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Res: 2006-00056 sala tercera de la corte suprema de justicia


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Res: 2006-00056

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a nueve horas del tres de febrero de dos mil seis.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra Claudio Alberto Calderón Herrera, costarricense, cédula 1-608-400, hijo de Claudio Calderón Calderón y de Ana Herrera Herrera, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de Embotelladora Pananco Tica S. A. Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Alfonso Chaves Ramírez, Rodrigo Castro Monge y Magda Pereira Villalobos. También interviene en esta instancia el licenciado Mario Alberto Oconitrillo Gamboa como defensor público del imputado. Se apersonó el representante del Ministerio Público.



Resultando:

1.- Que mediante sentencia Nº 676-2003 dictada a las catorce horas del veintiséis de noviembre de dos mil tres, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, resolvió: “POR TANTO De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 30, 31, del Código Penal, 1 a 15, 180 y siguientes, 360 a 372 del Código Procesal Penal, 1048 del Código Civil, 122, 123 y 126 del Código Penal de 1941, por unanimidad de votos el Tribunal resuelve: ABSOLVER DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD A ALBERTO CALDERON HERRERA por el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, que se le ha venido atribuyendo como cometido en perjuicio de EMBOTELLADORA PANAMCO TICO S.A. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria Incoada por el Instituto Nacional de Seguros contra el demando civil Alberto Calderón Herrera, a quien se le condena a pagarle a la misma la suma de un millón doscientos quince mil novecientos cuarenta colones por concepto de daño material,, así como los intereses al tipo de ley, los que correrán desde la firmeza de la sentencia y hasta su real efectivo pago. Se condena asimismo al demandado civil al pago de las costas de la acción civil resarcitoria incoada por el Instituto Nacional de Seguros, las cuales se liquidarán en la vía civil de ejecución de sentencia. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Embotelladora Panamco S. A, contra el demandado civil Alberto Calderón Herrera, condenándosele a éste a pagarle a dicha entidad la suma de treinta mil seiscientos sesenta y seis colones por concepto de daño materia, más los intereses que dicha suma devengue, al tipo de ley, los que correrán desde la firmeza del fallo y hasta su real efectivo pago; además de que se le condena al demandado civil al pago de ambas costas de dicha acción civil resarcitoria las que se liquidarán en la vía de ejecución de sentencia. En cuanto a este acción civil, se declara sin lugar el rubro solicitado por concepto de daño moral. Firme el fallo archívese el expediente. ROSARIO ALVARADO CHACON FRANZ PANAIAGUA MEJIA HANNY SBRAVATTI MAROTO JUECES DE JUICIO”. (SIC)

2.- Que contra el anterior pronunciamiento el licenciado Mario Oconitrillo Gamboa en su condición de defensor público interpuso recurso de casación por el fondo. Solicita se acoja el presente recurso, se declare con lugar y se absuelva al encartado Alberto Calderón Herrera, de toda responsabilidad civil, ya que como ha quedado demostrado existía una excepción de pago que exonera a su patrocinado al pago de daños y perjuicios.

3.- Que verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el Magistrado Ramírez Quirós; y,



Considerando:

ÚNICO: El licenciado Mario Oconitrillo Gamboa, defensor público de Claudio Alberto Calderón Herrera, acusa la errónea aplicación del numeral 1048 del Código Civil y 106 del Código Penal, así como la falta de aplicación del artículo 633 del Código Civil. En concreto, señala que este proceso se inició mediante dos causales penales separadas, una contra Calderón Herrera y otra contra Benavides Corella, que según se indica a folio 40 frente, fueron acumuladas. Sin embargo, ante la ausencia de Calderón Herrera, la causa se tramitó únicamente contra Benavides Corella, siendo que éste mediante una conciliación asumió de forma total el pago del daño reclamado por la empresa ofendida, quien de manera expresa se dio por resarcida, según se desprende del acta contenida en el expediente No. 98-202444-305 PE, situación desconocida por la defensa al momento del debate y por el Tribunal y que sí era de pleno conocimiento del actor civil, toda vez que al testimoniar piezas contra Calderón Herrera, omitieron incluir esa información. Según el defensor, esta información hubiese justificado el dictado de una sentencia absolutoria en lo civil. Agrega, que se condenó a su defendido a reparar un daño que ya había sido resarcido, dándose un enriquecimiento sin causa por parte de la empresa Panamco Tica S.A. No menos importante es indicar que la empresa contaba con un seguro por parte del Instituto Nacional de Seguros, quienes cancelaron a la empresa los daños sufridos por la obligación de mi representado, dándose también un enriquecimiento ilícito por parte de la Embotelladora. Finalmente, el defensor ofrece como prueba documental la sentencia de sobreseimiento definitivo dictada por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela y en la cual consta el resarcimiento total de las pretensiones civiles y una copia certificada del expediente No. 00-001334-305, donde consta el pago efectuado a la parte ofendida por parte del Instituto Nacional de Seguros. Por lo anterior, solicita se acoja el recurso y se absuelva de toda pena y responsabilidad civil a su defendido, ya que como ha quedado demostrado, en la especie operó un pago que lo exonera. En los términos que se dirá, el reclamo es de recibo: El Tribunal declaró con lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por el Instituto Nacional de Seguros y por la Embotelladora Panamco Tica S.A. contra el demandado civil Claudio Alberto Calderón Herrera y en tal carácter, le condenó a pagar, a la primera la suma de un millón doscientos quince mil novecientos cuarenta colones (¢1.215.940,oo), más intereses y a la segunda, la suma de treinta mil seiscientos sesenta y seis colones (¢30.666,oo), más intereses. Finalmente, le condenó al pago de las costas. Como sustento de la condena, el Tribunal consideró que el procesado ocasionó con su conducta un perjuicio económico de un millón doscientos cuarenta y seis mil seiscientos seis colones con ochenta y seis céntimos (¢1.246.606,86) a la empresa Panamco Tica S.A. Para la determinación de esa suma, los Jueces tomaron en cuenta el informe No. 253-DEF-211-99 que realizó la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial y en el cual se analizaron las acciones que el denunciante atribuyó tanto a Calderón Herrera como a Jorge Benavides Corella, persona que también figuró como acusada en este proceso. Sin embargo, lo que el Tribunal no ponderó es que Benavides Corella había llegado a un acuerdo conciliatorio con la empresa ofendida en el año 2003, oportunidad en la que pagó primero treinta y cinco mil colones (¢35.000,oo) y luego un millón doscientos cuarenta y seis mil colones (¢1.246.000,oo), dinero que fue recibido conforme por el licenciado Roberto Guerrero Saavedra (folio 428 a 430 frente). La pregunta que surge entonces, es si el pago que hizo Benavides Corella también cubrió el menoscabo patrimonial que ocasionó Calderón Herrera a la Embotelladora Panamco Tica S.A. Para dar una respuesta, en primer lugar hay que determinar cuáles son los hechos que se atribuyen a Calderón Herrera. Solo así se podría conocer si están íntimamente vinculados con los que cometió Benavides Corella y eventualmente, si hay una responsabilidad solidaria entre ambos, caso en el cual el acuerdo conciliatorio tendría importancia para resolver sobre la acción civil incoada contra Calderón Herrera. Si por el contrario, se determina que son hechos completamente independientes, la conciliación a la que llegó Benavides Corella sería irrelevante, incluso a pesar de que éste haya cancelado una suma superior a la que estimó el Organismo de Investigación Judicial como pérdidas producidas por las acciones que ejecutaron ambos imputados, pues ésta es una cuestión que atañe a la negociación libremente realizada y sobre todo a la voluntad de ambas partes. Aclarado este aspecto, estiman los suscritos Magistrados que el Tribunal no definió con precisión el marco fáctico que genera la responsabilidad civil de Calderón Herrera. Nótese que el órgano de mérito, tras descartar los hechos dolosos que comprendía la acusación penal (folios 96 a 98 frente), simplemente tuvo por demostrado que el acusado laboró como jefe administrativo de la sucursal de la empresa Embotelladora Panamco Tica S.A. en Alajuela a partir del 1° de enero de 1994, teniendo entre sus funciones: “(…) controlar inventarios, cuenta corriente, caja general, coordinación administrativa y ventas, manejo y coordinación de bodegas y velar por el cumplimiento de las políticas de la compañía en cuanto a la cuenta corriente, liquidaciones y caja general. 3.- Bajo la gestión del acusado, siendo el mismo el jefe administrativo de la agencia mencionada, se produjo un perjuicio económico a dicha entidad, por la suma de un millón doscientos cuarenta y seis mis seiscientos seis colones con ochenta y seis céntimos. 4.- El imputado tenía la obligación de revisar el inventario teórico y físico, constatando la realidad de los datos suministrados por los encargados de dicho inventario, así como de velar porque no se cometieran irregularidades que pudieran perjudicar a la empresa para la que ejercía labores de administración, lo cual no hizo, ocasionándose el anterior perjuicio económico a la entidad ofendida.” (folio 414 frente). Del texto antes transcrito se extrae que el órgano de mérito se limitó a indicar que Calderón Herrera no cumplió con su obligación de vigilar a sus subalternos; sin embargo, no señaló cuáles son los hechos concretos que realizaron éstos y que a su vez produjeron la responsabilidad civil del primero. Inclusive, ni siquiera llegó a individualizar a esos subalternos. Esto evidentemente, es un problema de falta de fundamentación. Por otra parte, también se observa una falta de congruencia entre las demandas civiles y lo resuelto en sentencia. Nótese, que en las acciones civiles planteadas por la empresa Embotelladora Panamco Tica S.A. (folios 317 a 320 frente) y por el Instituto Nacional de Seguros (folios 325 a 327 frente), se le atribuyó a Calderón Herrera una serie de hechos que como se indicó líneas atrás, el Tribunal no tuvo por demostrados. En concreto, la Embotelladora Panamco Tica S.A. incluyó como hechos en su demanda, que Calderón Herrera retuvo dineros correspondientes a cobros hechos a clientes, que falsificó documentación (específicamente notas de crédito, recibos y facturas), que emitió facturas de obsequio sin la correspondiente boleta de autorización y que algunas de esas facturas no tenían la firma de recibido del cliente (folios 317 a 319 frente). Estos son los mismos hechos que el Instituto Nacional de Seguros demandó (folio 325 a 327 frente). No obstante que esas conductas no se acreditaron en el juicio, el Tribunal acogió las acciones civiles, variando para ello la “causa petendi”, pues concluyó que Calderón Herrera no ejerció los controles sobre sus subalternos, hecho que no había sido demandado en ningún momento. De esta manera, incurre en un vicio de incongruencia que acarrea la nulidad del fallo, pues la condena se basa en hechos distintos a aquellos que fueron invocados por los actores civiles. Al respecto, ha indicado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: "[...] Tocante a la causa de pedir, esta Sala, en el voto N° 14 de 11 horas 35 minutos de 25 de marzo de 1994, se ha pronunciado de la siguiente manera: “El principio de la congruencia, cuya violación recrimina el recurrente, reviste importancia capital dentro de un juicio.  A través de dicho instituto procesal, el legislador busca asegurar o garantizar el orden, la certeza, el equilibrio, en fin, el derecho de defensa de cada una de las partes,  en la contienda judicial.  En aras de ese objetivo fundamental, y tratándose de diferencias surgidas en el ámbito del interés privado, para establecer y preservar a lo largo  del proceso el aludido equilibrio, la ley preceptúa que es a las partes a quienes corresponde, exclusivamente, fijar los hechos concernientes a la causa, alrededor de la cual estructuran la petitoria.  Es así como el artículo 290, inciso 2º del Código Procesal actual ordena: "En la demanda se indicará necesariamente:...2) Los hechos en que se funde, expuestos uno por uno, numerados y bien especificados...".  El anterior Código de Procedimientos Civiles, sobre el particular, exigía, entre los requisitos de la demanda: "expresar con toda claridad el título o causa por que se exige la prestación, y los hechos en los cuales se funde la acción, expuestos uno por uno, numerados y bien especificados".  El interés palmario ahí reflejado de que se definan claramente los hechos relativos a la causa, propende a apercibir debidamente a la contraparte sobre los extremos con arreglo a los cuales deberá ejercer su defensa; a la vez, a propiciar el orden indispensable dentro del cual ha de transcurrir el debate judicial, pues de otra forma se entronizaría la anarquía en éste.  Por supuesto que, si tales medidas se toman respecto al papel de las partes, el juzgador por su lado, al momento de resolver, deberá hacerlo necesariamente circunscrito a los extremos determinados por aquéllas, para mantener así el concierto de rigor en la globalidad del proceso.  Según se infiere de lo expuesto, el conocimiento judicial ha de estar ceñido a un poder absoluto reconocido a las partes en orden a la determinación del cuadro fáctico.  Sea, en su fallo, el juez no podrá trasponer los linderos definidos por lo pedido, alegado y probado por aquéllas.  Por ello, el código Procesal Civil, en su artículo 99, imbuido de ese principio cardinal, estatuye: "La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda.  Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte".  Los hechos, de conformidad con el precitado artículo 290 inciso 2) del Código de rito y el 155 ibídem, configuran, precisamente, una de esas cuestiones dependientes de la iniciativa de las partes, enmarcada en la acción instaurada.  Así lo corrobora dicho ordinal 155 ab-initio, el cual, refiriéndose a los requisitos de las sentencias, dispone que éstas "...deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiese varios.  No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido..." (el subrayado no es del original).  Como se ve,  a la luz de nuestro derecho procesal positivo, consonante con los principios doctrinales antes comentados, a las partes les asiste un poder absoluto dimanante de la exposición de los hechos, el cual marca el radio de acción dentro del cual ha de moverse el Juez al resolver sobre la procedencia o improcedencia de los extremos petitorios sometidos a su consideración.  El fallo que desdeñare ese poder incurrirá irremisiblemente en el vicio de incongruencia al cual alude el artículo 99 del Código Procesal Civil” Resolución No. 00992 de las 15:30 horas del 17 de noviembre de 2004. Queda claro entonces que uno de los límites intraspasables para la autoridad judicial está constituido por la causa petendi o causa de pedir. Al resolver, el Tribunal no puede desconocer los hechos narrados por los litigantes, los hechos concretos, históricos, de relevancia jurídica, a partir de los cuales se formulan sus pretensiones. La exposición de los hechos que realizan las partes, marca el radio de acción dentro del cual ha de moverse el Juez al resolver sobre la procedencia o improcedencia de los extremos petitorios sometidos a su consideración. El fallo que transgrediere ese poder, incurrirá irremisiblemente en el vicio de incongruencia, tal y como sucede aquí. Pese a que los actores civiles habían atribuido a Calderón Herrera una responsabilidad subjetiva, derivada de una serie de conductas que -según las demandas planteadas- él realizó, el Tribunal condenó a Calderón Herrera por otro hecho, a saber, porque no vigiló como era debido a sus subalternos. Al tratarse de una variación en la “causa petendi”, no se puede más que concluir que existe en la resolución cuestionada un vicio de incongruencia que sin duda alguna, afecta el derecho de defensa, ya que el pronunciamiento jurisdiccional se basó en hechos que no fueron sometidos a una actividad dialéctica en el proceso y en ese tanto, que no fueron conocidos, ni combatidos por el demandado civil. Finalmente, esta Sala también detecta una contradicción de peso relacionada con esos mismos hechos, ya que no obstante que en la resolución se sugiere que Benavides Corella es uno de los subalternos que Calderón Herrera no vigiló, por otro lado sostiene que los hechos atribuidos al primero son completamente diferentes a los investigados en este proceso. En ese sentido, la sentencia señala que don Fabio Chaves (persona que sustituyó a Calderón Herrera), descubrió a los pocos días de estar en funciones que había un faltante en el inventario físico y que éste no calzaba con el que registraba el sistema de cómputo de la empresa (folio 421 frente, -faltante que según se extrae de la lectura completa del expediente, en algún momento se atribuyó a Benavides Corella-). También se indica en el fallo, que el encartado causó con su conducta un perjuicio de un millón doscientos cuarenta y seis mil seiscientos seis colones con ochenta y seis céntimos (¢1.246.606,86), (monto que contempla los perjuicios derivados no solo de las conductas que se atribuyeron a Calderón Herrera, sino también de las imputadas a Benavides Corella, cfr. informe del O.I.J., folios 52 a 65 frente). No obstante estas afirmaciones, la sentencia concluye de forma contradictoria, que a Benavides Corella se le investigó por “hechos parecidos” a los acusados a Calderón Herrera (folio 418 frente). Como se aprecia, a pesar de que se sugiere una relación entre los hechos atribuidos a ambos acusados, al mismo tiempo se descarta ese vínculo. Todo esto es producto de una falta de precisión en cuanto a los hechos pues como hemos venido señalando, el Tribunal nunca especificó cuáles son las conductas de los subalternos de Calderón Herrera que generan responsabilidad civil para éste, por no haber ejercido los controles a los que estaba obligado. En resumen, el fallo de mérito adolece de una serie de problemas en el marco fáctico que tuvo como acreditado, que hacen imposible que esta Sala se pronuncie con relación a la importancia que tiene el acuerdo conciliatorio que suscribió Benavides Corella con la empresa agraviada, ya que se desconoce la relación que hay entre los hechos atribuidos a ambos encartados. Finalmente, véase que los Jueces, con base en el informe No. 253-DEF-211-99 del Organismo de Investigación Judicial, condenaron a Calderón Herrera a pagar un millón doscientos cuarenta y seis mil seiscientos seis colones con ochenta y seis céntimos, sin considerar que ese monto abarca tanto los perjuicios derivados de las acciones atribuidas a Calderón Herrera como las que se imputaron a Benavides Corella (folios 52 a 65 frente). De esta manera, el Tribunal también desconoce que un demandado civil solamente podría ser condenado a indemnizar los daños y perjuicios que derivan de su conducta (salvo que haya responsabilidad solidaria, lo que en las condiciones del actual marco fáctico, es imposible determinar). Finalmente, hay que aclarar que si bien el defensor público de Calderón Herrera no alegó específicamente los vicios que se detecta en esta Sede, procede a pronunciarse sobre los mismos, ya que es imposible resolver el alegato que formuló (a saber, que no se ponderó el acuerdo conciliatorio que suscribió Benavides Corella con la empresa ofendida y que de haberlo hecho, se habría concluido que el pago que hizo aquel cubría también la obligación de Calderón Herrera), si de previo no se han establecido con precisión los hechos cometidos por Calderón Herrera y su relación (si es que hay alguna) con los actos con respecto a los cuales concilió Benavides Corella. Por todo lo anterior, se acoge el reclamo. Se anula la sentencia –únicamente- con relación a la acción civil resarcitoria incoada por el Instituto Nacional de Seguros y la Embotelladora Panamco Tica S.A. Finalmente, con base en el principio de accesoriedad que contempla el artículo 40 del Código Procesal Penal, esta Sala considera que no es procedente ordenar el reenvío, sino remitir a las partes, si lo tienen a bien, a la vía civil. En igual sentido, que el Tribunal de Casación Penal (así, cfr. resoluciones 865-2002 del 17 de octubre de 2002 y 2004-0229, de las 11:08 horas del 11 de marzo de 2004), esta Sala estima que habiendo adquirido firmeza la sentencia absolutoria que se dictó en lo penal contra Claudio Alberto Calderón Herrera, no es procedente que se realice en esta vía un juicio de reenvío para discutir exclusivamente lo relativo a la acción civil, máxime que habría que determinar en primer término, la relación de hechos en lo que concierne a esa acción. Es decir, si se dispusiera el reenvío, se estaría realizando un juicio completo en sede penal para discutir solamente aspectos de naturaleza civil, lo que es sería desconocer el artículo 40 del Código Procesal Penal que de forma expresa, señala que la acción civil resarcitoria solo puede ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal, circunstancia que no se da aquí pues la sentencia absolutoria a favor de Calderón Herrera ha adquirido firmeza. Compartiendo el criterio que vierte el Tribunal de Casación Penal en las resoluciones antes mencionadas, los suscritos Magistrados consideran que si bien es cierto se ordenó una condena civil cuando se dicta una absolutoria en lo penal, ello no puede llevar a que en la vía penal se tenga que realizar un juicio de reenvío en que se tenga que producir el debate, en su totalidad, para corregir un error al resolver sobre la acción civil. Dicho en otras palabras, el artículo 359 del Código Procesal Penal, que contempla el juicio de reenvío con respecto a las consecuencias civiles, debe ser entendido en consonancia con el artículo 40 ibídem, que prevé el principio de accesoriedad de la acción civil resarcitoria a la persecución penal.

Por tanto:

Se declara con lugar la casación interpuesta por el licenciado Mario Alberto Oconitrillo Gamboa, defensor público de Claudio Alberto Calderón Herrera. Se anula la sentencia –únicamente- con relación a las acciones civiles resarcitorias incoadas por el Instituto Nacional de Seguros y la Embotelladora Panamco Tica S.A. contra Claudio Alberto Calderón Herrera. No procede el reenvío.  Las partes pueden acudir a la vía civil si lo estiman pertinente; en resguardo de sus intereses.


José Manuel Arroyo G.

Jesús Alb. Ramírez Q. Alfonso Chaves R.

Rodrigo Castro M. Magda Pereira V.



Exp. Interno N° 0102-1/6-04.-

dig.imp/lao


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