Página principal

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Descargar 74.47 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño74.47 Kb.



Resolución de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos

de 5 de agosto de 2008

Caso Servellón García y otros Vs. Honduras

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia

Vistos:
1. La Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas emitida el 21 de septiembre de 2006 (en adelante “la Sentencia”) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”).
2. La Resolución de Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de 29 de enero de 2008, mediante la cual dispuso que:
1. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 34 a 37 de la […] Resolución el Estado ha dado cumplimiento total al pago de las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material, daño inmaterial y costas y gastos (puntos resolutivos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo de la Sentencia).
2. Que de conformidad con lo señalado en la […] Resolución, el Estado ha dado cumplimiento en lo pertinente a los siguientes puntos resolutivos de la Sentencia:
a) publicar, por una sola vez, en un diario de circulación nacional el capítulo relativo a los hechos probados en la Sentencia y la parte resolutiva de la misma, de conformidad con los Considerandos 10 a 13 de la […] Resolución (punto resolutivo noveno de la Sentencia);
b) nombrar una calle o una plaza, en la ciudad de Tegucigalpa, en memoria de las víctimas, de conformidad con los Considerandos 18 a 21 de la […] Resolución (punto resolutivo décimo primero de la Sentencia); y
c) emitir un sello postal alusivo a la protección debida por el Estado y la sociedad a los niños y jóvenes en situación de riesgo, de conformidad con los Considerandos 26 a 29 de la […] Resolución (punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia).
3. Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el […] caso, a saber:
a) realizar las acciones necesarias para identificar, juzgar, y en su caso, sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas y remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad en este caso, de conformidad con los Considerandos 6 a 9 de la […] Resolución (punto resolutivo octavo de la Sentencia);
b) publicar, por una sola vez, en el Diario Oficial el capítulo relativo a los hechos probados en la Sentencia, sin las notas a pie de página y la parte resolutiva de la misma, de conformidad con los Considerandos 10 a 13 de la […] Resolución (punto resolutivo noveno de la Sentencia);
c) realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado, de conformidad con los Considerandos 14 a 17 de la […] Resolución (punto resolutivo décimo de la Sentencia);
d) fijar una placa con los nombres de las víctimas en la calle que se ha designado con sus nombres, de conformidad con los Considerandos 18 a 21 de la […] Resolución (punto resolutivo décimo primero de la Sentencia);
e) establecer un programa de formación y capacitación para personal policial, judicial, del Ministerio Público y penitenciario sobre la protección a niños y jóvenes; sobre el principio de igualdad ante la ley y sobre los estándares internacionales sobre derechos humanos y garantías judiciales a personas en detención, de conformidad con los Considerandos 22 a 25 de la […] Resolución (punto resolutivo décimo segundo de la Sentencia);
f) realizar una campaña con la finalidad de sensibilizar a la sociedad hondureña respecto de la importancia de la protección a los niños y jóvenes, informarla sobre los deberes específicos para su protección que corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado y hacer ver a la población que los niños y jóvenes en situación de riesgo social no están identificados con la delincuencia, de conformidad con los Considerandos 26 a 29 de la […] Resolución (punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia); y
h) crear una base de datos unificada entre todas las instituciones involucradas en la investigación, identificación y sanción de los responsables de muertes violentas de niños y jóvenes en situación de riesgo, de conformidad con los Considerandos 30 a 33 de la […] Resolución (punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia).

[…]
3. El informe del Estado de Honduras (en adelante “el Estado”) relativo a los avances en el cumplimiento de la Sentencia presentado el 19 de mayo de 2008.


4. Las observaciones de los representantes de las víctimas (en adelante los “representantes”) al informe del Estado presentado el 24 de junio de 2008.
5. Las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) al informe estatal presentadas el 9 de julio de 2008.

Considerando:

1. Que es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el cumplimiento de sus decisiones.


2. Que Honduras es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) desde el 8 de septiembre de 1977 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 9 de septiembre de 1981.
3. Que el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones1.
4. Que la obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado2.
5. Que los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos3.

*

* *


6. Que en relación con el punto resolutivo octavo, relativo la obligación del Estado de emprender las acciones necesarias para identificar, juzgar, y en su caso, sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas y a la obligación de remover los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad en el presente caso, el Estado informó que el 9 de febrero de 2005 emitió las órdenes de captura en contra de las siguientes personas: a) Jorge Alberto Alfaro Martínez y Víctor Hugo Vivas Lozano por suponerlos responsables de haber cometido los delitos de tortura y asesinato en perjuicio de Orlando Álvarez Ríos, Rony Alexis Betancourt Hernández, Marco Antonio Servellón García y Diómedes Obed García y; b) Roxana Sierra Ramírez por el delito de detención ilegal en perjuicio de los mismos ofendidos. Añadió que el 13 de febrero de 2008 se libró orden de captura en contra de David Abraham Mendoza, Marco Tulio Regalado Hernández y José Antonio Martínez Arrázola, por suponerlos responsables del delito de tortura y asesinato en perjuicio de los ofendidos antes descritos. Asimismo, el Estado informó que en los procesos que se siguen por los hechos que originan el presente caso se ordenó recabar, por separado los testimonios siguientes personas: Jorge Alberto Alfaro Martínez, Víctor Hugo Vivas Lozano, Mario Roberto Maldonado Ortega, Roxana Sierra Ramírez, David Abraham Mendoza, Marco Tulio Regalado Hernández y José Antonio Martínez Arrázola.
En cuanto al estado actual de los procesos iniciados, el Estado indicó que: a) en el proceso contra Jorge Alberto Alfaro Martínez se revocó el auto de prisión dictado el 21 de febrero de 2005, por lo que se ordenó su libertad. La referida resolución fue recurrida por el Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia y actualmente el expediente se encuentra ante el Tribunal de alzada; b) en el proceso contra Víctor Hugo Vivas Lozano, mediante resolución de 7 de abril de 2006 se le decretó auto de prisión preventiva por el delito de encubrimiento en perjuicio de la Administración Pública, se declaró agotado el informativo sumarial y la causa se elevó al Plenario. Posteriormente, el Juzgado de Letras de la Sección Penal Judicial de Tegucigalpa dictó sentencia condenatoria en su contra por el delito de encubrimiento, en perjuicio de la administración y de los jóvenes Orlando Álvarez Ríos, Rony Alexis Betancourt Hernández, Marco Antonio Servellón García y Diómedes Obed García y lo condenó a la pena de reclusión de un año y dos meses, a las accesorias de inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena y a la interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Dicho fallo quedó firme el 25 de febrero de 2008; c) en lo que se refiere al proceso de Mario Roberto Maldonado Ortega, el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, mediante resolución motivada emitida dentro del término de ley, ordenó la libertad del procesado por falta de méritos y sobreseyó definitivamente el proceso a su favor. El 28 de mayo de 2007 el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación, el cual fue admitido con efecto devolutivo y el 8 de junio de 2007 dicho proceso fue remitido a la Corte Primera de Apelaciones para su substanciación, sin que al 19 de mayo de 2008, fecha del último informe del Estado se conozca la resolución de éste; y d) en relación a la procesada Roxana Sierra Ramírez el 4 de diciembre de 2007 se le decretó auto de prisión por el delito de detención ilegal, en perjuicio de las cuatro víctimas del presente caso y los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento en perjuicio de la Administración Pública. Se le impusieron medidas cautelares distintas a la prisión preventiva por haber acreditado su arraigo. El informativo sumarial se declaró agotado y la causa se elevó a plenario, mediante resolución que quedó firme el 6 de febrero de 2008, por lo que actualmente el proceso se encuentra en la fase de juicio (supra Visto 3).
7. Que los representantes, en sus observaciones al informe estatal de 19 de mayo de 2008, indicaron que valoran positivamente que se libraran las órdenes de captura en contra de las personas presuntamente implicadas en los hechos relativos al presente caso. Sin embargo, consideraron que el Estado es omiso en señalar cuáles son las acciones concretas que se han llevado a cabo para ejecutar dichas órdenes de captura. Por otra parte, señalaron que a pesar de las acciones emprendidas contra Mario Roberto Maldonado Ortega, Roxana Sierra Ramírez y Jorge Alberto Alfaro Martínez, actualmente dichas personas gozan de libertad y sus procesos no han tenido suficiente movimiento. En consecuencia, de la información presentada por el Estado no se desprende que se hayan realizado acciones pertinentes, oportunas y eficaces para capturar y en su caso sancionar a los responsables de la muerte de las víctimas (supra Visto 4).
8. Que en sus observaciones de 9 de julio de 2008, la Comisión señaló que toma nota de la información aportada por el Estado, instándole a continuar su labor investigativa a dar cuenta en su próximo informe sobre los adelantos en cada una de las actuaciones, y en especial de las acciones llevadas a cabo para hacer efectivas las órdenes de captura (supra Visto 5).
9. Que con base en lo anterior, la Corte valora la información allegada por las partes acerca de las diligencias que el Estado ha realizado para investigar a los presuntos responsables de los hechos del presente caso. A su vez, la Corte estima indispensable que el Estado continúe presentando información actualizada sobre las acciones o diligencias que realiza a fin identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores de las violaciones cometidas contra las víctimas, así como para remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad en el presente caso, en especial sobre las medidas llevadas a cabo con el fin de hacer efectivas las órdenes de captura libradas en relación con el presente caso (supra Visto 1). Dicha información será evaluada oportunamente por el Tribunal al examinar el estado de cumplimiento del referido punto resolutivo octavo de la Sentencia.
*

* *
10. Que en relación con el punto resolutivo noveno, relativo a la publicación del capítulo de los hechos probados, sin las notas a pie de página y la parte resolutiva de la Sentencia, el Estado informó que había realizado la publicación el 28 de abril de 2008 en el Diario Oficial La Gaceta No. 31.593 (supra Visto 3).


11. Que los representantes confirmaron que el Estado realizó la publicación de los textos ordenados por la Corte en la Gaceta No. 31.593 el día 28 de abril de 2008 (supra Visto 4).
12. Que en sus observaciones de 9 de julio de 2008, la Comisión valoró que el Estado haya realizado la publicación señalada, dando cumplimiento a lo dispuesto en el referido punto resolutivo de la sentencia emitida por la Corte (supra Visto 5).
13. Que de conformidad con lo manifestado por las partes, el Tribunal estima que el Estado ha cumplido con el punto resolutivo noveno de la Sentencia (supra Visto 1).
*

* *
14. Que en relación con el punto resolutivo décimo, relativo a la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en su informe de 19 de mayo de 2008 el Estado expresó que en consideración de “[…] los cuestionamientos presentados por los representantes [… estaba] dispuesto a verificar nuevamente el acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional […] y pedido de perdón a los familiares de las víctimas […]”, por lo que estaba realizando las coordinaciones necesarias para tal fin (supra Visto 3).


15. Que el 24 de junio de 2008 los representantes confirmaron la información suministrada por el Estado y señalaron que efectivamente el 13 de junio de 2008 se realizó un nuevo acto público, el cual contó con la participación del señor Presidente de Honduras, de los representantes y de los familiares de las víctimas. En dicho acto el señor Presidente reconoció públicamente la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución de las cuatro víctimas del presente caso y pidió perdón a las víctimas y sus familiares. En razón de lo cual los representantes consideraron que se cumplió debidamente con lo ordenado por la Corte (supra Visto 4).

16. Que en sus observaciones de 9 de julio de 2008 la Comisión valoró la realización de los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional, con los cuales el Estado ha dado cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal (supra Visto 5).


17. Que con base en la información suministrada por las partes, la Corte nota que el 18 de abril de 2007 el Estado realizó un primer acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional el cual, debido a que no satisfizo las expectativas de los representantes, fue realizado nuevamente el 13 de junio de 2008, y en el cual el Presidente de Honduras reconoció públicamente la responsabilidad internacional del Estado y solicitó disculpas a los familiares de las víctimas por las violaciones a los derechos humanos de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Diómedes Obed García Sánchez y Orlando Álvarez Ríos, actos que esta Corte valora positivamente. Asimismo, en consideración de lo manifestado por los representantes y la Comisión este Tribunal estima cumplido el punto resolutivo décimo de la Sentencia (supra Visto 1).
*

* *
18. Que en relación con el punto resolutivo décimo primero, relativo a fijar una placa con los nombres de las víctimas en la calle que se ha designado con sus nombres, el Estado manifestó que la placa ya esta colocada y fue develada el 12 de noviembre de 2007. Añadió que a tal acto asistieron familiares de las víctimas, representantes de Casa Alianza, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, miembros del Grupo de Trabajo Interinstitucional en materia de derechos humanos y Autoridades de la Corporación Municipal de la ciudad capital (supra Visto 3).


19. Que los representantes indicaron que la placa con el nombre de las víctimas fue develada el 12 de noviembre de 2007. Sin embargo, el Alcalde de Tegucigalpa señaló a Casa Alianza que la placa develada no era definitiva, ya que es muy pequeña, por lo que eventualmente sería sustituida por otra. Hasta el momento permanece la placa provisional, por lo que solicitaron a la Corte que exhorte al Estado a fijar la placa definitiva con el nombre de las víctimas en el menor tiempo posible (supra Visto 4).
20. Que en sus observaciones la Comisión valoró los avances realizados por el Estado en el cumplimiento de esta obligación y espera recibir información sobre las medidas adoptadas con el fin de concluir el cumplimiento de la misma (supra Visto 5).
21. Que con base en lo expuesto, la Corte estima que el Estado ha cumplido con la colocación de la placa de conformidad con lo ordenado en el punto resolutivo décimo primero de la Sentencia. No obstante, en consideración de lo señalado por los representantes, el Estado podría sustituir la placa por otra, de considerarlo apropiado, tomando en cuenta lo dispuesto en el referido punto resolutivo (supra Visto 1).
*

* *
22. Que en relación con el punto resolutivo décimo segundo, relativo a establecer un programa de formación y capacitación para funcionarios de seguridad y operadores de justicia sobre la especial protección que debe ser prestada por el Estado a los niños y jóvenes, así como sobre el respeto a los derechos humanos y garantías de personas detenidas y la separación entre condenados y procesados, el Estado señaló que mediante el auspicio de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, en coordinación con el Programa de Apoyo a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y con financiamiento del Poder Judicial estableció un taller de capacitación continua en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, relativo al cumplimiento de la Sentencia en el caso Servellón García y otros vs Honduras, impartido por un consultor internacional (supra Visto 3).


23. Que los representantes destacaron que se ha cumplido debidamente con lo ordenado por la Corte, respecto de este punto resolutivo (supra Visto 4).
24. Que en sus observaciones la Comisión valoró las acciones llevadas a cabo por el Estado para el cumplimiento de esta obligación (supra Visto 5).
25. Que con base en lo anterior, la Corte estima que el Estado ha cumplido con el punto resolutivo décimo segundo (supra Visto 1).

*

* *


26. Que en relación con el punto resolutivo décimo tercero, relativo a realizar una campaña con la finalidad de sensibilizar a la sociedad hondureña respecto de la importancia de la protección a los niños y jóvenes e informarla sobre los deberes de protección que corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado, éste señaló que se está trabajando en el diseño de la misma y se pretende contar con la participación de representantes de Casa Alianza y de otras instituciones del Estado tanto para el diseño como para su ejecución. La campaña será coordinada por la Secretaría del Estado (supra Visto 3).
27. Que los representantes expresaron que la realización de esta campaña en un plazo razonable es necesaria y urgente, ya que después de la emisión de la Sentencia se han registrado un alto número de ejecución de jóvenes. En este sentido la campaña tendría como objeto sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la protección de los derechos de los niños y los jóvenes (supra Visto 4).
28. Que la Comisión manifestó que quedaba a la espera del cumplimiento de la puesta en marcha de la campaña, con la finalidad de sensibilizar a la sociedad hondureña respecto de la importancia de la protección a los niños y jóvenes, informarla sobre los deberes específicos para su protección que corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado y hacer ver a la población que los niños y jóvenes en situación de riesgo social no están identificados con la delincuencia, tal como fuera ordenado por la Corte (supra Visto 5).
29. Que debido a lo señalado por las partes, este Tribunal considera indispensable que el Estado en su próximo informe rinda información actualizada sobre los avances en el diseño e implementación de una campaña con la finalidad de sensibilizar a la sociedad hondureña respecto de la importancia de la protección a los niños y jóvenes, informarla sobre los deberes específicos para su protección que corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado y hacer ver a la población que los niños y jóvenes en situación de riesgo social no están identificados con la delincuencia (supra Visto 1). Una vez recibida dicha información y las observaciones de las partes al respecto, este Tribunal evaluará el estado de cumplimiento del referido punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia.
*

* *
30. Que en relación con el punto resolutivo décimo cuarto, relativo a crear una base de datos unificada entre todas las instituciones involucradas en la investigación, identificación y eventual sanción de los responsables de muertes violentas de niños y jóvenes en situación de riesgo, el Estado indicó que desde el mes de diciembre de 2007 se cuenta con un Sistema de Datos Unificados, a través de la puesta en marcha del Sistema de Expediente Digital Interinstitucional (en adelante “SEDI”). El Estado señaló que entre las instituciones involucradas están la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y Poder Judicial en las oficinas de la Unidad Especial de Investigación de Muerte de Menores y demás instituciones que ya cuentan con ese sistema. Asimismo, indicó que el SEDI tiene como objetivo captar todos los casos de muertes violentas de niños y jóvenes en situación de riesgo, según la edad y género, y obtener de manera precisa y en cualquier momento un dato estadístico de muerte de menores en Honduras (supra Visto 3).


31. Que los representantes destacaron que la base de datos representa un paso en la modernización del registro de casos judiciales en Honduras, ya que se puede registrar todo tipo de denuncias realizadas ante las autoridades judiciales. Sin embargo, de la información proporcionada por el Estado señalaron que: a) no queda claro cuáles son los filtros que se utilizarían para discernir los casos de investigación de muertes de menores de otros casos, ni se define el rol de la Unidad Especial de Investigación de Muerte de Menores y su participación activa en la implementación del SEDI; b) la base de datos no permite a los ciudadanos tener acceso a la información registrada, ya que sólo está disponible para las instituciones que participan del conocimiento de una denuncia y cuyo caso ha sido “judicializado”; c) actualmente el SEDI estaría en funcionamiento sólo en la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba y el Estado en su informe omite señalar cuáles son las acciones desarrolladas para implementarlo en todo el territorio hondureño; y d) el SEDI no es un instrumento creado mediante una ley de la República, que establezca su funcionamiento en forma permanente, continúa e independiente (supra Visto 4).
32. Que la Comisión indicó que valoró las acciones adoptadas por el Estado y le insta a informar sobre su efectividad (supra Visto 5).
33. Que con base en lo expuesto por las partes y en la documentación recibida por esta Corte, este Tribunal estima que el Estado ha implementado satisfactoriamente el llamado Sistema de Expediente Digital Interinstitucional, en lo que se refiere a la sistematización de los casos referentes a la investigación, identificación y sanción de los responsables por las muertes violentas de niños y jóvenes en situación de riesgo de conformidad con lo ordenado en el punto resolutivo décimo cuarta. Consecuentemente, la Corte considera que el Estado ha cumplido con este punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia (supra Visto 1).
*

* *


34. Que este Tribunal valora de manera positiva el cumplimiento integral de los puntos resolutivos noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo cuarto de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas dictada por el Tribunal el 21 de septiembre de 2006, lo cual constituye un avance por parte del Estado en la ejecución e implementación de las sentencias de la Corte.
*

* *
35. Que el Tribunal considera indispensable que el Estado le presente información actualizada sobre los siguientes puntos pendientes de cumplimiento:


a) las acciones concretas para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas y remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los hechos; y remover los obstáculos y mecanismos de hecho o derecho que mantienen la impunidad en este caso (punto resolutivo octavo de la Sentencia); y
b) las acciones concretas que ha adoptado para realizar una campaña con la finalidad de sensibilizar a la sociedad hondureña respecto de la importancia de la protección a los niños y jóvenes, informarla sobre los deberes específicos para su protección que corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado y hacer ver a la población que los niños y jóvenes en situación de riesgo social no están identificados con la delincuencia (punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia).
36. Que la Corte considerará el estado general del cumplimiento de la Sentencia (supra Visto 1), una vez que reciba la información pertinente sobre los puntos de las reparaciones pendientes de cumplimiento.
Por Tanto:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25.1 y 30 del Estatuto y 29.2 de su Reglamento,

DECLARA:
1. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 10 a 25 y 30 a 33 de la presente Resolución el Estado ha dado cumplimiento total a los siguientes puntos resolutivos de la Sentencia:


  1. publicar en el Diario Oficial, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados en la Sentencia y la parte resolutiva de la misma, de conformidad con los Considerandos 10 a 13 de la Resolución (punto resolutivo noveno de la Sentencia);




  1. realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado, de conformidad con los Considerandos 14 a 17 de la presente Resolución (punto resolutivo décimo de la Sentencia);

c) fijar la placa definitiva con el nombre de las víctimas en la calle que se ha designado con sus nombres, de conformidad con los Considerandos 18 a 21 de la presente Resolución (punto resolutivo décimo primero de la Sentencia);


d) establecer un programa de formación y capacitación para personal policial, judicial, del Ministerio Público y penitenciario sobre la protección a niños y jóvenes; sobre el principio de igualdad ante la ley y sobre los estándares internacionales sobre derechos humanos y garantías judiciales a personas en detención, de conformidad con los Considerandos 22 a 25 de la presente Resolución (punto resolutivo décimo segundo de la Sentencia); y
e) crear una base de datos unificada, denominada por el Estado “Sistema de Expediente Digital Interinstitucional”, en los términos señalados en los Considerandos 30 a 33 (punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia).

2. Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente caso, a saber:


a) realizar las acciones necesarias para identificar, juzgar, y en su caso, sancionar a todos los autores de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas y remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad en este caso, de conformidad con los Considerandos 6 a 9 de la presente Resolución (punto resolutivo octavo de la Sentencia); y
b) realizar una campaña con la finalidad de sensibilizar a la sociedad hondureña respecto de la importancia de la protección a los niños y jóvenes, informarla sobre los deberes específicos para su protección que corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado y hacer ver a la población que los niños y jóvenes en situación de riesgo social no están identificados con la delincuencia, de conformidad con los Considerandos 26 a 29 de la presente Resolución (punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia).

Y Resuelve:
1. Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 24 de noviembre de 2008, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento.
3. Solicitar a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe.
4. Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas de 21 de septiembre de 2006.
5. Solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas.

Cecilia Medina Quiroga

Presidenta



Sergio García Ramírez


Manuel E. Ventura Robles

Leonardo A. Franco

Margarette May Macaulay






Rhadys Abreu Blondet

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Cecilia Medina Quiroga

Presidenta
Pablo Saavedra Alessandri

Secretario



El Juez Diego García-Sayán informó a la Corte que, por razones de fuerza mayor, no podía participar en la deliberación y firma de la presente Resolución.

1 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 131; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de mayo de 2008, Considerando tercero; y Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de mayo de 2008, Considerando tercero.


2 Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 1, Considerando quinto; y Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 9 de mayo de 2008, Considerando cuarto.


3 Cfr. Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 1, Considerando sexto; y Caso Raxcacó Reyes, supra nota 2, Considerando cuadragésimo tercero.



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje