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Reynot Blanco, Salvador Carlos c Santiago del Estero, Provincia de y/o Registro General de la Propiedad Inmueble de Santiago del Estero s/ daños y perjuicios


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Reynot Blanco, Salvador Carlos c Santiago del Estero, Provincia de y/o Registro General de la Propiedad Inmueble de Santiago del Estero s/ daños y perjuicios

Sumarios:

1.- Es evidente que la provincia de Santiago del Estero incurrió en incumplimiento o ejecución irregular del servicio registral al proporcionar un certificado dominial erroneo el cual motivó la demanda por nulidad de compraventa. Sin embargo tal situación no presume la existencia de relación causal entre el incumplimiento y las costas que el actor debió afrontar con motivo de la demanda por nulidad de compraventa.  



Vistos los autos: Blanco, Salvador Carlos c Santiago del Estero, Provincia de y/o Registro General de la Propiedad Inmueble de Santiago del Estero si daños y perjuicios”, de los que

Resulta:

1) A fs. 6 se presenta el señor Salvador Carlos Reynot Blanco e inicia demanda contra la Provincia de Santiago del Estero por la suma de ‘$ 47.317,50 en concepto de daños y perjuicios.

Afirma que adquiri6 el campo de 11.862 ha denomina do El Cuadrado, ubicado’ en el departamento Matará de Santiago del Estero, y lo hizo del siguiente modo: Una fracción de 3.000 ha por compra realizada a la firma Robiro Varela S.A. y la superficie’restante de 8.862 ha por herencia de su padre. Añade que’ los títulos respectivos fueron inscriptos en el registro ‘de la propiedad en las ‘matrículas 14- 0337 y 14-0746 con fechas 29 de marzo de 1983 y 22 de abril de 1986, respectivamente.

Dice que, a pesar de lo indicado, en los meses de junio y julio de 1987 el registro expidió dos juegos de certificados para realizar una venta -solicitados por el escribano Martin Cornet- en los que aparecían como titulares del dominio Carlos A1berto’ y Carlos Alfredo Tornquist, respectivamente. Sostiene que esa información era falsa, ya que en esa época el titular del dominio era él, en cambio Carlos Alfredo Tornquist había ‘sido propietario del campo hasta el 31 de marzo de  1922 fecha en que lo vendió mediante escritura inscripta e de la propiedad ese mismo año. De todos modos –afirma- julio de 1987 el mencionado escribano autorizó una ; e’scritura (que fue inscripta en el registro el día siguiente..en la matrícula.14-….) mediante la cual Carlos Alfredo Tornquist supuestamente vendía e]. inmueble a la firma Phalarope S.A. Explica que a raíz de esas anomalías el campo se encuentra actualmente inscripto a nombre de dos titulares distintos (la mencionada sociedad y él), en diferentes folios reales.

Puntualiza que en noviembre de 1987 tomó conocimiento de esta anómala inscripción y la denunció ante el registro, el cual hizo colocar una anotación preventiva en las matrículas respectivas. Expresa que el 4 de junio de 1990 se le notificó el traslado de una demanda iniciada por Phalarope S.A. ante esta Corte -que dio origen a la causa P.18.XXIII- a partir de la cual comenzaron a concretarse los daños que -a su entender- son consecuencia mediata y necesaria de la expedición de los err6neos certificados, de dominio (que a su vez habían dado como resultado la escritura de venta a favor de aquella firma) en los términos de los arts. 901, 902 y 904 del Código Civil.

Explica que en esa causa Phalarope S.A. pretendía la declaración de nulidad de iaL compraventa efectuada por ella (y del consiguiente asiento registral)”o de las inscripciones correspondientes a Salvador Carlos Reynot Blanco -si tal fuera el caso-”. Añade que pese a ser ajeno a esa situación -salvo por el hecho de ser el legítimo titular del dominio del campo- se vio obligado a contestar la demanda.

Asevera que, si bien la pretensión de Phalarope S.A. fue rechazada con costas el perito ingeniero Carlos Zappi ejecutó a los vencedores (la provincia y él). Es así qué el experto inició ante la justicia en lo civil la causa “Zappi, Carlos A. c/ ‘Reynot’ Blanco, Salvador C. si ejecución de sentencia”, en la que se vio obligado a abonarle al experto la suma $ 40.993,67 en concepto de intereses; asimismo le pagó $ 6.323,83 al abogado de Zappi en carácter de honorarios, todo lo cual hace un total de $ 47.317,50. En consecuencia promueve la demanda por este último importe. Asimismo formula reserva de ampliar en relación con las sumas que

deba abonar a su abogado y con las  que ya pagó (y deberá seguir pagando) en el proceso de ejecución de sentencia inicia do por el perito contador Jorge García. Añade que su letrado intentó cobrar sus honorarios de la condenada en costas sin resultado positivo, ya que ésta fue declarada en quiebra y el proceso universal’ fue clausurado por el juez por falta de activo.

Cita jurisprudencia de esta Corte acerca de la responsabilidad del Estado por la deficiente prestación del ser vicio registral y funda ‘su derecho en los arts. 43, 499, 505, 902 al 905, 1109 y 1112 del Código Civil.

II) A fs. 50/55 la Provincia de Santiago del Estero contesta la demanda. Niega en general los hechos allí expuestos como así también la responsabilidad que se le atribuye, y solicita su rechazo. ‘

Admite que Reynot Blanco era propietario del campo referido, como surge de los folios reales 14-0337 y 14-0746. Tampoco controvierte las afirmaciones vertidas por el actor acerca de los informes emanados del registro de la propiedad, aunque niega la intencionalidad que aquél le adjudica. Añade que esos informes no le produjeron ningún daño al actor, ya que no le sirvieron’a S.A. para demostrar su pretendido dominio sobre el  cual permaneció en el patrimonio de Reynot Blanco,: dado que la demanda iniciada por aquella sociedad en la causa P.18.XXIII fue rechazada.

Dice que ella le abonó al perito Zappi sus honora nos, de modo que quedaba pendiente ,e pago de los intereses devengados desde la fecha del auto regulatorio. Puntualiza que Reynot Blanco abonó voluntariamente esos intereses (como así también los honorarios del abogado del ejecutante) por el importe que éste acordó con el experto en una audiencia, según consta a fa. 15 de la causa ,” Zappi c/ Reynot Blanco si ejecución de sentencia”.. Agrega que el perito, nunca le reclamó a la provincia el  pago de los intereses, que ella nunca fue parte en las causas iniciadas por los peritos Zappi y García y que Reynot Blanco nunca solicitó que se la citara como tercero en esas causas ni intentó repetir de ella el pago efectuado.

Sostiene que ningún dependiente suyo ha causado un daño al actor, ya que los informes en se basó la escritura de compraventa, fueron nulificados por esta Corte. Agrega que tampoco fue la provincia la que obligó a aquél a pagarle a Zappi suma alguna en concepto de intereses.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la, competencia originaria de la Corte Suprema (arta. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que el actor invoca la responsabilidad del Estado por cumplimiento irregular de su función registra]. Tal pretensión tiene como requisitos ineludibles para su procedencia la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre la conducta de la provincia y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada (Fallos: 321:2144).

3°) Que según surge de las constancias del expediente P.18.XXIII. en el año 1922 Carlos Alfredo Tornquist vendió el predio denominado El Cuadrado, el cual -tras sucesivas transferencias de dominio- fue adquirido por Carlos Salvador Reynot Blanco (entre 1983 y 1986). En aquella oportunidad, el registro general de la propiedad inscribió el título respectivo, pero miti6 tomar nota de la venta en los antecedentes dominiales. Esa omisión hizo posible que en el año 1987 el registro expidiera certificados para la venta -requeridos por el escribano designado por Phalarope S.A. - en los que erróneamente titular de dominio el señor Tornquist, quien ya hacía sesenta y cinco años que había dejado de serlo. La misma permitió también que el 22 de julio de 1987 e1 registro inscribiera una escritura en la que Tornquist aparecía vendiendo a Phalarope S.A. el inmueble en cuestión. Como resultado de esta suma de irregularidades, se generó una doble inscripción de dominio, a nombre de Reynot Blanco (matrículas 14-0337 y 14-0746) y de Phalarope S.A. (matrícula 14-0809) ‘sobre el mismo lote (confr. fs. 4/7 y 127/139 del expediente mencionado).

4°) Que al tomar conocimiento de esta última anomalía, Reynot Blanco efectuó la pertinente denuncia ante el registro de la propiedad -el cual colocó una nota preventiva en lo respectivos folios reales- y solicitó la cancelación de la última matrícula 14-0809 (confr. fs. 137/140 del expte. P.18.XXIII.).

A su vez’, ‘Phalarope S.A. interpuso demanda contra la Provincia de Santiago Estero y contra Reynot Blanco -la que dio lugar a la’referida”causaP.3.8.XXIII.- en procura de: a) La declaración de nulidad de la compraventa mencionada en el considerando anterior y del consecuente asiento registral, “o de las inscripciones correspondientes a Salvador Carlos Reynot Blanco -si tal fuera, el caso-”; y b) el resarcimiento -por parte de la provincia-de los daños y perjuicios ocasionados (confr. fa. 44/54 y 341 de dicho expediente).

50) Que dicha demanda fue rechazada con sustento en el hecho de que la actora había omitido integrar la litis con uno de los sujetos (el presunto vendedor) respecto de los cuales el pronunciamiento tendría eficacia vinculante (fa. 287/289 vta, de la causa P.18.XXIII.).

Si bien las costas de ese pleito fueron impuestas a Phalarope S.A., el perito tasador (ingeniero Carlos Adrián Zappi) solicitó que se intimara a las partes obligadas a su pago” a fin de que depositaran el importe de sus honorarios en un plazo de cinco días; asimismo manifestó que los intereses debían correr después del vencimiento de ese plazo (fa. 312 del expte. P.18. XXIII).

Es así que dicha intimación fue notificada tanto a la condenada en costas (Phalarope S.A.). como a los vencedores (Reynot Blanco y la Provincia de Santiago del Estero) en el mes de septiembre de 1992. Ante el incumplimiento de los requeridos, el perito solicitó (y obtuvo) la traba de embargos sobre el inmueble de Reynot Blanco y sobre fondos de la provincia (fa. 312, 314/323, 326/328 y 576 del expte. P.18.XXIII).

Tras una larga tramitación, el 30 de ,diciembre de 1994 el Estado provincial abonó loe honorarios del perito. Este practicó entonces la liquidación de los intereses moratorios devengados hasta esa última fecha, la que arrojó un importe de S 40.993,77 y nuevamente reclamó su pago de ambas codemandadas hasta ie, finalmente, logró percibirlos con fondos embargados a Reynot Blanco el 29 de octubre de 1997. Asimismo, el perito liquidó los intereses corridos en el lapso comprendido entre ambos pagos, cuyo importe ($ 20.882,23) fue abonado por la provincia (confr., en especial, fs. 401, 404, 547, 551, 553 y 639 del expte. P.18.XXIII.)

Por otra parte Reynot Blanco debió abonarle al doctor Javier Burstein los honorarios correspondientes a la re presentación y patrocinio del perito ($ 5.875), con m los intereses moratorios ($223,83). Asimismo se vio obligado a pagarle a dicho letrado los emolumentos derivados de la ejecución de sus honorarios ($225), lo que hace un total de $ 6.323,83 (fs. 167, 199, 206/209, 218, 220 y 230 del expte. Zappi c/ Reynot Blanco

6°) Que, en definitiva, el actor reclama en este proceso la restitución de la totalidad de las sumas abonadas a Zappi ($ 40.993,77) y al doctor Burstein ($ 6.323,83) pues entiende que el perjuicio p derivado de esas erogaciones constituye una consecuencia mediata de la conducta negligente de la provincia.

Es evidente que la provincia incurrió en incumplimiento o ejecución irregular del servicio registral a su cargo, como surge nítidamente de las circunstancias reseñadas en el considerando tercero. Sin embargo el Tribunal no encuentra configurada la relación causal entre dicho incumplimiento y las erogaciones referidas que debió Reynot Blanco, extremo que -como se en el considerando segundo- constituye uno de los presupuestos; indispensables para la procedencia del reclamo.

En efecto la suma de $ 40.993,77 abonada al ingeniero Zappi correspondía a intereses moratorias (como surge de la reseña efectuada en el considerando quinto). Es decir que el nacimiento de esa obligaci6n obedeci6 a la propia conducta discrecional de Reynot Blanco, que ante la intimación de pago dirigida por el experto omitió satisfacer el crédito de honorarios en tiempo oportuno, incumplimiento que a su vez generó los intereses referidos.

Lo mismo cabe decir respecto de las sumas abonadas al doctor Burstein, ya que (corno también se puso de manifiesto en el considerando quinto) dichos importes corresponden a honorarios de ejecución (o a sus intereses) originados igual mente en la actitud renuente de Reynot Blanco.

7°) Que, en síntesis, no se advierte configurada la necesaria relación causal entre las faltas de servicio” cometidas por la provincia y el daño cuya reparación se reclama en este pleito, lo que conduce a la desestimación de la pretensión.

Por ello, se decide: Rechazar la demanda deducida por Salvador Carlos Reynot Blanco contra la Provincia de Santiago del Estero, con costas (art. 68 de]. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvanse los expedientes reservados en secretaría.

Autos y Vistos:

Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, inca, a, b, c y d; 7°, 9°, 37 y 38 de la ley 21.839, modifi cada por la ley 24.432, se regulan los honorarios del doctor Federico Guillermo Dominguez, por la dirección letrada y re- presentación del actor en la suma de cuatro mil setecientos pesos ($ 4.700) y los de los doctores Remo Eduardo Terzano, Eduardo Fabián Gil, Guillermo Rezola y Ramiro Agustin Suai ter, en conjunto, por la dirección letrada y representación de la demandada en la de cinco mil pesos ($ 5.000). Notifíquese. JULIO S. NAZARENO.- EDUARDO MOLINE O´CONNOR.- CARLOS S. FAYT .- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO .- ANTONIO BOGGIANO (en disidencia).- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ .- GUILLERMO F. LOPEZ.- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

 

-DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO



Considerando:

Que el suscripto reitera el criterio expuesto en la disidencia de Fallos: 322:2961, acerca de la inclusión de los intereses en la base regulatoria, lo que así se resuelve. Notifíquese.



 


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