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Res: 2001-00917 sala tercera de la corte suprema de justicia


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Res: 2001-00917



SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cero minutos del veintiuno de setiembre del dos mil uno .

Recurso de casación, interpuesto en la presente causa seguida contra JOEL DIXON HALL, mayor, soltero, cédula de identidad número 1-608-141, trabajador ocasional, vecino de Limón, por el delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA. Intervienen en la decisión del recurso, los Magistrados Daniel González Alvarez, Presidente, Jesús Alberto Ramírez Quirós, Rodrigo Castro Monge, José Manuel Arroyo Gutiérrez y Carlos Luis Redondo Gutiérrez, éste último como Magistrado Suplente. También intervienen los licenciados Luis Bonilla Umaña y Federico Morales Navas como defensores particulares del acusado. Se apersonó el representante del Ministerio Público.

Resultando:

1-Que mediante sentencia N°128-2001 de las veinte horas del veintisiete de marzo de dos mil uno, el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón resolvió: " POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 30, 45, 71 a 74, 61, 81 y 82 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado y actividades conexas; 258, 360, 361, 363, 364,365, 366 y 367 del Código Procesal Penal, se ABSUELVE DE PENA Y RESPONSABILIDAD a SANDRA WILCHARE BECKFORD por el delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGA que en perjuicio de LA SALUD PUBLICA se le venía atribuyendo.- Se impone a JOEL DIXON HALL el tanto de OCHO AÑOS DE PRISIÓN como autor responsable del delito de ALMACENAMIENTO DE DROGA PARA EL TRÁFICO que en perjuicio de LA SALUD PUBLICA se le viene atribuyendo.- Se le condena al pago de las costas del proceso.- La pena impuesta la deberá descontar, previo abono de la preventiva sufrida, en el lugar y forma que indican los respectivos reglamentos carcelarios.- Por un plazo de seis meses, que vence el próximo veintisiete de setiembre del dos mil uno, se prorroga la prisión preventiva del acusado Dixon Hall.- Se ordena el comiso a favor del Centro Nacional de Prevención contra la Droga, de los siguientes bienes, entendiéndose que los no mencionados, serán devueltos a quien se les decomisó: una esmeriladora (metabio) marca Makita, color gris, con numeración N9500N, cinco lijas circulares de esmeriladora, una estructura metálica rectangular con platinas oxidadas, una caja de cartón, una pistola marcaHi-Point, Fireams, modelo CF 3.30, ACP, serie P 72405 con dos cargadores, una pistola marca Beretta Gardone VT, calibre 7.65 serie 618900 con un cargador vacío, una pistola nueve milímetro intractecv, nueve milímetros, modelo AB-10 serie A04097, un cargador para treinta tiros conteniendo siete municiones con su respectivo estuche, un guante color negro marca HARBINGE, un cargador para pistola Lorcin para nueve milímetros, un cargador para pistola de nueve milímetros, tres cartucheras de cuero color negro, dos cartucheras de lona color negras, cuarenta y dos municiones de treinta y ocho milímetros, cuarenta tiros para nueve milímetros, dieecinueve tiros para 3.80 milímetros, siete tiros para treinta y dos milímetros, un chaleco contra balas color azul marca Pacorp, serie SR..III A, con placa metálica, una romana electrónica marca Sunbean color negra con su respectivo adaptador color negro, modelo ELI08, y la finca del partido de Limón, inscrita en el Registro Público de la Propiedad matrícula027.841-000.- Se ordena la inmediata libertad de la acusada Wilchare Beckford si otra causa no lo impide.- Firme la sentencia, inscríbase en el Registro Judicial de Delincuentes." (SIC) FS..MARCO MAIRENA NAVARRO OSCAR CRUZ CONEJO ROSA ELENA GAMBOA HAEBERLE.

2-Que contra el anterior pronunciamiento los licenciados Luis Bonilla Umaña y Federico Morales Navas defensores particular del encartado, interpusieron recurso de casación alegando vicios in procedendo de conformidad con los artículos 1, 2, 175, 178, 180, 181, 182, 193, 194, 195, 196, 197, 276 y 369 todos del Código Procesal Penal..

3-Que verificada la deliberación respectiva la Sala entró a conocer del recurso.

4--Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes .



Considerando:

I.- Segundo y tercer motivos del recurso. Incorporación ilegítima de prueba y Violación a la cadena de custodia de la misma. En su segundo motivo del recurso por vicios in procedendo y de conformidad con los artículos 1, 2, 175, 178, 180, 181, 182, 193, 194, 195, 196, 197, 276 y 369, todos del Código Procesal Penal, los cuales estima inobservados, la defensa del imputado Joel Dixon Hall, ejercida por los Licenciados Luis Bonilla Umaña y Federico Morales Navas, solicita la nulidad del fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica en contra de su defendido, toda vez que consideran que el mismo se fundamenta en prueba ilegal. La inconformidad la hacen consistir específicamente en el hecho de que los allanamientos practicados por la Licda. María Mora Ramírez, en su condición de Juez Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, se realizaron sin existir una resolución previa por escrito en donde se ordenaba dicha diligencia. Asimismo, en apoyo a su queja refieren que “En el caso que nos ocupa la defensa cuestionó a lo largo del proceso la legitimidad de los distintos allanamientos practicados durante la investigación de los hechos y, precisamente, apuntó la inutilizabilidad de la información obtenida como consecuencia de la práctica de tales diligencias. La esencia de nuestra impugnación [continúan diciendo] radica en que no existió orden escrita de autoridad jurisdiccional competente que autorizara el quebranto excepcional del derecho a la inviolabilidad de los distintos domicilios y negocios comerciales que fueron allanados en la especie. El acto procesal, en nuestro criterio, se verificó de manera defectuosa al contrariar la normativa constitucional y legal aplicable al efecto. Igualmente, estima la defensa que los defectos apuntados los son de naturaleza absoluta en razón de la entidad de los bienes y valores afectados y transgredidos por la actuación procesal” (fls. 401 y 402). Agregan también que en el caso no se está ante ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 197 de la normativa de rito, en los cuales se permite realizar el allanamiento sin una resolución judicial previa. De ahí que la “sola circunstancia de que el legislador se preocupe por la consignación expresa en una norma legal de los casos excepcionales en los que legítimo es allanar sin orden, ratifica nuestra tesitura en cuanto a la imprescindibilidad de la orden jurisdiccional previa, escrita y motivada para todos aquellos casos no contemplados en la norma excepcional del artículo 197 del Código Procesal Penal. No queda duda, entonces, de la necesidad de la orden jurisdiccional previa, escrita y motivada que el artículo 23 de la Carta Magna exigua (sic)” (fl. 408). Por otra parte, en cuanto al tercer motivo del recurso por la forma, y con base en los artículos 1, 2, 142, 175, 178, 180, 181, 182, 193, 194, 195, 196, 197, 276, 363, 367 y 369 del Código Procesal Penal, y 23 y 39 de la Constitución Política, los recurrentes estiman que en la causa además se violentó la “debida cadena de custodia de la prueba” por cuanto la jueza Mora Ramírez al practicar el allanamiento en la casa del imputado Dixon Hall ubicada en “Barrio El Bohío” no procedió a asegurar correctamente el sitio cuando decidió suspender la diligencia, una vez que la había iniciado, siendo que tan sólo señaló que la casa quedaba sellada y bajo la custodia de la guardia civil. Por ello, en el recurso los quejosos manifiestan que “Si se observa con detenimiento la prueba documental, podrá constar los señores Magistrados como, en efecto, no hay nota alguna que indique que la vivienda hubiere quedado custodiada, cuáles oficiales llevaron a cabo tal labor, si se colocaron sellos en las puertas y ventanas y en qué estado se encontraron el día 07 de mayo cuando se procedió a la continuación del allanamiento. No hay prueba alguna que permita asegurar el debido resguardo del lugar, la inalterabilidad de las circunstancias, a fin de poder concluir científicamente que el estado de las cosas era el mismo para el día 07 del día 06 en que se suspendió la diligencia” (folios 410 y 411).

II.- Los alegatos expuestos por la defensa de los imputados son atendibles. En efecto, llevan razón los Licenciados Luis Bonilla Umaña y Federico Morales Navas al formular los reclamos en los que sustentan el recurso en los dos motivos que se citan, pues al analizarse lo ocurrido en este caso se observan defectos en el procedimiento que ameritan un pronunciamiento de esta Sala al respecto. En este sentido, tal y como consta en el expediente, en particular de folios 17 a 27, resulta evidente que en ningún momento la Jueza Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, no obstante la solicitud que formularon por escrito los representantes del Ministerio Público, procedió a dictar la resolución por medio de la cual ordenaba la realización del allanamiento que se practicó en la casa, recinto privado o inmueble que alquilaba el imputado Dixon Hall en “Barrio Los Corrales 2”, sito en la ciudad de Limón. En otras palabras, de manera irregular y en total inobservancia de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, en relación con el 193 y siguientes del Código Procesal Penal, 2 inciso 3) y 17 inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 11 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos, la autoridad jurisdiccional mencionada se dio a la tarea de realizar el registro y allanamiento de la vivienda referida sin dictar - con la anticipación requerida - la resolución en donde autorizaba dichos actos, a pesar de que ello constituía un requisito de validez indispensable para poder llevar a cabo dicha diligencia. Asimismo, de los propios oficios enviados tanto por el Lic. José María Pereira Pérez, como por la misma Licda. María Mora Ramírez, visibles a folios 458 y 462 respectivamente, se hace constar que en ningún momento se dictó la resolución de marras en la presente causa, es decir, nunca existió como en derecho correspondía. Con este proceder, se inobservó y quebrantó entonces uno de los derechos fundamentales que se encuentra contemplado en la Constitución Política, así como en los Tratados Internacionales citados, a saber la privacidad o inviolabilidad del domicilio, pues independientemente de que se estuviese cometiendo o no un delito en este lugar, era indispensable que se autorizara, mediante auto fundado, la realización del allanamiento que se menciona. Para una mejor comprensión de lo sucedido, cabe retomar – en forma muy sucinta – algunos de las situaciones y actos que se produjeron en este caso. En este sentido, del propio Informe Policial de folios 1 a 13, como de la declaración de los oficiales de policía que participaron en el operativo (ver Sumario de Prueba de folios 358 a 375), se tiene que al imputado Joel Dixon Hall se le investigaba por el delito de Tráfico Internacional de Droga; acción que supuestamente realizaba aprovechando el arribo de cruceros al puerto de Limón, ya que luego de contactar con algunos de los tripulantes o turistas que en estas embarcaciones llegaban, lograba introducir importantes cargamentos de estupefacientes a estos navíos. Ante esta situación y vista la información con la que se contaba, el día seis de mayo del año dos mil, como consecuencia del arribo al puerto de Limón del “Crucero Regal Empress”, se intensifican las labores de seguimiento contra el imputado que se venía realizando por parte de la Policía Judicial, todo con el propósito de lograr detenerlo eventualmente en flagrancia cuando concretaba alguna venta o transacción de drogas. Sin embargo, debido a un error o descuido en la labor de los oficiales de policía, el imputado se da cuenta que estaba siendo vigilado. Como consecuencia de este hecho se presenta de inmediato muy molesto a las Oficinas del Organismo de Investigación Policial para manifestar su descontento e indicar que estaba dispuesto a disparar a quien continuara siguiéndolo, fuera o no miembro de este cuerpo policial. De inmediato los oficiales que tenían a cargo el operativo y ante el temor que la investigación que habían realizado se viese frustrada, proceden no sólo a informar a los representantes del Ministerio Público en Limón, sino también a solicitar que realicen las gestiones pertinentes para que se lleven a cabo varios allanamientos en algunos sitios en donde sospechaban se estaba almacenando droga. Acto seguido, los Licenciados Rodrigo Araya Ortiz y Edgar Barquero Ramírez, en su condición de fiscales auxiliares, solicitan en efecto a las dieciséis horas del día seis de mayo citado las diligencias pertinentes de registro y allanamiento en los sitios en donde se había estimado que se ocultaba dicha sustancia a la Licenciada Mora Ramírez, como Jueza Penal de Limón. Incluso en su gestión expresamente le indican a dicha jueza que habilitara la realización de estas diligencias después de las dieciocho horas ante la posibilidad de que las mismas se extendieran más allá de dicha hora. La Licenciada Mora Ramírez no obstante lo anterior, se hace presente a las diecisiete horas y diez minutos, o sea más de una hora después de que se presentó la solicitud, en la vivienda ubicada en “Barrio Los Corrales 2”, sito en Limón, y sin cumplir con las formas establecidas en el ordenamiento jurídico, las cuales constituyen una garantía procesal, se da a la tarea de ejecutar el registro y allanamiento de este sitio; diligencia en la que se hizo acompañar por los representantes del Ministerio Público mencionados y por varios oficiales de policía que extraña e indebidamente omitió nombrar, logrando efectivamente decomisar varios kilos de marihuana prensada.

III.- Conforme a la enunciación de los hechos que se refieren en el Considerando anterior, resulta evidente que en el presente caso la Licenciada María Mora Ramírez inobservó la normativa que regula este tipo de actuaciones y de manera irregular procedió a su realización, sin cumplir con las formalidades o requisitos que a nivel constitucional y legal se exigen en esta materia en procura de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Estas formalidades o requisitos (formas en general) constituyen a la vez la garantía que todo operador del derecho debe tomar en cuenta contra la arbitrariedad o el abuso en el que se puede incurrir cuando se trata de determinar la verdad real de los hechos. No es la formalidad por la mera formalidad, sino la formalidad como instrumento que permite hacer efectivo el principio de seguridad que debe gobernar todo proceso. Bajo esta tesitura, la actuación que aquí nos ocupa, tal y como lo ha resuelto en otras oportunidades esta Sala, constituye un defecto procesal absoluto que obliga a su declaratoria, y cuyos efectos conllevan - a la vez - la ineficacia de toda la prueba que de ella se haya derivado, tal y como lo dispone el artículo 175 de la normativa de rito citada, al establecer que: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en Costa Rica y en este Código”. Así, en lo que interesa, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que: “conviene señalar que tanto el numeral 209 del Código de Procedimientos Penales de 1973 (vigente al momento de ocurrir los hechos), como también el artículo 23 de la Constitución Política, contemplaban varios requisitos formales que (igual que sucede con el Código Procesal Penal vigente) necesariamente deben estar presentes en toda diligencia de allanamiento. En efecto, la primera norma citada señala de manera clara y expresa, en lo conducente, que “... si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas relacionadas con el hecho punible ...el juez ordenará por auto fundado, el registro de ese lugar. El juez podrá disponer de la policía administrativa y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la Policía Judicial. En este caso la orden será escrita ...”, mientras que la Carta Magna establece que “... El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley ...”. De la inteligencia de estas dos disposiciones se extrae, entonces, que siempre y en todo caso, cuando se cuente con elementos suficientes para estimar que en determinado domicilio o recinto privado existen evidencias o elementos relacionados con un hecho delictivo, de previo al allanamiento del lugar, necesariamente se requerirá de una orden de registro escrita, girada por un juez competente mediante un auto fundado. Tal exigencia encuentra su razón de ser en que, mediante este tipo de diligencias de orden coactivo, se verán menoscabados varios principios rectores y esenciales de la vida social, tales como la seguridad, tranquilidad e intimidad del domicilio u otras estancias privadas, de donde resulte necesaria la imposición de algunas limitaciones o frenos a una intervención estatal como esa. Es así como, entonces, en dichos casos resultará ineludible que la orden de registro cumpla con varios requisitos sin los cuales el acto carecerá de la legitimidad necesaria a efecto de introducir al proceso los resultados que del mismo se logren obtener, veamos: i) que provenga de un juez competente, con lo cual se evitará que la policía pueda irrumpir en recintos privados de manera irrestricta, sin ningún tipo de control, minimizándose así la posibilidad de que se incurra en actos abusivos; ii) que se gire por escrito y en forma previa a su realización, con el fin de darle certeza al ciudadano en cuanto a la pureza del acto, pues con dicho requisito se evitará la posibilidad de que -a posteriori- se pretenda legitimar un acto originalmente viciado; iii) que se ordene mediante una resolución debidamente fundamentada, para así reservar este tipo de medida extrema, excepcional y aflictiva, sólo para aquellos casos en los que la misma realmente se justifique, conforme a criterios de necesidad, utilidad, racionalidad y proporcionalidad. En relación a este delicado tema esta Sala ha tenido la oportunidad de señalar, ya durante la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, lo siguiente: “... la participación del juez en la diligencia tiene desde la propia Constitución, según se vio, sus propios requisitos: debe haber orden previa escrita; ésta, como corolario de un acto de poder emanado de un funcionario público, debe estar debidamente motivada y sustentarse en la existencia de indicios fundados de estar en presencia de un delito, o frente a la posible lesión a los derechos o a la propiedad de terceras personas, según se establece de la relación de los artículos 23, 9 y 28 párrafo segundo, todos de la Constitución Política. A ellos deben sumársele los requisitos especiales que desarrolla la ley procesal y que, sin duda alguna, pretenden reforzar las garantías ya dadas constitucionalmente, a saber: cómo debe ser esa orden y qué debe contener, quién puede gestionar tal diligencia si se está en la fase de investigación, dentro de qué horario puede realizar el allanamiento, la identificación de los sujetos que actuarán en la diligencia y, en especial la participación ineludible del juzgador cuando el allanamiento es de un domicilio, recinto privado o habitación ...” Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia Nº 468-99, de las 9:20 hrs. del 23 de abril del 2000” (SALA TERCERA DE LA CORTE, Voto No. 1160 de las 9:45 horas del 6 de octubre del 2000).

IV.- Por otra parte, es importante agregar también, a mayor abundamiento, que a pesar de que la Licda. María Mora Ramírez en el acta de allanamiento en cuestión indica que este acto se realizó “en razón de la urgencia” (folio 25), dicha referencia no exime su responsabilidad de dictar, por auto fundado, la autorización para practicarlo, tal y como se ha señalado a partir de la normativa y jurisprudencia citada. En todo caso, nunca justifica el por qué considera que el acto era urgente, limitándose a hacer mención a esta “supuesta” circunstancia. Urgencia que tampoco se aprecia en el caso, pues, analizado el tiempo transcurrido entre la solicitud que presentan los personeros del Ministerio Público y la realización del allanamiento, se estima que era perfectamente posible que se emitiera la resolución respectiva, con las formalidades requeridas. En otras palabras, en criterio de esta Sala la autoridad jurisdiccional contó con el tiempo suficiente para cumplir con las exigencias que la normativa le imponía para ejecutar esta clase de actos. Por otra parte, si existía algún temor de que la prueba o los rastros del delito que se estaba investigando desaparecieran, lo procedente en este caso es que se hubiese realizado u ordenado una vigilancia de los lugares que se pensaban allanar para asegurar que cualquier demora de la autoridad jurisdiccional en el lugar pusiese en peligro o comprometiera el éxito de la investigación (Art. 286 C.P.P.). Por último, es importante hace notar que en la especie tampoco se estaba ante alguna de las hipótesis o circunstancias previstas en el artículo 197 del Código Procesal Penal. Es decir, no se estaba ante ninguno de los supuestos en los que se permite la realización de este tipo de diligencias sin la existencia de una resolución previa que así lo ordenara. Al respecto, en la disposición que se cita, expresamente se dice que “podrá procederse al allanamiento sin previa orden judicial cuando: a) Por incendio, inundación u otra causa semejante, se encuentre amenazada la vida de los habitantes o la propiedad. b) Se denuncia que personas extrañas han sido vistas mientras se introducen en un local, con indicios manifiestos de que pretenden cometer un delito. c) Se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persiga para su aprehensión. d) Voces provenientes de un lugar habitado, sus dependencias o casa de negocio, anuncien que allí se está cometiendo un delito o pida socorro ”. En consecuencia, tal y como se indicó líneas atrás, la diligencia de allanamiento practicada en el Barrio Los Corrales 2 se encuentra totalmente viciada y como tal no puede ser tomada en cuenta para sustentar un fallo condenatorio en contra del imputado Dixon Hall, toda vez que al ejecutarse se quebrantó uno de los derechos fundamentales que se encuentran contemplados en la Constitución Política.

V.- Ahora bien, en relación con los otros allanamientos realizados por la Jueza Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, debe indicarse que los mismos también adolecen de un defecto procesal absoluto, pues, aun cuando previamente - en cada uno de ellos - la mencionada autoridad jurisdiccional ordenó realizarlos debido a la solicitud formulada verbalmente por los representantes del Ministerio Público, dicha autorización, en las condiciones que se ordena, no resulta ser suficiente en este caso, pues: En primer lugar, no se encuentra debidamente fundamentada en cada uno de los allanamientos practicados, ya que tan solo – en términos generales - se admiten o aprueban dichas gestiones. Por ejemplo, se hace constar lo siguiente: (1) “el fiscal Lic. Rodrigo Araya me solicita en forma verbal el allanamiento en la casa de la señora Sandra... Wilchard Beefor, la cual se aprueba, la vivienda se ubica en Barrio Roosevelth... en razón de tenerse información que en dicho lugar se expende droga y tiene relación con la aparente droga que en este acto se encontró” (folio 27, la negrita es nuestra); (2) “En este acto se pone en conocimiento a la señora Wilchard Beckfford que se procederá allanar su salón de belleza... ubicado en los bajos del Black Starline, procediendo de inmediato a dirigirnos a dicho lugar en razón de la solicitud verbal que me hace el fiscal Lic. Edgar Barquero” (folios 28 vto. y 29 fte., la negrita es nuestra); y (3) “En este acto se da por terminada la diligencia a las 21:30 horas de este... día. El fiscal Edgar Barquero me solicita en forma verbal el allanamiento en la casa de (Johe) Joell Dixon Hall ubicada en Barrio Cariari. Se aprueba la solicitud...” (folio 29 vto. la negrita también es nuestra). En segundo lugar, no obstante que cada uno de estos allanamientos fue realizado después de las dieciocho horas, habiendo disposición expresa que indica que - en principio - los mismos sólo se podrán ejecutar entre las seis y las dieciocho horas del día (Art. 193 ejúsdem), en ningún caso la Lic. María Ramírez Mora procedió a exponer o bien fundamentar los motivos por los cuales autorizó y llevó a cabo este tipo de diligencias fuera del horario permitido normalmente por ley. Incluso el último allanamiento que se ejecutó, correspondiente a la casa del imputado Dixon Hall ubicada en Barrio Cariari de Limón, a pesar de que se inició a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, se suspende cerca de las veintidós horas de ese mismo día para continuarlo al día siguiente, sin embargo cuando nuevamente se inicia esta diligencia nunca se acreditan o establecen las razones que permiten justificar el que se lleva a cabo después de las dieciocho horas del siete de mayo, es decir fuera del horario establecido por la normativa procesal penal vigente. Los dos defectos apuntados, a saber (1) la falta de fundamentación de cada una de las autorizaciones para realizar los allanamientos, (2) lo mismo que la ausencia de los motivos de urgencia que permitieran justificar su práctica fuera del horario permitido, hace que sean ineficaces y que la prueba en ellos obtenida no puede ser tomada en cuenta para su valoración al momento de dictar el fallo. Sobre este particular, ya esta Sala se había pronunciado en un asunto muy similar al presente, en donde a partir de la solicitud de la fiscalía (sustentada también supuestamente en motivos de urgencia), la autoridad jurisdiccional ordenó realizar los allanamientos fuera del horario permitido. Así, en lo que interesa se expuso lo siguiente: “En todo caso, tratándose de un acto que compromete la garantía contenida en el numeral 23 de la Constitución Política y, por ende, susceptible de ocasionar un defecto absoluto (artículo 178, a), del código mencionado), la inercia no opera como saneamiento (artículo 177). III.- Luego, la petición de la fiscal para que la diligencia se realizara con posterioridad a la hora límite ordinaria, simplemente indica que “el hecho reviste suma gravedad y es urgente realizar las diligencias solicitadas…” (folio 14 vuelto), argumento que de ninguna manera satisface la razonabilidad que debe mostrar una instancia de ese género. Ni siquiera intenta acreditar por qué en ese caso se da tal “gravedad” y tal “urgencia”. El uso de ambos vocablos no es suficiente para justificar en un caso específico el empleo de las facultades extraordinarias por parte del juzgador. Para que así sea, tanto la solicitud en la cual se requiere el allanamiento cuanto la resolución en la que se autorice el mismo debe plantear, como la mayor especificidad posible, las razones por las cuales se consideran existentes, en el caso concreto, motivos de gravedad o de urgencia que autorizan su realización a horas diversas de las señaladas en el párrafo primero del numeral 193 del Código Procesal Penal. La necesidad de practicar el acto procesal en tales momentos debe demostrarse con relación al caso específico; no recurriendo al expediente de previsiones generales, lo cual transformaría en peligroso su empleo, pues bastaría su simple alusión para que se tenga por correcto llevar a cabo diligencias sólo previstas para situaciones calificadas, en detrimento notable de la seguridad, valor del Derecho. A mayor abundamiento, en la especie no se percibe cuál era la urgencia o suma gravedad como también qué perfiles calificantes tuviera este asunto que no muestren los usuales, como para apoyar el allanamiento a deshoras. IV.- Continuando con el análisis retrospectivo del proceso en lo que respecta a los reparos del defensor sobre el susodicho allanamiento, destaca la ausencia de fundamentación en las resoluciones judiciales que pretendidamente atendieron o evacuaron la cuestión. En la orden de allanamiento (folio 15, ambas caras), agónicamente fue agregado (con otro tipo de caracteres tipográficos, por cierto), en contradicción con lo legible en el frente del folio (en que se establece que el allanamiento tendría lugar entre las “diecisiete y dieciocho horas”), que “dadas las razones –sic- que expone la representante del Ministerio Público, esta diligencia se realizará después de las dieciocho horas”, sin que se mostrara cuáles eran esas razones y, si eran acogibles, por qué. Por consiguiente, al menos esa porción del proveído era nula. Ulteriormente, ante las recriminaciones interpuestas por el defensor, la jueza penal arguyó que “las razones brindadas en la solicitud de la representante del Ministerio Público eran suficientes para habilitar las horas y realizar la diligencia en horas avanzadas de la noche, fue una cuestión de criterio que la suscrita no puede entrar a analizar…”. Sobresale en primer término que tampoco esta resolución indica cuáles fueron las tantas veces aludidas razones y por qué eran “suficientes”. Luego, el que lo sean o no, no es una “cuestión de criterio”, sino de seguridad jurídica. Esta no puede estar sometida al criterio de alguien, sino a la estructura normativa que constituye el ordenamiento jurídico, así como a la proporcionalidad y razonabilidad subyacente a aquella. Argüir que es “cuestión de criterio” equivale a dar fuerza coactiva al talante del operador jurídico de turno. La irregularidad continuó en el pronunciamiento del Tribunal de Juicio, el que decidiendo la apelación avanzada, se limitó a declararla sin lugar acotando que “…esto no es cierto (la falta de fundamentación –nota del transcriptor-), pues se dice claramente que la señora Jueza atendió los motivos que dio la señora Fiscal, no hacía falta repetirlos en el auto para entender que eran los mismos…”. Como resulta notorio, tampoco se dice cuáles eran esos motivos. Pero el principal defecto no es tanto la fundamentación remisiva de la pieza a las resoluciones antecedentes, sino su completa omisión en cuanto a la legitimidad de esos motivos. Más allá de si existían o no (como en efecto, no existían), debió haberse hecho referencia a si eran de recibo o no; cosa del todo obviada. V.- Así las cosas, no cabe más que dictar la nulidad del allanamiento llevado a cabo en la casa del justiciable a las 20:00 hrs. del 8 de mayo de 1998 y de las pruebas allí obtenidas por tener como origen directo un acto ilícito.” (SALA TERCERA DE LA CORTE, Voto No. 699 de las 9:40 hrs. del 23 de junio del 2000).

VI.- Finalmente, esta Sala también observa que en efecto, tal y como lo acusan los representantes del acusado, en la especie se quebrantó la debida cadena de custodia de la prueba en cuanto a la forma de realizarse el allanamiento practicado en la casa de habitación de este último, ubicada en Barrio Cariari de Limón. En este sentido, tal y como consta en el expediente, luego de iniciarse esta diligencia a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día 6 de mayo del año dos mil, debido a que no se encontraba nadie en el lugar la Jueza Penal de Limón decidió suspender el acto minutos después, sin que existiera motivo o razón legal alguna (salvo el dicho de la ausencia de personas en el lugar) para no continuar con el acto, decidiéndose proseguir el día siguiente. En el acta específicamente se indica que “Se allana [la habitación o casa del imputado y], al no haber nadie en la vivienda se deja sellado y custodiada la misma por la guardia civil; señalándose para la continuación de la diligencia, para el día de mañana” (folio 30 vto.). Asimismo, al reanudarse nuevamente la diligencia, lo único que se hace constar en el acta respectiva es lo siguiente: “Constituida la suscrita Juez de Turno, Licda. María Mora Ramírez, a las 18 horas del 7 de mayo del año dos mil, en la casa de Joell Dixon Hall, ubicada en los alrededores del parquecito Asis Sesna... en coordinación con la policía judicial y administrativa, así como... representantes del Ministerio Público Lic. Edgar Barquero y Lic. Rodrigo Araya... Primero se inicia con un rastreo... ” (folio 31). Como se observa de lo transcrito, en ningún momento la autoridad jurisdiccional, ni el Ministerio Público, ni la Policía Judicial, procedieron, como en derecho correspondía, a asegurar el lugar y los rastros o pruebas del delito, pues lo único que se desprende de lo actuado es que, en un primer momento, se allanó la casa del encartado y luego se dejó sellada, siendo custodiada por la guardia civil, esto el día seis de mayo. En tanto el día siguiente al continuarse con la diligencia, en un segundo momento, de acuerdo con lo que arroja el acta levantada al efecto, no se acreditó en qué condiciones se encontraba la casa ni quién o quiénes eran las personas u oficiales que estaban custodiando este sitio. En otras palabras, con este proceder se evidencia, sin mayor dificultad, que se actuó sin el cuidado debido en el aseguramiento o custodia del lugar, pues: 1) No se indica qué tipos de sellos se utilizaron en la casa y en qué lugares se colocaron, aspecto esencial en la medida que se desconoce si la vivienda tenía varias puertas de acceso, varias ventanas, o bien si la misma tenía problemas en su construcción que hicieran posible su ingreso por otros sitios, a saber el techo, una pared en mal estado, etc. 2) No se señala cuántos y quiénes fueron los oficiales de la guardia civil que se quedaron vigilando el lugar. Asimismo, no consta que se haya llevado un acta (o bitácora) en donde se indicara los eventuales cambios de turno o vigilancia que se habían presentando. 3) Cuando nuevamente se continúa con la diligencia de allanamiento, la jueza no hace constar en el acta correspondiente cómo encontró el lugar; o sea, si los sellos permanecían en el sitio o sitios en donde se habían colocado o bien se existía alguna alteración de relevancia. 4) Tampoco se indica quiénes fueron los oficiales que se encontraban vigilando o custodiando el lugar cuando nuevamente se continuó con el allanamiento. Este último aspecto, si bien en tesis de principio pareciera que no resulta importante, ante la omisión de la jueza penal de establecer cómo encontró el lugar, eventualmente dichos oficiales hubiesen servido de testigos para determinar si la escena del delito se había modificado o alterado. En otras palabras, con el actuar de la Licda. María Mora Ramírez se produce un serio cuestionamiento sobre el debido cuidado de la prueba y pureza, pues, como se dijo, no cumplió con las reglas mínimas que se exigen en estos casos para asegurar el sitio y la eventual validez de las probanzas que del acto se pudieran derivar. Ante este hecho, en criterio de los suscritos Magistrados existe un grosero defecto en la actuación realizada por la autoridad jurisdiccional, avalada incluso tanto por los oficiales de policía que participaron en el operativo como por los representantes del Ministerio Público, los Licenciados Rodrigo Araya Ortiz y Edgar Barquero Ramírez, quienes nunca se preocuparon por hacer ver a la Licda. Mora Ramírez sobre la toma de las previsiones que resultaran necesarias a nivel legal para asegurar el lugar, ni se dieron a la tarea de cumplir a cabalidad con sus funciones, v.gr. supliendo eventualmente la omisión en la que incurrió dicha jueza (al respecto, puede verse de esta Sala el Voto No. 368-F de las 8:55 hrs. del 14 de agosto de 1992). Así las cosas, habiéndose violentado la cadena de custodia de la prueba en la causa por las razones antes citadas, agravadas por el hecho de que la autoridad jurisdiccional no realizó de inmediato y dentro de las horas permitías, como correspondía, la diligencia de allanamiento, se declara ineficaz esta actuación, así como toda la prueba que de ella se derive, independientemente de lo que se hubiese encontrado en el lugar, dado que al no cumplirse con lo requerido por el ordenamiento jurídico (formas en el procedimiento y obtención de la prueba), los elementos de convicción obtenidos se tornan dudosos y no podrían ser tomados en cuenta para su valoración.

VII.- Por todo lo antes dicho, siendo que las probanzas que permiten al Tribunal sustentar la sentencia condenatoria se derivan de una actuación violatoria de las más elementales normas del debido proceso, al punto que - debido a ello - no sólo se violentaron derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política y Tratados Internacionales (a saber, la privacidad o inviolabilidad del domicilio, el principio de tutela judicial efectiva, etc), sino que además no se cumplió con las formas mínimas que debían observarse para asegurar la pureza de la prueba, lo procedente en este caso es declarar con lugar el recurso que interpone la defensa del imputando en los dos motivos que se han analizado. Así las cosas, se anula la sentencia y el juicio que le precedió. No obstante lo anterior, debido a que la única prueba que liga al encartado con el hecho acusado deriva de la actividad defectuosa que se ha citado, no existiendo posibilidad alguna que se introduzcan nuevos elementos de juicio que hagan variar la situación jurídica en la que nos encontramos, esta Sala por economía procesal, como lo ha resuelto en otras oportunidades, estima innecesario reenviar el expediente para una nueva sustanciación, procediendo a resolver la causa según la ley aplicable al caso. Se aclara, previo a dictar lo que corresponde, que en esta ocasión no se ordena el reenvío del expediente toda vez que nos encontramos ente un caso típico de prueba ilícita, pues, según lo que se ha dicho, las probanzas en las que se sustenta el Tribunal para dictar el fallo condenatorio en contra del imputado derivan exclusivamente de actuaciones que no encuentran respaldo alguno en la ley, no existiendo además ninguna otra prueba que directa o indirectamente permita acreditar la responsabilidad de aquél en los hechos por los que fue acusado. En este sentido, véase que el primer allanamiento practicado y del cual se derivó la mayor cantidad de droga que fue decomisada (Barrio Los Corrales 2), nunca respondió a las exigencias y formalidades que al respecto se encuentran previstas no solamente en la ley, sino – y sobre todo- en la propia Constitución Política y en los Tratados Internacionales, ya que no cumplió con el debido proceso al omitirse la resolución previa que ordenaba la realización del allanamiento citado por parte de la autoridad judicial respectiva, violándose además así derechos fundamentales consagrados en estos cuerpos normativos, como lo es, según se indicó, el de la privacidad o inviolabilidad del domicilio. De igual forma, los subsiguientes allanamientos, fueron realizados por la Licda. María Mora Ramírez sin la debida fundamentación y sin indicar las razones que justificaban practicarlos fuera del horario establecido por el ordenamiento jurídico. Finalmente, en el último allanamiento que se practicó y en donde también se decomisó droga (casa de habitación ubicada en Barrio Cariari), además de haberse llevado a cabo fuera del horario permitido y sin la correspondiente justificación, nunca se observó o cumplió con la debida cadena de custodia de la prueba, pues ni la autoridad jurisdiccional, ni las otras autoridades intervinientes (Ministerio Público o Policía Judicial), se aseguraron de salvaguardar los rastros o la escena del delito, es decir, de salvaguardar la pureza de la prueba. En consecuencia, conforme al principio universal de in dubio pro reo se absuelve de toda pena y responsabilidad al imputado Joel Dixon Hall por el delito de Almacenamiento de Droga para el Tráfico en perjuicio de la Salud Pública por el que fue condenado y se ordena, si otra causa no lo impide, su inmediata libertad. Asimismo, en cuanto al comiso de los bienes que fueron secuestrados o decomisados en esta causa como producto de la investigación realizada, se deja sin efecto el mismo y se ordena la devolución de aquellos, salvo en lo que se refiere a las armas de fuego, ya que en este caso el Tribunal tendrá que valorar su devolución de acuerdo con lo que dispone la legislación vigente sobre la materia. También, y con fundamento en los artículos 90 y 91 de la Ley sobre Estupefacientes Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas, Ley No. 7786, se ordena la destrucción de toda la droga que fue hallada y decomisada en la presente causa, para lo cual el Tribunal deberá cumplir con el procedimiento que establece esta ley. De igual forma, visto que eventualmente nos podríamos encontrar ante un grave error en la administración de justicia, se testimonian piezas ante la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia para lo que corresponda conforme a derecho (Art. 199 Ley Orgánica del Poder Judicial). Por último, por innecesario se omite pronunciamiento sobre los otros motivos del recurso que interpone la defensa.

Por Tanto:

Se declara con lugar el segundo y el tercer motivos del recurso. Se anula la sentencia condenatoria dictada en contra de Joel Dixon Hall por el delito de Almacenamiento de Droga para el Tráfico cometido en perjuicio de la Salud Pública, y en aplicación del principio universal de in dubio pro reo se le absuelve de toda pena y responsabilidad por este ilícito. Asimismo, de no existir otra causa que lo impida, se ordena su inmediata libertad. Por otra parte, se ordena la devolución de los bienes sobre los que se decidió el comiso, devolución que se hará a quien corresponda, salvo en cuanto a las armas decomisadas, pues en este caso el Tribunal tendrá que valorar la entrega de acuerdo con lo que establece la legislación vigente sobre la materia. Se ordena también la destrucción de la droga que fue hallada y decomisada en la especie conforme al procedimiento que la ley establece. Se testimonian piezas ante la Secretaría de la Corte para lo que corresponda debido a la eventualidad de encontrarnos ante un grave error en la administración de justicia. Por último, se omite pronunciamiento sobre los otros motivos del recurso por innecesario. NOTIFIQUE.-

Daniel González A.

Jesús Ramírez G. Rodrigo Castro M.


José Ml. Arroyo G. Carlos L. Redondo G.



N:572-01

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