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Rigoberto echeverri bueno


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL


RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Magistrado Ponente
STL3162-2013

Radicación No. 33652

Acta No. 29
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013)
Resuelve esta Corte la ACCIÓN DE TUTELA promovida por JUAN CARLOS RAVE BURITICÁ; GUSTAVO ALBERTO ZAPATA; IVÁN DARÍO ESTRADA TABORDA; WALTER MORALES GARCÍA; MANUEL GUSTAVO RUEDA VARGAS; DUVÁN ALBERTO MUÑOZ ORTEGA; NÉLSON DE JESÚS MEJÍA LOTERO; GUILLERMO ADRIÁN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; CARLOS MARIO ARBELÁEZ LONDOÑO; SALATIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; RODRIGO DÍAZ CASTAÑEDA; JHON FREDY CAIZAMO; MARIBEL TORRES CAÑAS; WILDER ANDRÉS JIMÉNEZ SÁNCHEZ; MANUEL UVALDO ARIAS GIRALDO; HERNÁN DARÍO BURITICÁ ARBOLEDA; ALBERTO DE JESÚS SÁNCHEZ CARMONA; WILSON ALZATE GALLEGO; DIEGO ALEJANDRO BEDOYA PIEDRAHITA; JHON ALEXANDER VALENCIA CORTÉS; LEIDY LILIANA GARCÍA ÁLVAREZ; JUAN FERNANDO GUTIÉRREZ RÍOS; JUAN ESTEBAN VALENCIA MARTÍNEZ; JULIO CÉSAR PÉREZ RAMÍREZ; ELKIN ALBERTO ECHAVARRÍA MARÍN; WILSON CÁRDENAS MAZO; ELMER LORENZO VALENCIA MURILLO; LUIS ALBEIRO MARÍN OSPINA; JOSÉ FERNANDO MARÍN DÍAZ y JUAN GUILLERMO RIVERA MAZO contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN y el JUZGADO VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO – PILOTO EN ORALIDAD de la misma ciudad.
ANTECEDENTES
A través de apoderado judicial designado para el efecto, los antes citados reclaman la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas al proferir las sentencias que pusieron fin al proceso ordinario laboral adelantado por ellos mismos contra la empresa Egal S.A. En Liquidación y Empresas Públicas de Medellín, esto es, por incurrir en “vías de hecho”, al negarse el reconocimiento de la “sanción moratoria” reclamada en la demanda, a pesar de haberse condenado al pago de “salarios y prestaciones a favor de los 32 trabajadores accionantes” y que contaban con el material probatorio suficiente para decidir en forma diferente.
Específicamente indican que en la sentencia del 10 de julio de 2013 se confirmó dicha negativa, a pesar de estar demostrado que no hubo pago oportuno de “varias quincenas atrasadas” a los actores; que dichos créditos no fueron incluidos “en el trámite liquidatorio” adelantado por la empresa EGAL ante la Superintendencia de Sociedades; que no se realizó “consignación” alguna en el curso del proceso ordinario laboral y que, para cuando se profirió la decisión de segunda instancia, ya no existían “activos” con qué pagar a los trabajadores, de lo cual se deduce que no existió “buena fe” en cabeza de los demandados, sumado a lo cual en dicha providencia no se “explica” o “motiva” la razón que condujo a la no concesión de dicha pretensión, pues se limitaron a argüir “LA INEXISTENCIA DE LA MALA FE del empleador”, es decir, que “actuaron de buena fe en el pago NO oportuno de salarios y prestaciones”.
Solicitan que como consecuencia de la protección invocada, se ordene al Tribunal accionado “sustituir o modificar la sentencia respectiva por el tópico impugnado y en su lugar se ordene condenar por el concepto de sanción moratoria a favor de los accionantes”.
Por auto del día 4 de los corrientes mes y año fue admitida la acción de tutela y, simultáneamente, se dispuso notificar a las autoridades accionadas; a la empresa Egal S.A. En Liquidación; a las Empresas Públicas de Medellín – EPM; a Seguros Colpatria S.A. y a Liberty Seguros S.A., sin que ninguno de ellos haya hecho pronunciamiento alguno hasta la fecha.

CONSIDERACIONES


Si bien es cierto esta Sala de la Corte ha venido considerando que el amparo del artículo 86 de la Constitución Nacional es viable frente a decisiones judiciales, igualmente ha estimado que ello solo procede cuando, en casos concretos y excepcionales, las actuaciones u omisiones de los jueces resultan evidentemente violatorias de los derechos constitucionales fundamentales, como cuando la providencia atacada pueda calificarse de caprichosa, antojadiza, absurda o autoritaria por carecer efectivamente de fundamento objetivo y, por lo tanto, sea el resultado de un juicio abiertamente irrazonable o arbitrario; todo lo cual debe equilibrarse con otros valores del estado de derecho, especialmente, los concernientes a la administración de justicia y la seguridad jurídica de que están revestidas las decisiones proferidas en última instancia, que se concretan en los principios de la cosa juzgada y de la independencia y autonomía del juez.
De cara a esas premisas y luego de escuchar el audio del fallo de segunda instancia, se tiene que para arribar a la decisión censurada, se adujo sobre el tema en referencia:
“…Ahora nos adentraremos al estudio de los recursos interpuestos por las partes empezando por el punto de inconformismo de la parte demandante y del apoderado judicial de la codemandada Empresas Públicas de Medellín, los que ya fueron resumidos antes.
Pues bien, en el caso de estudio el problema jurídico se contrae en determinar si a los demandantes les asiste derecho a percibir la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, solamente hasta el momento en que entró la accionada en Liquidación o hasta la fecha en que se pague la obligación.
El juez de primera instancia consideró que la indemnización moratoria procedía desde el mismo momento en que se finiquitó la relación laboral entre los accionantes, esto es a partir del 3 de julio de 2010 y hasta el 6 de septiembre de esa misma anualidad, momento en el cual la Superintendencia de Sociedades profirió el auto (folio 354) donde se decidió decretar la apertura del trámite de liquidación judicial de la sociedad EGAL S.A. al proceso concursal de liquidación judicial en los términos de la Ley 1116 de 2006 y designó liquidadora, quedando demostrado de esta manera y contrario a lo expuesto por el recurrente, que sí obra dentro del libelo introductor prueba fehaciente sobre la apertura del tramite de liquidación de la empleadora de los demandantes.
Ahora la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, se causa por el no pago de salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a la terminación de la relación laboral y, según criterio jurisprudencial, la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es de aplicación automática y por ende obliga a valorar en cada caso concreto la conducta del empleador renuente, a fin de determinar la viabilidad de la sanción, esto es, las indemnizaciones moratorias gozan de una naturaleza inminentemente sancionatoria y, por tanto, su imposición no opera de forma automática, pues está condicionada al examen o apreciación de los elementos subjetivos, relativos a la buena o mala fe que gobernaron la conducta del empleador.
La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, en sentencia del 21 de abril de 2009, radicado número 35414, de la cual fue ponente el Magistrado Luís Javier Osorio López, se refiere a esta clase de sanción moratoria al igual que la causada por la no consignación al fondo de cesantías y plantea que debe estudiarse la buena o mala fe que guiaron la conducta del empleador, sentencia que ha sido reiterada en muchas otras convirtiéndose ya en un tema pacifico. Entonces, de conformidad con lo presentado y descendiendo al caso bajo estudio, observa esta Sala de Decisión que la relación laboral que existió entre las partes se terminó el día 12 de julio de 2010, conforme lo demuestran las cartas de terminación del contrato anexadas por los diferentes demandantes con la presentación de la demanda y como lo afirmara el apoderado judicial de dicha parte, sin que se cancelaran a la terminación de la relación laboral, unos salarios adeudados: tres quincenas y las prestaciones sociales.
Es por lo anterior que se hace necesario para este operador jurídico entrar a valorar la conducta del empleador directo en este caso EGAL S.A. En liquidación, a fin de determinar la viabilidad o no de la sanción, pues como se dejó indicado estas conductas están condicionadas al examen o apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que gobernaron la conducta del empleador. Se ha dicho por la jurisprudencia que hay falta de buena fe al abstenerse el empleador de cancelar oportunamente las acreencias de sus ex trabajadores. Si bien es cierto el contratista venía con problemas económicos y financieros, los mismos no le son atribuibles a los trabajadores, ni ellos tienen por qué sufrir las consecuencias pues quien maneja estos aspectos es el empleador y era previsible para el, a través de sus directivos contadores etc., saber el estado de su empresa y prevenir la insolvencia que no llevara a cesar en el pago de las acreencias laborales a sus trabajadores o ex trabajadores. La mala situación económica sin declaración legal, no es un componente de la buena fe exonerativa de la sanción moratoria, situación diferente se presenta cuando, percatándose de su fracaso económico, solicita ante las autoridades respectivas la apertura del correspondiente tramite obligatorio liquidación ante la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con los tramites consagrados en la ley en la Ley 222 de 1995.
Sobre el particular la Sala estima que no es posible acoger los argumentos del recurrente al pretender se extienda la sanción moratoria hasta la fecha en que se pague la obligación, pues si bien es cierto dicha entidad incumplió con el pago de tres quincenas de salarios de los demandantes, así como de las correspondientes prestaciones sociales, no se puede desconocer que dicha conducta se debió a la situación económica difícil de la demandada y que por ello fue ordenada su liquidación obligatoria, tal como quedo consignado en el auto número 610-001746 del 6 de septiembre del 2010, proferida por la Superintendencia de Sociedades (folios 354) y por ello se considera acertada la decisión del A quo de conceder esta sanción moratoria, sólo hasta esta fecha, pues también se debe decir que los trabajadores no tienen por qué soportar los malos manejos administrativos de sus empleadores.
Por lo anterior se confirmara el punto de inconformismo tanto por la parte demandante como de la codemandada Empresas Públicas de Medellín en este sentido de la condena por la sanción moratoria…”. (Negrillas fuera de Texto).

Y con relación a la solicitud de “aclaración” del fallo en este aspecto, dijo la misma Corporación más adelante: “Con el debido respeto Doctor, considera la Sala que no hay lugar a hacer ninguna aclaración, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, las sentencias no son reformables ni revocables por el juez que las pronunció y, solo se permite la aclaración, en los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda y consideramos que no hay ningún concepto o frase que ofrezca motivo de duda, hay plasmado en la sentencia el criterio de la Sala, si ya no está de acuerdo Doctor, pues tendrá sus recursos de ley…”.


En esas condiciones, para esta Sala es claro que la decisión censurada es el resultado de una labor hermenéutica propia del operador judicial que la profirió, en la medida que, para arribar a esa conclusión, actuó bajo criterios mínimos de razonabilidad a la luz de lo que arroja no sólo la situación fáctica planteada, sino las normas legales y jurisprudencia aplicables al tema debatido, lo cual significa que no puede ser catalogada de absurda, antojadiza o manifiestamente ilegal, único evento en que, como se dijo, procede la intervención del juez constitucional para proteger derechos fundamentales que estén siendo violados a las partes en un determinado asunto judicial; máxime si se tiene en cuenta que esta misma Sala ha sostenido que dicha sanción: “no se causa de manera automática e inexorable sino que en cada caso debe estudiarse la conducta del empleador para determinar si su obrar, al sustraerse al pago oportuno y total de los salarios y las prestaciones debidas al trabajador a la terminación del vínculo laboral, está precedido de buena fe por encontrarse justificado en razones atendibles,…”.1 (Destaca la Sala).
Y en lo que respecta a la negación de la solicitud de aclaración del mencionado fallo, es de ver que esa decisión tampoco se ofrece absurda, toda vez que se fundó en la norma que rige la materia y que, ciertamente, el sentido del fallo en el aspecto controvertido emerge diáfano.
Tales consideraciones resultan suficientes para negar, por improcedente, el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,


RESUELVE
Primero: Denegar el amparo solicitado.
Segundo: Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado, en caso de no ser impugnado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN



CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE


1 Sentencia del 25 de mayo de 2005, radicación 23646. M.P. Dra Isaura Vargas Díaz y anteriores de 18 de noviembre de 1999 (Radicación 11.819), 22 de mayo de 2003 (Radicación 19.591 y 3 de junio de 2004 (Radicación 26.695).



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