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ANEXO LXI

Resolución de la


Corte Interamericana de Derechos Humanos

de 30 de noviembre de 2005
Medidas Provisionales

Respecto de la República Federativa del brasil
Caso de los niños y Adolescentes privados de libertad

en el “complexo do tatuapé” de febem

VISTO:
1. La Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) de 17 de noviembre de 2005, mediante la cual resolvió:
1. Requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los niños y adolescentes residentes en el Complexo do Tatuapé de FEBEM, así como la de todas las personas que se encuentren en el interior de éste.
2. Convocar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales y al Estado de Brasil, a una audiencia pública que se celebrará en la sede del Tribunal el día 29 de noviembre de 2005, a partir de las 9:00 horas, con el propósito de que la Corte escuche sus argumentos sobre los hechos y circunstancias que motivaron la adopción de la […] Resolución.
3. Notificar la […] Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de los beneficiarios de estas medidas.
2. La nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) de 22 de noviembre de 2005, mediante la cual informó que ese mismo día tuvo lugar un nuevo motín en las unidades 19, 20 y 39 del Complexo do Tatuapé de FEBEM (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor) de São Paulo que dejó varios internos heridos.
3. La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 23 de noviembre de 2005 mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, solicitó al Estado del Brasil (en adelante “el Estado” o “el Brasil”) que en la audiencia pública convocada (supra Visto 1) se refiriera a los nuevos hechos denunciados por la Comisión Interamericana.
4. Los anexos a la solicitud de medidas provisionales presentados por la Comisión Interamericana el 23 de noviembre de 2005.
5. El escrito de los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales (en adelante “los representantes”) de 24 de noviembre de 2005 y sus anexos, mediante los cuales informaron que en el motín ocurrido el día 22 de noviembre de 2005 en las unidades 19, 20 y 39 del “Complexo do Tatuapé” resultaron heridas más de cincuenta personas, entre funcionarios e internos del centro, y se produjo la muerte de un adolescente. Los representantes informaron que éste sería el motín número dieciocho que ocurre en el “Complexo do Tatuapé” en el año 2005.
6. Las notas de la Secretaría de 24 y 28 de noviembre de 2005, mediante las cuales informó a las partes que por un error tipográfico se consignó en el Visto Primero de la Resolución emitida por el Tribunal el 17 de noviembre de 2005 (supra Visto 1) la recepción del escrito de solicitud de medidas provisionales en el presente caso el 8 de octubre de 2005, cuando en realidad la remisión de dicho escrito vía facsimilar ocurrió el 8 de noviembre de 2005 y la de sus anexos el día 23 de noviembre de 2005, por lo que se solicitó tener en cuenta dicha rectificación.
7. La audiencia pública sobre las medidas provisionales celebrada en la sede de la Corte Interamericana el 29 de noviembre de 2005, en la que comparecieron:
por la Comisión Interamericana:
Florentín Meléndez; delegado;

Víctor Madrigal, asesor;

Ignacio J. Álvarez, asesor, y

Juan Pablo Albán, asesor;


por los representantes:
Beatriz Affonso, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL);

Soraya Long, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL);

Antônio Maffezoli, Comisión Teotônio Vilela, y

Alejandra Nuño, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL);


por el Estado:
Hédio Silva Júnior, Secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía de São Paulo;

Francisco Soares Alvim Neto, Embajador de Brasil en Costa Rica;

María Luiza Ribeiro Viotti, Ministra, Directora General del Departamento de Derechos Humanos;

Geraldo Carvalho, Procurador del Estado de São Paulo;

Amarildo Baezo, Subsecretario de Promoción de los Derechos de los Niños y Adolescentes de la Presidencia de la República y

Renata Lucía de Toledo Pelizon, Asesora Internacional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República


8. Los argumentos expuestos por la Comisión en la referida audiencia pública, entre los cuales manifestó que:


  1. es indispensable que se mantenga la vigencia de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal el 17 de noviembre de 2005, ya que los presupuestos de urgencia, gravedad y posibilidad de daño irreparable que motivaron su adopción continúan verificándose;




  1. la urgencia de este asunto está demostrada por la situación de violencia e inseguridad imperante en el “Complexo do Tatuapé”. Los factores que generan esta situación de riesgo siguen siendo, entre otros, la falta de separación de los jóvenes detenidos por categorías, las deficientes condiciones sanitarias, físicas y de seguridad a las que se encuentran sometidos los internos del “Complexo do Tatuapé”, y la evidente carencia de personal debidamente calificado y entrenado para tratar con niños y adolescentes;




  1. la gravedad de la situación, reconocida por las propias autoridades del Estado, fue subrayada por el motín ocurrido en el “Complexo do Tatuapé” el pasado 22 de noviembre de 2005, con posterioridad a la Resolución de medidas provisionales (supra Visto 1), y que dejó un saldo de al menos cincuenta y cinco personas heridas, la muerte del joven Jonathan Viera Anacleto de diecisiete años de edad, como resultado de las heridas recibidas durante el motín, y múltiples fugas de los jóvenes internos en dicho centro;




  1. a lo anterior se suma la inexistencia de un plan de contingencia frente a situaciones violentas como las ocurridas a lo largo del presente año, o al menos de planes de evacuación en emergencias como los incendios que se provocan en cada motín; la falta de planes de atención para el evento de un brote epidémico o de una emergencia médica masiva, así como la falta de control en el ingreso y posesión de armas blancas;




  1. en la mayoría de los casos se reporta que los motines son organizados para protestar por las deficientes condiciones de detención a las que son sometidos los jóvenes, para quejarse de maltratos y golpes recibidos por parte del personal de custodia, para reclamar por el traslado de sus compañeros a cárceles para adultos y en otras ocasiones se informa que los motines son iniciados para promover fugas masivas, lo que también evidencia que no hay un control de la seguridad al interior de los pabellones;




  1. usualmente en el curso de los motines los internos proceden a la destrucción de las instalaciones en la unidad que se trata, y cuando el personal de seguridad recupera el control de las unidades, como represalia, destruye y decomisa los objetos de uso personal de los jóvenes, incluidos aquellos destinados a la higiene, golpea a los internos y les impone castigos de encierro prolongado en sus dormitorios, conocidos por ellos como “trancas”;




  1. el Relator de la Comisión Interamericana sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad pudo hacer una visita nocturna a los centros de internación de jóvenes en el Brasil. Para ello contó con la cooperación y el acompañamiento del Estado, lo que le permitió conocer de cerca los acontecimientos que han sucedido en el año 2005 y que han producido graves resultados en materia de costo de vidas humanas de los jóvenes que están internos;




  1. en el “Complexo do Tatuapé” han ocurrido un promedio de seiscientas fugas, no menos de dieciocho motines violentos con resultados de muerte y decenas de heridos entre los internos y miembros del personal del centro de internamiento, y desde el año 2003 veinte jóvenes han muerto por distintas causas y en circunstancias no esclarecidas satisfactoriamente hasta este momento. Todos los acontecimientos vinculados con heridos, fugas, motines, incendios, castigos corporales, encierros, torturas o denuncias de torturas, malos tratos, trato inhumano y falta de asistencia médica, entre otras deficientes condiciones de internamiento, denotan la gravedad de la situación;




  1. tiene disponibilidad de coadyuvar con los esfuerzos del Gobierno Federal del Brasil, y el Gobierno de São Paulo, así como con los representantes, a fin de que conjuntamente se haga el esfuerzo necesario para crear mecanismos que conduzcan a la adopción de parte del Estado de las medidas que sean idóneas para superar esta situación;




  1. el Estado debe adoptar todas las medidas tendientes a remover o separar de sus cargos, respetando el debido proceso, a los funcionarios sobre quienes pesan denuncias por abusos a los jóvenes; variar los patrones de vigilancia, especialmente al interior de las unidades; realizar una requisa efectiva de todo tipo de armas con controles adecuados a fin de evitar atropellos y abusos de autoridad; establecer un sistema de alerta temprana que permita enfrentar situaciones de emergencia o de alta violencia; bajar los niveles de hacinamiento; sustituir la privación de libertad por otras medidas alternativas y combatir el abandono judicial en que se mantienen los internos;




  1. es importante valorar la creación de una comisión independiente de carácter institucional que plantee propuestas o recomendaciones efectivas para que se profundice la investigación de los hechos y se adopten medidas de no repetición, y




  1. reconoce la buena voluntad y el compromiso del Brasil de superar esta situación, pero los hechos demuestran que las medidas adoptadas hasta la fecha no han sido idóneas ni eficaces para prevenir las muertes violentas ni las agresiones al interior del “Complexo do Tatuapé”.

9. Los argumentos expuestos por los representantes en la referida audiencia pública, en los cuales coincidieron en sus apreciaciones con la Comisión, y manifestaron además que:




  1. ninguno de los hechos de tortura o muerte ocurridos este año en el “Complexo do Tatuapé” ha sido investigado;




  1. durante la vigencia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión, el Estado no se abrió al diálogo con los representantes para buscar mecanismos de implementación de dichas medidas hasta la reunión de 21 de octubre de 2005 sostenida entre las partes en la sede de la Comisión Interamericana. Por el contrario, el Estado prohibió el monitoreo de las unidades del “Complexo do Tatuapé” por parte de organizaciones de derechos humanos;




  1. una medida abusiva adoptada por el Estado fue el traslado de algunos jóvenes protegidos por las medidas cautelares del “Complexo do Tatuapé” a una penitenciaria de máxima seguridad, el cual tuvo lugar en condiciones inadecuadas. En estos casos, aumentó la separación de los adolescentes con sus familias, en razón de la distancia de la penitenciaria a la que fueron trasladados. Además, en el presidio los jóvenes fueron agredidos física y moralmente;




  1. durante la visita realizada los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2005 por el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente al “Complexo do Tatuapé” fueron constatadas las agresiones de las que son víctimas los adolescentes, las precarias condiciones de higiene y limpieza del centro y la inactividad en la que permanecen los internos. Dos días después de esta visita tuvo lugar un gran motín en el “Complexo do Tatuapé”;




  1. la mejor solución a este problema sería la clausura del “Complexo do Tatuapé” y el traslado de los jóvenes a otras unidades de carácter no penitenciario que cumplan los estándares internacionales establecidos en la materia;




  1. debe ordenarse al Estado que: a) prohíba el ingreso de más jóvenes a las unidades del “Complexo do Tatuapé”; b) impida que se cometan actos de tortura o malos tratos en contra de los jóvenes internos; c) separe inmediatamente de sus funciones a todas aquellas autoridades sobre las que pesan denuncias de prácticas de torturas o malos tratos; d) separe a los jóvenes internos por edad, complexión física y gravedad del delito practicado; e) instale un servicio médico adecuado y permanente en el “Complexo do Tatuapé”, que garantice atención las 24 horas del día; f) mejore las condiciones de higiene y limpieza del centro de internación; g) permita el acceso de las organizaciones no gubernamentales a las unidades de la FEBEM, con la finalidad de que éstas puedan fiscalizar y monitorear tales locales; h) garantice a los familiares de los internos el acceso a toda la información relativa al estado de los jóvenes; i) separe de sus funciones al grupo de intervenciones rápidas de la FEBEM; j) garantice la realización de actividades pedagógicas y deportivas, así como la atención psico-social a todos los jóvenes internados en el “Complexo do Tatuapé”, y




  1. a mediano plazo el Estado deberá: a) transferir la cantidad necesaria de jóvenes del “Complexo do Tatuapé” a otras unidades de internamiento, con el fin de evitar el hacinamiento; b) priorizar y fortalecer la ejecución de las medidas socias-educativas de régimen medio abierto y semi-abierto; c) sustituir gradualmente a todos los funcionarios del “Complexo do Tatuapé” por otros más capacitados; d) investigar rápida y efectivamente las muertes y denuncias de tortura y malos tratos que tengan lugar en el referido centro de internación, y e) procesar y sancionar a los funcionarios implicados.

10. Los argumentos expuestos por el Estado en la referida audiencia pública, en los cuales expresó, inter alia, que:




  1. compareció a la Corte con la mejor disposición de ofrecer a ésta toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos y con el compromiso de dar pleno cumplimiento a las medidas determinadas por el Tribunal;




  1. en la reunión de trabajo realizada el 21 de octubre de 2005 en la sede de la Comisión Interamericana, informó a ese organismo sobre las medidas adoptadas por el Brasil para proteger la vida y la integridad física de los adolescentes que residen en el “Complexo do Tatuapé”, para lo cual hizo entrega de un informe detallado del cumplimiento de las medidas cautelares, acompañado de cincuenta anexos. Sin embargo, la solicitud de medidas provisionales de la Comisión hace sólo una mención genérica a dicha reunión de trabajo y no hace referencia al contenido de los debates y a la extensa documentación presentada por el Estado, la cual debió haber sido considerada en la decisión de la Comisión y recibida como informe del cumplimiento de las medidas cautelares, a expresa solicitud del Estado. Por considerar que dicha información es imprescindible para que la Corte Interamericana pueda tener un cuadro completo de la situación y de las medidas y providencias que han sido adoptadas por el Brasil, al final de la audiencia pública celebrada en este caso, se hizo entrega formal de la documentación que había sido entregada a la Comisión el día 21 de octubre de 2005;




  1. dadas las condiciones y complejidades existentes en el país tanto desde el punto de vista territorial, de tamaño de la población y principalmente de su sistema federativo, la atención socio-educativa en el Brasil ha representado un gran desafío. El Estado informó que entre los avances logrados desde el punto de vista normativo, es posible resaltar que el Brasil superó la doctrina de la situación irregular del menor e implementó la doctrina de la protección integral de los niños y adolescentes a partir de la promulgación de la Constitución de 1988 que establece que la protección de la niñez es deber del Estado, de la familia y de la sociedad. A su vez, por medio del Estatuto del Niño y del Adolescente se integró a la legislación interna del Estado las normas de la Convención de los Derechos del Niño;




  1. por ser una república federativa las atribuciones y responsabilidades están distribuidas según los niveles de poder del Gobierno. De esta forma, corresponde a la Unión Federal la coordinación de las políticas públicas, y a los estados federados la ejecución de las medidas previstas en el Estatuto del Niño y del Adolescente, entre las que se encuentran las medidas de internamiento de jóvenes. La Constitución Federal establece que las políticas públicas, incluyendo las medidas socio-educativas del Estatuto del Niño y del Adolescente, deben ser implementadas gradualmente de forma descentralizada, razón por lo cual deben ser asumidas por los municipios. El Gobierno Federal promovió recientemente un amplio debate sobre el tema con todos los estados federados, algunos municipios, y organizaciones de la sociedad civil, con el acompañamiento del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente. El Estado informó que el debate nacional tuvo resultados muy importantes: 1) la elaboración de un proyecto de ley de aplicación de las medidas socio-educativas, que fue aprobado por el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente y será enviado en breve al Consejo Nacional para su deliberación, y 2) la creación de un sistema nacional de atención socio-educativa, en el cual se pretende negociar con los estados federados la construcción de unidades de internación más pequeñas, para que así los programas de atención no tengan más de noventa adolescentes. Igualmente, se pretende que las nuevas unidades sean construidas más próximas a las familias de los adolescentes. Muchas de estas medidas están siendo implementadas por los estados federados con algunos resultados bastante positivos en la reducción del número de adolescentes internados y en el índice de reincidencia;




  1. hoy en día las unidades de internamiento de FEBEM tienen aproximadamente 7.000 adolescentes. Debe admitirse, sin embargo, que en el estado de São Paulo existe una cultura de internamiento por parte de algunos integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial que en casos que demandarían medidas alternativas al internamiento, deciden dejar internados a los jóvenes como única solución al problema;




  1. el estado de São Paulo, en conjunto con el Gobierno Federal, ha adoptado algunas medidas. En lo que se refiere a los actos de violencia señalados correctamente por la Comisión Interamericana, se ha demostrado la disminución sustantiva del número de motines y de fugas. Asimismo, indicó que desde 2003 se han registrado 1200 procedimientos para la investigación de actos irregulares presuntamente cometidos por funcionarios. Con base en dichos procedimientos 154 servidores fueron suspendidos y 409 fueron advertidos. Al final del primer semestre de este año fueron separados de sus funciones 1751 funcionarios de un total de 9000 funcionarios, aunque una gran parte de esos funcionarios tuvo que ser reintegrada a los cuadros de la FEBEM por determinación judicial. También han sido despedidos varios funcionarios por estar envueltos en denuncias de malos tratos y corrupción. El “Complexo do Tatuapé” es la última gran unidad que se mantiene en el sistema de internamiento del adolescente en São Paulo. En este momento están siendo construidas siete unidades, todas ellas de conformidad con lo que determina el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, esto es, con capacidad sólo para 40 adolescentes por unidad;




  1. el estado de São Paulo cuenta con un instituto de entrenamiento para adolescentes, en el cual se ofrecen 422 cursos técnicos de mecánica, pintura residencial e instalación de teléfonos para 4600 adolescentes. También se imparten 129 talleres de actividades deportivas con 52 modalidades y 312 talleres de arte y cultura. En este sentido, el estado de São Paulo adoptó una medida muy importante que fue la de separar la figura del educador de la figura del agente de seguridad. Los agentes responsables por la educación tienen formación superior, lo que es una exigencia nueva en el proceso de reclutamiento de los funcionarios;




  1. en relación con la última muerte de un joven interno, ya fueron tomadas medidas administrativas por parte del Gobierno del estado de São Paulo;




  1. se está implementando un decreto que determina la separación de los adolescentes por edad, complexión física y gravedad del delito. Esta separación no fue hecha anteriormente por la dificultad que presenta la descentralización del sistema;




  1. el 20 de octubre de 2005 fue asegurado a los representantes el derecho al acceso a las unidades de FEBEM. Únicamente en caso de un clima de anormalidad e inestabilidad dentro de las unidades, por razones de contención y disciplina, les puede ser prohibido por algunas horas el acceso a los locales;




  1. la actuación de una tropa de élite de la policía militar, especializada en contención, para el control de los jóvenes internos en las unidades de FEBEM es excepcionalmente necesaria, ya que éstas no tienen un carácter penitenciario, y su personal no tiene la calificación o atributos de aquellos que trabajan instituciones con adultos. En la argumentación de los representantes, no consta ninguna violación de derechos causados por las tropas de choques de la policía militar del estado de São Paulo, ya que éstas son rigurosamente profesionales y están obligadas a actuar debidamente para restablecer el orden en las instituciones;




  1. el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de São Paulo han tenido una relación de cooperación real y dialogo para el enfrentamiento de este problema, y




  1. en este momento están siendo contratados 688 agentes de seguridad y 400 agentes educacionales para trabajar en el “Complexo do Tatuapé”. Asimismo, el Gobernador del estado de São Paulo firmó un contrato para que las unidades de dicho centro de internación puedan ser evacuadas en un plazo razonable. En el lugar será construido un parque.

11. La presentación de documentación por parte del Estado y los representantes al finalizar la audiencia pública celebrada en este caso.



Considerando:

1. Que el Brasil es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1992 y, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998.


2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, “[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
3. Que, en los términos del artículo 25 del Reglamento de la Corte,
[…]
2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, la Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión.
[…]
4. Que el propósito de las medidas provisionales en los sistemas jurídicos nacionales (derecho procesal interno), en general, es preservar los derechos de las partes en controversia, asegurando que la ejecución de la sentencia de fondo no se vea obstaculizada o impedida por las acciones de aquéllas, pendente lite.
5. Que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar por cuanto protegen derechos humanos. Siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo.
6. Que la Comisión Interamericana solicitó a este Tribunal que ordene la protección de “los niños que residen en el ‘Complexo do Tatuapé’ de FEBEM, quienes se encuentran en situación de grave riesgo y vulnerabilidad”. Si bien al ordenar medidas provisionales esta Corte ha considerado en algunos casos indispensable individualizar a las personas que corren peligro de sufrir daños irreparables a efectos de otorgarles medidas de protección1, en otras oportunidades el Tribunal ha ordenado la protección de una pluralidad de personas que no han sido previamente nominadas, pero que sí son identificables y determinables y que se encuentran en una situación de grave peligro en razón de su pertenencia a un grupo o comunidad2, tales como personas privadas de libertad en un centro de detención3. En el presente caso, los posibles beneficiarios son identificables, ya que son personas que se encuentran recluidas en el centro de referencia. Además, “[e]n todos los lugares donde haya menores detenidos, deberá llevarse un registro completo y fiable de la siguiente información relativa a cada uno de los menores admitidos: a) Datos relativos a la identidad del menor; b) Las circunstancias del internamiento, así como sus motivos y la autoridad […] que [lo] ordenó; c) El día y hora del ingreso, el traslado y la liberación; d) Detalles de la notificación de cada ingreso, traslado o liberación del menor a los padres o tutores a cuyo cargo estuviese en el momento de ser internado”4. Es por ello que este Tribunal considera que el Estado deberá presentar, en su primer informe sobre las medidas provisionales adoptadas (infra punto resolutivo 5), la lista de todos los adolescentes internos en el “Complexo do Tatuapé”, quienes son beneficiarios de las presentes medidas provisionales. Para esto, es indispensable que el Estado presente (infra punto resolutivo 5) una lista actualizada de todos los jóvenes que residan en dicho centro, de los que sean puestos en libertad y de los que ingresen al mismo, e indique el número, nombre y edad de los niños y adolescentes procesados y de aquellos cuya situación legal ya ha sido resuelta por el Poder Judicial, y que, además, informe si estos últimos se encuentran ubicados físicamente en diferentes sectores.
7. Que en virtud de la responsabilidad del Estado de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas que estén sujetas a su jurisdicción, la Corte estima que este deber es más evidente al tratarse de personas recluidas en un centro de detención, caso en el cual el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia5.
8. Que en virtud de la relación existente entre las condiciones de detención y la garantía de los derechos a la vida e integridad personal, es posible la protección de las personas privadas de libertad en un centro de detención que se encuentren en las condiciones alegadas, a través de una orden de adopción de medidas provisionales dictada por este Tribunal.
9. Que la protección de la vida del niño “requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su detención o prisión”6.
10. Que de la información suministrada por la Comisión, los representantes y el Estado, y de las manifestaciones de aquéllos durante la audiencia pública (supra Vistos 8, 9 y 10), se desprende claramente que, a pesar de determinadas medidas adoptadas por el Estado tendientes a mejorar las condiciones de internación (supra Vistos 10), persiste una situación de extrema gravedad y urgencia y de posible irreparabilidad de daños a los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios de las medidas. En particular, han continuado los actos de violencia, tales como el motín ocurrido en el “Complexo do Tatuapé”, con posterioridad a la adopción de medidas provisionales por parte del Tribunal (supra Vistos 2, 5, 8, 9 y 10), el pasado 22 de noviembre de 2005, en el que habrían logrado fugarse varios jóvenes internos, que dejó un saldo de “al menos cincuenta personas heridas” y un joven de diecisiete años de edad muerto, como resultado de las heridas recibidas durante el motín.
11. Que la Comisión y los representantes señalaron que los factores que generan la situación de gravedad y riesgo de los niños y adolescentes que residen en el Complexo do Tatuapé son el hacinamiento, la falta de separación de internos por categorías, las deficientes condiciones sanitarias, físicas y de seguridad a las que se encuentran sometidos y la carencia de personal debidamente calificado y entrenado para tratar con niños y adolescentes. Asimismo, la Comisión indicó que la situación se ve agravada por la inexistencia de un plan de contingencia frente a situaciones violentas como las ocurridas a lo largo del presente año, así como por la falta de control en el ingreso y posesión de armas en el centro de internación (supra Vistos 8 y 9).
12. Que el Estado debe adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en el “Complexo do Tatuapé”, de tal suerte que no muera ni se afecte la integridad personal de ningún interno. Entre ellas, debe adoptar medidas tendientes a prevenir que en el futuro se desarrollen situaciones de amotinamiento u otras que alteren el orden en dicho centro. Al debelar alteraciones al orden público, como las acontecidas en el presente caso, el Estado debe hacerlo con apego y en aplicación de la normativa interna en procura de la satisfacción del orden público, siempre que esta normativa y las acciones tomadas en aplicación de ella se ajusten, a su vez, a las normas de protección de los derechos humanos aplicables a la materia7. En efecto, como lo ha señalado en ocasiones anteriores, esta Corte reconoce “la existencia de la facultad, e incluso, la obligación del Estado de ‘garantizar [la] seguridad y mantener el orden público’. Sin embargo, el poder estatal en esta materia no es ilimitado; es preciso que el Estado actúe ‘‘dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana”8. En este sentido, el Tribunal estima que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control9.
13. Que están estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en aislamiento, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del menor10.
14. Que la obligación del Estado de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción comprende el deber de controlar las actuaciones de terceros particulares, obligación de carácter erga omnes11. En las circunstancias del presente caso, la Comisión informó que varios de los heridos en los incidentes dentro del “Complexo do Tatuapé” fueron víctimas de la violencia producida por los propios internos del centro, y que la muerte del adolescente Jonathan Felipe Guilherme Lima supuestamente se produjo a manos de sus compañeros de la Unidad 39 de FEBEM (supra Visto 8).
15. Que el Estado debe asegurar la garantía de los derechos reconocidos en la Convención Americana en las relaciones inter-individuales de los jóvenes internos, además de los efectos propios de las relaciones entre las autoridades de los centros de internación y gubernamentales con dichas personas. A tal efecto, debe utilizar todos los medios posibles para reducir al máximo los niveles de violencia. Al respecto, esta Corte considera que el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal “no sólo implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana12”. Esta obligación presenta modalidades especiales en el caso de los menores de edad, en donde la condición de garante del Estado con respecto a estos derechos, le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquéllos.
16. Que para proteger la vida e integridad personal de los niños residentes en el “Complexo do Tatuapé”, debe existir, como mínimo, una separación por categorías de edad, naturaleza de la infracción cometida y entre jóvenes procesados y aquellos cuya situación ya ha sido resuelta, de manera que los internos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes sectores dentro del establecimiento. En consonancia con lo dicho anteriormente, “[e]l criterio principal para separar a los diversos grupos de menores privados de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a las necesidades concretas de los interesados y la protección de su bienestar e integridad físicos, mentales y morales”13.
17. Que el Estado informó que ha emprendido acciones tendientes a mejorar las condiciones de detención descritas por la Comisión y los representantes. En tal sentido, expuso que a corto plazo viene realizando reformas en el “Complexo do Tatuapé”, entre ellas, reformas de infraestructura, sanitarias, saneamiento, agua y demás, así como la construcción de nuevas unidades de internamiento. Del mismo modo, informó que han sido separados de sus cargos algunos funcionarios envueltos en acusaciones por abusos, y que están siendo contratados nuevos funcionarios con mejores calificaciones. El Estado también se refirió a la necesidad de que ocurra un cambio en la cultura legal brasileña a mediano y largo plazo, principalmente en el ámbito del Poder Judicial y el Ministerio Público. Al respecto, señaló que el Poder Ejecutivo viene realizando trabajos en el sentido de impulsar la modificación del Estatuto del Niño y del Adolescente y abrir un canal de dialogo con los jueces de las diferentes ramas especializadas en material de infancia y adolescencia.
18. Que la problemática de los centros de internación requiere de acciones a mediano y largo plazo, a efectos de adecuar sus condiciones a los estándares internacionales sobre la materia. No obstante, los Estados están en la obligación de desplegar acciones inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como su derecho a la vida y el derecho a gozar las condiciones mínimas de una vida digna, especialmente cuando se trata de niños y niñas, quienes requieren una atención especial por parte del Estado.
19. Que el Relator para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana verificó personalmente las deficientes condiciones de higiene, salud y hacinamiento que prevalecen en el “Complexo do Tatuapé”, y que recibió el testimonio de varios jóvenes internos sobre los actos de violencia que ahí se han producido (supra Visto 8). Que para la realización de dicha visita el Estado ofreció todas las facilidades de acceso e información. La colaboración prestada por el Estado es valorada positivamente por el Tribunal y constituye un paso importante en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
20. Que en vista de la sugerencia de la Corte, realizada durante la audiencia pública, para que la Comisión, los representantes y el Estado procedieran a valorar la posibilidad de presentar un planteamiento conjunto sobre las presentes medidas provisionales antes de retirarse de la sede del Tribunal, las partes dialogaron sobre los mecanismos tendientes a enfrentar los problemas planteados en el presente caso y acordaron la creación de un grupo de trabajo entre las autoridades estatales y los representantes de los beneficiarios, con la asistencia de la Comisión Interamericana. Asimismo, fijaron como nueva fecha de reunión el 15 de diciembre de 2005 en la ciudad de São Paulo, para continuar con este proceso.
21. Que la Corte valora positivamente el hecho de que, durante la audiencia pública celebrada el 29 de noviembre de 2005 en la sede del Tribunal, la Comisión, los representantes y el Estado coincidieron en la necesidad de adoptar medidas para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de los niños y adolescentes recluidos en el “Complexo do Tatuapé”. El Tribunal destaca el espíritu constructivo demostrado por las partes a través de los entendimientos a los que llegaron después de la mencionada audiencia y constata la disposición de las mismas de implementar las presentes medidas provisionales de forma consensuada.
22. Que los antecedentes aportados por la Comisión en su solicitud de medidas provisionales y la información suministrada por las partes en la audiencia pública (supra Visto 8, 9 y 10), relativos a los hechos acaecidos en el “Complexo do Tatuapé”, demuestran prima facie una situación de extrema gravedad y urgencia en cuanto a los derechos a la vida e integridad personal de los niños recluidos en él.
POR TANTO:
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 25 y 29 del Reglamento de la Corte,
RESUELVE:
1. Reiterar al Estado que adopte de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los niños y adolescentes residentes en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM, así como la de todas las personas que se encuentren en el interior de éste. Para ello, deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir los brotes de violencia, así como para garantizar la seguridad de los internos y mantener el orden y la disciplina en el citado centro.
2. Requerir al Estado que adopte sin dilación las medidas necesarias para impedir que los jóvenes internos sean sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre ellos encierros prolongados y maltratos físicos.
3. Requerir al Estado que, sin perjuicio de las medidas de implementación inmediata ordenadas en los puntos resolutivos anteriores, adopte aquéllas necesarias para: a) reducir sustancialmente el hacinamiento en el “Complexo do Tatuapé”, b) decomisar las armas que se encuentren en poder de los jóvenes, c) separar a los internos, conforme los estándares internacionales sobre la materia y teniendo en cuenta el interés superior del niño, y d) brindar la atención médica necesaria a los niños internos, de tal forma que se garantice su derecho a la integridad personal. En este sentido, el Estado deberá realizar una supervisión periódica de las condiciones de detención y el estado físico y emocional de los niños detenidos, que cuente con la participación de los representantes de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales.
4. Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección se planifiquen e implementen con la participación de los representantes de los beneficiarios de las medidas, y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución.
5. Solicitar al Estado que remita a la Corte una lista actualizada de todos los jóvenes que residen en el “Complexo do Tatuapé” y, además, indique con precisión: a) datos relativos a la identidad del menor; b) el día y hora del ingreso, el eventual traslado y liberación, y c) si los adolescentes procesados y aquellos cuya situación legal ya ha sido resuelta por el Poder Judicial se encuentran ubicados físicamente en diferentes secciones del centro.
6. Solicitar al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de las medidas provisionales, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes, incluyendo las administrativas y disciplinarias.
7. Solicitar al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 6 de enero de 2006, sobre los resultados de la reunión que se llevará a cabo entre las partes el 15 de diciembre de 2005 en la ciudad de São Paulo (supra Considerando 21), así como sobre las medidas adoptadas para cumplir con lo ordenado por la Corte, y solicitar a los representantes de los beneficiarios y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten sus observaciones al citado informe dentro de un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación del informe del Estado.
8. Solicitar al Estado que con posterioridad al informe señalado en el punto resolutivo anterior continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y solicitar a los representantes de los beneficiarios de estas medidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los informes del Estado.
9. Notificar la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de los beneficiarios de estas medidas.
Los Jueces García Ramírez y Cançado Trindade hicieron conocer a la Corte sus Votos Concurrentes, los cuales acompañan la presente Resolución.

Sergio García Ramírez

Presidente

Alirio Abreu Burelli Oliver Jackman



Antônio A. Cançado Trindade Cecilia Medina Quiroga


Manuel E. Ventura Robles Diego García-Sayán



Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,



Sergio García Ramírez

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri



Secretario

1 Cfr. Caso de Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana. Medidas Provisionales. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de septiembre de 2000. Serie E No. 3, considerando cuarto; y Caso de Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de agosto de 2000. Serie E No. 3, considerando octavo.


2Cfr., inter alia, Caso Pueblo Indígena de Sarayaku. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos humanos de 6 de julio de 2004, considerando noveno; Caso Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos humanos de 5 de julio de 2004, considerando noveno; Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de marzo de 2003, considerando noveno, y Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, considerando octavo. Además, cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149.


3 Cfr. Caso de la Penitenciaria de Mendoza. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2004, considerando quinto, y Caso de la Cárcel de Urso Branco, Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, considerando sexto.


4 Cfr. Naciones Unidas. Reglas para la protección de los menores privados de libertad adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990, regla 21.



5 Cfr. Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derecho Humanos de 21 de septiembre de 2005, considerando sexto; Caso de las Penitenciarias de Mendoza. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2005, considerando sexto, y Caso de las Penitenciarias de Mendoza. Medidas Provisionales, supra nota 3, considerando sexto.


6Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 160. En igual sentido, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17.


7 Cfr. Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de julio de 2004, considerando décimo segundo; Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de abril de 2004, considerando décimo, y Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 127.


8 Cfr. Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales, supra nota 7, considerando duodécimo; Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales, supra nota 7, considerando décimo, y Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 124.


9Cfr. Naciones Unidas. Reglas para la protección de los menores privados de libertad, supra nota 4, regla 64.


10Cfr. Naciones Unidas. Reglas para la protección de los menores privados de libertad, supra nota 4, regla 67.


11 Cfr. Caso Eloisa Barrios y otros. Medidas Provisionales. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005, considerando séptimo; Caso Luisiana Ríos y otros (Radio Caracas Radio –RCTV-). Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de septiembre de 2005, considerando décimo primero, y Caso de las Penitenciarias de Mendoza. Medidas Provisionales, supra nota 5, considerando décimo primero.


12 Cfr. Caso de las niñas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 173; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 6, párr. 168, y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 129.


13Cfr. Naciones Unidas. Reglas para la protección de los menores privados de libertad, supra nota 4, regla 28.




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