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Responsabilidad solidaria transferencia. Modalidades solidaridad. Arts. 29 A 31 lct arts. 29 y 29 bis de la lct. Interposición e intermediación. Solidaridad


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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.. TRANSFERENCIA. MODALIDADES
SOLIDARIDAD. ARTS. 29 A 31 LCT

Arts. 29 y 29 bis de la LCT. Interposición e intermediación. Solidaridad.

Las cooperativas de trabajo y la provisión de personal a terceros, es el caso más común de fraude que se puede enmascarar bajo esa forma, pues la única finalidad de la cooperativa consiste en proveer servicios a terceros, los interesados recurren a la misma (una suerte de agencia) a fin de obtener empleo, deben ser socios de ella y ésta, en tal carácter, los envía a terceros (clientes) que les asignan trabajo efectivo (en el caso, la actora prestó servicios en la planta de YPF y fue contratada a través de una cooperativa de trabajo). Sala X, 30/4/2001, “Rubio, Ethel M. v. Cooperativa de Trabajo 4 de Setiembre Ltda. y otro”.

La cooperativa de trabajo que medió en la relación ente el trabajador y la empresa no puede pretextar que no existe relación laboral con sus supuesto socio, ya que el aporte de éste no lo fue en una tarea propia de la cooperativa –que no recibió la labor del trabajador- sino que fue en otra distinta y a favor de un tercero que contrató con ella, situación en la que sólo podría considerarse integrante de la cooperativa al personal de la planta central que actúa como proveedora de trabajadores para terceros (objetivo de la cooperativa de trabajo) cumpliendo, en definitiva, funciones como agencia de colocaciones o empresa de servicios. Sala X, 30/4/2001, “Rubio, Ethel M. v. Cooperativa de Trabajo 4 de Setiembre Ltda. y otro”

La empresa beneficiaria persigue un interés ilícito interponiendo a la cooperativa entre ella y los trabajadores subordinados que le sirven para cumplir su actividad empresaria, para no cumplir las normas del derecho laboral coactivo. En tal contexto, la relación del trabajador con la empresa que percibió su pres­tación personal tiene carácter laboral y es directa, y por haber obtenido la mano de obra de una mera intermediaria ni siquiera puede entrar a considerarse la existencia de “picos de trabajo” y la consiguiente “relación de tipo eventual”. Sala X, 26/11/1997, “Adrián, Raúl, v. TAB Transportadora de Caudales S.A., s./Despido”.

Entre una sociedad cooperativa de trabajo y el supuesto socio (que no es tal, por cuanto no presta trabajo para la cooperativa, sino para terceros) se configura un negocio jurídico simulado por el que aquélla pretende evadir las obligaciones derivadas de un verdadero contrato de trabajo. Pero a diferencia de lo que acontece en el derecho civil (en el que no hay acción entre los copartícipes de la simulación ilícita, art. 959, CCiv.), en el derecho laboral y conforme al principio protectorio, se impone que se considere irrelevante jurídicamente la voluntad del trabajador dirigida a la evasión de las normas del derecho laboral. En consecuencia, el dependiente siempre tendrá acción para poner en claro la simulación ilícita y beneficiarse con la aplicación de dichas normas (Justo López, Algunas figuras de la simulación ilícita laboral, LT XVII-1073 y ss.). Sala X, 26/11/1997, “Adrián, Raúl, v. TAB Trasportadora de Caudales S.A., s./Despido”.

Según sostiene Justo López, el fraude es una posición negocial, a primera vista lícita, económica y socialmente determinada por una causa ilícita. En el caso concreto de la constitución de una sociedad cooperativa para proveer trabajo a terceros (es decir sin fines cooperativos) se pretende soslayar la solidaridad establecida por el art. 29, LCT., toda vez que la obtención de personal por dicha vía resulta a todas luces más “económico” que la contratación de trabajadores respecto de los cuales haya que computar todas las cargas sociales. Sala X, 26/11/1997, “Adrián, Raúl, v. TAB Trasportadora de Caudales S.A., s./Despido”.

Cuando la única finalidad de la cooperativa de trabajo es proveer servicios a terceros y el trabajo del asociado no es una tarea propia, sino que es realizada a favor de otros que contrataron con ella, sólo puede considerarse integrante de tal cooperativa el personal de la planta central que actúa como proveedora de trabajadores a terceros cumpliendo, en definitiva, funciones como agencia de colocaciones o empresas de servicios. Sala X, 26/11/1997, “Adrián, Raúl, v. TAB Trasportadora de Caudales S.A., s./Despido”.

Si la actora cumplía tareas domésticas en el domicilio particular de los titulares de una sociedad comercial, pero estaba inscrita como dependiente de dicha sociedad, debe concluirse la existencia de una intermediación simulada. De tal modo, el fraude del que han sido partícipes tanto la sociedad comercial como las personas físicas autoriza la condena solidaria de ambas, sin que resulte posible invocar la aplicación del Estatuto del Servicio Doméstico (en igual sentido, esta sala, SD 66802, 30/3/1994, “Cejas, Margarita, v. Lanera Argentina S.A. y otro, s./Despido”). Sala III, 31/7/2000, “Del Valle, Lucía, v. Ferra­ri, María, y otro, s./Despido”.


Art. 30 de la LCT. Contratación y subcontratación. Solidaridad.

La asignación de responsabilidad no ha sido establecida por la ley sin más requisito que la noción de que algunas actividades resulten coadyuvantes o necesarias para el desenvolvimiento empresario, puesto que si tamaña amplitud fuera admitida mediante la interpretación judicial, caería en letra muerta no sólo el texto legal sino la posibilidad cierta de que más empresas asuman los riesgos propios del desarrollo económico (Fallos: 316: 1610); aspecto cuya consideración no puede omitirse, pues no cabe prescindir de las consecuencias que en modo natural derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 302: 1284; 316:713). Máxime si el resultado de la interpretación deja plenamente vigente la debida tutela de los derechos del trabajador en los supuestos en que sus créditos, así como los de la seguridad social, puedan estar afectados (Fallos: 316:713, 1610). (Del dictamen del Procurador Fiscal ante la CSJN Felipe Daniel Obarrio, al que adhieren los Ministros Moliné O'Connor, Belluscio, Boggiano, Lopez y Vazquez).CSJN, 14/9/2000, "Escudero, Segundo y otros v. Nueve A S.A. y otro"

Por actividad normal no sólo debe entenderse la que atañe directamente al objeto o fin perseguido por el demandado, sino también la que resulta coadyuvante o necesaria, de manera que aún cuando fuera secundaria, es imprescindible e integra normalmente –con carácter principal o auxiliar- la actividad, excluyendo sólo la de carácter extraordinario o eventual. Sala X, 26/5/2000, “Fernández, Juan R., v. Buenos Aires Magic S.R.L. y otros s./ despido” TySS ‘00-1009.

La télesis del art. 30 LCT es evitar situaciones de fraude que puedan darse a partir de la utilización de terceros contratados o subcontratados para la realización de tareas que le son propias, con el objeto de diluir la responsabilidad del obligado principal frente al trabajador. CS, 9/8/2001, “Barreto, Roberto M. v. Instituto Rosenbusch S.A. y otro” TySS 01-837

Para que nazca el reproche de responsabilidad previsto por el art. 30 de la LCT. es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal, debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista. CS, 14/9/2000 “Escudero, Segundo R. y otros v. Nueve A S.A. y otro”, 2001-A, 98, con nota de Carlos Pose.

La circunstancia de que no se haya intimado previamente a la codemandada responsable en los términos del art. 30 de la LCT. no es óbice para que se la condene, por cuanto la empresa contratante no es la empleadora y sólo es responsable solidaria por las obligaciones patrimoniales de la organización empresaria contratista empleadora, frente a la cual se activan los deberes y derechos el trabajador, al que no cabe exigirle la intimación previa respecto de la responsabilidad desplegada por la empleadora, Meyce SRL, formaba parte de la normal y específica propia de la codemandada, Miniphone. Sala VII, 18/12/2000, “Lavergne, Raquelina M. v. Casado, Ricardo y otros”, 2001-A, 991.

El art. 17 de la ley 25013 modificó el art. 30 de la LCT. al disponer que: “las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el art. 32 de la ley 22250”, por lo que a partir del dictado de esta norma perdió vigencia la doctrina plenaria sentada en autos ”Medina, Santiago v. Nicolás y Enrique Hernán Flamingo SA” del 27/12/1988 (Plenario 265). Sala II, 4/9/2000 “Navarro, Lino M y otro v. Altairac, Jorge O. y otro”. 20001-A, 644

El segundo párrafo del art. 30 LCT modificado por el art. 17 de la ley 25013 debe integrarse a la primera parte no modificada. En tal sentido, es necesario que el empresario que cede, contrata o subcontrata parte de la actividad específica de su explotación debe requerir todos los controles que la propia norma establece a fin de no cargar con la responsabilidad solidaria emergente de la relación laboral. Sala II, 16/4/2001,"Ceballos, Vicente v. Ciencia Alimentaria S.A. y otro s. Despido"

Frente a la modificación del art. 30 de la LCT. por la ley 25013, cuando la principal subcontrata ciertos servicios con terceros, aunque no asuma aquélla el carácter de empleadora directa de los trabajadores del contratista, debe responder por las obligaciones laborales incumplidas por éste en tanto no adopte las medidas de contralor que especifica y puntualmente establece el segundo párrafo del art. 30 de la LCT. (conf. ley 25013), por lo que la mera inscripción del subcontratista en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción resulta insuficiente para eximir a la principal de la responsabilidad que en forma solidaria le impone la norma. Sala II, 4/9/2000 “Navarro, Lino M y otro v. Altairac, Jorge O. y otro”. 20001-A, 644

El solo hecho de que una empresa provea a otra de la materia prima no compromete, por sí mismo, su responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales de la segunda en los términos del art. 30, LCT. Para que nazca aquella solidaridad es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal. Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace a la norma en cuestión el art. 6 del mismo ordenamiento laboral. La finalidad económica de la franquicia comercial se frustraría si el derecho aplicable responsabilizara sin más a los concedentes por las deudas laborales de las conce­sionarias, con perjuicio para la economía nacional por las indudables repercusiones que ello tendría en las inversiones, en contratos de este tipo. El art. 30 de la LCT. comprende las hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de las mismas actividades que desarrolla en su establecimiento. Son supuestos en los que contratan prestaciones que complementan la actividad del propio establecimiento, esto es, la “unidad técnica, o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, por medio de una o más explotaciones” (art. 6, LCT.). En los contratos de concesión, distribución, franquicia y otros, la actividad normal del fabricante o concedente excluye las etapas realizadas por el distribuidor o concesionario, por lo que no existe contratación de servicios en los términos del art. 30 de la LCT. Corte Sup., 15/4/1993, “Rodríguez, Juan R., v. Cía. Embotelladora Argentina S.A., s./Recurso de hecho”.

El sentido de la norma contenida en el art. 30 de la LCT. es que las empresas que teniendo una actividad propia normal y específica estimen conveniente o pertinente no realizarla por sí, en todo o en parte, no puedan desligarse de sus obligaciones laborales. Sala II, 31/8/1998, “Castro, Fernando Manuel, v. Peñaflor S.A. y otro”.

La doctrina emanada de la Corte Suprema en el caso “Rodríguez, Ramón, v. Cía. Embotelladora Argentina S.A. y otro, s./Recurso de hecho”, estableció que “las gravísimas consecuencias que derivan de la responsabilidad patrimonial a terceros ajenos en principio a la relación sustancial que motivó la reclamación, requiere la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos en el art. 30 de la LCT. y comprende la hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento. Son supuestos que completan o complementan la actividad del propio establecimiento, esto es, la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa por medio de una o más explotaciones”. Sala II, 26/12/1997, “Robredo, Martín, v. Nueve A S.A. y otros” (DT 1998-A-712).



Embotelladora

Los empleados de ARESCAR S.A. que realizan tareas de carga y descarga como ayudantes de repartidores de Coca-Cola S.A. tienen derecho a que esta última responda también por las deudas contraídas por su concesionaria. No es del caso que el reparto se encuentre comprendido en el objeto social de Coca-Cola S.A., sino que la distribución de la bebida es parte necesaria de un engranaje que se mueve conjuntamente en todas sus partes para que el producto llegue al público. Sala VI, 28/11/1997, “Meza, Jorge y otro, v. Arescar S.A. y otro, s./Des­pido”.

No corresponde la aplicación del art. 30 de la LCT. cuando un empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución. Este efecto se logra en la práctica comercial por contratos de concesión, distribución, franquicia y otros que permiten a los fabricantes o, en su caso, a los concedentes de una franquicia comercial vincularse exclusivamente con una empresa determinada sin contraer riesgo crediticio alguno por las actividades de esta última, que actúa en nombre propio y a su riesgo. Los trabajos y servicios de la Cía. Embotelladora Argentina no corresponden a la actividad normal y específica de Pepsi Cola Argentina S.A.C.I., cual es la fabricación de concentrados. No obsta a ello la lata formulación del objeto social, que originariamente tiene por fin asegurar la capacidad y el ámbito de actuación eventual de la persona jurídica, pues el art. 30, LCT., no se refiere al objeto ni a la capacidad societaria sino a la actividad real propia del establecimiento. Corte Sup., 15/4/1993, “Rodríguez, Juan R., v. Cía. Embotelladora Argentina S.A., s./Recurso de hecho”.

El tema fundamental en estos casos radica en determinar quién es el responsable en el país respecto de los créditos laborales del actor que trabaja en la etapa final de la elaboración del producto, y naturalmente es ajeno al complejo marco jurídico montado para lograr el resultado empresario. Este marco traduce intermediaciones sucesivas y la fragmentación del proceso productivo y de comercialización, concebida por la empresa extranjera, la cual le otorga a Pepsi Cola Argentina S.A.C.I. la fórmula de su producto, la que fabrica el jarabe, y se lo “vende” a la embotelladora, la que lo procesa y lo lanza al mercado, según licencia de la empresa extranjera. Por medio de esta licencia exclusiva, se unifica en la embotelladora la elaboración y la posibilidad de venta de la bebida y resulta obvio que los pasos intermedios son indisolubles, aunque se los desdoble. Esto implica una utilización indebida de la estructura jurídica para lograr el propósito desviado que en el caso se pretende traducir en la irresponsabilidad de Pepsi Cola respecto de los créditos laborales de la embotelladora y con relación al actor. Sala VI, 1/11/1996, “Blanco, Alfredo, v. Cía. Embotelladora Argentina S.A. y otros, s./Despido”.

La Corte Suprema en autos “Sandoval, Daniel Orlando, v. Cía. Embotelladora Argentina S.A.”, 18/7/1995, expresó que no corresponde aplicar al caso las disposiciones del art. 30, LCT., por el hecho de que Pepsico Capital NV sea la mayor accionista de Pepsi Cola Argentina S.A.C.I., si la misma no desarrolla actividad alguna en el país relacionada con la fabricación y venta de concentrados base de bebidas gaseosas. Por otra parte, aun cuando pueda constituir un conjunto económico con Pepsi Cola Argentina S.A.C.I., no se encuentra acreditada la existencia de maniobras fraudulentas o conducción temeraria, en este caso concreto, presupuestos fácticos indispensables para que sea de aplicación al caso lo dispuesto por el art. 31 de LCT., para hacer extensiva la solidaridad. Sala IX, 7/10/1996, “Mahiamadjian, Oscar, y otros, v. Cía. Embotelladora Argentina S.A. y otros, s./Despido”.
Tareas de vigilancia

Si bien la principal actividad de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. consiste en el trasporte de personas y/o cosas por vía ferroviaria, para ser llevada a cabo se torna necesaria la venta de boletos y el consiguiente control para evitar la evasión del pago correspondiente. Por ello, las tareas desempeñadas por el personal de vigilancia que efectúa el control de pasajes y seguridad fuera de los trenes, en los accesos a las estaciones, constituye una actividad sin la cual la empresa no podría funcionar eficazmente. Sobre esa base, Trenes de Buenos Aires S.A. es responsable solidariamente por las obligaciones emergentes del contrato de trabajo de los dependientes de las empresas que prestan tal servicio de vigilancia. Sala VII, 30/8/2000, “Castillo, Mirta, v. Organización Centauro S.A. y otro, s./Despido”.

Un banco no es una empresa de seguridad, no puede ceder, contratar o subcontratar servicios que no presta, y ello excluye su responsabilidad en los términos de ese dispositivo. Por lo demás, es un hecho notorio que actúan en el mercado numerosas empresas que prestan a terceros los servicios de seguridad y vigilancia que ocupa numeroso personal, que se ha organizado en sindicatos, y que las relaciones entre trabajadores y empleadores han sido reguladas mediante convenciones colectivas de trabajo específico para la actividad. También lo es que el personal es ocupado en diversos “objetivos”, en cumplimiento de los contratos celebrados por sus empleadores. (Del voto del Dr. Morando, en minoría.) Sala VI, 11/8/1997, “Amoroso, Alfredo, v. Centro de Investigaciones Argentinas S.R.L. y otro, s./Despido”.

Los servicios de vigilancia en un local comercial no pueden considerarse específicos de éste, ni mucho menos propios. La redacción del art. 30, LCT., priva de particular relevancia al tema de si las actividades en cuestión son secundarias o accesorias o si están (o no) integradas al giro habitual de la empresa. Lo importante es decidir si ésta puede o no cumplir sus fines propios, con prescindencia de la actividad contratada. No cabe duda de que en el caso de los Bancos, la actividad de vigilancia integra el “núcleo” de su objeto (custodia de bienes y valores), pero en el caso de grandes tiendas, supermercados, fábricas, consorcios, hoteles, etc., tal actividad puede ser normal u ordinaria, pero de no contarse con ella, la actividad principal puede cumplirse sin desmedro alguno. Sala IV, 8/4/1997, “Cardarelli, David, v. El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda. y otro, s./Despido”.

Si las tareas de vigilancia que realizaba la actora en una importante cadena de supermercados no se limitaban sólo al control general del establecimiento en que se desempeñaba o a una guardia disuasiva, sino que también debía velar en forma activa por la conservación de las mercaderías que vende la accionada y controlar las actitudes de los clientes, empleados y repositores dentro de tal ámbito, las funciones cumplidas corresponden a la actividad normal y específica del supermercado codemandado.

No toda tarea de vigilancia realizada en un supermercado constituye su actividad normal y habitual. Sin embargo, toda vez que las tareas de vigilancia de la actora no se limitaban a un control general del establecimiento, sino que debía velar en forma activa por la conservación de mercaderías que vende la accionada, un supermercado de gran magnitud, en que éstas se encuentran a libre disposición del público. Sala III, 29/4/1997, “Sotelo de Castro, Carmen, v. Vigiar S.R.L. y otros, s./Despido”.


Empresa explotadora de taxis

Los propietarios de los vehículos que se limitaron a alquilarlos a una empresa explotadora de una flota de taxis, sin asunción de riesgo empresario y mediante la percepción de un canon, no pueden ser responsabilizados soli­da­riamente por las obligaciones emanadas del contrato de trabajo entre los choferes y la empresa explotadora del servicio. Sala I, 23/6/2000, “Man­cuello, Adrián, v. Taxi Rin S.A. y otro, s./Despido”.

La empresa que presta un servicio de radiocomunicación entre el potencial pasajero y la explotadora de una flota de automóviles taxímetros, no puede ser responsabilizada solidariamente con la principal, en los términos del art. 30, LCT. No corresponde extender desmesuradamente el ámbito de aplicación de esta última norma, ya que la asignación de responsabilidad no ha sido establecida por la ley sin más requisito que la sola noción de que algunas actividades resulten coadyuvantes o necesarias para el desenvolvi­miento empresario. Sala I, 23/6/2000, “Mancuello, Adrián, v. Taxi Rin S.A. y otro, s./Despido”.

Tareas de limpieza

La limpieza ordinaria de las instalaciones de un club participa necesariamente de las funciones de la entidad, ya que sin limpieza no puede concebirse siquiera que el objeto social de la institución pueda cumplirse eficientemente. Es conveniente destacar que no solo se trata de un servicio imprescindible que se cumple de manera permanente, sino que también se efectúa por personal que trabaja dentro de los ámbitos físicos del establecimiento. Por otra parte, la finalidad de la ley es evitar que por vía de delegación, el empleador reduzca su débito frente al trabajador, sin perjuicio de reclamar al contratista a fin de que resarza el perjuicio sufrido. Sala III, 13/2/2001, "Costilla, Graciela v. Cendra, Armando y otro s. Despido”.

El art. 42 de la CN. dispone que las autoridades proveerán a la protección del derecho a la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Desde tal punto de vista, resulta inescindible y debe admitirse como integrante de la “unidad técnica” de la empresa prestadora de servicios públicos, la limpieza de las vías, trenes y espacios sanitarios y de circulación de los usuarios, pues hace al funcionamiento normal y regular de la misma, es imprescindible y provee al cumplimiento de su fin específico. Sala X, 29/8/1997, “Olmedo, Miguel, v. Femesa y otro, s./Despido”.

La empresa contratada por la principal para realizar tareas específicas de barrido, recolección y traslado de residuos a los centros de recolección y que comprendía a todas las áreas del establecimiento (oficinas, edificios administrativos y sanitarios, servicio médico, calles perimetrales, etc.) prestando a la demandada un servicio de limpieza industrial, resulta no sólo una actividad normal sino además específica propia del establecimiento demandado (en este caso Sevel Argentina S.A.), por cuanto es indispensable para el cumplimiento de los fines empresarios en los términos del art. 30, LCT. Sala X, 27/6/1997, “Suárez, Juan, v. Aseo S.A. y otro, s./Accidente 9688”.

Las tareas de limpieza son accesorias y conceptualmente escindibles de la actividad de fabricación de margarinas, emulsiones y levaduras para alimentos, desarrolladas por la demandada. Así, no corresponde aplicar la solidaridad consagrada en el art. 30, LCT., para la actividad secundaria, aunque haga a la actividad permanente y habitual del establecimiento. Sala I, 20/6/1997, “Raboni, Carlos, v. Lesonye S.R.L. y otros, s./Despido”.

La limpieza ordinaria de un establecimiento bancario participa nece­sariamente de las funciones de la entidad, ya que sin limpieza no puede concebirse siquiera que el objeto empresarial pueda cumplirse eficientemente, pero conviene destacar también que no sólo se trata de un servicio imprescindible que se cumple de manera permanente, sino que éste se efectúa por personal que trabaja dentro de los ámbitos físicos del establecimiento del banco demandado. Además, la finalidad de la ley es evitar que por vía de delegación, el empleador reduzca su débito frente al trabajador, sin perjuicio de reclamar al contratista a fin de que le resarza el perjuicio sufrido. Los trabajos de limpieza efectuados para un banco son accesorios y conceptualmente escindibles de la actividad financiera específica que éste desarrolla y no comprometen su responsabilidad solidaria, toda vez que no pueden identificarse como “actividad normal y específica”. Sala III, 20/3/1997, “Aucapiña, Ceferina, y otros, v. Organización Alfa S.R.L. y otro, s./Despido”.

El art. 30 de la LCT. hace referencia a la actividad normal y específica propia del establecimiento de la contratante. Al respecto, cabe destacar que si bien la limpieza es una actividad normal en todo lugar, es necesario dilucidar si resulta indispensable para el cumplimiento de los fines de la empresa o si, en cambio, se trata de una actividad que aunque no se preste, no impediría alcanzar dichos fines. En el caso concreto, se trata de una fábrica de neumáticos donde la actividad de la limpieza, aunque sea permanente y habitual, es secundaria. Sala VII, 26/2/1997, “Camargo, Carlos, v. Linser S.A., s./Indemnización art. 212”.
Mantenimiento de equipos y centrales telefónicas

La actividad normal y específica de cualquier empresa telefónica es brindar un servicio de comunicación telefónica. Por ello resulta un aspecto inescindible de la misma el zanjeo y la colocación de caños por donde pasan las líneas, toda vez que sin esta actividad no podría cumplir con su fin específico. En consecuencia la condena por incumplimiento de las normas laborales debe hacerse extensiva a la empresa telefónica codemandada (art. 30, LCT.). Sala V, 30/9/1997, “Bavasso, Jorge, v. Rubén O. Sale S.R.L. y otros, s./Despido”.

Si bien la actividad específica de Telefónica de Argentina S.A. se encuentra destinada a la prestación del servicio de telecomunicaciones, si la contratista Iatel S.A. estaba a cargo del mantenimiento de las centrales telefónicas, tal actividad no puede ser escindida de aquellas consideradas propias de la principal, pues las empresas son solidariamente responsables de las obligaciones emergentes de las relaciones laborales de sus dependientes (art. 30, LCT.). Sala VIII, 17/3/1997, “Moreta, José, y otros, v. Iatel S.A., s./Despido”.
Distribuidor de productos

En los contratos de concesión, distribución y franquicia, la actividad normal del fabricante o concedente excluye las etapas realizadas por el distribuidor o concesionario, por lo que no existe contratación de servicios en los términos del art. 30, LCT. En tal sentido, debe aplicarse al caso lo decidido por la Corte Suprema en la causa “Rodríguez, Juan, v. Cía. Embotelladora Argentina” (R. 317-XXIII, 15/4/1993) en virtud de la actitud de seguimiento que corresponde adoptar respecto de los fallos del superior. El trasporte y la entrega de mercaderías constituye una actividad específica propia de la empresa, pues se vincula en forma directa con la comercialización de los productos cuya elaboradora de vinos, jugos de fruta, etc., y su distribuidor tienen la finalidad de posibilitar la concreción del objeto social, en este caso concreto, de Peñaflor S.A., pues no cabe duda alguna que la entrega de productos elaborados por ésta a sus clientes haga al fin de la misma, que no se concreta sólo en la elaboración, sino en su comercialización, de la cual la entrega del producto forma parte. Sala III, 20/3/1997, “Meza, Jorge, v. Adolorato, Juan y otros, s./Despido”.


Tareas de promoción y venta

El art. 30 de la LCT. comprende la hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento (Corte Sup., “Rodríguez, Juan, v. Cía. Embotelladora S.A.”). En tal sentido, si bien es cierto que la actividad normal y específica de la codemandada Matarazzo S.A. resulta ser la producción y comercialización de productos alimenticios al por mayor y menor (pastas alimenticias y sus derivados), no es menos cierto que con los eventos denominados “Matarazzo Party” que organizaba por medio de la subcontratación de un tercero, promovía y comercializaba tales productos exclusivamente, incrementando la venta y promoción de los mismos. De manera que si los productos que se usaban en dichas reuniones y restaurantes donde se realizaban eran de la marca de la codemandada y hasta la ropa que usaba el personal que las organizaba llevaba el logotipo de tal empresa, cabe concluir que existe solidaridad en los términos del art. 30 ya citado entre las codemandadas a los fines de las obligaciones laborales. Sala VIII, 19/2/1997, “Politis, Primo, v. Diamante, Ana, y otro, s./Despido”.


Art. 30, LCT. Improcedencia

Para que nazca el reproche de responsabilidad previsto por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (DT 1974-805, t.o. 1976-238) es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o contem­plen su actividad normal: debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista. Toda norma o interpretación que obligue al pago de una deuda en principio ajena adolece de una fuerte presunción de incons­titucional por agraviar la intangibilidad del patrimonio, sin que enerve tal conclusión la necesidad de tutelar los créditos laborales, pues lo contrario implicaría debilitar la confianza en el régimen como sistema de contrapesos destinados a otorgar seguridad a las relaciones económicas (del dictamen del procurador fiscal, al que adhiere el Superior Tribunal de la Nación). Corte Sup. 14/9/2000, “Escudero, Segundo R., y otros v. Nueve A S.A. y otro” (DT 2001-A-97/98).

La Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas —FACE— es una de las más antiguas y conocidas instituciones de bien público que actúan en nuestro país y que, para la asistencia de las personas a las que dirige sus esfuerzos, presta servicios que no constituyen sino los medios para hacer efectiva esa asistencia. Ello no desvirtúa su finalidad social, convirtiéndola en empresaria en cada una de las áreas de actividad que, con esa finalidad instrumental, organiza. No es una empresa editorial cuando publica libros o folletos, ni, en el caso, una empresa gastronómica cuando ofrece servicios de esa naturaleza para las trabajadoras. Por ello, aunque gestionara directamente el comedor, ello no conduciría a caracterizarla como titular de un establecimiento gastronómico, y, dado que el concepto de establecimiento es el núcleo de la proposición normativa contenida en el art. 30, LCT., no puede considerarse que en el caso haya existido contratación o subcontratación en dichos términos. Sala VI, 19/2/1997, “Agache, Blanca, v. El Camiño, Manuel, y otro, s./Accidente”.
Servicios gastronómicos

Es innegable que la actividad de un bar y restaurante son favorables para el mejor desenvolvimiento de un club y consecución de sus fines económicos ya que permite el desarrollo de una importante actividad complementaria que posibilita brindar un mejor manera a la institución frente a su competencia y dejando al club un lucro económico materializado en el canon que percibe del concesionario, como así, atrayendo una mayor clientela traducida en una mayor cantidad de socios, todo lo cual, hace al más efectivo cumplimiento y desarrollo de los fines de la institución, por lo que no cabe sino concluir, que en tales supuestos, se encuentra configurado el presupuesto fáctico previsto en el art. 30 de la LCT., para responsabilizar solidariamente al club y al concesionario del bar o restaurante. Sala V, 5/6/2000, “Pegullo, Pablo G. v. Comedores Administrados SRL Comand SRL y otro”.

Es improcedente extender la responsabilidad del artículo 30 de la LCT. a una asociación civil sin fines de lucro –en el caso, un club deportivo- respecto de las obligaciones del concesionario de la confitería, pues no se trata de una empresa que delega parte de su proceso productivo en un tercero ya que no se ve beneficiada por la concesionaria en tanto dicha actividad no forma parte de su actividad principal ni de su objeto social, y el carácter lucrativo se contrapone con la finalidad. CS Tucumán, sala laboral y contencioso administrativa, 4/3/2000, “Mustafá Díaz, María I. v. Barrionuevo de Ferez, Berta E. y otros”.

Cuando se trata de servicios gastronómicos brindados en un comedor privado (no abierto al público) debe entenderse que aunque sea una actividad gastronómica, está integrada inescindiblemente con el desarrollo propio de las actividades sociales de la entidad principal. Por el contrario, cuando en el club no es necesario, para acceder al restaurante, concurrir con un socio o ser socio, recién en esa hipótesis puede considerarse que la actividad gastronómica no forma un servicio específico propio de la entidad de que se trata. (Del voto del Dr. Bermúdez, en mayoría.) Sala I, 13/7/1999, “Ocampo, Ramón, v. Jockey Club Asoc. Civil y otro, s./Despido”.

En este caso particular y según los informes obrantes en la causa, el local que explotó la concesionaria empleadora de los demandantes estuvo habilitado a nombre de la Sociedad Rural antes que la titularidad pasara al concesionario. Se registra, pues, la situación prevista por la primera parte del art. 30, LCT.: “quienes cedan […] a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre”. Ello implica que, al menos a los efectos limitados regulados por la norma citada y en este caso concreto, la Sociedad Rural Argentina debe responder solidariamente con la concesionaria demandada por las obligaciones insatisfechas que ésta contrajo con los trabajadores que se desempeñaron para ella en cumplimiento del contrato de concesión. Sala VI, 10/9/1996, “Labrador, Vicente, y otros, v. Nueve A S.A. y otro, s./Despido”.

Si bien la actividad gastronómica puede no formar parte del objeto de una Fundación (en este caso la Fundación Banco Patricios), es evidente que contribuye a su mejor desenvolvimiento y consecución de sus fines, en tanto este servicio es una actividad complementaria que otorga a quienes concurren a los diversos eventos y deja una ganancia a la Fundación consistente en el canon que cobra del concesionario. Para más, en nuestro país y con nuestras costumbres, no puede escindirse la actividad social, cultural y recreativa que cumple una institución de estas características del complemento gastronómico. Sala III, 23/3/1996, “Massono, Héctor, v. Giannelli, Héctor, y otro, s./Despido”.

Una entidad debe responder solidariamente en los términos del art. 30 de la LCT. cuando se demuestra que la misma, en el caso la Sociedad Rural Argentina, es concedente de un restaurante y cocina, y del contrato de concesión gastronómica surge que la concesionaria se obliga a brindar servicio de comedor de club privado en determinados días y horarios a los concurrentes aun cuando en otras cláusulas se haya establecido que la concesionaria asuma plena responsabilidad frente a terceros y al personal que contraten como así también por las obligaciones que derivaran de esas relaciones tanto en el ámbito civil, laboral, penal, previsional, fiscal, comercial y administrativo. Sala II, 26/12/1997, “Robredo, Martín, v. Nueve A S.A. y otros” (DT 1998-A-712).
Mantenimiento de maquinarias

Hay una evidente inescindibilidad entre la actividad explotada por la demandada (fabricación y venta de neumáticos) y la imperiosa necesidad de contar en todo momento con un adecuado mantenimiento de máquinas que le permiten alcanzar aquellos fines (trabajo realizado por el actor), actividad esta última esencial e integrada al normal desarrollo de su giro comercial, de manera que sin la efectiva realización de esta última no sería posible el desarrollo de la primera. Por ello, ambas empresas son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo en base a lo supuesto por el art. 30, LCT. Sala IX, 11/6/1997, “Orellana, Gregorio, v. Ingeniería Young S.R.L., s./Despido”.

El mantenimiento de las maquinarias en una empresa, cuando no se trata de una reparación excepcional, es una tarea específica de todo establecimiento industrial. En tal sentido, la Corte Suprema ha establecido que “para que nazca la solidaridad (art. 30, LCT.) es menester que la empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal. Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al art. 6 del mismo ordenamien­to laboral”. Sala III, 30/8/1996, “Benítez, Arturo, v. Afford Service S.R.L., s./Despido”.
Servicio de hotelería en un sanatorio

El servicio de hotelería brindado en el ámbito de un sanatorio por la empresa constituye una función que hace a la actividad normal y específica de dicho centro de salud, por lo que determina la responsabilidad común de ambas codemandadas. Sala VI, 16/8/1996, “Lucero, Silvia, v. Comidas Programadas S.A. de Catering, s./Despido”.


Vigilancia de “countries”

Constituye una experiencia incorporada a lo que es público y notorio que los countries clubs no podrían funcionar si no proporcionaran a sus miembros la seguridad indispensable para el disfrute de las instalaciones. Debe tenerse en cuenta que las condiciones socioeconómicas del entorno de estos establecimientos han generado la necesidad de integrar a sus actividades como indispensable el servicio de seguridad. Se trata de una cuestión de supervivencia que ha pasado a formar parte de los servicios que deben proveer a los socios aun entidades sin fines de lucro. En tales condiciones corresponde aplicar la responsabilidad solidaria expresada en el art. 30, LCT. Sala V, 28/9/1995, “Medina, Juan, v. Investigaciones Duque S.A., s./Despido”.



Prestaciones médicas

Una empresa que se dedica a realizar prestaciones médicas domiciliarias y que celebró un contrato de “cooperación” con otra por la cual cuando no podía cumplir algún servicio recurría a aquella, encaja dentro de la solidaridad estable­cida por el art. 30 de la LCT. en cuanto a las obligaciones derivadas de las relaciones laborales mantenidas con sus dependientes. En ningún momento la ley exige que la contratación en cuestión lo sea en exclusiva ni que su duración sea permanente. Sala IV, 27/8/1999, “Pérez Trigas, Delia, v. Amid S.A. y otro, s./Despido”.

La actividad normal y específica propia de una obra social sindical no es la de prestar asistencia médica a sus afiliados con dependientes propios. La circunstancia de que tales entes procuren asistencia médica a éstos no implica que la obra “ceda” a terceros trabajos o servicios que hacen a su giro; su tarea consiste en “facilitar el acceso” a tales prestaciones y al efectuar el contrato pertinente con los verdaderos prestadores de la asistencia de salud cumple con fines estatutarios propios y no con su “actividad propia” que no incluye ni excluye tal posibilidad. En estos casos se ve reflejado con claridad lo que resulta del fallo “Rodríguez” de la Corte Suprema (15/4/1993) cuando define la necesidad armónica entre los términos de “empresa” y “establecimiento” que son perfectamente escindibles sin violencia de la aplicación leal del art. 30, LCT. Sala IV, 22/3/1996, “Hass, Carlos, v. Ceprimi S.R.L., s./Despido”.
Empresas de telefonía celular

Quien comercializa aparatos de telefonía celular contribuye a lograr el fin de la empresa que presta tales servicios, porque sin la comercialización de los aparatos la prestación del servicio sería inútil. Por ello la empresa Miniphone S.A. resulta solidariamente responsable, en los términos del art. 30, LCT., con el agente que comercializaba los aparatos celulares por aquélla provistos. Sala VII, 28/6/2000, “Roser Catriel, Horacio, v. RV Comunicaciones S.R.L. y otro, s./Despido”.

Las empresas dedicadas a la venta de servicios de telefonía celular incluyen dentro de su actividad "normal y específica" la venta de aparatos de telefonía celular, sin los cuales sería imposible la prestación del servicio de comunicación ofrecido. Por ello, resulta inescindible la provisión del aparato respectivo, del servicio de telefonía móvil que comercializaba la principal y la solidaridad del art. 30 LCT se impone sobre ambas empresas. Sala VII, 18/12/2001, "Patiño, Gladys v. Markales S.A. y otro s. Despido"

Si la empresa codemandada (Compañía de Radiocomunicaciones móviles SA) no tenía como actividad normal, específica propia la venta o alquiler de aparatos celulares, sino que su giro empresarial lo constituía la prestación de servicios de telefonía celular, contratando agentes para la comercialización de los mismos (conforme surge de su estado social), tales circunstancias permiten inferir que no resulta aplicable la solidaridad emergente del art. 30 de la LCT, con relación a la agencia demandada. Sala II, 28/2/2001,"Fosati, Amalia v. Celred ARL y otro s. Despido"


Casos particulares

El servicio de laboratorio integra las prestaciones de un sanatorio, en la medida que no puede sostenerse la existencia de un centro de salud sin dicho servicio, por lo que corresponde declarar la solidaridad en los términos del art. 30 de la ley de contrato de trabajo. Sala VI, 29/8/2001, “Garaventa, Gabriela E. v. Médica SA y otro”

Toda vez que el potencial de ganancia facturado por la empresa de televisión por cable demandada depende directamente de la instalación y cableado domiciliario, tal actividad debe calificarse como necesaria y coadyuvante de la principal, y si aquélla la delegó en otra empresa, ambas son responsables solidariamente de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales en los términos del art. 30 LCT. Sala X, 19/4/2001, "Rodriguez, Julio v. Nasa Instalaciones SRL y otro s. despido"

Resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 LCT la empresa que fabricaba las bebidas gaseosas que otra empresa, concesionaria de un club de fútbol, distribuía y vendía en su estadio . No puede negarse que dentro del objeto social de Coca Cola Femsa se halla la comercialización y venta de las bebidas que elabora. Especialmente si la subconcesión realizaba la venta de tal producto en forma exclusiva. Pero tal solidaridad no es extensible a la entidad deportiva (en este caso el Club River Plate) porque la venta de gaseosas no constituye una actividad normal de dicha institución. Tan es así que si decidiera suprimirla no afectaría sus objetivos sociales ni podría ser exigida por parte de los socios. Sala II, 28/11/2000, "Encalada, José v. Hecmir SRL y otros s. Despido"

La fabricación de automotores siempre incluyó la "verificación final" y este carácter ordinario de la tarea no se altera por la circunstancia de que una empresa automotriz (en el caso "Autolatina") haya decidido "tercerizarla" concediendo a otra empresa dicha actividad final. Tal actividad no constituye una novedad respecto del proceso productivo en beneficio del cual es desplegada, y no puede calificarse como tal por la sola circunstancia de que la principal haya querido contratar a otra empresa ("Furlong" en este caso) para la realización de trabajos que le son propios. Sala VII, 26/10/2000, "Lopez, Mercedes v. Transportes Furlong S.A. y otros s. despido"

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es solidariamente responsable, en los términos del art. 30 de la LCT de las obligaciones incumplidas emanadas de la relación laboral de quien prestaba tareas en el servicio de ambulancias por aquélla institución contratado. Resulta inoponible al accionante la alegada función social y consecuente ausencia de fines de lucro o los meramente hipotéticos perjuicios económicos que ocasionarían al instituto hacerse cargo de todos los reclamos de los empleados de sus prestadores contratados ocasionalmente, consecuencia atribuible eventualmente a la ausencia de los controles sobre los contratistas o subcontratistas que impone el régimen aplicable. Sala IX, 23/3/2001, "Castro, Gastón v. Cervone, Vicente y otros s. Despido"

Si bien es cierto que la actividad normal y específica propia de un hotel no es la publicación de revistas, en este caso concreto, la revista que se publicaba no era de circulación pública, sino que estaba destinada solamente a los pasajeros que se hospedaban en el hotel, puede decirse que tal actividad era propia de la empresa, aunque no fuera del establecimiento hotelero. Por ello, resultan responsables de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo la empresa propietaria del hotel en cuestión y los editores de dicha publicidad. Sala VII, 13/2/1997, “Rodríguez, Silvia, v. Cía. Gral. de Industria y Comercio S.A. y otros, s./Despido”.

Si la empresa demandada delegó en otra las tareas de cobranza de los servicios a sus clientes, al ser ésta una de las instancias más importantes en el proceso de comercialización, no resulta aplicable al caso lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Rodríguez, Juan, v. Cía Embotelladora”, toda vez que no es admisible la fragmentación artificial del citado proceso, ni la pretensión de que el que ha programado esta organización en su beneficio no tenga responsabilidad para con aquellos que gestionaban las operaciones que hacían a su giro comercial. Por ello, tal situación queda comprendida en las disposiciones del art. 30, LCT. Sala VII, 6/7/2000, “Urich, Noemí, v. Ecu S.R.L., s./Despido”.

La práctica o enseñanza de natación en un club cuya actividad predominante es el fútbol (Club Atlético All Boys) constituye una actividad normal y específica de éste toda vez que, con criterio amplio, se trata de una institución destinada a la actividad atlética y deportiva, aunque predomine un deporte sobre otros. Por ello, corresponde la condena solidaria entre el club demandado y la concesionaria del natatorio donde prestaba servicios la actora (art. 30, LCT.). Sala I, 29/5/2000, “Fanjul, Graciela, v. Trinchero, Norberto, y otros, s./Despido”.

Si una empresa de estibajes contrató los servicios de una organización con el fin de tener una enfermera con carácter permanente para paliar el alto porcentaje de riesgo y peligrosidad que involucraban las tareas que allí se realizaban, la calidad de empleada técnica que revestía integraba la actividad normal y habitual de la empresa. Por ello, corresponde que se condene solidariamente a la empresa de estibajes y a la proveedora del servicio sanitario, toda vez que ésta integraba los objetivos empresariales de aquélla. Sala VII, 23/6/1998, “Fernández, Marta, v. Olivera, Mario y otro, s./Despido”.

La reposición de productos de una determinada empresa en las góndolas de supermercados no puede calificarse como una tarea normal y habitual de la empresa fabricante de tales productos. Si bien tal ocupación resulta comparable a la publicidad que busca incentivar las ventas, es típicamente accesoria y conceptualmente escindible de la actividad específica de la principal, lo que lleva a desestimar la solidaridad del art. 30, LCT. Sala III, 14/10/1998, “Betran, María, v. Unileve Argentina S.A. y otro, s./Despido”.

La instalación del cableado, más aún cuando se efectúa con materiales que brinda una de las partes, crea solidaridad toda vez que la empresa de televisión por cable está interponiendo un tercero que sólo pone la mano de obra en la realización de las instalaciones que le pertenecen y que es necesario mantener en el futuro. Sala VI, 11/11/1997, “Ruttimann, Sergio, v. Multilux S.A. y otro, s./Despido”.


Art. 31 de la LCT. Empresas relacionadas y subordinadas. Solidaridad.

Conjunto económico

Cabe considerar que dos sociedades integran un único centro económico si están constituidas y formadas por los mismos socios, tienen un mismo domicilio común y una es encargada de la administración y auditoría de la otra (en el caso, se concluyó que existía una confusión en la gestión de la sociedad que asumió la titularidad del contrato de trabajo y la de la empresa que tenía el control administrativo y de fiscalización que no era ajena a la posición irregular en que se mantenía al trabajador. Sala I, 30/11/2000, “Vergel González, Augusto A. v. Global Food Argentina S.A. y otro” 2001-A, 794.

Si un trabajador inició y mantuvo un contrato de trabajo con una empresa que ha estado bajo la dirección, control o administración de personas que luego han sido integrantes de otra sociedad, para la que también trabajó el actor, y que se dedican a la misma actividad, cabe concluir que ambas empresas constituyen un conjunto económico de sociedades e integrantes (en el caso, ambas empresas se dedicaban a la explotación de institutos de enseñanza, asesoramiento integral e implementación de sistemas de computación e informática en general). Sala X, 20/11/2000, “Romanazzi, Pedro M. v. Capacitación y Desarrollo SA y otros “. 2001-A 809

En el caso de la trabajadora que se desempeñó para ambas codemandadas que integran un grupo económico se configura, objetivamente, un supuesto de evasión de normas laborales que torna aplicable lo dispuesto por el art. 31 LCT, dada la fragmentación de la antigüedad que derivaría de la existencia de dos vínculos distintos cuando es sólo uno. Sala X, 21/6/2000, “Carloni, Hortensia M., v. Roberto Jajam S.A. y otro s./despido” TySS, ‘00-1093

La configuración de un conjunto económico a los fines de la solidaridad prevista en el art. 31 de la LCT requiere que el vínculo entre las personas jurídicas sea permanente, es decir, que exista comunidad de capitales y de directores y una comunidad de personal, el que debe ser intercambiable y pasar de una sociedad a otra de modo que quede configurada una sola relación laboral. Claboral y Paz, Corrientes, 16/3/2000, “Verón, Héctor R. v. Empresas Aguas de Corrientes S.A.”

Toda vez que el conjunto económico está integrado por empresas con estrechos puntos de contacto, reveladores de intereses comunes , necesariamente llevan a concluir que deben responder solidariamente en las obligaciones laborales con su personal (Conf. Cnat Sala VI sent. 32010 7/7/89 "Fernández, Antonio C/ Cunnington"). Y la apariencia formal no impide la consideración de la real situación subyacente, aún en ausencia de conductas fraudulentas (CSJN Fallos 268:97 "Parke Davis y Cía Argentina"). Sala X, 20/4/2001, "Meneses Gutierrez, Omar v. Brugasto S.A. y otro s. Despido"


Responsabilidad de socios, gerentes, directores y administradores de sociedades comerciales.Maniobras fraudulentas. Conducción temeraria. Doctrina de la penetración de la persona jurídica.

Según la doctrina del órgano, los representantes estatutarios de la sociedad expresan la voluntad de la sociedad: son parte de ella a diferencia de los representantes voluntarios -mandatarios- que expresan su propia voluntad, si bien lo hacen en nombre y representación del mandante. Concebida la persona jurídica como un orden normativo parcial, es centro de imputación de derechos y obligaciones. Ese orden normativo actúa y se expresa a través de individuos por lo que, en el marco de esta doctrina, cuando un individuo que obra como órgano de una persona jurídica hace valer un crédito, es decir que el órgano es parte integrante de ese orden normativo parcial de la persona jurídica, lo que haga ese individuo, que actúa como órgano, será imputado a la persona jurídica respectiva y esto es sólo un aspecto funcional de la persona jurídica, o un punto de referencia de normas de competencia. Sala X, 31/12/1997, "Spector, Luis v. Loalco S.A." DT 1998-B, 1679

El renovado instrumental jurídico que resulta de la valoración crítica de los problemas que plantea la producción industrial en masa y las estructuras económico-sociales en transformación, no importa consagrar institutos que funcionen unilateralmente a favor exclusivo de uno sólo de los sujetos de la relación tributaria. Los tribunales pueden descorrer el velo societario en el interés de los mismos que lo han creado, haciendo aplicación positiva de la teoría de la penetración y, asimismo, admitir la invocación de la teoría del conjunto económico o sus equivalentes, ya que de lo que se trata es de la necesaria prevalecencia de la razón del derecho sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutivo de la sustancia que define a la justicia, aprehendiendo la verdad jurídica objetiva, sea ésta favorable al fisco o al contribuyente. CSJN, 26/02/1985, "Kellog Co. S.A.C.I. y F. S/ impuesto a los réditos" T. 307, p. 118

Teniendo en cuenta que reviste personalidad distinta la sociedad respecto de la de sus socios como personas físicas, es que en principio resulta excepcional la posibilidad de que estos invoquen tener identidad real con el ente, pues así se estaría desconociendo que la ley la establece como un medio técnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin lícito que se propone y que la limitación a la personalidad surja cuando el ente se aparte de estos fines. De ello se origina que la desestimación de ese atributo societario -en principio- ha sido utilizado en beneficio de los terceros para evitar que sean perjudicados por la actuación del ente y solo en circunstancias muy extraordinarias y especiales en favor del socio (conf. Veron "sociedades comerciales", bs.As. 1982, T.1, Ap.2, Pag.31; Etc). CNCom., S. D, 12/10/1994, "Verchik, David y otros, v. Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario"


Siendo propio de las sociedades (civiles o comerciales) el fin de lucro (arts. 1648, Código Civil, art. 1º ley 19550), no resulta aceptable una utilización abusiva de la forma societaria que, obscureciendo la realidad, logre beneficio en indebido perjuicio de los terceros: de donde se abrió paso la doctrina del abuso de la personalidad y de la penetración o descorrimiento del velo societario que permite poner a la luz actividades espurias hechas al abrigo de la personalidad jurídica, para encubrir negocios jurídicos que desvirtúan los fines de su creación y que sólo buscan el injusto beneficio de sus miembros. Es una aplicación particular de la regla sentada en el art. 1071 del Código Civil y que encuentra concreta recepción en materia societaria en el art. 54 de la ley 19550. CApel. Civ. y Com. La Plata [Buenos Aires], S. 1, 29/12/1997, "Guerra, Héctor Ricardo y otros s/ tercería de dominio"
La teoría de la penetración o de la desestimación de la personalidad societaria ha sido elaborada a propósito del uso desviado de ésta como cuando, prevaleciéndose de dicha personalidad, se afectan intereses de terceros, de los mismos socios y aún de carácter público. Su aplicación, en casos excepcionales, corresponde en materia laboral, cuando se trata de remediar una situación de fraude a los derechos del trabajador. Sala II, 09/05/1973, "Aybar, Rubén E. y otros v. Pizzería Viturro S.R.L. y otros" DT 1974-67
Para considerar responsable en forma personal a una persona física que dirige o administra a una persona jurídica de existencia ideal, es necesario acreditar que éste utilizaba la persona jurídica en forma abusiva, para lograr los objetivos puramente individuales distintos a los propios de la realidad social. Sala II, 29/11/1996, "Paredes, Héctor L. v. Embotelladora San Miguel S.A. y otros" LL 1998-F, 850; JA, 1998-I-176
El uso desviado de las personas colectivas se ha procurado remediar mediante la posibilidad de desestimar la estructura formal del ente, para penetrar en el sustrato personal y patrimonial del mismo. La existencia de la sociedad constituye una mera apariencia destinada a evadir las responsabilidades si carece de sustento real frente a los organismos de control, tributarios o de la seguridad social, encubriendo la actividad concreta desarrollada por los codemandados -los dos únicos socios de las S.A.-, lo cual no puede ser soslayado en el marco legal del art. 14 de la L.C.T. La pretensión de excluir la responsabilidad personal con una figura societaria no puede receptarse al advertirse que la persona de existencia ideal es sólo un medio para evadir las normas que configuran el orden público laboral. Por ello es aplicable el art. 14 de la L.C.T. y la directriz que exige a quien alega una defensa demostrar que se observaron las obligaciones derivadas del contrato. Sala II, 25/03/1999, "Pereyra , Eduardo A. v. Pro Fan S.A. y otro s/ despido"
No invocada ni acreditada en juicio la insolvencia de la sociedad, ni la existencia de maniobras de la socia gerente de la S.R.L. tendientes a disminuir el patrimonio de la persona jurídica, no resulta procedente la solidaridad en base a diversas disposiciones de la ley 19550. La normativa laboral no contempla la aplicabilidad de la doctrina de la penetración a los incumplimientos de las obligaciones previstas en la ley 24013, ni tampoco surge de la ley de sociedades. La intención del legislador al sancionar la ley 19550 ha sido regular las relaciones societarias, de los socios y de los terceros con éstos, pero no la relación laboral, ni a los trabajadores, regidos por otras leyes. Si el legislador hubiera creído conveniente extender la responsabilidad por el trabajo en negro y similares violaciones a todos los integrantes de la sociedad y sus administradores, debió explicarlo a través de las leyes que así lo dispusieran expresamente, máxime cuando ya existen sanciones específicas para reprimir las conductas mencionadas en la ley 24013. El principio general es que la personería jurídica no debe ser desestimada sino cuando se dan circunstancias de gravedad institucional que permitan presumir fundadamente que la calidad de sujeto de derecho fue obtenida al efecto de generar el abuso de ella o violar la ley. No creada la figura societaria como un medio para violar la ley mediante el trabajo en negro, no es aplicable el régimen de la inoponibilidad de la persona jurídica. Sala I, 21/09/1999, "Crespi Karina v. Instituto del Centenario S.R.L. y otros s/ despido" TySS 1999-1064

La constitución de una nueva sociedad, a los efectos de continuar con las actividades comerciales de la sociedad fallida, constituye un supuesto de verdadera ocultación y de vaciamiento patrimonial de la fallida en beneficio de ese nuevo ente, urdida por las personas físicas comunes a ambas sociedades, que habrían aprovechado los velos estructurales de las personas jurídicas para perjudicar a los acreedores de la fallida. Esa conducta justifica la calificación de la conducta de los responsables como culpable y fraudulenta, por incursión en las causales de los arts. 235 y 236 de la ley 19551. CNCom. Sala C, 28/02/1994, "Tucson S.A. s/quiebra"

EL virtual vaciamiento de la empresa empleadora a favor de otra de idéntica actividad comercial, integrada por los mismos miembros de la familia, perjudica al trabajador al privarlo de la garantía del cobro de sus acreencias. EL vaciamiento fraudulento mencionado encubre fines extrasocietarios que permite aplicar la llamada teoría de la penetración o prescindencia de la personalidad jurídica. Sala III, 4/11/1997, "Ibelli, Emilio v. Dam S.R.L."
La inoponibilidad de la personalidad jurídica de las sociedades, a fin de imputar las obligaciones y responsabilidades directamente a sus socios o controlantes, requiere que la sociedad con quien se hubo jurídicamente realizado la correspondiente operación también haya sido demandada, pues para poder extender la responsabilidad a los socios por los actos de la sociedad, ésta debe ser condenada, y dado que ello no fue solicitado en el caso, más allá de su citación en los términos del art. 94 del Código Procesal, no es posible hacer lugar a la desestimación de la personalidad jurídica solicitada. CCiv. y Com. San Martín [Buenos Aires], S. II, 02/09/1999, "I.T.P. Electrónica S.R.L. v. Signs Time S.R.L." LLBA, 2000-86; JA 2000-II-704; ED 187-177
Resulta irrelevante que la solicitud de condena solidaria de dos sociedades, cuando corresponde aplicar la llamada teoría de la penetración, se formule en la etapa de ejecución, cuando el vaciamiento en que se sustenta dicha responsabilidad solidaria fue, justamente, consecuencia del conocimiento del reclamo del trabajador. Sala III, 4/11/1997, "Ibelli, Emilio v. Dam S.R.L."

A los fines de considerar configurada la conducta exigida por el art. 31 de LCT. para la procedencia de la responsabilidad solidaria allí establecida, no es necesario probar el dolo de los involucrados o un propósito fraudulento en los mismos, dado que no se exige una intención subjetiva de evasión de las normas laborales, bastando con cumplir la exigencia normativa de que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción a esas normas laborales, con intenciones o sin ellas. Sala X, 20/4/2001, “Meneses Gutiérrez, Omar A. v. Brugastro SA y otro”.

La movilidad funcional del actor entre empresas integradas por las mismas personas y dedicadas a la misma actividad, así como las irregularidades registrales de las mismas, constituyen el supuesto de maniobras fraudulentas al que alude al art. 31 de la LCT. por cuanto, para que se configure la responsabilidad solidaria allí establecida no es necesario probar el dolo del empleador o una intención fraudulenta del mismo, ni se requiere una intención subjetiva de evasión de las normas laborales, sino que basta que la conducta empresarial se traduzca en una sustracción a dichas normas para que resulten solidariamente responsables por las obligaciones contraídas por cada una de ellas con el actor y con los organismos de la seguridad social. Sala X, 20/11/2000, “Romanazzi, Pedro M. v. Capacitación y Desarrollo SA y otros “. 2001-A 809

Si los codemandados son socios gerentes de la sociedad demandada, controlantes de la voluntad societaria y el actor no estuvo registrado en los libros, corresponde admitir la aplicación de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica y condenar directamente a los socios. Sala X, 20/9/2000 “Coleur, Sergio D. v. Frigorífico La Nona SRL y otros”, 2001-A, 122

Ante la ausencia de un planteo concreto de fraude por interposición de personas, la conclusión del decisorio considerando responsable al socio directivo a título personal, con fundamento en el art. 54 de la ley 19550 y 43 del Cód. Civil, importa resolver “extra petita”, lo cual está vedado al juzgador. Sala X, 9/5/2001, “Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas de la República Argentina v. Estado Mayor de la Fuerza Aérea –Círculo de la Fuerza Aérea” T ySS ‘01-582

Si buen no puede decirse que la falta de registro de un trabajador encubra la consecución de fines extrasocietarios, puesto que el principal fin de una sociedad comercial es el lucro, sí constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe y para frustrar derechos de terceros.

Es aplicable la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica y procedente la condena directa al socio de la sociedad anónima tratándose de la omisión de registro de un trabajador como dependiente. Sala X, 30/6/1998, “Walter, Nelson E. v. Masri, David y otro s. despido”. TySS ‘01- 777

No puede admitirse que el tipo societario permita burlar la ley a través del desconocimiento de las normas imperativas del derecho del trabajo y del orden público laboral al no registrar el contrato de trabajo.

No es necesaria la prueba de la intención de utilizar la sociedad con el fin de no cumplir o violar la ley, para que las obligaciones pendientes resulten imputables al socio o presidente responsable, que deberá hacer frente con su patrimonio. Sala VI, 23/3/2001, “García, Analía B. v. Compañía de Gas de la Costa S.A. y otro s. despido” TySS’01-437

Cuando la empleadora es una Unión Transitoria de Empresas (UTE), la relación de trabajo se da con los integrantes de dicha UTE quienes responden frente al dependiente en los términos acordados (arts. 378, incs. 6 y 8 ley 19550). No hay solidaridad entre ellos si no fue estipulada (art. 381 de le ley citada) y si se ha omitido toda estipulación al respecto, sus integrantes responden en partes iguales (arts. 691 y 698 del C. Civil). Sala IX, 31/10/2000, "Etelechea, Emilio v. Huarte Sideco S.A. UTE s. Accidente"

Cuando se dice que una UTE es el empleador, en realidad significa que la relación laboral existe con sus integrantes, que son los que responden frente al dependiente (art. 378 incs. 6 y 8 de la ley 19550. Ello es así porque conforme la normativa correspondiente (ley 22903 modificatoria de la ley 19550) las Uniones Transitorias de Empresas no son sujetos de derecho ni configuran sociedades. Sala VII, 28/2/2001, "Ferreyra, Osvaldo v. Ager SRL s. Despido"

La "teoría de la desestimación de la persona jurídica" se ha aplicado como remedio excepcional, tanto en el ámbito del derecho del trabajo, como del derecho civil, comercial y fiscal, tendiente a desentrañar la realidad de los hechos encubiertos en figuras jurídicas simuladas o fraudulentas. Si bien el trabajo en negro y similares violaciones perjudican al trabajador que se ve privado de derechos, al sector pasivo que es víctima de la evasión y a la comunidad comercial en cuanto pone al autor de la maniobra en mejores condiciones de competir en el mercado frente a los empleadores respetuosos de la ley, de ello no puede derivarse que resulten aplicables a una relación laboral, normas dirigidas exclusivamente a relaciones comerciales. Si el legislador hubiera creído conveniente extender la responsabilidad por esas maniobras a todos los integrantes de la sociedad y sus administradores, debió explicitarlo a través de leyes que así lo dispusieran expresamente, máxime cuando ya existen sanciones específicas para reprimir las violaciones mencionadas en la ley 24013. Sala I, 6/11/2000, "Tegler Moreno, Augusto v. Truper S.A. y otro s. Despido"

La responsabilidad - ilimitada y solidaria - de los directores de las sociedades anónimas, incluido el presidente, no es presunta, por lo que quien la invoca, carga con la obligación procesal de acreditar eficazmente las circunstancias fácticas alegadas en sustento de su pretensión. Esto es así, toda vez que se trata de un supuesto de responsabilidad regulado y establecido en la ley mercantil y debe resolverse conforme su sistema y principios, resultando desacertado aplicar o recurrir a principios o interpretaciones de otro sistema jurídico como es el laboral. Sala II, 13/11/2000, "Fasanella, Juan v. Establecimientos Mirón S.A. s. Despido"

Una falencia registral por parte de la sociedad empleadora (debidamente sancionada por las disposiciones de la LNE) no puede desatar la aplicación automática de la responsabilidad emanada del art. 54 de la ley 19550 pues esta norma debe interpretarse con carácter restrictivo, o sea cuando se verifica el empleo de la forma societaria como medio para frustrar los derechos del trabajador. De lo contrario se dejaría de hecho sin efecto el sistema legal que dimana de los arts. 2 de la ley citada y 33 y 39 del C. Civil. Sala IV, 19/4/2001, "Bellay, Fernando v. Organización Fiel SRL s. Despido".

En los casos de empresas relacionadas o subordinadas o que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, rige el art. 31 de la LCT que les impone responsabilidad solidaria por los créditos de los trabajadores, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Esta frase final destacada, incorporada por la ley 21297 al primitivo art. 33 de la LCT, ha establecido una exigencia propia de los procesos concursales, ya que en el marco de una controversia individual de trabajo es, si no imposible, ciertamente difícil, la valoración de la conducción del conjunto que la norma requiere como presupuesto de operatividad de la extensión de la responsabilidad a sus componentes. Sala VIII, 19/4/2001, "Muente, Siro y otra v. Laboratorios Amstrong S.A. y otros s. Cobro de Salarios"
La conducta antijurídica de la demandada, que retuvo los aportes pre­visionales de los actores sin efectivizarlos en los organismos previsionales corres­pondientes durante un lapso prolongado, constituye un fraude a las leyes previ­sionales. Por ello, en las particulares circunstancias y a influjo de lo normado por el art. 54, 3er. párr., de la ley 19550, corresponde condenar solidariamente a la sociedad demandada y a sus integrantes, toda vez que el accionar descrito cons­tituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe y para frustrar derechos de terceros. Sala VII, 7/8/2000, “Lencinas, José, v. Intercambio S.R.L. y otros, s./Despido”.

Si la sociedad demandada incurría en la práctica de no registrar ni documentar una parte del salario efectivamente convenido y pagado (práctica prohibida por los arts. 140, LCT., y 10 de la Ley de Empleo) lo que comúnmente se denomina “pago en negro”, tal conducta genera la responsabilidad de los socios y los controlantes en los términos del agregado de la ley 22903 al art. 54 de la ley 19550. Tal accionar constituye un recurso para violar la ley, el orden público (arts. 7, 12, 13 y 14, LCT.), la buena fe (art. 63, LCT.) y para frustrar derechos de terceros (el propio trabajador, el sistema de seguridad social, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial). Sala III, 2/5/2000, “Vega, Claudia, v. Julio Guitelman y Cía. S.A. y otro, s./Despido”.

El hecho de que el actor haya sido inscrito en los libros de la demandada con dos años de retraso desde que comenzara la prestación de tareas para aquélla, constituye una conducta antijurídica que tipifica el fraude laboral que viabiliza la responsabilidad personal y solidaria de los integrantes de la sociedad demandada, mediante el juego armónico de los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales. Sala VII, 17/6/1999, “Villafañe, Evelia, v. Mirmar S.A., s./Despido”.

La ley 17565 al establecer que la dirección y la responsabilidad de los establecimientos de farmacia (esencialmente en lo relativo a la venta de medicamentos) debe ser ejercida por un profesional farmacéutico universitario que además debe ser socio comanditado cuando el otro socio no revista tal carácter, es de interés general. En consecuencia, la circunstancia de que el dueño del establecimiento de preparación y venta de medicamentos implemente su explotación bajo tal forma societaria, no se perfila como una actitud deliberada de fraude a la ley (art. 14 de la LCT.) porque está de por medio, además del interés general ya expresado, el orden público, pues la ley 17565 tiene su propio régimen de sanciones y procedimientos para su aplicación (arts. 49 y siguientes de dicha norma). Sala VII, 22/9/1997, “Obra Social del Personal de Farmacia, v. Farmacia Independencia 1701 S.O.S., s./Cobro de aportes”.



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