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Resolución de la corte interamericana de derechos humanos de 12 de mayo de 2007 solicitud de ampliación de medidas provisionales respecto de la república de colombia caso 19 comerciantes


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RESOLUCIÓN DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 12 DE MAYO DE 2007

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES

RESPECTO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CASO 19 COMERCIANTES

(SANDRA BELINDA MONTERO FUENTES Y FAMILIARES, SALOMÓN FLÓREZ Y FAMILIARES, LUIS JOSÉ PUNDOR QUINTERO Y FAMILIARES, ANA DIVA QUINTERO QUINTERO DE PUNDOR Y FAMILIARES, WILMAR RODRÍGUEZ QUINTERO Y FAMILIARES, YIMMY EFRAÍN RODRÍGUEZ QUINTERO Y FAMILIARES)


VISTOS:
1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 5 de julio de 2004 en el caso 19 Comerciantes respecto del Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”).
2. La Resolución de medidas provisionales de la Corte Interamericana de 3 de septiembre de 2004 mediante la cual resolvió, inter alia, “[r]atificar la Resolución del Presidente de la Corte […] de 30 de julio de 2004, en los términos dispuestos en el considerando decimoquinto de la […] Resolución, en cuanto a la protección a la señora Sandra Belinda Montero Fuentes y su hijo Juan Manuel Ayala Montero” y “[r]equerir al Estado que: a) mantenga las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes y de su hijo Juan Manuel Ayala Montero; y b) adopte, sin dilación, las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la menor María Paola Casanova Montero de 7 años de edad, hija de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes”.
3. La Resolución de medidas provisionales de la Corte Interamericana de 4 de julio de 2006 mediante la cual se resolvió, inter alia, “[r]atificar la Resolución del Presidente de la Corte […] de 28 de abril de 2006 y, por consiguiente, requerir al Estado de Colombia que mantenga las medidas que hubiese adoptado y que adopte, de forma inmediata, las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los señores Salomón Flórez Contreras y Luis José Pundor Quintero y la señora Ana Diva Quintero Quintero de Pundor, y sus respectivas familias” y “[r]eiterar al Estado que adopte y mantenga las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes y de sus hijos Juan Manuel Ayala Montero y María Paola Casanova Montero”.
4. El escrito de 15 de septiembre de 2006, mediante el cual el Estado presentó su informe sobre las medidas provisionales de conformidad con el punto resolutivo cuarto de la Resolución de ampliación de medidas que emitió la Corte el 4 de julio de 2006. En este escrito Colombia informó, inter alia, que “está atento a las medidas que requiera la debida y efectiva protección del derecho a la vida e integridad personal” de los beneficiarios y que se encuentra en etapa previa la investigación ante la Fiscalía 49 Seccional Cartagena por “las presuntas amenazas de que estarían siendo objeto los señores Luis José Pundor Quintero y Ana Diva Quintero”.

5. El escrito de 25 de septiembre de 2006, mediante el cual los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales (en adelante “los representantes”) presentaron sus observaciones al informe del Estado de 15 de septiembre de 2006 (supra Visto 4). En este escrito los representantes indicaron, inter alia, lo siguiente:




  1. respecto de la beneficiaria Sandra Belinda Montero y su familia, que el Gobierno “no había notificado a Sandra Montero los resultados de los estudios de riesgo a ella practicados”, que “no [han] podido conocer de manera directa su situación de seguridad” y que “el medio de comunicación (Avantel) que se le había entregado como medio de protección […f]ue devuelto al Ministerio del Interior y de Justicia”. Agregaron que el Gobierno “no incluye ninguna información sobre el estado de la investigación que había sido suspendida”;




  1. respecto del beneficiario Salomón Flórez y su familia, “[l]a tardanza en la implementación de los apoyos que facilitaran sus desplazamientos ha obligado a que actualmente esta familia se encuentre en [una] zona de riesgo”. Además, señalan que “[l]a familia Flórez ha optado por estarse trasladando frecuentemente de lugar como mecanismo de protección[, c]ircunstancia que [les] ha impedido mantener un contacto permanente y por ello no [cuentan] con información reciente sobre el estado de implementación de las medidas y sobre la situación de seguridad de esta familia”. Asimismo, señalaron que familiares de otras de las víctimas del caso 19 Comerciantes “han indicado que los rumores sobre posibles extorsiones persisten”;




  1. respecto de los beneficiarios Ana Diva Quintero y Luis José Pundor, así como sus familiares, “[l]o último que [han] conocido es que estas familias debieron salir del país como medida de seguridad y por ello hasta el momento no han precisado cuáles son los requerimientos al Estado salvo la necesidad de que se determine quiénes son los responsables de las amenazas y se prevengan de manera efectiva los factores de riesgo que les obligaron a abandonar su lugar corriente de habitación”. Los representantes agregan que “[p]or las anteriores razones no ent[i]end[en] muy bien de dónde se di[ó] origen a la investigación cuyo estado informa el Gobierno en su escrito y cómo se está impulsando esta investigación en una ciudad lejana de los hechos como lo es Cartagena”; y




  1. “la ausencia de un espacio y mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las medidas es un factor que incide seriamente en la posibilidad de avanzar hacia el acatamiento de las medidas ordenadas por la Corte”.

6. El escrito de 14 de noviembre de 2006, mediante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Comisión” o la “Comisión Interamericana”) presentó sus observaciones al informe del Estado de 15 de septiembre de 2006 (supra Visto 4). La Comisión señaló, inter alia, que:




  1. reitera su “preocupación por la ausencia en el informe estatal de una relación razonada de los esquemas de seguridad y ayudas asignadas y la situación de seguridad de los beneficiarios”; y




  1. considera oportuno “hacerse eco [del] interrogante planteado por los representantes de los beneficiarios sobre la sede judicial (Cartagena) empleada para adelantar [la] investigación [sobre las amenazas a Luis José Pundor y Ana Diva Quintero]”.

7. El escrito de 24 de noviembre de 2006, mediante el cual el Estado presentó su informe bimestral sobre las medidas provisionales. En dicho informe el Estado indicó, inter alia:




  1. las medidas de protección que, según actas proferidas entre agosto de 2004 y julio de 2005, habrían recibido Sandra Belinda Montero Fuentes y sus familiares;




  1. las medidas de protección que, según “[a]cta 38 del 30 de marzo de 2006”, habrían recibido Salomón Flórez y su familia; y




  1. “que no se encontró registro alguno [respecto a medidas de protección] en relación con […] José Pundor Quintero y Ana Diva Quintero de Pundor”.

8. El escrito de 22 de enero de 2007, mediante el cual la Comisión presentó sus observaciones al informe estatal de 24 de noviembre de 2006 (supra Visto 7), en el cual indicó, inter alia, que el Estado no hace referencia a “medidas de protección acordadas o implementadas durante el período cubierto por el informe de seguimiento” en relación con Sandra Belinda Montero y Salomón Flórez, razón por la cual “reitera su preocupación por la ausencia [… d]e una relación razonada de los esquemas de seguridad y ayudas asignadas y la situación de seguridad de los beneficiarios”.


9. El escrito de 5 de febrero de 2007, mediante el cual los representantes solicitaron a la Corte Interamericana, inter alia, que se ordenen “las acciones inmediatas y efectivas para garantizar la vida e integridad personal de Wilmar [Rodríguez Quintero] y Yimmy Rodríguez Quintero” y, “en ese sentido, que [el Estado] disponga la realización de “medidas preventivas que impidan que sigan siendo intimidados”. Los representantes indicaron que los señores Wilmar Rodríguez Quintero y Yimmy Rodríguez Quintero son hermanos del señor Gerson Javier Rodríguez Quintero, víctima del caso 19 Comerciantes, y que el señor Wilmar Rodríguez Quintero rindió declaración testimonial en la audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas celebrada en la sede de la Corte. Asimismo, señalaron el lugar de residencia de los hermanos Rodríguez Quintero.
10. Los fundamentos señalados por los representantes en su solicitud de ampliación de medidas provisionales (supra Visto 9), los cuales se resumen a continuación:
a) “[…] el 2 de febrero, 6 hombres armados llegaron a la residencia de Wilmar [Rodríguez Quintero] y Yimmy [Rodríguez Quintero], y se presentaron como miembros de un grupo de autodefensas […]. Dos de los hombres ingresaron a la residencia y le exigieron a Yimmy la entrega de diez millones de pesos ($ 10.000.000) y que ´después arreglaban el resto´”;
b) el señor Yimmy Rodríguez Quintero “les pidió que le esperaran un momento y se dirigió al taller donde trabaja, lugar próximo a su residencia y avisó de la presencia de los hombres en su casa y atrajo la atención de la comunidad; sin embargo, uno de los hombres se le acercó y le reclamó la entrega del dinero por lo que ingresó de nuevo a su residencia y sacó un revólver con el que encañonó a dos de los hombres que estaban adentro y no tenían armas”;
c) “[p]or la acción de la comunidad se hizo presente la policía en el lugar y detuvieron a los dos hombres. Estos hombres al parecer responden al nombre de Yimmy Ovalle y el otro al alias de ´Moroco`”;
d) “[l]a policía también condujo a la Estación a Yimmy [Rodríguez Quintero,] quien presentó la denuncia […]”;
e) “[e]n la Estación de Policía […], ´Moroco` les gritó que cuando saliera iba a acabar con todos y allí Wilmar [Rodríguez Quintero] y Yimmy [Rodríguez Quintero] se enteraron que esta persona se encuentra dentro del grupo de desmovilizados de los paramilitares, recibiendo un subsidio del ilustrado Gobierno de Colombia y de que en varias ocasiones ha estado detenido con cargos por extorsión y paramilitarismo, pero que siempre lo dejan en libertad”;

f) “[h]ombres del mismo grupo han exigido a Wilmar y Yimmy que se retracten de la denuncia para evitar problemas”;


g) el 4 de febrero de 2007 “un hombre, al que le dicen ´Pablo`, se acercó a la residencia de Wilmar [Rodríguez Quintero] y Yimmy [Rodríguez Quintero] y les dijo que el ´Patrón` necesitaba hablar con ellos. […E]l hombre marcó a un celular y comunicó a Wilmar con un hombre […] quien le dijo que todo era una equivocación porque les habían dicho que lo que ellos tenían provenía del tráfico de estupefacientes y que por eso los estaban extorsionando, pero que pagar[á]n un abogado para liberar a su[s] hombres de la cárcel y que le prometía que no había ningún problema”. En la noche del mismo día, “aproximadamente a las 10:30 de la noche hombres desconocidos dispararon contra el vehículo de los hermanos Rodríguez Quintero y con la intervención del Coronel Efraín Oswaldo Aragón, encargado de Derechos Humanos de la Policía Nacional, se obtuvo la presencia de la Policía local en la residencia y se detuvieron a tres personas”;
h) “posteriormente, un hombre desconocido, cerca de la media noche, llamó por teléfono a la residencia de los hermanos RODRÍGUEZ QUINTERO y les amenazó para que retiraran la denuncia”;
i) el 5 de febrero [de 2007] los representantes “toma[ron] contacto con el director de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la directora de DDHH y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Coronel Aragón con quienes se […] coordin[ó] el acompañamiento de la Policía Nacional para sacar del lugar de riesgo a los hermanos RODRÍGUEZ QUINTERO”; y
j) “[l]a situación de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran Wilmar y Yimmy es de gravedad extrema. […] Los miembros de los grupos paramilitares continúan coaccionando a la población [en la región del Norte de Santander] y esta se encuentra en un mayor grado de desprotección, dado que ´los desmovilizados` actúan desde la legalidad, con toda libertad y mantienen sus estructuras organizativas […]”.

11. A la luz de todo lo anterior, los representantes solicitaron a la Corte que requiera al Estado que:


a) [D]isponga de las acciones inmediatas y efectivas para garantizar la vida e integridad personal de Wilmar y Yimmy RODRÍGUEZ QUINTERO y sus familias.
b) En ese sentido, que disponga la realización de medidas preventivas que impidan que sigan siendo intimidados por compañeros de las personas que se encuentran a disposición de las autoridades de policía.
c) Que de manera concertada con los beneficiarios y sus representantes, tome cuanto antes las medidas de protección adecuadas para que puedan continuar desarrollando sus vidas cotidianas en la población de Ocaña, o de no lograrse tal resultado, las medidas que correspondan para trasladar la residencia de los hermanos RODRÍGUEZ QUINTERO y sus familias a otra zona donde el Estado pueda garantizarles su integridad personal.
d) [I]nforme a la Corte sobre las medidas que ha tomado y está tomando para controlar e impedir la actuación de grupos paramilitares en la región donde ocurrieron los hechos que dan lugar a esta petición, y específicamente las acciones tomadas para controlar la conducta de quienes aparecen dentro de los grupos de “desmovilizados” en la ciudad de Ocaña.

12. La Resolución del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) de 6 de febrero de 2007, mediante la cual, en consulta con los demás Jueces del Tribunal, resolvió: 1) reiterar al Estado que adopte y mantenga las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes, de sus hijos Juan Manuel Ayala Montero y María Paola Casanova Montero; de los señores Salomón Flórez Contreras y Luis José Pundor Quintero y de la señora Ana Diva Quintero Quintero de Pundor, y sus respectivas familias; 2) ampliar las medidas respecto del caso 19 Comerciantes y requerir al Estado que adopte, sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de los señores Wilmar Rodríguez Quintero y Yimmy Efraín Rodríguez Quintero, así como de sus familiares, tomando en cuenta la información que suministren los representantes sobre las personas específicas de dichos núcleos familiares que requieren protección; 3) requerir a los representantes que, en el plazo de cinco días remitan a la Corte la información solicitada sobre las personas específicas que requieren protección; 4) requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de medidas urgentes y, en su caso, identifique a los responsables y les imponga las sanciones correspondientes; 5) requerir al Estado que brinde participación a los beneficiarios de esas medidas o sus representantes en la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución; 6) requerir al Estado que, en el plazo de diez días, informe a la Corte sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la dicha resolución; 7) solicitar a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes que presenten a la Corte, en el plazo de cinco días, contado a partir de la notificación del informe del Estado, las observaciones que estimen pertinentes; 8) solicitar a la Comisión Interamericana que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el plazo de siete días, contado a partir de la notificación del informe del Estado, las observaciones que estime pertinentes y 9) requerir al Estado que continúe informando a la Corte, cada dos meses, sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas, y requerir a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes que presenten sus observaciones a los informes bimestrales del Estado, dentro del plazo de cuatro semanas, contado a partir de su recepción, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes del Estado dentro del plazo de seis semanas, contado a partir de su recepción.


13. La nota de la Secretaría de la Corte de 22 de febrero de 2007 mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente, se recordó al Estado que el 17 de febrero de 2007 venció el plazo para que presentara el informe que le fue requerido en el punto resolutivo sexto de la Resolución que emitió el Presidente el 6 de febrero de 2007 (supra Visto 12).
14. El escrito de 23 de febrero de 2007, mediante el cual los representantes remitieron su respuesta a la solicitud de información requerida en el punto resolutivo tercero de la Resolución que emitió el Presidente del Tribunal el 6 de febrero de 2007 (supra Visto 12). Al respecto, los representantes informaron “los nombres de las personas sobre las cuales se requiere la implementación de medidas de protección”:
Wilmar Rodríguez Quintero, beneficiario sentencia de 4 de julio de 2004

Yimmy Rodríguez Quintero, beneficiario sentencia de 4 de julio de 2004

William Rodríguez Quintero, hermano de beneficiarios

Jhon Carlos Rodríguez Quintero, sobrino de los beneficiarios

Nubia Saravia, esposa de Yimmy Rodríguez Quintero

Karen Dayana Rodríguez Saravia, 11 años de edad, hija de Yimmy y Nubia

Valeria Rodríguez Saravia, 2 meses de edad, hija de Yimmy y Nubia.
Los representantes indicaron que “este grupo de personas se encuentr[a] desplazad[o…], puesto que tuvieron que salir [fuera] de la ciudad de Ocaña ante la situación de riesgo que tuvieron que afrontar y que fue informada a la Corte”.

15. El escrito presentado el 23 de febrero de 2007, mediante el cual los representantes remitieron copia de “las comunicaciones que […] h[an] dirigido a varias autoridades colombianas para el cumplimiento de algunas acciones concertadas como mecanismos de protección”. De dichas comunicaciones se colige, inter alia, que el 6 de febrero de 2007 “previa coordinación con el director de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la directora de DDHH y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores y [un Coronel de la Policía Nacional], se obtuvo el apoyo del Gaula de Ocaña para el traslado de los hermanos RODRÍGUEZ QUINTERO […] como medida de protección urgente”.

16. El escrito presentado el 7 de mayo de 2007, mediante el cual el Estado informó sobre medidas adoptadas en relación con Wilmar Rodríguez Quintero y Yimmy Rodríguez Quintero. El Estado indicó, inter alia, que “se solicitó al Comandante de la Estación de Policía de Ocaña y a la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos que adoptaran “las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de los hermanos Wilmar y Yimmy Rodríguez Quintero”. El Estado indicó que “en lo que va corrido del año se han llevado a cabo tres reuniones de seguimiento los días 9 y 19 de febrero y 16 de abril, ésta última en Ocaña, con el fin de revisar las medidas de protección y las actividades desarrolladas por la Fuerza Pública para combatir las bandas emergentes”. El Estado manifestó que “los peticionarios se comprometieron a remitir a la Cancillería el listado de los beneficiarios, señalando quienes quieren la protección especial, pues según lo manifestado, algunos no requieren protección”. Asimismo, el Estado presentó información sobre las investigaciones internas en relación con los hechos que originaron las medidas.
CONSIDERANDO:
1. Que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 21 de junio de 1985.
2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, en “casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a solicitud de la Comisión, ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes.

3. Que en relación con esta materia, el artículo 25 del Reglamento establece que:


[…]
3. En los casos contenciosos que ya se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados, podrán presentar directamente a ésta una solicitud de medidas provisionales en relación con los referidos casos.
[…]
6. Los beneficiarios de medidas provisionales o medidas urgentes del Presidente podrán presentar directamente a la Corte sus observaciones al informe del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de los beneficiarios de las medidas o sus representantes.
[…]
4. Que las medidas urgentes y provisionales también pueden ordenarse en la fase de supervisión de cumplimiento de sentencia, siempre que en los antecedentes presentados ante la Corte se demuestre prima facie la configuración de una situación de extrema gravedad y urgencia y la inminencia de daño irreparable a las personas1.
5. Que el artículo 1.1 de la Convención establece la obligación general que tienen los Estados Partes, de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. En cumplimiento de esa obligación de garantía, el Estado Parte tiene la obligación erga omnes de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Estas obligaciones se tornan aún más evidentes en relación con quienes estén vinculados en procedimientos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana2.
6. Que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas provisionales tienen un carácter no solo cautelar en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar por cuanto protegen derechos humanos, en la medida que buscan evitar daños irreparables a las personas. Siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo3.
7. Que en el párrafo 280 de la Sentencia sobre el fondo, las reparaciones y costas emitida el 5 de julio de 2004 en el Caso 19 Comerciantes, la Corte resolvió que el Estado debe ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración ante el Tribunal y sus familiares, y debe proveerles la protección necesaria frente a cualesquiera personas, tomando en cuenta las circunstancias del presente caso y en vista de que la mayoría de los familiares de las víctimas que rindieron declaración ante el Tribunal y ante notario público manifestaron su temor de que se tomen represalias en su contra.
8. Que mediante Resoluciones de 3 de septiembre de 2004 y de 4 de julio de 2006 el Tribunal requirió a Colombia que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Sandra Belinda Montero Fuentes y familiares, Salomón Flórez y familiares, Luis José Pundor Quintero y familiares, y de Ana Diva Quintero Quintero de Pundor y familiares.
9. Que los antecedentes indicados por los representantes en su solicitud de ampliación de medidas (supra Vistos 9, 10 y 11) revelan prima facie una situación de urgente y grave peligro para la vida e integridad personal de los señores Wilmar Rodríguez Quintero y Yimmy Efraín Rodríguez Quintero, hermanos de Gerson Javier Rodríguez Quintero, víctima en el Caso 19 Comerciantes. El señor Wilmar Rodríguez Quintero declaró ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del Caso 19 Comerciantes, la cual se llevó a cabo los días 21 y 22 de abril de 2004.
10. Que en respuesta a lo solicitado en el punto resolutivo tercero de la Resolución del Presidente de 6 de febrero de 2007 (supra Visto 12), los representantes informaron los nombres de los familiares de Wilmar Rodríguez Quintero y Yimmy Rodríguez Quintero que requieren protección (supra Visto 14). Esta información fue transmitida a Colombia.
11. Que en respuesta a lo solicitado en el punto resolutivo cuarto de la Resolución del Presidente de 6 de febrero de 2007 (supra Visto 12), el 23 de febrero de 2007 (supra Visto 15), los representantes señalaron que el Estado brindó el “apoyo” para trasladar de ciudad a los hermanos Rodríguez Quintero “como medida de protección urgente”. Por su parte, el 7 de mayo de 2007 (supra Visto 16), el Estado informó sobre gestiones encaminadas a la adopción de medidas de protección así como investigaciones que se han abierto en relación con los hechos que originaron la solicitud de medidas. Asimismo, el Estado no se opuso a la indicación señalada por los representantes respecto de los familiares de los beneficiarios Wilmar Rodríguez Quintero y Yimmy Rodríguez Quintero que requieren protección. Sin embargo, indicó que “los peticionarios se comprometieron a remitir a la Cancillería el listado de los beneficiarios, señalando quienes quieren la protección especial, pues según lo manifestado, algunos no requieren protección”.
12. Que después de haber examinado los hechos y circunstancias que fundamentaron la Resolución del Presidente de 6 de febrero de 2007 de ampliación de medidas a favor de dos beneficiarios y sus familiares (supra Visto 9, 10 y 11) y lo indicado por los representantes y por el Estado (supra Vistos 14, 15 y 16), la Corte considera adecuado ratificar lo decidido por el Presidente, debido a que la información presentada demuestra, prima facie, que los señores Wilmar Rodríguez Quintero y Yimmy Rodríguez Quintero y sus familiares se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encuentran amenazadas y en grave riesgo. El estándar de apreciación prima facie en un caso y la aplicación de presunciones ante las necesidades de protección han llevado a esta Presidencia y a la Corte a ordenar medidas en distintas ocasiones4.
13. Que con base en la individualización presentada por los representantes sobre los familiares de Wilmar Rodríguez Quintero y Yimmy Rodríguez Quintero que requieren medidas provisionales (supra Visto 14), la Corte considera que las medidas adoptadas por el Presidente también deben proteger a: Nubia Saravia, esposa de Yimmy Rodríguez Quintero; Karen Dayana Rodríguez Saravia, de 11 años de edad, y Valeria Rodríguez Saravia, de 2 meses de edad, ambas hijas de Yimmy Rodríguez Quintero; William Rodríguez Quintero, hermano de los beneficiarios; y Jhon Carlos Rodríguez Quintero, sobrino de los beneficiarios. El Tribunal resalta que, según lo afirmado por los representantes, estas personas han tenido que desplazarse a otra ciudad debido a la situación de riesgo que afrontaron en Ocaña.
14. Que, por otra parte, la Corte considera que no cuenta con información actualizada, clara y precisa sobre la situación de riesgo y las medidas efectivas de protección de los demás beneficiaros de estas medidas adoptadas por la Corte (Sandra Belinda Moreno Fuentes, Salomón Flórez, Luis José Pundor y Ana Diva Quintero Quintero de Pundor, así como de sus respectivas familias). La Corte estima necesario que el Estado presente información actual y precisa al respecto, en aras de que este Tribunal cuente con la información necesaria para evaluar la implementación de las medidas.

POR TANTO:
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25 del Reglamento,
RESUELVE:

  1. Ratificar en todos sus términos la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de febrero de 2007.



  1. Requerir al Estado de Colombia que mantenga las medidas que hubiese adoptado y que adopte, de forma inmediata, las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Wilmar Rodríguez Quintero y Yimmy Efraín Rodríguez Quintero y sus familiares, a saber: Nubia Saravia, esposa de Yimmy Rodríguez Quintero; Karen Dayana Rodríguez Saravia, y Valeria Rodríguez Saravia, ambas hijas de Yimmy Rodríguez Quintero; William Rodríguez Quintero, hermano de Wilmar y Yimmy Rodríguez Quintero; y Jhon Carlos Rodríguez Quintero, sobrino de Wilmar y Yimmy Rodríguez Quintero.

3. Reiterar al Estado que adopte y mantenga las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes, de sus hijos Juan Manuel Ayala Montero y María Paola Casanova Montero; de los señores Salomón Flórez Contreras y Luis José Pundor Quintero y de la señora Ana Diva Quintero Quintero de Pundor, y sus respectivas familias.


4. Requerir al Estado que investigue los hechos que motivan la adopción de estas medidas provisionales y, en su caso, identifique a los responsables y les imponga las sanciones correspondientes.
5. Requerir al Estado que brinde participación a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes en la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución.
6. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el plazo de quince días, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la misma.
7. Solicitar a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes que presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el plazo de cinco días, contado a partir de la notificación del informe del Estado, las observaciones que estimen pertinentes.
8. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el plazo de diez días, contado a partir de la notificación del informe del Estado, las observaciones que estime pertinentes.
9. Requerir al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses, sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas, y requerir a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes que presenten sus observaciones a los informes bimestrales del Estado, dentro del plazo de cuatro semanas, contado a partir de su recepción, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes del Estado dentro del plazo de seis semanas, contado a partir de su recepción.
10. Requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los beneficiarios de estas medidas y al Estado.

Sergio García Ramírez

Presidente

Cecilia Medina Quiroga


Manuel E. Ventura Robles


Diego García-Sayán


Leonardo A. Franco


Margarette May Macaulay


Rhadys Abreu Blondet



Pablo Saavedra Alessandri

Secretario


Comuníquese y ejecútese,

Sergio García Ramírez

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario





1 Cfr. Caso Gloria Giralt de García Prieto y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2007, Considerando quinto; Asunto de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de febrero de 2006, Considerando cuarto; y Asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2006, Considerando cuarto.


2Cfr. Asunto Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental: Cárcel de Uribana. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2007, Considerando quinto; Asunto Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de enero de 2007, Considerando cuarto; y Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare). Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006, considerando décimo cuarto.


3Cfr. Asunto Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental: Cárcel de Uribana. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2007, Considerando cuarto; Asunto Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de enero de 2007, Considerando quinto; y Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare). Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006, considerando quinto


4 Cfr. Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare). Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006, Considerando vigésimo; Caso del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”). Medidas Urgentes. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de enero de 2006, Considerando decimosexto; y Caso de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de Febem. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005, Considerando vigésimo segundo.




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