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Resolucion dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 9/2007, promovida por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala


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SEPTIMO.- Agotado en sus términos el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO.- En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Segunda Sala para su radicación
y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Competencia. En primer lugar, de acuerdo a lo resuelto en repetidas ocasiones por la mayoría de este Alto Tribunal, el Presupuesto de Egresos es considerado un acto formalmente legislativo pero materialmente administrativo, es decir, su naturaleza es la de acto y no de norma general, pues no participa de la generalidad como característica esencial de ésta. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 24/993, de rubro: “ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARACTER DE NORMA GENERAL”. Este criterio fue reiterado al resolver la controversia constitucional 109/2004.

Ahora bien, tomando en cuenta que mediante la presente controversia se impugnan los actos modificatorios del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año dos mil siete, los actos de discusión y aprobación del citado Presupuesto de Egresos y, los artículos 5, fracción III, y 20 del Presupuesto de Egresos de dos mil siete, se concluye que la materia de impugnación la constituyen actos y no normas generales, por lo que no es necesaria la intervención del Pleno al ser innecesaria la votación calificada de ocho votos regulada en el artículo 42 de la Ley Reglamentaria de la materia4.

Además, respecto del tema principal existe criterio del Pleno, definido y obligatorio para esta Sala, en términos del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de la materia5, pues se ha pronunciado al respecto en las controversias 10/2005, y 42/2006, ambas promovidas por el Poder Judicial del Estado de Baja California, resueltas el ocho de diciembre de dos mil cinco y el veintidós de agosto de dos mil seis, respectivamente.

En tal virtud, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso h)6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I,7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de conformidad con el artículo 7, fracción I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el punto Cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por virtud de que se plantea una controversia constitucional suscitada entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala, en cuyos conceptos de invalidez no se cuestiona una norma general, por lo que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

Sirve de apoyo, por analogía, la tesis número 2a. V/2006, cuyo rubro es: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA ALGUNO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACION DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). 8

En similar sentido, esta Segunda Sala en la sesión de tres de febrero de dos mil seis resolvió la controversia constitucional 69/2004, en la que se analizó un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Baja California.



SEGUNDO.- Oportunidad. A continuación procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

La fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9, establece que tratándose de actos, el plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al que conforme la ley del propio acto surta sus efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al día en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al día en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En este orden, considerando que el actor impugnó los actos modificatorios del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año dos mil siete, los actos de discusión y aprobación del citado Presupuesto de Egresos y, los artículos 5, fracción III, y 20 del Presupuesto de Egresos de dos mil siete, publicado mediante Decreto 132 el día treinta de diciembre de dos mil seis, se debe tomar como fecha para el inicio del cómputo del plazo para presentar la demanda, su fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado, ya que esa es la fecha cierta en que el actor tuvo conocimiento del mismo.

En tal virtud, toda vez que el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil siete fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el sábado treinta de diciembre de dos mil seis, el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia, transcurrió del martes dos de enero al miércoles catorce de febrero de dos mil siete10. Por tanto, si la demanda de controversia constitucional se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el viernes nueve de febrero de dos mil siete según se advierte de los sellos estampados al reverso de la foja dieciséis de autos, es indudable que su presentación


resulta oportuna.

DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS



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TERCERO.- Legitimación activa. Enseguida se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.

De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional11, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

En el presente asunto, suscribe la demanda Luis Aquiahuatl Hernández, quien se ostenta como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en representación del Poder Judicial de dicha entidad, personalidad que cuestiona el Gobernador de Tlaxcala al aducir que al momento de presentar la demanda, Luis Aquiahuatl Hernández ya no fungía como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de manera que al carecer de la personalidad necesaria, el despliegue de sus facultades en nombre y representación del órgano de Gobierno actor, es totalmente inválida y no produce efecto jurídico alguno.

Del examen efectuado a las diversas constancias que integran el expediente, se advierte que, de fojas diecisiete a cuarenta y tres, obra el acta de sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, iniciada el quince de febrero de dos mil seis, y concluida el diecisiete del mismo


mes y año.

De dicha acta (foja 35 de autos) se desprende que el magistrado Luis Aquiahuatl Hernández fue electo Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, a partir del diecisiete de febrero de dos mil seis, por el periodo de un año, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad citada12, vigente al momento de la elección.

No pasa inadvertido para esta Sala que los artículos 84, párrafo tercero, de la Constitución Local13 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala14actualmente vigentes prevén que el Presidente del Tribunal durará en su encargo dos años, sin embargo, dichas normas no tienen disposición transitoria aplicable al Presidente que se encontraba en ejercicio al momento de su reforma, por lo que es claro que éste debió culminar su periodo conforme a las normas vigentes al momento de su elección.

Tomando en cuenta lo anterior, si el magistrado presidente fue nombrado el diecisiete de febrero de dos mil seis, por el plazo de un año, como quedó asentado en el acta de sesión correspondiente a su nombramiento15, resulta que su periodo concluyó el dieciséis de febrero de dos mil siete, sin que pase de largo que el artículo 14 vigente al momento de su elección, señalaba que concluiría el último día de enero, sin embargo, en el caso, no es materia de la controversia constitucional la legalidad de la elección del Presidente, por lo que esta Sala debe darle valor en atención al principio de presunción de validez de los actos


de la autoridad.

Bajo este contexto, si al reverso de la foja dieciséis de las constancias procesales, se advierte que el magistrado Luis Aquiahuatl Hernández presentó la demanda el nueve de febrero de dos mil siete, es indubitable que la demanda fue promovida por persona legitimada para ello.

En concatenación con lo anterior, del contenido del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala16, se advierte que será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el representante legal del Poder Judicial del Estado, por lo que quien suscribe la demanda cuenta con legitimación activa en la presente controversia.

Con respecto a sus posteriores actuaciones, aun cuando es cierto que el presidente Luis Aquiahuatl Hernández concluyó legalmente su encargo el dieciséis de febrero de dos mil siete, debe reconocérsele legitimación conforme a la presunción prevista en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, pues de las constancias que integran el expediente, no se aportó alguna con la que se haya acreditado el nombramiento del nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis número Tesis: P./J. 3/200317, cuyo rubro es “TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. SUSTITUCION EN EL CARGO DE MAGISTRADO PRESIDENTE.”



CUARTO.- Legitimación pasiva. Resulta necesario analizar la legitimación de las demandadas, en atención a que es una condición indispensable para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la demanda, en caso de que resulte fundada.

De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia18, tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.



a) Ejecutivo Local

Por el Poder Ejecutivo compareció Héctor Israel Ortiz Ortiz, quien se ostentó como Gobernador del Estado de Tlaxcala, carácter que acreditó con el periódico oficial de la entidad, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, en el que se publicó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, por el que se efectúa el cómputo de resultados y se declara la validez de la elección de Gobernador del Estado”, el cual obra al reverso de la foja 424 de autos, asimismo, con copia certificada de la sesión extraordinaria pública solemne en la que tomó protesta al cargo de Gobernador ante la Legislatura Local.

Ahora bien, dado que de conformidad con el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el ejercicio del Poder Ejecutivo de dicha entidad se deposita en el Gobernador Estatal, se concluye que dicho funcionario cuenta con legitimación procesal para comparecer en el presente juicio.

b) Legislativo del Estado

El diputado Germán Morales Morales, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, compareció en representación de dicho Organo Legislativo, personalidad que acreditó con documental expedida por el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado en la que se hace constar que en la sesión extraordinaria pública, celebrada el doce de enero de dos mil siete, fue designado como Presidente de la Mesa Directiva (foja 455 del expediente).

Además, acorde a lo dispuesto en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala19, es el Presidente de la Mesa Directiva quien tiene la representación jurídica del Congreso de dicha entidad. En concatenación con lo anterior, se concluye que dicha autoridad sí cuenta con legitimación para comparecer en el presente asunto.

QUINTO.- Causales de improcedencia. A continuación se analizarán las causales de improcedencia aducidas por las autoridades demandadas:

I. El Gobernador señala que:

a) Luis Aquiahuatl Hernández no cuenta con personalidad ni capacidad procesal para representar al Poder Judicial de Tlaxcala, por considerar que ya había concluido su periodo como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En virtud de que el tema de la causal de improcedencia invocada ya fue materia de estudio al momento de analizar la legitimación de la parte actora, resulta innecesario el estudio del mismo planteamiento.

b) Por lo que toca a la solicitud para que se decrete el sobreseimiento con relación a la omisión de dar respuesta al oficio 474/2006, por considerar que la petición ha sido contestada a la parte actora y notificada mediante estrados de la Secretaría de Finanzas de Tlaxcala.

De la lectura integral de la demanda se desprende que el Poder actor se duele de que el Poder Ejecutivo haya modificado el proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de Tlaxcala, sin contar con facultad para ello; de que no se le haya respetado su garantía de audiencia al no habérsele comunicado respecto a las modificaciones realizadas por el Ejecutivo Local antes de enviar el proyecto al Congreso del Estado y, por último, de que el legislador haya dejado en manos del Ejecutivo Local la administración de los recursos del Poder Judicial, sin embargo, no es posible advertir que la parte actora impugne la omisión de dar respuesta al oficio 474/2006, como lo señala el Gobernador del Estado en su contestación.

En consecuencia, esta Segunda Sala considera que no se actualiza la causal de improcedencia aducida por el Poder Ejecutivo demandado, pues el Poder actor no impugnó la omisión de dar respuesta al oficio 474/2006, mediante el cual el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Local envió al Secretario de Finanzas el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil siete, por lo que no procede decretar el sobreseimiento solicitado.

II. El representante del Congreso del Estado sostiene que debe sobreseerse la presente controversia, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, dado que el decreto impugnado emana de la facultad de la Legislatura para expedir el Presupuesto.

Al respecto, esta Segunda Sala considera que debe desestimarse tal argumento, pues es una cuestión ligada al estudio de constitucionalidad del decreto impugnado, por lo que no constituye un obstáculo procesal que conduzca al sobreseimiento del juicio. Resulta aplicable el criterio contenido en la tesis P./J. 92/99, cuyo rubro es el siguiente: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERA DESESTIMARSE.”20

SEXTO.- Estudio de fondo. No habiendo otra causa de improcedencia pendiente de analizar, argumentada por las partes o alguna que esta Segunda Sala advierta de oficio, resulta procedente el estudio de los conceptos de invalidez.

A continuación se analiza el concepto de invalidez relativo a la invasión de la esfera competencial del Poder Judicial Local por parte del Ejecutivo del Estado, pues la parte promovente considera que éste no cuenta con facultades para modificar el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial antes de enviarse al Congreso para su aprobación.

En efecto, el concepto de invalidez en cita está orientado a demostrar que el Poder Ejecutivo demandado violó la garantía de legalidad prevista en el artículo 16, primer párrafo, de la Carta Magna, porque conforme a lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 70 de la Constitución de Tlaxcala únicamente está facultado para presentar el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de dicha entidad ante el Congreso Local, para su revisión y aprobación, por lo que no puede alterar ni modificar el presupuesto de egresos indicado, sino que sólo se debe limitar a presentarlo como parte del proyecto de presupuesto egresos del Gobierno del Estado citado.

Previamente al estudio del concepto de invalidez en comento se considera necesario hacer las siguientes precisiones:

El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

La garantía establecida en este precepto tiene su fundamento en el principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de acuerdo al precepto en comento las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento.

Por tanto, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Al respecto, son aplicables las tesis cuyos rubros son: “AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS.21”, “AUTORIDADES.22 y P./J. 50/2000, cuyo rubro es: “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURIDICA DE LOS PARTICULARES23

El artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal establece una serie de contenidos con el objeto de que las legislaturas locales garanticen la autonomía y la independencia de los Poderes Judiciales locales, mediante sus Constitucionales y Leyes Orgánicas, es decir, ha establecido las modalidades concretas respecto de las cuales no es posible admitir intromisiones, dependencias o subordinaciones por parte de un Poder público respecto de otros.

De la lectura del artículo 85, fracción VII24, de la Constitución del Estado de Tlaxcala, se advierte que el Congreso Local otorga a la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial Estatal, la facultad para la elaboración del proyecto de presupuesto de dicho órgano, así como su envío al Gobernador para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Por otra parte, de la fracción VIII del artículo 70 de la Constitución de Tlaxcala25, la cual se refiere a las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, se desprende que éste se encargará de presentar al Congreso Local los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir el año siguiente. Tal precepto no da lugar para poder interpretar que el Poder Ejecutivo tiene alguna facultad de modificación del anteproyecto del presupuesto de egresos del Poder Judicial de dicha entidad, por el contrario, puede concluirse que el envío al Ejecutivo obedece a los principios de universalidad y unidad del Presupuesto de Egresos que, respectivamente implican que el presupuesto debe comprender todos los gastos del Poder público y de que debe estar contenido en un solo documento, razón por la cual debe realizarse un solo proyecto, que será presentado por el Ejecutivo, con pleno respeto a la autonomía presupuestaria de los otros Poderes, por lo que es evidente que a la luz del sistema de división de poderes, el Ejecutivo carece de facultades para modificar los anteproyectos de presupuesto de los otros Poderes.

En esta tesitura, se concluye que del artículo 70, fracción VIII, de la Constitución Local, se advierte que el Gobernador carece de facultades para modificar o reducir el proyecto de presupuesto de egresos que le presente el Poder Judicial actor, por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa Entidad, pues solamente está facultado para compilar y enviar al Legislativo Local los proyectos de Presupuesto de Egresos que regirán al año siguiente.

No es óbice a lo anterior, el hecho de que el Gobernador Local refiera en su contestación que la legislación financiera del Estado previene la modificación al Presupuesto de Egresos por causas diversas, pues aun cuando en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios26, se prevea la posible modificación al presupuesto asignado, dichos supuestos operan únicamente para situaciones que se presenten con posterioridad a la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos, que impliquen la aprobación de fondos públicos no previstos en el mismo.

Por otra parte, el Gobernador de la entidad señaló en su contestación a la demanda que de la interpretación funcional del artículo 70 de la Constitución Local, así como de los diversos 262, 270 y 276, párrafo segundo, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala, se desprende que en ejercicio de sus funciones, entre ellas, la hacienda pública estatal, él es quien mejor conoce los ingresos a recaudar, de manera que afirma que se encuentra facultado para determinar el monto que servirá de gasto al Poder Judicial y en esa medida, remitir a la Legislatura Local la propuesta adecuada conforme a las posibilidades reales de ingresos.

En respuesta a ello, es menester señalar que del análisis de los artículos 70, fracción III, y 85, fracción VII este último relacionado con el diverso 49 de la Constitución del Estado de Tlaxcala27 y 262, 269, 270, 271, fracción II y III, 274, 276, 285 y 289 del Código Financiero citado28 se advierte lo siguiente:

a) Las dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales congruentes entre sí, conforme a los cuales se ejecutarán las acciones relativas a la actividad de la administración pública que les corresponda, mismos que servirán de base para elaborar el prepuesto de egresos del Estado y los municipios. (artículo 262 del Código Financiero Local)

b) Para los efectos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los tres poderes y los municipios de la entidad así como sus respectivas dependencias y entidades se denominan unidades presupuestales.

Dichas unidades presupuestales comprenden órganos tanto autónomos como con dependencia jerárquica de otros, los cuales son agrupados bajo esta denominación por contar con una característica común, que es que todos deberán ser incluidos en el proyecto de presupuesto de egresos que será enviado al Congreso para su aprobación. (artículo 269, último párrafo del Código Financiero de Tlaxcala)

c) El Poder Ejecutivo Local, por conducto de la Secretaría de Finanzas, proporcionará a las unidades presupuestales, los datos estadísticos, estudios o informes que soliciten con relación a la preparación de sus proyectos de presupuesto. En el ámbito municipal corresponde esta facultad al Presidente Municipal, por conducto de su Tesorería. (artículo 270 del Código Financiero de Tlaxcala)

d) La Secretaría y las tesorerías, en el ámbito de sus competencias están facultadas para determinar la suma total de los presupuestos de sus unidades presupuestales así como para disminuir o aumentar sus asignaciones de acuerdo a las políticas del Gobernador de la entidad o de los presidentes municipales. (artículo 271, fracción III, del Código Financiero del Estado)

e) El Poder Judicial de Tlaxcala, con base en las previsiones del ingreso y del gasto acordadas con el Ejecutivo, formulará su anteproyecto de presupuesto, respetando los plazos que para este proceso señala el Código Financiero, a efecto de que se integren al documento que se presentará al Congreso del estado para su análisis y aprobación. (artículo 276, párrafo segundo del Código Financiero Local)

En el caso del Poder Judicial, es facultad de la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial elaborar el proyecto de presupuesto de egresos de dicho poder, el cual será enviado al Gobernador para su inclusión. Asimismo, que podrá realizar observaciones al proyecto aprobado por el Congreso. (artículo 85, fracción VII, de la Constitución de Tlaxcala)

f) Es obligación del Gobernador del Estado de Tlaxcala presentar al Congreso a más tardar el quince de noviembre de cada año el Presupuesto de Egresos que habrá de regir en el año siguiente. (artículo 70, fracción VIII, de la Constitución Local)

g) El proyecto que envíe el Poder Judicial únicamente será para su inclusión en el paquete presupuestal que el Poder Ejecutivo deberá enviar a la Legislatura de Tlaxcala, como proyecto de Presupuesto de Egresos ya integrado, para su discusión y aprobación, sin que ello implique una facultad de revisión del Ejecutivo respecto de otros Poderes.

En esta tesitura, partiendo de una interpretación conforme del artículo 116, párrafo primero, que establece el régimen de división de poderes, y fracción III, que establece el régimen fundamental de los Poderes Judiciales estatales de la Constitución Federal así como de los preceptos referidos, se arriba a la conclusión de que por tratarse de un Poder no puede subordinarse a otro, de manera que no puede dársele el mismo tratamiento que a los órganos dependientes de la Administración Pública Local.

Es por eso que la legislación estatal, señala que las unidades presupuestales enviarán a la Secretaría sus anteproyectos para su revisión y, por el otro, que los Poderes Ejecutivo y Legislativo formularán sus respectivos anteproyectos de presupuesto, a efecto de que sean integrados al documento que le será presentado, para su análisis y aprobación, al Congreso del Estado, con lo cual se advierte un tratamiento distinto, acorde a su naturaleza de Poderes, del cual no puede desprenderse una facultad de revisión del Poder Ejecutivo Local.

En conclusión, el Gobernador únicamente está facultado para ordenar su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno Estatal, sin que pueda efectuar modificación alguna.

Una vez establecido el marco jurídico, tenemos en cuanto a los hechos, que del análisis de los autos de la controversia en estudio, se advierte que:

a) Mediante oficio número 474/2006 de veintiocho de septiembre de dos mil (foja 53 de autos), el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial del Estado remitió al Secretario de Finanzas de Tlaxcala, el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil siete, proponiendo la cantidad de $146,484,334.38 (ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos 38/100).

b) Con fecha quince de noviembre de dos mil seis, el Congreso del Estado de Tlaxcala recibió la Iniciativa del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil siete, suscrita por el Gobernador, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Finanzas (fojas 310 a 369 del expediente). En dicho paquete se solicitó para el Poder Judicial la cantidad de $96,263,350.00 (noventa y seis millones doscientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta pesos 00/100).

c) Por oficio número C.F.F./2006/XII/820 de veintidós de diciembre de dos mil seis (fojas 148 y 149 de autos), el Diputado de la Comisión de Finanzas y Fiscalización hizo del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado que mediante oficio de dieciséis de noviembre de dos mil seis, el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Finanzas enviaron el paquete económico que contiene la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil siete, asimismo, le solicitó a) copia certificada del Presupuesto de Egresos correspondiente el ejercicio fiscal dos mil seis, así como las modificaciones realizadas a esta fecha, y b) copia certificada del Proyecto de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal dos mil siete.

d) Finalmente, el Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó un presupuesto para el Poder Judicial Local por un total de $98,209,000.00 (noventa y ocho millones doscientos nueve mil pesos 00/100).

De lo anterior, se advierte que el Gobernador de Tlaxcala al presentar el presupuesto global, disminuyó el monto propuesto por el Poder Judicial Local, de ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos 38/100 ($146,484,334.38) a noventa y seis millones doscientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta pesos 00/100 ($96,263,350.00).

En tal virtud, del análisis del concepto de invalidez precisado al inicio de este considerando a la luz de los artículos 57, 70, fracción VIII y 85, fracción VII, de la Constitución de Tlaxcala y con vista a las consideraciones precedentes, se advierte que es fundado, porque el Gobernador del Estado de Tlaxcala carece de facultades para revisar, modificar o alterar el proyecto de presupuesto de egresos que le fue presentado por el Tribunal Superior de Justicia Local, en razón de que en los preceptos citados con antelación no se le faculta para que revise, modifique o altere el proyecto de presupuesto de egresos indicado. Sirve de apoyo las tesis de jurisprudencia P./J. 69/2006, cuyo rubro dice: "PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD.29

En congruencia con lo expuesto y puesto que ha quedado demostrado plenamente en autos, que el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, al enviar al Poder Legislativo local el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de dicha entidad, no acató lo dispuesto en 85, fracción VII, de la Constitución Local, pues en lugar de limitarse a poner en manos de la legislatura respectiva dicho anteproyecto original, presentó uno distinto, determinando un monto menor al solicitado por el Tribunal Superior de Justicia Local, es incuestionable que con tal proceder se infringió la garantía de legalidad protegida por el artículo 16 constitucional, de manera que deberá declararse la invalidez de tales actuaciones del Poder Ejecutivo demandado.

Ahora bien, aun cuando el Congreso del Estado de Tlaxcala cuenta con la facultad para modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado, acorde a lo dispuesto por los artículos 54, fracción XIII, de la Constitución Local30 y 285, párrafo segundo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, debe tomarse en cuenta que dicho órgano legislativo modificó y aprobó la partida correspondiente al presupuesto del Poder Judicial del Estado con base en el paquete económico presentado por el Gobernador de Tlaxcala, tal y como se advierte a foja doscientos setenta y tres del expediente.

Bajo este contexto es que esta Sala considera que si el Congreso del Estatal aprobó el artículo 5, fracción III, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de dos mil siete con base en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de la entidad quien modificó la propuesta de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, sin contar con facultad para ello, violando la garantía de legalidad, es evidente que con ello impidió que la Legislatura de dicha entidad dictaminara y aprobara un monto global de presupuesto para el Poder Judicial Local, teniendo como base la cantidad solicitada originalmente por dicho poder
en su proyecto.

Por tanto, es procedente declarar la invalidez del artículo 5, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta de diciembre de dos mil seis.

En similar sentido el Pleno ha resuelto también las controversias constitucionales 10/2005 y 42/2006, ambas promovidas por el Poder Judicial del Estado de Baja California, resueltas el ocho de diciembre de dos mil cinco y el veintidós de agosto de dos mil seis, respectivamente.

Ahora bien, dada la relación que guarda el contenido del artículo 4 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil siete31, en lo relativo al presupuesto del Poder Judicial de dicha entidad, con el artículo 5, fracción III, declarado inválido, resulta necesario puntualizar los alcances del artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de la materia32; para ello, cabe resaltar que de la fracción citada es posible desprender que los efectos de la declaración de invalidez deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, o bien, guarden relación estrecha con la misma, aun cuando no dependan jerárquicamente.

En esta tesitura, puede declararse la invalidación indirecta de una norma en varios supuestos, bajo los siguientes criterios:

1.- Jerárquico.- Cuando la validez de una norma de rango inferior depende de la validez de otra de


rango superior.

2.- Temporal.- Cuando una norma vigente es declarada inválida, afectando la validez de otra creada con anterioridad, pero con efectos hacia el futuro.

3.- Generalidad.- Cuando una norma general declarada inválida afecta la validez de normas especiales que de ella se deriven, no en una relación de jerarquía sino en una situación sistémica.

4.- Remisión expresa.- Cuando una norma remita expresamente a otra, el aplicador de la misma debe obtener su significado o contenido a partir de la integración de los diversos enunciados normativos que resulten implicados en la relación sistemática, de este modo, la invalidez de la norma invalidada se expande por vía de la integración del enunciado normativo.

5.- Horizontal.- Cuando una norma invalidada afecta a otra norma de su misma jerarquía debido a que la segunda regula alguna cuestión prevista en la primera, de tal suerte que la segunda norma ya no tiene razón de ser.

En este último supuesto debe ubicarse al artículo 4 citado, dado que dicho precepto regula una cuestión similar a la prevista en el 5, fracción III, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de dos mil siete, pues establece el monto total del presupuesto aprobado para el Poder Judicial de dicha entidad; es por eso que la invalidez del 5, fracción III, impugnado, deberá repercutir al artículo 4 del decreto citado, en la parte conducente.

En tal virtud, debe declararse la invalidez, por vía de consecuencia, del artículo 4, en lo relativo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

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