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Respecto a la presencia del imputado Juan José Ribelli en los allanamientos practicados en Campo de Mayo, debe concluirse que no se acreditó la premisa de los acusadores


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Adviértase el absurdo al que conduciría el razonamiento de los acusadores, ya que de seguirse éste hasta sus últimas consecuencias, el irregular proceder del juez instructor en la intervención de las líneas telefónicas de Morello debería ser considerado un intento protagonizado por el propio magistrado para que, frente a su descubrimiento, fuera apartado de la causa.

C.2.d.xi.B.3) Respecto a la presencia del imputado Juan José Ribelli en los allanamientos practicados en Campo de Mayo, debe concluirse que no se acreditó la premisa de los acusadores.

En efecto, la prueba arrimada al proceso da cuenta de que su intervención en esas diligencias obedeció a un refuerzo de personal para concretar simultáneamente una cantidad significativa de procedimientos.

Debe destacarse que la participación del imputado Juan José Ribelli en los procedimientos en cuestión ya fue objeto de investigación durante la etapa instructoria. Efectivamente, a pedido del juez instructor, el comisario general Adolfo Hugo Vitelli, por entonces jefe de policía, elevó el informe que luce a fs. 43.332/43.354.

Como resultado de dichas averiguaciones surgió la considerable cantidad de personal que participó de esas diligencias, pertenecientes a la Brigada de Investigaciones de Quilmes y a la División Sustracción Automotores a cargo del imputado Ribelli, y el extraordinario refuerzo logístico que incluyó hasta la intervención de dos helicópteros y ocho patrulleros.

Si bien el citado informe concluye que no existen antecedentes acerca de quien ordenó la participación del ex comisario Juan José Ribelli en esas diligencias, surge de la prueba testimonial producida durante la audiencia de debate que no fue a su iniciativa, sino que obedeció a una orden impartida por la Dirección General de Investigaciones, por entonces a cargo del comisario general Armando Antonio Calabró.

Efectivamente, tanto Norberto Padilla –subjefe de la Policía Bonaerense– como Ángel Roberto Salguero, destacaron que la participación de Ribelli en esas diligencias fue dispuesta por la Dirección General de Investigaciones. Destacó el último que Ribelli, en ocasión del procedimiento, estuvo con él, el magistrado instructor y los fiscales en una estación de servicio sobre la avenida Gaona. Agregó que la convocatoria de personal policial adicional a la dependencia obedeció a la gran cantidad de allanamientos a realizar.

En forma coincidente se pronunció Armando Antonio Calabró quien –si bien no pudo indicar si fue a pedido de Klodczyk, por entonces jefe de policía, o de Salguero– en forma indirecta confirmó que dispuso la participación de Ribelli en el procedimiento. El testigo agregó que para esa fecha no pesaba sobre Ribelli ninguna investigación pública.

Por todo lo expuesto, se concluye que no se verificó ni siquiera en sus trazos mínimos, que la participación de Ribelli en ese allanamiento pudiera relacionarse con su intervención en el atentado. Máxime, cuando no se enunció una sola prueba que condujera a avalar tal extremo y tampoco se individualizó de qué forma Ribelli durante la diligencia pudo realizar alguna actividad compatible con la participación en el grave delito que se le endilga.



C.2.d.xi.C) El llamado desvío Alí.

C.2.d.xi.C.1) Los acusadores señalaron que otro de los desvíos de la investigación, que demostraba la participación de los ex policías imputados en el hecho, era la denominada “pista Alí”.

A tal fin se destacó que Gatto y Valenga, colaboradores de Ribelli, informaron a Hugo Vaccarezza que la camioneta que se habían llevado los policías la tenía el comisario López de la brigada de San Martín y que pasó por las manos de Abel Brahim Alí y su cónyuge, Chirivín.

Por otra parte se remarcó la entrevista filmada entre el abogado Cúneo Libarona, el periodista Pasquini y el funcionario Brousson de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Se dijo que el letrado, defensor de Ribelli, reconocía que la conexión local estaba compuesta por integrantes de la Policía Bonaerense y pretendía cambiar a Ibarra –e indirectamente a Ribelli– por Alí, un funcionario policial de ascendencia árabe, que poseía un Galaxy de color azul –como el de Leal– y era parecido a Ibarra.

Se agregó que esta entrevista estuvo precedida de una campaña periodística en la que Pasquini realizó distintas publicaciones incriminando a Alí como responsable del atentado. En tal sentido, se destacó la nota del citado periodista en el diario Clarín del 23 de marzo de 1997.

Finalmente, también se conectó este episodio con la ampliación de declaración indagatoria prestada por Juan José Ribelli los días 24 y 25 de marzo de 1997, y, particularmente con la entrega al juez del video que constituye el objeto procesal de la causa 496 del registro del Tribunal.

C.2.d.xi.C.2) En primer lugar, debe destacarse que los acusadores en su desenfrenado propósito de fundamentar la acusación hacia los policías por el atentado, merituaron una prueba de carácter irregular.

No obstante, se procederá a la valoración de su contenido para no dejar de analizar las pruebas de cargo que se utilizaron para sostener tan grave acusación.

En la entrevista en cuestión se observa al abogado Cúneo Libarona solicitando a Brousson que investigara la participación de Abel Brahim Alí en la recepción de la camioneta Trafic. Destacó que este giro no implicaba un cambio brusco de la hipótesis seguida por el juzgado instructor y que la persona cuya investigación se propusiera tenía ascendencia árabe, era parecido a Ibarra y tenía un Ford Galaxy azul.

Durante el debate, Mariano Cúneo Libarona negó haber participado en ese encuentro, y esta circunstancia, que fue refutada ante la repentina aparición del video en cuestión que lo muestra protagonizando esa reunión, motivó que el Tribunal dispusiera la extracción de testimonios para que se investigara la posible comisión del delito de falso testimonio (cfr. fs. 117.490).

Por su parte, Alejandro Brousson afirmó que, a pedido de Pasquini, intervino en una reunión con Cúneo Libarona a la que asistió el periodista. Justificó ese encuentro en el interés que le generaba el aporte a la investigación que podía efectuar el abogado. Agregó que cuando el magistrado se enteró de la reunión –cuya filmación le entregara– se sintió molesto porque no la había autorizado. No recordó que Alí fuera un tema importante de ese encuentro y resaltó que Cúneo Libarona no trató de cambiar a Ribelli por otro sujeto.

Oportunamente, Gabriel Pasquini, a preguntas de los letrados de la querella unificada ratificó que participó en una reunión en una de “las bases” de la Secretaría de Inteligencia de Estado junto a Cúneo Libarona y Alejandro Brousson. Destacó que, ante la preocupación de las partes, ofreció vincularlas. Al ser interrogado, siempre por los letrados de la querella unificada, sobre el contenido de ese encuentro se amparó en el secreto de las fuentes periodísticas. Sin embargo, destacó que Alí había sido confundido con otro de los imputados y que era el verdadero culpable. También recordó que escribió una nota que coincidía con la estrategia de defensa de Cúneo Libarona, porque si se probaba esta circunstancia se desvinculaba a Ribelli de la imputación.

Si bien no deja de llamar la atención el contenido del encuentro, en particular por el cargo que desempeñaran los interlocutores y por su fecha, no puede deducirse que éste obedeciera a la intención de torcer el curso de la pesquisa.

Ya se adelantó en párrafos anteriores, que más allá de lo equívoco del término, no podía considerarse como un “desvío de la investigación” la solicitud de un abogado defensor para que se verifiquen otras líneas de investigación.

La ampliación indebida del concepto “desvío de la investigación” resulta sumamente peligrosa porque puede conducir a atribuirle tal carácter a cualquier planteo de descargo de un imputado, y, de esta forma, coartar seriamente el alcance de la garantía constitucional de defensa en juicio.

Máxime, en este caso, donde se reclamaba que fuera retomada una investigación que el propio juzgado había iniciado. Ello surge del contenido de los legajos 8 A y 133, particularmente del oficio de la Secretaría de Inteligencia de Estado glosado a fs. 19 del primero de ellos. En esta actuación se solicita la intervención judicial de un abonado telefónico que se dice relacionado con investigaciones que se realizan sobre el mentado Alí. De allí se desprende que Alí era objeto de pesquisa con anterioridad a esa fecha y, por ende, de tiempo antes a que Juan José Ribelli fuera detenido. Esta circunstancia fue ratificada por el agente de la S.I.D.E. Patricio Finnen.

Mas, aunque se lo calificara como un desvío de la investigación no se probó la participación de Ribelli en esa maniobra.

Además, debe destacarse que tanto Pasquini como Brousson, avalaron la versión de la defensa de Ribelli, en cuanto señalaba que esa entrevista no tuvo como objeto cambiar a uno de los imputados por otra persona.

Por otra parte, colegir del testimonio de Cúneo Libarona la participación de los ex policías bonaerenses en el atentado resulta errónea. Ello, toda vez que el letrado –en contra de lo sostenido por los acusadores– no demostró a esa fecha un cabal conocimiento de la causa. A esta conclusión se arriba por lo declarado por el propio abogado durante el debate quien recordó que mientras estudiaba la propuesta de nombramiento como defensor de Ribelli, se llevó para analizar durante un viaje que finalizó en febrero de 1997 fotocopias de las piezas procesales que los familiares del imputado le aportaran, recordando particularmente la declaración indagatoria de Ribelli y el auto de procesamiento.

C.2.d.xi.C.3) Tampoco resulta aceptable la pretensión de los acusadores de sostener la imputación a los policías por el atentado a partir del denominado “desvío Alí” que se dice introducido por dos policías allegados a Juan José Ribelli, Julio César Gatto y Marcelo Daniel Valenga.

Se ha citado que estos dos ex funcionarios como quienes introdujeron en la investigación el nombre de Alí, esta vez vinculado a que una camioneta Trafic que Telleldín habría entregado a los policías habría pasado por las manos del segundo jefe de la brigada de San Martín, el comisario Pablo Santiago López –apodado el japonés– y el médico policial Ricardo Mariano Gómez.

Sin embargo, debe recordarse que para octubre de 1996 cuando se iniciara el legajo 133 encabezado por una presentación del comisario mayor Hugo Alberto Vaccarezza –quien citara como fuente de sus dichos el testimonio de Gatto y Valenga– Abel Brahim Alí ya era objeto de investigación.

En efecto, como ya se sostuviera en el acápite anterior, ello ocurrió al menos con anterioridad al 10 de julio de 1996, conforme al oficio de fs. 72.615 y a la declaración de Patricio Finnen.

Por lo expuesto, si Alí ya era objeto de investigación con anterioridad a la información que le hubieran aportado Gatto y Valenga a Vaccarezza, mal puede sostenerse que aquellos impulsaran una maniobra de distracción para beneficiar al imputado Juan José Ribelli.

C.3) Conclusión.


No se acreditó que Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Ireneo Leal y Mario Norberto Bareiro participaran, en forma alguna, en el atentado con-tra la sede de la A.M.I.A.

No se demostró el vínculo entre Mohsen Rabbani y Juan José Ribelli, con el que se pretendió infructuosamente relacionar la “supuesta conexión local” con, quienes se calificara como organizadores del atentado.

En particular, no se ha demostrado que el 10 de julio de 1994, como lo sostuvieran los acusadores, ni en ninguna otra fecha, Carlos Alberto Telleldín entregara a los ex policías bonaerenses imputados alguna camioneta Renault Trafic.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal y los letrados representantes de la querella unificada A.M.I.A.-D.A.I.A.-Grupo de Familiares, coligieron la existencia de la entrega del vehículo basándose fundamentalmente en los dichos de Carlos Alberto Telleldín.

Las distintas versiones aportadas por éste, seguidas simultáneamente por su entorno más íntimo, se vieron plagadas de inconsecuencias, contradicciones, que le restaron toda credibilidad a sus dichos.

Esas características no se agotan en el análisis particular de cada declaración sino que el estudio de las sucesivas variantes en su relato demostró que lejos de superar los defectos de sus versiones anteriores, generaron nuevas incompatibilidades que tornaron aún menos creíble su contenido.

No puede soslayarse que la declaración indagatoria prestada por Telleldín el 5 de julio de 1996, en la que en la que introduce formalmente la imputación a los ex policías bonaerenses por el atentado, fue el resultado del simultáneo pago efectuado por representantes del Estado con la innegable intervención del magistrado instructor, doctor Juan José Galeano.

Este oscuro proceder no hubiera sido posible sin la injustificable anuencia de los representantes del Ministerio Público Fiscal que actuaran durante la instrucción y cuya principal función consistía en el contralor de los actos del proceso, doctores Eamon Mullen y José Barbaccia.

Ese espurio pacto incluyó además el contenido de las declaraciones del entorno más íntimo de Telleldín, como fue el caso de Ana Boragni y Guillermo Cotoras.

Tampoco resultó viable la denominada “vía independiente” en la que las partes acusadoras, luego de haberse acreditado el pago durante el debate por la indagatoria de Telleldín de julio de 1996, pretendieron sostener la responsabilidad de los policías en el atentado, a través de asegurar que fueron los ex policías bonaerenses imputados quienes recibieron la Trafic.

A esta conclusión se arribó luego de demostrar que las piezas que conformaran esa vía alternativa no resultaron autónomas de los dichos de Telleldín –a los que se accedía por otros medios– ni del ilegal proceder que concluyera en el pago al imputado.

Efectivamente, la valoración de los dichos de Telleldín, no se limitó a los dichos judiciales, sino que se incluyeron el manuscrito agregado a fs. 116.694/819, los reportajes periodísticos y las oscuras e inadmisibles entrevistas que éste mantuvo con la camarista Luisa Riva Aramayo y el juez a cargo de la instrucción, doctor Juan José Galeano.

Por otro lado, la utilización de estas ilegales entrevistas refuta la posibilidad de una construcción que no padeciera los vicios de la declaración de julio de 1996.

El seguimiento incondicional de los acusadores a las distintas versiones aportadas por Telleldín ha sido una clara muestra del propósito de sostener afanosamente una imputación que a todas luces carecía de respaldo probatorio alguno.

Este proceder fue una continuación de la actitud encaminada por el juez y los fiscales durante la instrucción para convalidar una hipótesis que se desmoronaba.

Tampoco se acreditó la participación de los aquí imputados en base a las demás pruebas citadas en apoyo de la acusación. En efecto, no se probó, como se pretendiera, la vinculación con el atentado de la escritura de donación a favor de Juan José Ribelli, las comunicaciones telefónicas de Reinaldo Álvarez al domicilio de Telleldín el 28 de mayo de 1994, las efectuadas por Leticia Labado, los viajes de Ribelli durante el mes de julio de 1994, el simultáneo alojamiento de Ribelli con el grupo de rescate israelí en el Hotel Conte, las conversaciones telefónicas mantenidas por los imputados con anterioridad a la detención, del contenido de los dichos de Álvarez Matus, Sandra Cardeal, Zulema Leoni, Zoilo Duday, Carmelo Ionno, Juan Carlos Nicolau, Armando Antonio Calabró, Pedro A. Klodczyk, Catalino José Humerez, entre otros de los elementos citados por los acusadores.

Idéntica suerte corrieron los intentos por responsabilizar a los policías por el atentado, a partir de los denominados desvíos de la investigación. Como se señalara, al no haberse demostrado la participación de los imputados en el hecho materia de debate, su vinculación en un supuesto desvío de la pesquisa no tiene la trascendencia que los acusadores pretenden brindarle. En efecto, ello por si solo, no alcanza para probar su responsabilidad en el evento que nos ocupa.

Pero además en este caso, como se dijera, tampoco se pudo acreditar que los acusados estuvieran involucrados en alguno de esos llamados desvíos de la investigación. En tal sentido, se trataron los relacionados con Ramón Emilio Solari y Abel Ibrahim Ali, como así también la presencia de Ribelli en Campo de Mayo y la denominada “pista carapintadas”.

A esta altura, no puede dejar de señalarse la particular metodología empleada por los acusadores para sostener una imputación inconsistente. En ese sentido, se valieron de pruebas de neto carácter ilegal, una engañosa valoración de la no incorporada al debate, conscientes omisiones de las pruebas que refutaban la acusación, el abuso de la retórica como forma de suplir la absoluta orfandad probatoria, el cercenamiento arbitrario de las probanzas hasta la desnaturalización de éstas, entre otras irregularidades.

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