.4       Que el Juzgado a quo del proceso originario declaró sin lugar la defensa de falta de cualidad que esgrimió la parte demandada, pues, en su criterio, “…sí existe relación y ligazón de orden inquilinario entre (su) poderdante y el inquilino demandado, ya que como se ha demostrado instrumentalmente en el lapso de evacuación probatoria en dicha Instancia, el vínculo contractual inquilinario que se ha derivado por los contratos suscritos y firmados por ambas partes de manera incontrovertible, y esto sin lugar a dudas los une indefectiblemente y jurídicamente; posición que absolutamente es compartida y que favorece(n) por estar absolutamente ajustada a la realidad en los hechos, no solo a la verdad verdadera sino también a la verdad de orden procesal…”.

1.5       Que la parte demandada apeló contra el acto de juzgamiento de primera instancia y, en alzada, insistió en su defensa de falta de cualidad, a pesar de que “…se demuestra por las probanzas anexas en autos, las instrumentales, contratos arrendaticios que dan como génesis la existencia real y procesal de dicha relación consensual; por ello lo absurdo de esa argumentación insostenible, más aún cuando se demostró que incluso (su) Cliente es la propietaria del inmueble objeto de la relación antes aludida…”.

1.6       Que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira declaró con lugar el recurso que ejerció el demandado, “…básicamente por otorgarle de manera sorprendentemente grosera y escandalosamente injustificada en derecho y en precisar hechos, configurando sin lugar a dudas de manera grotesca y errónea, además de inexcusable, con lugar la falta de cualidad e interés de (su) Poderdante, ciudadana LEYDA MARICELA GARCIA DE RON (…) para sostener la presente controversia judicial”.

1.7       Que el juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, cuando dictó el acto decisorio objeto de la solicitud de revisión, “…ha cometido un (sic) errores graves y grotescos, además de todo punto de vista absolutamente inexcusable, al considerar como sin interés ni cualidad, así como sin postulación para comparecer al proceso judicial a (su) poderdante, (…), sin tomar en consideración, (su) modesto criterio y en primer término, lo evidenciado en este expediente por medio de los instrumentos probáticos (sic) que se han anexado a este escrito en copia certificada”.

1.8       Que; (e)xiste de manera incontrovertible un ligamen jurídico contractual inqulinario y por supuesto de orden consensual entre ambos sujetos procesales, activo (demandante arrendador) y pasivo (demandado inquilino), como así quedó demostrado intraproceso; así, (su) poderdante actúa judicialmente en su propio nombre y en representación de sus propios intereses y derechos, aunado al hecho probado procesalmente que fue asistida por profesional del derecho (abogado en legal ejercicio profesional) durante la interposición de la acción en primera Instancia, y luego otorga debidamente y en sede judicial poder Apud-acta a varios profesionales del derecho, quienes la representan en primera y segunda Instancia (sic) de conocimiento”.

1.9       Que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira señaló que su patrocinada “…no tiene capacidad de postulación para actuar en el proceso aunque tenga poder de administración de sus tres (3) hijos porque la misma no es abogada de la República, a su vez y también de manera sorprendentemente errónea y abrupta, inexcusable e injustificadamente de todo punto de vista, señala que no fue representada por ningún abogado durante el presente proceso contradictorio”.

1.10     Que “…dicho Juez ha confundido básicamente la institución de defensa de fondo de falta de cualidad e interés para sostener el proceso con la defensa como cuestión previa de incapacidad de obrar procesalmente, a su vez la falta de postulación para sostener el proceso, aunado al hecho que dicha última situación (la cuestión previa del artículo 346 (3) del Código de Procedimiento Civil) no fue alegada por la parte apelante ni al momento de contestar la demanda ni al momento de formalizar su apelación…”.

1.11     Que el juzgado supuesto agraviante “…al declarar con lugar la apelación en segundo grado de conocimiento, vale decir, la falta de cualidad e interés de (su) Poderdante para sostenerse en la controversia, y de manera sorprendente y sin alegación de parte, ha declarado la falta de postulación de (su) representada para sostener el litigio, (los) lleva a la conclusión que al momento de juzgar dicho Sentenciador ha cometido de manera flagrante, desproporcionada e inexcusable un craso error que trae como consecuencia la violación y alteración de principios ordinarios de carácter constitucional, como lo son la violación del derecho a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva…”.

1.12     Que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira “…bajo ningún concepto ponderó los elementos probáticas (sic) anexos en autos, vale decir, los contratos de arrendamientos celebrados consensualmente entre ambos sujetos procesales en donde se vinculan jurídicamente de manera indefectible, a su vez no consideró, como si no existiesen, los actos procesales que con asistencia de profesionales del derecho ejerció (su) Poderdante para efectivizar su derecho de acción en la defensa de su propio nombre y representación, así como la de sus tres (3) hijos con plenas facultades para ello, incluso con el otorgamiento de poder apudacta (sic) que suscribió en primera Instancia de conocimiento”.

1.13     Que el juzgado supuesto agraviante (a)l no haber tomado en cuenta que (su) Poderdante, (…), ejerció su derecho de acción judicialmente asistida por abogado en su propio nombre y representación, al no verificar lo probado procesalmente respecto del vinculo contractual inquilinario entre ambos sujetos procesales, al no verificar el otorgamiento del poder apudacta (sic) de (su) representada debidamente certificado en primera Instancia; se configuró inmediata y mediatamente una total incongruencia omisiva y evidentemente violó su derecho a la defensa, su derecho a un debido proceso y a obtener oportuna respuesta en justicia social conforme a las actas procesales y a la verdad real, afectando la tutela judicial efectiva de sus derechos humanos fundamentales…”.

2.        Pidió:

…sea declarado ha lugar y conforme a derecho y justicia social constitucional la presente solicitud, procediendo esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, REVISAR la Sentencia definitivamente firme proferida en Segunda Instancia de conocimiento por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, (…);  así y como consecuencia lógica de la revisión, declaren la NULIDAD de dicho fallo y proceder a ordenar REPONER la causa al estado y grado de dictarse nuevamente bajo las consideraciones vinculantes de orden público pertinentes sentencia definitiva del caso de marras...

 

II



DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

En el presente caso se solicitó la revisión del veredicto que pronunció el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 15 de febrero de 2008, mediante el cual declaró con lugar la apelación que ejerció la representación judicial del ciudadano Homero Arcángel Pérez Sánchez contra el acto jurisdiccional que emitió el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la misma Circunscripción Judicial el 15 de junio de 2007; en consecuencia, declaró como no interpuesta la pretensión que incoó la ciudadana Leyda Maricela García de Ron en su nombre y como sedicente apoderada de los ciudadanos Francisco José Ron García, Alejandro José Ron garcía y Leyda Gabriela Ron García, contra el referido ciudadano Homero Pérez, con la anulación de toda la actuación procesal que se había realizado, razón por la cual esta Sala se declara competente, y así se decide.

 

 

 



 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira expidió el fallo objeto de revisión en los términos siguientes:

PRIMERO: CON LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por el Abg. PABLO ENRIQUE RUIZ MARQUEZ, actuando como co Apoderado Judicial del ciudadano HOMERO ARCANGEL PEREZ SANCHEZ, contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, en fecha 15-06-2007.

SEGUNDO: DECLARA COMO NO INTERPUESTA la demanda incoada por la ciudadana LEYDA MARICELA GARCIA DE RON, actuando en nombre propio y como mandataria de los ciudadanos FRANCISCO JOSE RON GARCIA, ALEJANDRO JOSE RON GARCIA Y LEYDA GABRIELA RON GARCIA, contra el ciudadano HOMERO ARCANGEL PEREZ SANCHEZ. En consecuencia queda nulo todo lo actuado.

TERCERO: SE REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial en fecha 15-06-2007.

CUARTO: Por la naturaleza del fallo NO hay condenatoria en costas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

 

Como motivación de su decisión sostuvo:



En Primer Lugar, observa este Juzgador que el juez Ad quo centró su decisión, en los siguientes términos: En primer término, al hacer el respectivo pronunciamiento previo con relación a la falta de cualidad e interés de la parte actora, señaló que en virtud de que según lo manifestado por el demandado sobre que la parte demandante no era quien había suscrito en el contrato de arrendamiento, observó el Juez Ad quo que la accionante presentó junto con el libelo de demanda, contrato de arrendamiento privado, el cual siendo desconocido e impugnado por la contraparte, le fue practicado prueba de cotejo, cuyo resultado del respectivo informe grafotécnico fue que la firma del ciudadano Homero Arcángel Pérez Sánchez, era auténtica, razón por la que el Juez consideró que la parte demandada suscribió una nueva relación arrendaticia con la ciudadana Leyda Maricela García de Ron, siendo en esta relación de arrendamiento en la que se fundamenta el litigio, por lo que por dichos motivos declaró sin lugar la defensa de falta de cualidad. Posteriormente el Juez de la causa procedió a la valoración del acervo probatorio presentado por las partes, de donde concluyó que había quedado demostrado la existencia de una relación de arrendamiento entre las partes del proceso, la cual comenzó en fecha 20-02-2006 hasta el 20-08-2006, iniciándose la prórroga de ley de seis meses desde el 21-08-2006 hasta el 21-02-2007, fecha ésta en que se debió hacer la entrega del inmueble a la arrendadora, a la cual el demandado le reconoció cualidad de arrendadora al realizar la consignación de los cánones de arrendamiento a favor de la demandante, y conforme a lo establecido en los artículos 38 y 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en concordancia con los artículos 1.599 y 1.601 del Código Civil, y 12 y 881 del Código de Procedimiento Civil, la demanda resultó procedente, declarándola conjugar (sic) en la dispositiva del fallo y ordenando la entrega del inmueble objeto de arrendamiento.

En Segundo Lugar, observa este Sentenciador que el recurrente presentó escrito sobre los fundamentos en los cuales formuló su recurso de Apelación, y en el mismo señaló principalmente como sigue: Señaló en primer lugar, que la sentencia apelada no cumplió con lo dispuesto con el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, inobservando lo que señala el ordinal 5° del mismo, incurriendo por tanto en vicios que afectan la validez de la sentencia. Hizo referencia a algunas consideraciones sobre el principio de congruencia, manifestando luego que el Juez Ad quo incurrió en el vicio de incongruencia al alterar el problema jurídico planteado, en razón de que a su decir, no resolvió sobre todo lo alegado por las partes. Que con relación a la parte motiva, sólo hace referencia incidental sobre la defensa de falta de cualidad, y que no fueron analizados los argumentos de índole legal en los que la parte demandada fundamentó su defensa. Que al impugnar el contrato de arrendamiento privado, no se hizo sobre la firma estampada por el demandado, sino porque el documento carece de eficacia jurídica entre las partes, por considerar que aún cuando los contratos son ley entre las partes, los mismos tienen límites, y en el presente caso, a su decir, se violentaron disposiciones de orden público. Por otra parte manifestó que, el contrato privado de arrendamiento violentaba el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de incongruencia omisiva, dado que no hubo pronunciamiento sobre la estimación de la demanda. Y concluye señalando que en virtud de lo expuesto, el fallo proferido incurrió en citrapetita por haber dejado de resolver sobre los puntos opuestos oportunamente, en consecuencia solicitó el recurrente se declarara la nulidad de la sentencia dictada en fecha 15-06-2007.

Ahora bien, revisadas las presentes actuaciones se observa que la pretensión de la accionante se circunscribe a que la parte demandada cumpla con el contrato de arrendamiento suscrito entre ambas, y en consecuencia entregue el inmueble objeto de arrendamiento, el cual está ubicado en la calle A-3 de la Urbanización Nueva Guayana, Municipio San Juan Bautista, hoy Municipio San Cristóbal. Y el recurrente pretende que se declare la nulidad de la sentencia recurrida porque se incurrió presuntamente en el vicio de incongruencia negativa, y en violación de disposiciones de orden público y normas de procedimiento.

Ahora bien, juzga necesario este sentenciador en virtud del análisis realizado a las presentes actuaciones, y toda vez que fue alegada la defensa de fondo de falta de cualidad de la parte actora por parte del recurrente, tanto en la primera instancia como por ante esta Alzada, toda vez que ello se desprende como fundamento del vicio de incongruencia denunciado, y visto que el Juez de la causa se pronunció erradamente con relación a este alegato sin profundizar en lo que significa la capacidad con la que se viene a un proceso, ello obliga a hacer un pronunciamiento PREVIO al respecto, por ser éste uno de los aspectos medulares de toda relación jurídica de carácter sustancial, como es la capacidad para ser parte dentro de un proceso.

En primer lugar, debe partirse del criterio establecido por la Sala Constitucional en su sentencia N° 3.592 de fecha 06-12-2005 al señalar lo siguiente:

“ Si bien nuestro sistema dispositivo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, impone al juez el deber de atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados; la falta de interés, aún cuando no haya sido alegada, comporta una inadmisibilidad de la acción, que hace posible y necesario de parte del juzgador, se declare como punto previo, antes de entrar a conocer de la pretensión demandada.” Subrayado del Juez.

Advierte este juzgador de igual forma la pertinencia de referir el criterio doctrinal al respecto, el cual ha mantenido que el interés es sinónimo de cualidad a los efectos del artículo 361 de la norma adjetiva, en virtud de lo cual, analizar la falta de cualidad es también analizar la falta de interés, y así se establece.

Señala al respecto el tratadista Devis Echandía:

“Como se ve, la legitimación es, en realidad, un presupuesto de la pretensión contenida en la demanda, entendiendo el concepto en su verdadero sentido; es decir, que sea procedente la sentencia de fondo. Forma parte de la fundamentación de la demanda en sentido general, pero si falta es más apropiado decir que ésta es improcedente, porque así se da mejor idea de la situación jurídica que se presenta; no procede entonces resolver sobre la existencia del derecho o relación jurídica material, y el juez debe limitarse a declarar que está inhibido para hacerlo. Y se debe hablar de demanda infundada, cuando no se prueba el derecho material alegado o cuando aparezca una excepción perentoria que lo desvirtúe o extinga.” (ver Hernando Devis Echandía. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Temis. Bogotá. 1961. Pág. 539).

Vistos los anteriores criterios jurisprudenciales y la doctrina citada a los cuales se adhiere este sentenciador, se observa que la parte actora, es decir, la ciudadana LEYDA MARICELA HARCIA DE RON, intentó la presente acción actuando en nombre propio, y como Apoderada General de sus hijos, los ciudadanos FRANCISCO JOSE RON GARCIA, ALEJANDRO JOSE RON GARCIA Y LEYDA GABRIELA RON GARCIA, en virtud de los Poderes Generales de Administración y Disposición que le fuera conferido por estos últimos, y cuyos instrumentos corren insertos a los folios 10 al 17 en copia fotostática simple, los cuales por no haber sido impugnados en su oportunidad, se tienen como fidedignos.

En tal sentido, debe destacarse que quien demanda puede actuar en juicio, bien personalmente con la asistencia de un Abogado, o bien, a través de un apoderado judicial, quien debe ser abogado en ejercicio, según como lo dispone el artículo 4 de la Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, expresando este último lo siguiente:

“Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados”.

Nuestro Máximo Tribunal se ha pronunciado al respecto, y así, la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 27-10-1988 estableció lo siguiente:

“No cumpliendo el recurrente de hecho con la condición de ser abogado, no puede ejercer la representación en juicio de la persona que le otorgó poder, y por ello no tiene cualidad ni legitimación para proponer válidamente el recurso de hecho y la Sala concluye en consecuencia, que no tiene materia sobre qué decidir y opta por declarar que no se interpuso jurídicamente el mismo.”

De igual forma, la Sala Constitucional en Sentencia N° 1.007 de fecha 29-05-2002 cuyo criterio es vinculante, siendo reiterado tal criterio según sentencia N° 1.335, Exp. 06-1.717 de fecha 27-06-2007, señaló lo siguiente:

“En este orden de ideas, es fácil colegir que para la ejercitación de un poder dentro de un proceso se requiere ser abogado en ejercicio, sin que la falta de tal cualidad profesional pueda suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, como sucede en el presente caso. De tal forma que, cuando una persona que no es abogado, actúa por otra en juicio, sin que sea abogado, incurre en una manifiesta falta de representación, ya que carece de esa especial capacidad de postulación que atribuye dicha cualidad profesional, siempre que se trate de un abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que dispone la Ley de Abogados y demás leyes de la República.

Por las razones que anteceden, este Sala considera que, tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia, en el caso de autos, el tribunal de la causa debió declarar como no interpuesta la demanda que se intentó y la nulidad de todo lo actuado.” Subrayado del Juez.

Se infiere de las actuaciones como ya se indicó, que la accionante actuó en defensa de sus propios derechos e intereses, pero además en nombre y representación de sus hijos, a través de Mandatos que le fueron conferidos por éstos. Tampoco consta en el expediente que la misma posea el título de Abogado, tal y como lo exige la norma supra señalada; ni fue demostrado que estaba actuando en ejercicio de la representación legal, verbigracia, de la representación que ejercen los padres de sus hijos menores de edad, lo que no es el caso, pues es evidente que no lo son, por lo que se concluye que se actuó sin la capacidad de postulación que se requiere para ello, y así se establece.

Visto así, considera este juzgador que operó la ausencia de un presupuesto procesal indispensable para la validez del proceso, hecho éste que durante todo el proceso no fue subsanado, pues no consta poder alguno que los mandantes de la ciudadana Leyda Maricela García de Ron le hayan otorgado a abogado alguno, lo cual hace que no se le pueda reconocer ningún efecto jurídico a la presente demanda interpuesta de esta manera, siendo forzoso para este Tribunal, atendiendo a los criterios jurisprudenciales expuestos, concluir que al ser la cualidad un juicio de relación y no de contenido, tal relación de identidad activa no se encuentra presente, y así se decide.

En consecuencia, el efecto de la declaratoria de la falta de cualidad será la desestimación por improcedente de la demanda en su mérito mismo, y habiendo prosperado la falta de cualidad activa, no le es dable a este juzgador entrar a conocer sobre el fondo de lo planteado, ni pronunciarse sobre la nulidad de la sentencia , pues en el presente caso la falta de legitimación no derivó por vicio de omisión, toda vez que el Juez Ad quo sí se pronunció sobre la defensa de falta de cualidad independientemente de lo errado de su pronunciamiento, razón por lo cual deberá declarar como no interpuesta por improcedente la pretensión de cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoada por la ciudadana LEYDA MARICELA GARCIA DE RON, actuando en nombre propio y como mandataria de sus hijos FRANCISCO JOSE RON GARCIA, ALEJANDRO JOSE RON GARCIA Y LEYDA GABRIELA RON GARCIA, y con lugar el recurso de apelación interpuesto, como de manera precisa y positiva se hará en el dispositivo del fallo, y así se establece.



IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

En el caso sub examine, se pretende la revisión del pronunciamiento que emitió el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 15 de febrero de 2008, mediante el cual declaró con lugar la apelación que ejerció la representación judicial del ciudadano Homero Arcángel Pérez Sánchez contra el acto jurisdiccional que expidió el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la misma Circunscripción Judicial, el 15 de junio de 2007; en consecuencia, declaró, entre otras cosas, “…como no interpuesta la demanda incoada por la ciudadana LEYDA MARICELA GARCÍA DE RON, actuando en nombre propio y como mandataria de los ciudadanos FRANCISCO JOSE RON GARCÍA, ALEJANDRO JOSE RON GARCÍA Y LEYDA GABRIELA RON GARCIA…”, en el proceso que, por cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoó contra el referido ciudadano Homero Arcángel Pérez Sánchez.

Ahora bien, el artículo 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone lo siguiente:

Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (...)

 

16. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República;



 

En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión, esta Sala ha sostenido lo siguiente:

...Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

 

1.      Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.



 

2.      Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

3.      Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.



 

4.             Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional... (s. S.C. n.° 93 del 06.02.01. Subrayado añadido).

 

Es pertinente la aclaración de que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a la guarda de máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de peticiones que pretendan la revisión de actos de juzgamiento que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación de cualquier requerimiento como el de autos, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende, en nada contribuye con la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión.



En el caso sub iudice, la representación judicial de la peticionaria requirió la revisión de la decisión en cuestión debido a que, en su criterio, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira vulneró los derechos a la tutela judicial eficaz, a la defensa y al debido proceso de su representada, cuando consideró como no incoada la pretensión por cumplimiento de contrato de arrendamiento, que interpuso, tanto en sus propios derechos, como en representación de los derechos de sus tres hijos, por su supuesta falta de cualidad, aun cuando ésta se desprendía de los elementos probatorios que constaban en autos.

Ahora bien, el referido Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira como fundamento de su dispositiva sostuvo:

Se infiere de las actuaciones como ya se indicó, que la accionante actuó en defensa de sus propios derechos e intereses, pero además en nombre y representación de sus hijos, a través de Mandatos que le fueron conferidos por éstos. Tampoco consta en el expediente que la misma posea el título de Abogado, tal y como lo exige la norma supra señalada; ni fue demostrado que estaba actuando en ejercicio de la representación legal, verbigracia, de la representación que ejercen los padres de sus hijos menores de edad, lo que no es el caso, pues es evidente que no lo son, por lo que se concluye que se actuó sin la capacidad de postulación que se requiere para ello, y así se establece.

Visto así, considera este juzgador que operó la ausencia de un presupuesto procesal indispensable para la validez del proceso, hecho éste que durante todo el proceso no fue subsanado, pues no consta poder alguno que los mandantes de la ciudadana Leyda Maricela García de Ron le hayan otorgado a abogado alguno, lo cual hace que no se le pueda reconocer ningún efecto jurídico a la presente demanda interpuesta de esta manera, siendo forzoso para este Tribunal, atendiendo a los criterios jurisprudenciales expuestos, concluir que al ser la cualidad un juicio de relación y no de contenido, tal relación de identidad activa no se encuentra presente, y así se decide.

En consecuencia, el efecto de la declaratoria de la falta de cualidad será la desestimación por improcedente de la demanda en su mérito mismo, y habiendo prosperado la falta de cualidad activa, no le es dable a este juzgador entrar a conocer sobre el fondo de lo planteado, ni pronunciarse sobre la nulidad de la sentencia , pues en el presente caso la falta de legitimación no derivó por vicio de omisión, toda vez que el Juez Ad quo sí se pronunció sobre la defensa de falta de cualidad independientemente de lo errado de su pronunciamiento, razón por lo cual deberá declarar como no interpuesta por improcedente la pretensión de cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoada por la ciudadana LEYDA MARICELA GARCIA DE RON, actuando en nombre propio y como mandataria de sus hijos FRANCISCO JOSE RON GARCIA, ALEJANDRO JOSE RON GARCIA Y LEYDA GABRIELA RON GARCIA, y con lugar el recurso de apelación interpuesto, como de manera precisa y positiva se hará en el dispositivo del fallo, y así se establece.

 

En efecto, se desprende de los autos que la peticionaria de revisión constitucional, sin ser profesional del Derecho, incoó, con la asistencia de abogado, en su nombre y en representación de sus hijos, ciudadanos Francisco José Ron García, Alejandro José Ron García y Layda Gabriela Ron García, pretensión por cumplimiento de contrato de arrendamiento contra el ciudadano Homero Arcángel Pérez Sánchez; es decir, sin capacidad de postulación, pretendió el ejercicio de la representación judicial de sus hijos, lo cual ha sido cuestionado por esta Sala Constitucional en innumerables pronunciamientos. Así, a este respecto, se ha sostenido:



De lo anterior se evidencia que, tanto el Juzgado de Municipio como el Juzgado de Primera Instancia erraron cuando consideraron subsanada la cuestión previa que fue promovida por la parte demandada –ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil-, toda vez que, de conformidad con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus derechos e intereses, lo cual, a toda luces, vicia de nulidad el mandato judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1.155 del Código Civil, por la imposibilidad jurídica en que se encuentra quien no es abogado de ejecutarlo; razón por la cual, cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro (a menos que sea su representante legal), incurre en una manifiesta falta de representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República; ello, además, en forma insubsanable, ya que no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella. Así se establece.

Como consecuencia de lo que fue referido con anterioridad, esta Sala declara, respecto de la cuestión previa a que se refiere el ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil (La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente), específicamente el supuesto que se refiere a la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado del actor porque no tiene la capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, no es subsanable en modo alguno.

En este sentido, debe observarse que es por esa razón que el artículo 350 del mismo texto legal no establece alguna forma de enmienda de ese vicio, cuando establece literalmente, como formas de subsanación de la cuestión previa del ordinal 3° del artículo 346, “la comparecencia del representante legítimo del actor o del apoderado debidamente constituido”, o “la ratificación en autos del poder y de los actos realizados con el poder defectuoso”, ninguna de las cuales serviría para salvar la imposibilidad jurídica del contrato de mandato en cuyo ejercicio se habría actuado en juicio.

(…)


En razón de todo lo que fue expuesto, esta Sala considera que la falta de capacidad de postulación, conlleva, en estos casos, a una falta de representación que ocasiona ineludiblemente la inadmisión de la demanda interpuesta, de conformidad con lo que ordena el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, porque es contraria a la Ley, debido a que expresamente los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados disponen que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio. Así se decide. (s.SC nº 1325, del 13 de agosto de 2008, caso: Gaetano Salvato Bronzi).

 

En el caso de autos, se observa que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, cuando hizo su pronunciamiento incurrió en una grave equivocación, pues confundió la falta de cualidad con la falta de capacidad de postulación, lo que causo que desestimaran todas las pretensiones, aun cuando la peticionaria también actuó en su nombre y defensa de sus derechos; es decir, que aun cuando era procedente la inadmisión de las pretensiones de sus hijos en cuyo nombre afirmó actuar, debió resolver sobre la pretensión que propuso en resguardo de sus derechos, a menos que, supuesto negado en este caso, de los recaudos en autos, surgiese la existencia de un litisconsorcio activo necesario, situación en la cual sí habría sido procedente la declaración de falta de cualidad.



Ahora bien, en cuanto a la cualidad y a la consecuencia jurídica por su falta, esta Sala Constitucional sostuvo:

La cualidad o legitimación a la causa ha sido, desde hace mucho tiempo, objeto de diversos estudios por parte de los más reconocidos estudiosos del Derecho Procesal, de donde surgió la brillante tesis del ilustre y reconocido jurista Luis Loreto “Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad”, quien precisó la cualidad como la pura afirmación de la titularidad de un interés jurídico por parte de quien lo pretende hace valer jurisdiccionalmente en su propio nombre (cualidad activa) y como la sola afirmación de la existencia de dicho interés contra quien se pretende hacerlo valer (cualidad pasiva), sin que sea necesaria, para la sola determinación de la existencia o no de la legitimación, la verificación de la efectiva titularidad del derecho subjetivo que se pretende hacer valer en juicio, por cuanto ello es una cuestión de fondo que debe resolverse, precisamente, luego de la determinación de la existencia de la cualidad, es decir, que la legitimación ad causam constituye un presupuesto procesal del acto jurisdiccional que resuelva el fondo o mérito de lo debatido, sin que ello desdiga de la vinculación evidente con el derecho de acción, de acceso a los órganos de administración de justicia o jurisdicción y, por tanto, con una clara fundamentación constitucional.



Tal vinculación estrecha de la cualidad a la causa con respecto al derecho constitucional a la jurisdicción obliga al órgano de administración de justicia, en resguardo al orden público y a la propia constitución (ex artículo 11 del Código de Procedimiento Civil), a la declaración, aun de oficio, de la falta de cualidad a la causa, pues, de lo contrario, se permitiría que pretensiones contrarias a la ley tuviesen una indebida tutela jurídica en desmedro de todo el ordenamiento jurídico, lo que pudiese producir lo contrario al objeto del Derecho mismo, como lo es evitar el caos social.

A favor de lo antes dicho, cabe lo que fue afirmado por el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, en exposición que hizo sobre la confesión ficta:

(...) me vengo planteando hace años, que el demandado sin necesidad de haberlo expuesto en su contestación, si no contestó la demanda, siempre podrá alegar y probar en cualquier etapa del proceso la falta de acción. Resuelto que la jurisprudencia se mueve por la acción, y si no hay acción no puede haber sentencia. No es que estemos discutiendo el fondo del asunto, sino que es totalmente absurdo que el juez esté decidiendo un caso cuando él no podía haberlo resuelto porque había perdido la jurisdicción sobre él, ya que la acción no existe, si no hay interés, si no hay cualidad, si hay caducidad legal y menos, si hay prohibición de la ley de admitirla...omissis... (CABRERA, Jesús E. La Confesión Ficta en revista de derecho probatorio. n.° 12 pp. 35 y 36).

 

Más adelante, en el mismo trabajo, dicho autor afirmó:



(...) ¿Cuándo es contraria a derecho una petición? Indudablemente, cuando no existe acción (...). Cuando la acción está prohibida por la Ley, estamos en la misma situación. Sentencias de la Casación del 18/11/64 y del 16/09/64, señalaron que si la acción está prohibida por la ley la demanda es contraria. Pero si la acción está prohibida por la ley, no hay acción, no es que es contraria a derecho, sino que simplemente no hay acción (...).

(...) Se ha venido planteando ¿qué sucede si la demanda es contraria al orden público? Según el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, esa demanda era inadmisible. Pero fue admitida. Llegamos a la sentencia definitiva y allí el juez está convencido de que la demanda es contraria al orden público, y toda demanda que es contraria al orden público también es contraria a derecho. (ibidem pp. 47 y 48).

 

Por otro lado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando reconoce el derecho de acceso a la jurisdicción (artículo 26), dispone que:



Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles (Resaltado añadido).

El derecho constitucional de acción, además de que es uno solo, es general y abstracto, pues está dirigido a toda persona para la defensa de sus propios derechos e intereses, y se concreta mediante la infinidad de pretensiones que son establecidas legalmente, que se propongan para hacerlas valer ante la jurisdicción. Es por ello que Luis Loreto sostuvo que la cualidad “expresa una relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la persona abstracta a quien la ley concede la acción; y de identidad lógica entre la persona del demandado, concretamente considerada, y la persona abstracta contra quien la ley concede la acción” (op.cit.).

Desde luego que quien afirme la titularidad de un derecho o interés jurídico deberá demostrarlo, durante el proceso (cuestión de mérito o fondo del asunto debatido), lo cual escapa al estudio de la legitimación a la causa (ad causam) que, en este instante, ocupa la atención de esta Sala, pues, como se observa, el texto constitucional se refiere a la tutela de los propios derechos e intereses. No obstante lo anterior, es importante la aclaración de que aún cuando la Constitución reconoce el derecho de acción o acceso a la jurisdicción para la defensa de los derechos e intereses propios, no es óbice para que el legislador ordinario, de forma excepcional, conceda legitimación a la causa a quien no sea titular del derecho subjetivo, para que lo haga valer jurisdiccionalmente en su propio interés.

Efectivamente, aun cuando el texto del artículo constitucional que fue trascrito, se insiste, recoge el derecho constitucional a la acción y, por ende, a la jurisdicción, para la defensa o tutela jurisdiccional de los derechos de quien peticiona dicha tutela, para lo cual con la sola afirmación de dicha titularidad (legitimación), excepcionalmente, la ley otorga legitimación ad causam para que se haga valer, en nombre e interés propio, un derecho ajeno, situación esta que en doctrina se denomina sustitución procesal (distinta de la sucesión de parte, en la que sí se sustituye al titular del derecho). Un claro ejemplo de esta legitimación anómala o extraordinaria la encontramos en la acción oblicua o subrogatoria (ex artículo 1.278 del C.C.), pero, debe insistirse en que, para esos casos de sustitución procesal, es necesaria una expresa habilitación legal (ex artículo 140 del Código de Procedimiento Civil). (s. S.C. nº 1193, del 22 de julio de 2008, caso: Rubén Carrillo Romero y otros).

 

Como se expresó supra, el juzgador del acto de juzgamiento cuya revisión se solicitó confundió la falta de cualidad, la cual atiende, como se desprende de la anterior transcripción, a la pura afirmación de la titularidad de un interés jurídico por parte de quien lo pretende hace valer jurisdiccionalmente en su propio nombre (cualidad activa) y como la sola afirmación de la existencia de dicho interés contra quien se pretende hacerlo valer (cualidad pasiva), con la falta de capacidad de postulación que atiende a la falta de representación, es decir, no a la afirmación de la titularidad de un derecho cuya satisfacción se pretende, sino a la posibilidad de ejercer poderes en juicio para hacer valer un derecho ajeno.



En definitiva, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira se apartó de la doctrina vinculante que estableció esta Sala Constitucional en cuanto al alcance del derecho constitucional a la tutela judicial eficaz, cuando desestimó la pretensión que propuso la peticionaria en su nombre y resguardo de sus derechos, por la falta de capacidad de postulación y, por ende, de representación de sus hijos, ciudadanos Francisco José Ron García, Alejandro José Ron García y Leyda Gabriela Ron García, en un claro desconocimiento y apartamiento de lo que también ha establecido con respecto a la consecuencia jurídica de la falta de cualidad y de capacidad de postulación, en lugar de la resolución del fondo de lo que había planteado la requirente sobre su propio derecho.

Así, en cuanto a la tutela judicial eficaz, esta Sala Constitucional ha sostenido:



El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 ò 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.

En este orden de ideas, considera esta Sala, que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción, en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual si bien no ha sido alegado por los accionantes, puede ser analizado de oficio por el juez constitucional, tal como ya lo ha dicho esta Sala en numerosos fallos.

Ha dicho esta Sala, reiteradamente, que los errores de juzgamiento en que pueda incurrir el juez en el cumplimiento de su función, en la escogencia de la ley aplicable o en su interpretación, o en la apreciación de los hechos que se les someten y las infracciones legales, sólo será materia a conocer por el juez constitucional cuando constituyan, a su vez, infracción directa de un derecho constitucionalmente garantizado…. (s.S.C. n.º 708 de 10.05.01; resaltado añadido).

 

En consecuencia, ante la evidente trasgresión al criterio vinculante que, sobre el alcance y resguardo del derecho a la tutela judicial eficaz, estableció esta Sala Constitucional, debe declararse con lugar la solicitud de revisión y, por ende, la nulidad del acto de juzgamiento que emitió el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 15 de febrero de 2008, a que se contraen estas actuaciones; por tanto, repone la causa al estado en que, previa distribución, un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, distinto del que emitió el acto decisorio que se anula, emite nuevo veredicto con acatamiento del criterio que se preceptuó en el presente acto jurisdiccional. Así se decide.



 

V

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpuso LEYDA MARICELA GARCÍA DE RON contra el veredicto que expidió el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 15 de febrero de 2008. En consecuencia, se ANULA el referido fallo y se REPONE la causa al estado en que, previa distribución, un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, distinto del que emitió el acto de juzgamiento que se anula, dicte nuevo veredicto con acatamiento al criterio que se estableció en el presente pronunciamiento.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de esta decisión al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,   a los 30 días del mes de septiembre de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.



 

La Presidenta,

 

 

 



 

 

 



 

 

 



LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

 



 

 

 



Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,



 

 

 



 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 



 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ



Ponente                      

 

 



 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 



 

 

 



CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

…/



 

 



 

 

 



 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES



 

El Secretario,

 

 

 



 

 

 



JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 



 

 

 



PRRH.sn.cr.

Exp. 08-0883

 


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