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Resolucion dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 9/2007, promovida por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala


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SEPTIMO.- Del análisis integral de la demanda (foja 1 a 16 de autos) y de los alegatos (fojas 577 a 594 de autos), se advierte que aun cuando no lo haya señalado como acto destacado en la demanda, la parte actora se duele del artículo 20 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil siete, al considerar que con éste se otorga al Ejecutivo la facultad de administrar el Presupuesto asignado al Poder Judicial, el cual será ministrado mensualmente, lo cual, a juicio del actor significa estar a la espera de que la Secretaría de Finanzas decida hasta qué momento es conveniente liberar los recursos al Poder Judicial del Estado, generando dependencia hacia el Ejecutivo Local.

La causa de pedir del actor parece descansar en que, en su concepto, el Poder Ejecutivo debe transferir todos los recursos correspondientes al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial en una sola exhibición para no tener que esperar a que mensualmente se le vaya ministrando lo que le corresponde, quedando a juicio del Ejecutivo la decisión de liberar los recursos en el momento que considere conveniente.

En principio, para establecer si en el caso a estudio se vulnera la autonomía del Poder Judicial y, por ende, el principio de división de poderes se considera necesario insertar el artículo 116, párrafo primero y fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos textos son:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.



(…)

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.”

En el precepto transcrito se consagra el principio de división de poderes, pues conforme a éste el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, de que los principios de autonomía e independencia de los tribunales deberán garantizarse en las Constituciones y leyes de los Estados.

Asimismo, es necesario precisar que el Pleno de este Alto Tribunal al interpretar el artículo 116, fracción III, constitucional estableció que el principio de división de poderes, en relación a los Poderes Judiciales de los Estados se viola cuando se incurre en la intromisión de un poder al ámbito de facultades de otro, por virtud de la cual se produzca la dependencia de éste respecto al poder que invadió su esfera de facultades, de tal manera que le impida tomar sus decisiones en forma autónoma y que la subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, pues ello implica que el poder subordinado se somete a la voluntad del poder subordinante.

Estas consideraciones están contenidas en la jurisprudencia cuyo texto es el siguiente:

DIVISION DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACION A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLICITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISION, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACION ENTRE LOS PODERES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, a saber: a) a la no intromisión, b) a la no dependencia y c) a la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante; la diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe. En ese sentido, estos conceptos son grados de la misma violación, por lo que la más grave lleva implícita la anterior”. (Novena Epoca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XX, Septiembre de 2004. Tesis: P./J. 80/2004. Página: 1122).

Para determinar si la conducta realizada es o no violatoria de los principios de independencia de los Poderes Judiciales Locales y de división de poderes, es menester analizar si la norma impugnada implica o no intromisión, dependencia o subordinación, en el caso concreto, a la autonomía en la gestión presupuestal, por parte del Poder Legislativo demandado en perjuicio del actor.

Con respecto a la autonomía de la gestión presupuestal, este Alto Tribunal ha sostenido que ésta constituye una condición necesaria para que los tribunales y juzgados puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y autonomía, razón por la cual no puede quedar sujeta a las limitaciones de los otros Poderes, pues con ello se vulneraría el principio de división de poderes, garantizado en el artículo 116 constitucional. Sirve de apoyo la tesis Tesis: P./J. 83/2004, cuyo rubro es: “PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACION DE SU AUTONOMIA EN LA GESTION PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACION AL PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES.33

Ahora bien, de los artículos 19, 26, fracción I, y 63, fracciones I y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala34, así como de los artículos 276, párrafo segundo, y 289 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios35, se advierte lo siguiente:

a) Que a diferencia de las unidades presupuestales dependientes del Ejecutivo Federal, los Poderes Judicial y Legislativo formularán sus respectivos proyectos de presupuesto.

b) Que la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala se encargará de las funciones administrativas del Poder Judicial, para lo cual contará con unidades, departamentos y secciones que el Pleno determine conforme al Presupuesto de Egresos, asimismo, está facultada para ejercer el Presupuesto referido, así como para verificar la aplicación adecuada del mismo.

c) Que el Poder Judicial cuenta con autonomía para ejercer su presupuesto y que el Ejecutivo, previo acuerdo de calendarización, liberará las ministraciones de acuerdo a las disposiciones y capacidad financiera del Estado.

Queda en evidencia que las normas anteriores prevén que el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, es independiente del que corresponde al Poder Ejecutivo, en tanto que cada uno tiene facultad para ejercerlo con base en su respectivo presupuesto de egresos.

En efecto, el Poder Judicial actor, conforme a lo preceptuado en el artículo 63, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, relacionado con el diverso 289 del Código citado, tiene plenas facultades para administrar y ejercer el presupuesto de egresos que se le apruebe para el ejercicio fiscal respectivo, lo cual podrá hacer por conducto de su Comisión de Gobierno Interno y Administración.

Ahora bien, el artículo 20 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil siete prevé que la ministración de recursos al Poder Judicial, entre otros, será transferida cumpliendo con los requisitos para tal efecto.

La parte actora argumenta que dicho precepto transgrede el principio de división de poderes al no establecer que la transferencia de los recursos aprobados para ejercicio fiscal dos mil siete, correspondientes al Poder Judicial, se hiciera en una sola exhibición para no tener que esperar a que mensualmente la Secretaría de Finanzas de Tlaxcala vaya ministrando lo que le corresponde.

Esta Sala considera que dicho argumento es infundado porque responde a una cuestión de hecho innegable: Las finanzas del Estado están sujetas al principio de anualidad y es lógico que al inicio de cada ejercicio fiscal no se tienen todos los recursos correspondientes al Presupuesto de Egresos, sino que ello irá ingresando a lo largo del año respecto de los rubros señalados en la Ley de Ingresos, como son impuestos, participaciones federales, aprovechamientos, etcétera.

En esta tesitura, la falta de entrega en una sola exhibición del monto total que corresponde a cada Poder no es motivo de inconstitucionalidad, pues no responde a una situación de intromisión, dependencia o subordinación, sino del propio sistema financiero del Estado.

Por lo que respecta a lo sostenido por el Poder actor en el sentido de que con el artículo 20 impugnado, el legislador deja al capricho de la Secretaría de Finanzas Local la liberación de recursos que por derecho corresponde administrar al Poder Judicial de Tlaxcala, cabe señalar que consi el artículo 20 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil siete1, únicamente establece que la ministración de recursos al Poder Judicial, entre otros, se hará cumpliendo con los requisitos para ello, mismo que debe relacionarse con lo previsto en el artículo 289 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios2, el cual prevé que la Secretaría de Finanzas liberará las ministraciones de acuerdo a las disposiciones y capacidad financiera del Estado, en el entendido de que previamente se acordó la calendarización del presupuesto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Por tanto, esta Sala considera que contrario a lo aducido por el Poder actor, el artículo 20 del Presupuesto de Egresos no da libertad absoluta a la Secretaría de Finanzas para decidir sobre la liberación de los recursos financieros que por derecho le corresponde administrar al actor, por las siguientes razones:

a) La ministración de recursos se encuentra sujeta a la calendarización pactada entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, de conformidad con el artículo 289 del Código Financiero Estatal;

b) La liberación de recursos depende de la capacidad financiera del Estado, lo cual representa que no se entregará en una sola exhibición la cantidad total asignada por el Congreso Local en el Presupuesto de Egresos, no a juicio de la Secretaría de Finanzas Local, sino dada la relación entre los ingresos y egresos, pero sí se entregará de acuerdo al calendario pactado entre los Poderes, y

c) El Poder Judicial cuenta con autonomía para ejercer su presupuesto, acorde a lo previsto por los artículos 63, fracción I, de la Constitución Local, 289 del Código citado y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil siete.

Además, si bien el artículo 20 en comento establece que las ministraciones serán transferidas “cumpliendo con los requisitos para tal efecto”, ello se refiere a requisitos con los que deberá cumplir la Secretaría de Finanzas para la transferencia de los recursos y no a requisitos que se puedan imponer al Poder Judicial.

Por tal motivo, es infundado el concepto de invalidez en estudio, porque conforme a lo hasta aquí expuesto se desprende que el actor tiene un presupuesto propio e independiente y goza de facultades para ejercerlo así como para administrarlo por sí mismo, y que el artículo 20 impugnado de ninguna manera transgrede el principio de división de poderes, en tanto respeta la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial de Tlaxcala, a que se ha hecho referencia, pues la ministración de recursos se realizará conforme a un calendario y a la capacidad financiera del Estado y no con la decisión arbitraria del Ejecutivo, por lo que en el caso no existe una situación de intromisión, dependencia o subordinación.

En este orden de ideas, procede declarar la validez del artículo 20 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil siete, específicamente en la parte en la que se refiere al Poder Judicial.

OCTAVO. Efectos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que los efectos de la declaración de invalidez consisten en que al dar cumplimiento a la presente ejecutoria, el Poder Legislativo demandado considerará intocado por el Poder Ejecutivo del Estado, el Proyecto de Presupuesto que formuló el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, y haciendo caso omiso de la propuesta de reducción, determinará la procedencia o no de su aprobación total, en la inteligencia de que deberá razonar la procedencia y monto de dicha partida. De similar manera se resolvió por el Pleno de este Alto Tribunal en la controversia constitucional 42/2006 promovida por el Poder Judicial del Estado de Baja California, resuelta el veintidós de agosto de dos mil seis.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:



PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se declara la invalidez del acto que se reclamó al Gobernador del Estado de Tlaxcala, en términos del considerando Sexto.

TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 4, en lo relativo al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y 5, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta de diciembre de dos mil seis, en los términos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y octavo de esta ejecutoria.

CUARTO. Se declara la validez del artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta de diciembre de dos mil seis, en los términos precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria.

QUINTO. Publíquese esta ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.

Notifíquese a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Ministra Presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos. Los señores Ministros Genaro David Góngora Pimentel y José Fernando Franco González Salas votaron en contra.

Firman la Presidenta, el Ponente y el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

La Presidenta de la Sala: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.- Rúbrica.- El Ponente: Ministro Genaro David Góngora Pimentel.- Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos: Mario Eduardo Plata Alvarez.- Rúbrica.

El Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace constar que, en cumplimiento al artículo 191 de la Ley de Amparo, al terminar las labores de este día se fijó, en el lugar destinado para las notificaciones, una lista de los asuntos tratados en la audiencia de esta Sala celebrada el día de hoy, en la que se incluye este expediente (o toca) Controversia Constitucional 9/2007.- México, D.F., a 29 de agosto de 2007. El Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala.- Rúbrica.

México, Distrito Federal, a veintiséis de septiembre de dos mil siete, el suscrito licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz, Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certifica que la anterior es copia fiel compulsada de su original y corresponde a la resolución de veintinueve de agosto de dos mil siete, dictada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la controversia constitucional 9/2007, promovida por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se expide para los efectos legales consiguientes, en treinta y un fojas útiles.- Conste.- Rúbrica.


1 “PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el principio de legalidad, conforme al cual las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos determinados en ella, principio que se retoma en el precepto 97 de la Constitución Política del Estado de Baja California, según el cual los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les otorgan las leyes. Ahora bien, si se atiende a que conforme a los artículos 22, segundo párrafo, y 27, fracción I, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de dicho Estado, el Poder Judicial de la entidad formulará su propio proyecto de presupuesto, el cual lo presentará al titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas para ser enviado al Congreso Local, y que de acuerdo con los preceptos 249, fracción XVII, y 253, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad, son facultades exclusivas del Tribunal de Justicia Electoral aprobar el proyecto definitivo de su presupuesto de egresos y acordar que sea presentado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del propio Estado, resulta evidente que el Gobernador carece de facultades para modificar o reducir el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la entidad, pues únicamente funge como conducto para hacer llegar dicho documento al Congreso Estatal.” No. Registro: 175,039. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Pleno, tomo XXIII, mayo de 2006, página 1476.

2 “Artículo 298.

(…)


Las modificaciones a los presupuestos de los poderes Legislativo y Judicial, serán propuestas por éstos, las cuales se acordarán con el Ejecutivo, a efecto de que prepare la iniciativa de reformas al Decreto del Presupuesto de Egresos.”

3 Novena Epoca. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX. Abril de 1999, página 251, cuyo texto es el siguiente: “Por ‘Ley del Presupuesto’ se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El ‘Decreto del Presupuesto de Egresos’ constituye un acto de aplicación de la ‘Ley del Presupuesto’, en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre ‘Ley del Presupuesto’ y ‘Presupuesto de Egresos’ está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al Presupuesto de Egresos; en cambio, la ‘Ley del Presupuesto del Distrito Federal’, esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente.” Este criterio deriva de la acción de inconstitucionalidad 4/98, fallada el 28 de mayo de 1998, por mayoría de ocho votos. Fueron disidentes los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán.

4 “ARTICULO 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente.”



5 “ARTICULO 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales.”

6 “Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (…)h).- Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; (…)”

7 “Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”

8 “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACION DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). El séptimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Pleno de la Corte para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que le compete conocer, para una mayor prontitud en su despacho y una mejor impartición de justicia. En esta tesitura, los considerandos del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, revelan como uno de sus objetivos esenciales que el Pleno destine sus esfuerzos a los asuntos de mayor importancia para el orden jurídico nacional, y en ese orden de ideas, la fracción I de su punto tercero le reserva el conocimiento de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los recursos interpuestos en ellas, cuando sea necesaria su intervención, siendo esto último un concepto jurídico indeterminado cuya valoración y aplicación queda al prudente arbitrio de las Salas, quienes ejercerán su facultad de tal forma que se adapte a las exigencias sociales. Por otra parte, en atención a que los Municipios son quienes promueven más controversias constitucionales, a fin de propiciar una resolución más pronta de los asuntos en los que sean parte y cumplir con lo dispuesto en los artículos 17 y 94 de la Constitución Federal, el indicado acuerdo debe interpretarse en el sentido de que las Salas tienen competencia para resolver controversias constitucionales, aun respecto del fondo, siempre que se den las siguientes condiciones: a) Que no subsista un problema relativo a la inconstitucionalidad de alguna norma general, ya que la declaración de invalidez relativa requiere de un quórum calificado de cuando menos 8 votos, de conformidad con el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) Que se trate de alguna de las controversias constitucionales previstas en los incisos b), f), g) e i) de la fracción I del referido artículo 105, es decir, de conflictos en los que intervenga un Municipio.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Segunda Sala. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Página 1541.

9 “ARTICULO 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

I. (…)


II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

III. (…)”



10 Se descuentan del cómputo los días sábados y domingos 31 de diciembre, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28, de enero, 3, 4, 10 y 11 de febrero; los lunes 1 de enero y 5 de febrero, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 5 de enero del presente año, en que por acuerdo del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó suspender las labores en este órgano jurisdiccional.

11 “ARTICULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (...)”

12 Artículo vigente hasta el veinticinco de septiembre de dos mil seis.

“Artículo 14. Cada año los Magistrados Propietarios del Tribunal elegirán de entre ellos a un Presidente, que durará en su encargo un año y podrá ser reelecto por una sola vez, de conformidad con las reglas siguientes:

I. En la sesión ordinaria que se lleve a cabo durante la primera quincena del mes de febrero de cada año, se procederá a la elección relativa;

II. Los Magistrados propuestos a ocupar el cargo de Presidente, no serán de los que integren la Sala Electoral Administrativa; a menos que alguno de los demás Magistrados propietarios reúna los requisitos establecidos en la Fracción XI del Artículo 83 de la Constitución del Estado, para que ocupe la magistratura vacante;

III. Los votos se emitirán en forma secreta;

IV. La votación mínima para la designación será de diez votos a favor de alguno de los Magistrados propuestos. De no obtenerse esa mayoría, se procederá a repetir la votación hasta lograr una mayoría de cuando menos ocho votos, y

V. El Presidente entrará en funciones el día uno de febrero y concluirá el último día de enero del año respectivo.”


13 (REFORMADO, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

“ARTICULO 84.- (…)

Los magistrados elegirán de entre ellos a un Presidente que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola: vez.”


14 “Artículo 14. Los Magistrados Propietarios del Tribunal elegirán de entre ellos a un Presidente, que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez, de conformidad con las reglas siguientes: (…)”

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