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Resolucion dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 9/2007, promovida por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala


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Viernes 11 de julio de 2008 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)

RESOLUCION dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 9/2007, promovida por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Subsecretaría General de Acuerdos.- Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.



CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2007

ACTOR: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL

SECRETARIOS: MARAT PAREDES MONTIEL

FABIANA ESTRADA TENA

JOSE MARIA SOBERANES DIEZ

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de agosto de dos mil siete.



VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por oficio recibido el nueve de febrero de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Aquiahuatl Hernández, quien se ostentó como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan:

A) AUTORIDADES DEMANDADAS:

Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala.



B) ACTOS IMPUGNADOS:

a) Los actos modificatorios del Proyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para dos mil siete,

b) La invalidez del artículo 5, fracción III, del Presupuesto de Egresos de dos mil siete aprobado, así como la sanción, promulgación y publicación respectiva en el periódico oficial llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,

c) Los actos de discusión y aprobación del citado Presupuesto de Egresos, realizados por el Congreso de dicha entidad, y

d) De la lectura de los conceptos de invalidez se advierte que el Poder actor impugna el artículo 20 del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para dos mil siete.

SEGUNDO.- En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

1) De conformidad con el artículo 276 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala, el Poder Judicial Local formuló su respectivo anteproyecto de Presupuesto de Egresos para dos mil siete, por la cantidad de ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos, a efecto de que se integrara al documento que se presentaría al Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación para el ejercicio dos mil siete.

2) El Ejecutivo del Estado envió la iniciativa del Presupuesto de Egresos al Congreso Local, modificando la cantidad propuesta en el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial a un monto de noventa y seis millones doscientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta pesos.

3) Dicha iniciativa del Ejecutivo fue modificada por el Congreso del Estado, al aprobar el Presupuesto de Egresos, quedando finalmente en un total de noventa y ocho millones doscientos nueve mil pesos, el cual fue remitido al Gobernador para su sanción, promulgación y publicación.

4) Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de Tlaxcala, el treinta de diciembre de dos mil seis, se dio a conocer el presupuesto que se asignaba al Poder Judicial Estatal, por la cantidad aprobada por el Congreso Estatal.

TERCERO.- El actor estimó violados los artículos 14, 16, 41, primer párrafo, 49, primer párrafo, 74, fracción IV, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, argumentando en sus conceptos de invalidez lo siguiente:

1) Que el presupuesto asignado al Poder Judicial Estatal afecta la subsistencia del mismo, ya que tal asignación presupuestal no alcanzaría siquiera para cubrir la nómina de los integrantes del Tribunal, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, lo cual obligaría a acudir al Poder Ejecutivo para nuevas asignaciones, las cuales son consideradas favores al Poder Judicial por parte del Ejecutivo.

De la lectura del artículo 85 de la Constitución Estatal, la cual en su segundo párrafo se refiere a las facultades de la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial, se advierte que no existe facultad alguna del Ejecutivo para modificar el Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial antes de enviarse al Congreso para su aprobación; razón por la cual se invadió la esfera competencial del Poder Judicial Local. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por este Alto Tribunal en la tesis P./J.69/2006, bajo el rubro: “PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU TITULAR CARECE DE FACULTADES PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD.1



2) El actuar del Congreso del Estado de Tlaxcala y el Ejecutivo Local viola el principio de división de poderes que rige nuestro Estado de derecho, el cual habla de colaboración mas no así de prevalencia de cualquiera de ellos y es el caso que con el actuar del Poder Ejecutivo Estatal, es notoria y manifiesta la prevalencia que pretende llevar a cabo en detrimento del Poder Judicial, ya que al decidir modificar un presupuesto asignado que sólo le correspondería modificar al propio Poder Judicial, violan la independencia de este último, transgrediendo el artículo 116 constitucional.

Que el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios es claro al señalar en su Sección Sexta las modificaciones que pueden hacerse al Presupuesto de Egresos y en ninguna de ellas se hace mención a que éstas puedan realizarse de manera unilateral como es el caso.

De la lectura de los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código citado es claro notar que en las modificaciones al presupuesto asignado es necesaria la intervención de la parte a la cual se va a incrementar o disminuir tal presupuesto señalando el párrafo segundo del artículo 298 del Código Financiero citado2.

Que el artículo 300 del Código referido, dispone que cualquier modificación al Presupuesto de Egresos autorizado, que implique traspasos entre capítulos y partidas de gasto público requerirá autorización, la cual corresponderá a la Secretaría y a las tesorerías, y a los órganos de gobierno de los Poderes Judicial y Legislativo y de los órganos autónomos, otorgarlas cuando el monto considerado por partida presupuestal no exceda en un 10% del originalmente asignado.

Que la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que ante la interpretación de diversos preceptos constitucionales de las entidades federativas debe optarse por aquellos que permitan que la función jurisdiccional se desarrolle con libertad y sin injerencias externas, bajo el fortalecimiento del Poder Judicial y de la realización plena de su autonomía e independencia.

Que se viola la garantía de audiencia del Poder Judicial ya que en estos casos se le tiene que dar el derecho de audiencia a cualquiera de los poderes para que estos manifiesten en qué rubros se puede llevar a cabo la modificación del presupuesto asignado, cuestión última que no se llevó a cabo por el Congreso.

Que se vulneran por el Congreso Estatal, los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal por no fundar y motivar la modificación del presupuesto asignado al Poder Judicial Estatal.

Que el hecho de no haber aceptado por el Poder Ejecutivo, la cantidad de ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos con treinta y ocho centavos, que se precisó en el anteproyecto presentado, trae la consecuencia jurídica de que su aceptación fue tácita, puesto que en ningún momento se hizo observación alguna al Poder Judicial ni tampoco se mencionó que el anteproyecto referido fuera objeto de modificación, infringiendo en forma evidente la garantía de audiencia al Poder Judicial Local.



3) El decreto que se impugna además concede la administración del presupuesto asignado al Poder Judicial al Ejecutivo Estatal, es decir, aún aprobado el monto de noventa y ocho millones doscientos nueve mil pesos, según lo determina el artículo 20 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil siete, los recursos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, organismos autónomos y municipios serán transferidos cumpliendo con los requisitos para tal efecto, dando como consecuencia que la administración del presupuesto asignado al Poder Judicial se dé a través del Ejecutivo Local.

CUARTO.- Por acuerdo de doce de febrero de dos mil siete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 9/2007 y, por razón de turno, se designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de trece de febrero de dos mil siete, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenando emplazar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Tlaxcala, en su carácter de autoridades demandadas, para que formularan su contestación, asimismo, dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.



QUINTO.- Las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, manifestando en resumen, lo que a continuación se señala:

A. GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA

I. Con relación a los presupuestos procesales

1.- Que debe sobreseerse la controversia en estudio dado que Luis Aquiahuatl Hernández, quien se ostenta como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no cuenta con personalidad ni capacidad procesal para representar al Poder Judicial Local, pues se advierte que al momento de presentar la demanda de controversia ya había concluido el periodo correspondiente a su encargo, aunado a que no se desprende que haya convocado a sesión plenaria para elegir al nuevo presidente, prorrogando de facto el cargo con el que inicialmente fue elegido.

Que al ser evidente que carece de la personalidad necesaria, el despliegue de sus facultades en nombre y representación del órgano de Gobierno actor, es totalmente inválida y no produce efecto jurídico alguno, pues sólo cuando el funcionario que representa al ente público ostente el cargo respectivo, podrá actuar en nombre y representación de éste, de tal manera que durante la vigencia de su encargo podrá ejercer las facultades que la ley le reconoce como servidor público, acorde con el cargo y atribuciones respectivas.

2.- Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, ya que han cesado los efectos de uno de los actos señalados como impugnados, consistente en la omisión de dar respuesta al oficio 474/2006, pues mediante oficio, se dio contestación cabal e íntegra a la petición contenida en éste, indicando los motivos por los cuales no era procedente solicitar al Congreso del Estado la cantidad requerida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Local. Asimismo, sostiene que tiene conocimiento de que dicho oficio fue notificado al peticionario a través de los estrados de la Secretaría de Finanzas del Estado, en razón de que el promovente no señaló domicilio para efectos de notificación.



II. Con relación a los conceptos de invalidez

1.- Que el Poder Ejecutivo Local se encuentra facultado para recibir la propuesta de presupuesto que le remita el Poder Judicial Estatal, y, considerando determinados factores (los ingresos a recaudar por el Gobierno del Estado en el mismo año y la justificación, por parte del solicitante, de los gastos a invertir en sus programas y acciones), proponer al Congreso Local, el monto de los que solicita sean autorizados, de conformidad con los artículos 70, fracción VIII, 85, párrafo segundo y fracción VII, y 102, párrafos primero y segundo, todos de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y 262, 270 y 276 del Código Financiero de dicha entidad.

Que de la interpretación funcional de los mencionados dispositivos legales se desprende que por ejercicio de sus facultades administrativas, entre ellas la Hacienda pública estatal (recaudatoria) el Poder Ejecutivo es el mejor conocedor de los ingresos a recaudar por ello en el año fiscal correspondiente, fundado en proyecciones financieras que año con año son tomadas como base para programar los gastos de todas las dependencias del Gobierno del Estado, de tal manera que con dicho conocimiento, se encuentra facultado para determinar el monto que servirá de gasto al Poder Judicial y en esa medida, remitir a la Legislatura Local la propuesta adecuada conforme a las posibilidades reales de ingresos.

2.- Que el Poder Ejecutivo Estatal es sólo el conducto para hacer llegar al Congreso Local la propuesta de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, pero de ninguna manera es la autoridad decisoria del monto


a aprobar.

3.- Que, de común acuerdo, los Poderes Ejecutivo y Judicial de Tlaxcala fijaron la cantidad propuesta por el Gobernador a la Soberanía Local.

4.- Que la legislación financiera del Estado prevé la modificación al Presupuesto de Egresos por causas diversas, señalando el procedimiento a seguir en cada uno de estos casos, sin que el otorgamiento adicional de recursos a los demás Poderes sea considerado un acto discrecional a cargo del Poder Ejecutivo, pues en cada caso deberá justificarse la referida modificación que será siempre aprobada por el Congreso Estatal.

5.- Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que el principio de división de poderes, con especial referencia a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, se viola cuando se incurre en las siguientes conductas:

a) Que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice una actuación antijurídica imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo;

b) Que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o subordinación con respecto a él; y

c) Que la intromisión, dependencia o subordinación de otro Poder verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal.

Que en el caso concreto, el Poder Ejecutivo Estatal se ha ajustado en todo momento a lo previsto en la legislación vigente, sin colocar al Poder Judicial en un estado de dependencia, subordinación o intromisión.

Que el Poder Ejecutivo es el único que ejerce las facultades ejecutivas hacendarias con la más estricta responsabilidad, pues se trata de la administración de los recursos o del erario que el pueblo destina para el ejercicio de las facultades de los poderes estatales y que a su vez, estos ejerzan en beneficio de los gobernados.

Que en la determinación de la cantidad propuesta por el Ejecutivo como presupuesto para el Poder Judicial del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil siete, se tomó en cuenta el ritmo de crecimiento económico en el país, que incluye el índice inflacionario y como muestra se propuso un incremento porcentual del seis por ciento entre la cantidad aprobada para el ejercicio fiscal dos mil seis y el correspondiente aprobado para el año dos mil siete, por lo que dicha diferencia representa la cantidad líquida de cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos, por lo que es de notar que en ningún caso es menor a lo aprobado y presupuestado al mismo Poder para el dos mil seis.

Que el hecho de que los Poderes soliciten una cantidad determinada, no quiere decir que la cantidad deba aprobarse tal y como es solicitada íntegramente ya que para ello se requiere recaudar los ingresos necesarios para su aprobación, sin embargo, el ritmo de crecimiento de la economía Estatal no corresponde a las expectativas de crecimiento del Poder Judicial, pues de lo aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil seis (noventa y dos millones seiscientos cincuenta mil pesos), a lo pretendido por el Poder Judicial en Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil siete, que ascendía globalmente a ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil, trescientos treinta y cuatro pesos, treinta y ocho centavos, implica una diferencia sustancial de cincuenta y tres millones, ochocientos treinta y cuatro mil, trescientos treinta y cuatro pesos, con treinta y ocho centavos, lo que reporta, según el Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial, un incremento en comparación al inmediato anterior, del 58.11%, lo que no corresponde al porcentaje de crecimiento global del Presupuesto de Egresos del Estado para el año dos mil siete en comparación al del año inmediato anterior, ya que el mismo fue del 11.92% global.



B. CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

El Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, en representación del Poder Legislativo Local, señaló lo siguiente:



I. Causas de improcedencia

Que se actualiza la causal prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el decreto impugnado emana de la facultad del Congreso para expedir el presupuesto de egresos del Estado a iniciativa del Ejecutivo.



II. En relación con los conceptos de invalidez

Que el Decreto número 132 se expidió con base en facultades establecidas en la ley, aunado a que para la emisión del decreto impugnado se observó el proceso legislativo en cada una de sus etapas, pues la Comisión de Finanzas y Fiscalización de este Congreso de Tlaxcala formuló una propuesta presentada mediante un dictamen para ser sometido a la consideración del Pleno, cumpliendo así con las etapas que integran el proceso legislativo. En consecuencia, la técnica legislativa es la que hace que por sí solo el decreto citado se encuentre revestido de constitucionalidad.

Que el decreto 132 encuentra su sustento en el artículo 276 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el cual define que con base en las previsiones del ingreso y del gasto acordadas por el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial formuló su respectivo anteproyecto de presupuesto, siendo obvio que también se define que el Congreso Local, con la emisión del decreto referido, respetó la independencia y autonomía del Poder Judicial de la entidad, pues no decidió cómo podría gastarse el presupuesto asignado sino únicamente se aprobó después de un análisis riguroso.

Que al aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, se cumplió con lo que ordena el artículo 276 del Código citado, el cual dispone que los Poderes Legislativo y Judicial formularán sus respectivos anteproyectos de presupuesto, a efecto de que se integren al documento que presentará el Ejecutivo a la Legislatura Local, para su análisis y aprobación, haciéndose efectiva la garantía de audiencia, luego entonces si el Congreso de la citada entidad aumentó el presupuesto propuesto por el Ejecutivo, es evidente que en ningún momento, por parte del Legislativo, se ha limitado al Poder Judicial en su gestión presupuestal, siendo obvio que no se ha disminuido su presupuesto de egresos.

Que no debe pasar desapercibido que el Estado de Tlaxcala, como todas las entidades federativas, tiene un techo presupuestal, al cual se encuentra sujeto, y que de conceder las cantidades íntegras que proponen los entes públicos en sus respectivos proyectos de presupuesto de egresos generaría que el mismo se rebasara, de ahí que resulta básico e importante distribuir los recursos económicos del Estado para abatir las necesidades de los poderes públicos y los organismos autónomos, de una manera integral y coherente.

SEXTO.- OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA

I. Con respecto a las causas de improcedencia invocadas

a) Sobre la falta de legitimación de la parte actora señala, que si bien es cierto que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala vigente hasta el veinticinco de septiembre de dos mil seis señalaba que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia durará en su encargo un año y que entrará en funciones el primero de febrero y concluirá el último día de enero del año respetivo, también lo es que la Suprema Corte de Justicia ha considerado que el Presidente del Tribunal Superior estará en situación de Presidente saliente hasta en tanto no se efectúe la elección, configurándose una prórroga, debiendo continuar con las funciones y facultades propias de dicho nombramiento hasta en tanto se produzca la sustitución, interpretación que se sustenta en los principios de certeza y seguridad jurídica que deben prevalecer en la renovación de las instituciones.

Apoya su argumento con la tesis jurisprudencial número P./J. 3/2003, cuyo rubro es “TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. SUSTITUCION EN EL CARGO DE MAGISTRADO PRESIDENTE.”

En consecuencia, debe declararse infundada tal causal en atención de que de autos no se advierte que a la fecha de presentación de la demanda, se hubiese efectuado la sustitución del Presidente del Tribunal Superior de Justicia Local.

b) Sobre la cesación de efectos del acto materia de la controversia, considera que debe desestimarse tal argumento en virtud de que involucra cuestiones de fondo. Tomando como sustento la tesis cuyo rubro es: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERA DESESTIMARSE.”

II. Con respecto a los conceptos de invalidez

a) Que de conformidad con los artículos 54, fracciones XII y XIII, 70, fracción VIII, 85, fracción VII, y 102 de la Constitución del Estado de Tlaxcala, corresponde al Congreso del Estado expedir, como facultad exclusiva, el Decreto de Presupuesto de la entidad, lo que implica que en ejercicio de esa potestad puede modificar la iniciativa de presupuesto que le presente el Poder Ejecutivo, reasignando montos totales, redistribuyendo las partidas o alterando los rubros de gasto contemplados en la misma, incluyendo los relativos a los poderes judicial y legislativo.

Asimismo, que únicamente se otorgó competencia a cada uno de los poderes locales para que estos confeccionaran sus respectivos presupuestos de egresos, los que se incluirán en la iniciativa que el Poder Ejecutivo presentará a la Legislatura de la entidad, sin que pueda advertirse la existencia de precepto alguno en el referido ordenamiento constitucional que autorice al Ejecutivo local para disminuir o aumentar las previsiones de gasto que los otros poderes hubieran incluido en sus respectivos presupuestos.

Por tanto, resulta errónea la apreciación del titular del Poder Ejecutivo local al considerar que cuenta con facultades para modificar los proyectos de presupuesto de egresos de los Poderes Legislativo y Judicial, pues dicho precepto sólo determina que las leyes tributarias y hacendarias locales establecerán las contribuciones y otros ingresos que le corresponda recaudar al estado.

Que de la lectura de los artículos 262, 269, 270, 271, fracción II y III, 276, 285 y 289, se concluye que el Poder Ejecutivo y sus dependencias están obligados a elaborar programas anuales congruentes entre sí, sin embargo, de ello no puede afirmarse que la Secretaría de Finanzas cuenta con la atribución de disminuir o aumentar las asignaciones presupuestales de los Poderes Legislativo y Judicial, dado que éstos son autónomos al Ejecutivo.

Asimismo, que el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial, no sólo tiene atribuciones para formular su proyecto de presupuesto de egresos sino también, una vez que la Legislatura ha expedido el presupuesto de egresos del estado en el que se determinan las asignaciones a ese poder, tiene la atribución de ejercer de manera libre los recursos que le correspondan sin más limitación que acatar los principios que rigen el ejercicio del gasto público estatal, como son el de racionalidad, transparencia, honradez y eficiencia.

Luego entonces, si el Poder Ejecutivo de la entidad modificó la propuesta de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del estado para el ejercicio fiscal dos mil siete, es indudable que con este acto violó la garantía de legalidad estatuida en el precepto constitucional de mérito e impidió que la Legislatura local conociera, dictaminara y eventualmente aprobara un monto global de presupuesto para el Poder Judicial Local, teniendo como base la cantidad solicitada originalmente por dicho poder en su proyecto de presupuesto, que en su momento envió al Ejecutivo para su inclusión en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de dos mil siete.

b) Con relación al artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil siete, señala que dicho numeral no violenta la independencia ni la autonomía del Poder Judicial establecidas en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal.

Sin embargo, si el numeral impugnado se relaciona con lo dispuesto en el precepto 21 del decreto aludido, se advierte que en este último se establecen requisitos para la ministración de los recursos públicos que le corresponden al Poder Judicial, de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de dos mil siete, que atentan contra la independencia y la autonomía de dicho poder. En consecuencia, considera que debe declararse la invalidez de los preceptos 20 y 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de dos mil siete.

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