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SEGUNDA INSTANCIA N° 20.160

TOBIAS RENGIFO DÍAZ


República de Colombia




Corte Suprema de Justicia


Proceso No 20160
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente



JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Aprobado acta N° 122


Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil seis (2006).
V I S T O S
Se pronuncia la Corte respecto del recurso de apelación interpuesto por el Procurador 155 Delegado ante el Tribunal Superior de Popayán contra la sentencia absolutoria dictada por esa Corporación en favor de TOBIAS RENGIFO DÍAZ, en su condición de Fiscal Delegado ante los Juzgados Promiscuos Municipales de Corinto (Cauca), luego de que se le acusara por la comisión de los delitos de prevaricato por acción y por omisión de que trataban los artículos 149 y 150 del C. P.
H E C H O S
El acontecer fáctico del que se ocupó este proceso, se concretó en lo siguiente:

Como Fiscal Local de Corinto (Cauca) fue designado el doctor Darío Fernando Mosquera Guevara, asumiendo como tal en el mes de junio de 1998, quien se encontró accidentalmente con varias diligencias que se encontraban represadas en el escritorio de la Secretaria de la Fiscalía, Carmen Alicia Quintero Solarte, procediendo de inmediato al registro y apertura de la investigación por esos hechos, luego de lo cual ordenó, mediante oficio del 8 de junio de ese año, la compulsación de copias para que se investigara lo ocurrido en ese despacho judicial.


Las diligencias hacían referencia a que a disposición de la Fiscalía de Corinto (Cauca), en su momento a cargo del doctor Tobías Rengifo Díaz, fue colocado el señor John Alexander García Secue por parte de un agente de la policía, señalado de ser el autor de lesiones personales ocurridas el 9 de septiembre de 1997, al haber golpeado en el rostro y en el abdomen a la señora Rubiela Ramírez, por ello el Fiscal libró boleta de detención al mismo, no obstante ello, al día siguiente, fue dejado en libertad librando la respectiva orden pero sin emitir resolución en la que se consignaran las motivaciones de tal determinación, sólo aparece diligencia de compromiso suscrita por el liberado.
Igualmente, encontró que el señor Bernardo Arturo Caro Pardo formuló denuncia por el delito de lesiones personales cometidas por el señor Alirio Jascue en hechos sucedidos el 29 de septiembre de 1997 la que correspondió a la Fiscalía del doctor Tobías Rengifo Díaz, de la cual no figura actuación alguna sino hasta el señalado mes de junio de 1998 cuando asumió el nuevo Fiscal Local.

Lo mismo sucedió con relación a la denuncia que formuló Blanca Nidia Rodríguez Quintero, quien denunció a Oscar Jairo Gómez Castaño por el delito de lesiones personales por hechos sucedidos el 3 de noviembre de 1997, sin que se surtiera actuación alguna en la Fiscalía de Rengifo Díaz


Y, por último, no se encontró diligencia alguna frente a la denuncia presentada por la señora Lucía Trochez Campo contra Gilberto Guetía Trochez por lesiones personales sucedidas el 10 de noviembre de 1997, frente a la cual no se había desplegado labor alguna de investigación.

ACTUACIÓN PROCESAL

Con base en la compulsación de copias que dispuso el doctor Darío Fernando Mosquera Guevara, en su condición de Fiscal Local de Corinto (Cauca), además donde también se vinculó a la señora Carmen Alicia Quintero Solarte, Secretaria de la citada Fiscalía, se inició la correspondiente investigación, siendo escuchado aquél en diligencia de indagatoria por parte de un Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Popayán, luego de lo cual se resolvió su situación jurídica mediante resolución del 4 de mayo de 1999, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva sin derecho a la excarcelación, por prevaricato por acción y omisión.


Con relación a la citada Secretaria se impuso la detención preventiva a la que se le concedió la libertad provisional.
Así las cosas, surtida la fase de instrucción se procede a cerrar la misma y a proferir resolución de acusación el 31 de enero de 2000 acusándolo de la comisión de los delitos de prevaricato por acción en tanto que referido al primer hecho dejó en libertad sin previa resolución que así lo dispusiese y como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión de que trata el artículo 150 del C.P., modificado por el artículo 29 de la Ley 190 de 1995 por razón de no haber efectuado diligencia alguna frente a los cuatro hechos referidos.
Determinación que es objeto de apelación por el defensor pero confirmada por una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en resolución del 9 de junio de 2000.
Es de anotar que a la citada Secretaria se le precluyó la investigación en la citada decisión del 31 de enero de 2000.
Celebrada la diligencia de audiencia pública, el Tribunal Superior de Popayán en decisión del 25 de septiembre de 2002 decide absolver al acusado de los cargos formulados en la resolución de acusación, determinación contra la cual el Procurador 155 Delegado ante esa Corporación recurre en apelación, lo que propicia el conocimiento de esta Colegiatura para su resolución.

LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL

El Tribunal Superior de Popayán, decide absolver al acusado con base en los siguientes argumentos:



Considera la Corporación que dada la acusación, debe partirse de la presencia de una actividad prevaricadora manifiesta y de tal magnitud que amerite un considerable juicio de reproche, frente a lo cual no se advierte su presencia en este caso.
Para llegar a esta conclusión, parte de lo aseverado por un doctrinante1 cuando señala que lo prevaricador se encuentra en lo manifiestamente contrario a la ley y no en la simple irregularidad procesal.
En estas condiciones, comienza por estudiar lo sucedido en el primer asunto, es decir, lo actuado a consecuencia de la denuncia formulada contra John Alexander García Secué, con relación al cual señala el sentenciador que el proceder del Fiscal finalmente resultó siendo “lógico”, como quiera que al momento de formularse la queja no había claridad en que fuera una contravención especial, de competencia de un juez penal municipal, o un delito, de competencia de un fiscal local, lo que finalmente dependía de la incapacidad definitiva que se le entregara a las lesiones.
Por ello, no observa reparo alguno el Tribunal a que el funcionario judicial haya esperado a “concretar la competencia”, pues si se trataba de una incapacidad inferior a 30 días lo procedente era remitir las diligencias a los jueces penales municipales para que le imprimieran el trámite contravencional.
Sin embargo, de lo comprobado en este proceso asegura el Tribunal, se tiene que sólo cuando regresa el dictamen se sabe que la agredida era la compañera permanente del sindicado y posiblemente se estaba hablando del delito de violencia intrafamiliar, pero la Secretaria de la Fiscalía “negligente y desordenada”, como varios declarantes la caracterizaron, omitió pasar oportunamente las diligencias al despacho del Fiscal con el objeto de que procediera a realizar las diligencias correspondientes.
Destaca el Tribunal que al momento de enfrentarse a la denuncia, el Fiscal TOBIAS RENGIFO DÍAZ no sabía que el agresor era el compañero ó el cónyuge de la lesionada y que la incapacidad provisional que se le entregó el 17 de septiembre, esos eran los únicos elementos de juicio con que contaba el funcionario. De ahí que concluya: “Al momento de liberarse a GARCÍA SECUÉ, se desconoce que a quien golpeó fue a su esposa, luego ese proceder consistente en girar la boleta de libertad no es manifiestamente ilegal.”
Ahora, estima el Tribunal que si a los siete días de haberse formulado la denuncia se allegó el examen médico en donde por primera vez se menciona que la lesionada era compañera del agresor, era deber de la Secretaria pasar al despacho tal información pues era de vital importancia para establecer que se trataba de un delito de violencia intrafamiliar, sin embargo no cumplió con tal obligación por lo que la omisión no podía imputársele al Fiscal, quien confiaba que el trabajo en equipo se cumpliría cabalmente.
Es por ello que no puede existir la imputación objetiva de un resultado, pues el principio de confianza ayuda a eliminar la tipicidad objetiva de cara a la presunta comisión del delito de prevaricato por omisión de parte del Fiscal, quien confió en el debido actuar de sus dependientes.
Confianza que podía esperarse que brindara el Fiscal, dada la estructura y actuación de los empleados y funcionarios de la Fiscalía. Para justificar este proceder, el Tribunal acude a jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia2 y de doctrina3 emitida en tal sentido.
En otras palabras, todo este recuento doctrinario y jurisprudencial lo justifica el Tribunal en el hecho que el Fiscal no tenía elementos suficientes para colegir que se trataba de un delito de violencia intrafamiliar, motivo por el cual esperó a que se allegara el dictamen médico de incapacidad para las lesiones, además no se había formulado la querella correspondiente como para colegir que tratándose de una contravención podía tenerse a la persona privada de la libertad, sumado al hecho que la Secretaria no cumplió con el deber de pasarle al Fiscal la documentación para que le diera el trámite correspondiente.
Por último, sostiene el Tribunal que si bien es cierto que el proceder del Fiscal no fue el mas “ortodoxo”, pues debió emitir una resolución de sustanciación escrita y firmada que justificara el proceder liberatorio, ello no puede servir de soporte para hablar de prevaricato, pues todo lo que se hiciera por el Fiscal finalmente resultaría nulo en tanto que, para ese momento el funcionario judicial consideraba que se trataba de una contravención especial frente a la cual debía dejar en libertad al capturado por no haberse instaurado la querella y por cuanto el procedimiento no era por vía de flagrancia, por lo que no puede hablarse de un acto manifiestamente contrario a la ley.
Por ello, considera el Tribunal que no puede existir reproche a la actividad de este funcionario, mucho mas si sólo al momento del examen definitivo fue cuando la lesionada le informó al galeno que el agresor era su compañero, lo que sugería que se trataba de un delito y no de una contravención.
En estas condiciones, el Tribunal concluye que la omisión del Fiscal de darle trámite a la denuncia, es decir la no expedición de la resolución de apertura de la investigación, se encuentra “justificada”.
Con relación a la segunda denuncia, es decir la relacionada con las lesiones a la menor Flor Adelí Guetía Trochez por parte de su padre Gilberto Guetía, ocasionadas al momento en que éste trataba de agredir a la madre de aquella, Lucía Trochez Campo, estima la Corporación que dados los acontecimientos fácticos de la misma, o sea que el agresor acudió a la vivienda de su ex esposa con quien no cohabitaba hacía mas de tres años tratándola de agredir y accidentalmente terminó hiriendo a su menor hija en un glúteo, concluye la Corporación que existían dudas acerca de si en verdad se trataba de un delito de violencia intrafamiliar.
Es más, como se trataba eventualmente de lesiones personales culposas dado que no era su propósito agredir a la menor y la incapacidad no aparecía superior a treinta días, bien podía entenderse que no ameritaba el trato de delito sino de contravención especial al tenor de la Ley 228 de 1995.
No obstante lo anterior, considera que la Secretaria una vez que recibió el dictamen definitivo debió pasar el asunto nuevamente a despacho para que se resolviera lo pertinente, por lo que al no hacerlo infringió el principio de confianza y de esa manera descarta la responsabilidad del Fiscal.
Para arrojar mayor certidumbre de la omisión de la Secretaria, enseña el Tribunal cómo varias de las declaraciones vertidas en el presente asunto y que conocían el desempeño laboral de Carmen Alicia Quintero, daban fe de que se trataba de una persona desordenada, desorganizada y despreocupada en sus labores, entre otras cosas. Incluso el propio Fiscal que asume el cargo y coloca de presente tal tipo de irregularidades, doctor Mosquera Guevara, afirmó que por pura casualidad encontró en el escritorio de la Secretaria los asuntos que le causaron perplejidad.

Al respecto, concluye el sentenciador: “Por esos motivos, no hay lugar a responsabilizar por el delito de prevaricato por omisión al Fiscal RENGIFO DIAZ, por haber dispuesto que se esperara el dictamen definitivo a practicar a la menor FLOR ADELI GUETÍA TROCHEZ, porque vencida la incapacidad provisional, la secretaria tenía que regresar el asunto a despacho y nunca lo hizo.”


En cuanto a la tercera y cuarta denuncia que conforme la acusación omitió dar trámite el Fiscal, considera que el hecho que hubiera dado espera al dictamen definitivo de medicina legal, no se muestra como manifiestamente contrario a la ley, como quiera que bien podía concluir que la labor judicial de la fiscalía en caso de que se trajese la comprobación de una incapacidad menor a treinta días, permitiría concluir que lo actuado resultaba inútil y nulo.
Sin embargo, el Fiscal no contaba con la actuación negligente de su Secretaria, quien lo hizo incurrir en mora desde cuando se interpuso la denuncia hasta cuando arribó a la fiscalía el nuevo fiscal y quien puso de presente las anomalías.
Motivos estos por los que el Tribunal Superior de Popayán decide absolver al acusado de los cargos formulados en la resolución de acusación.


SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la determinación, el Procurador Delegado ante la señalada Corporación, decide recurrir el fallo con los siguientes argumentos:


Comienza el recurrente por advertir que la misión de la Fiscalía es la de investigar la posible comisión de hechos de reproche social, así como también que los fiscales se deben pronunciar a través de las decisiones contenidas en resoluciones que bien pueden ser de sustanciación o interlocutorias.
Decisiones como la libertad, dice el recurrente, deben entenderse que solamente pueden adoptarse a través de autos en los que se consignen las razones de la misma, pues de lo contrario sería tanto como “un jefe de tribu” en el pasado decidiendo los destinos y la suerte de la administración de justicia.
Estima que en la diligencia de indagatoria el ex Fiscal colocó de manifiesto que el procedimiento que ha debido imperar tanto para disponer de la privación de la libertad como para liberar al capturado, era la de justificar la determinación a través de una decisión escrita, lo que denota una marcada aceptación de que sin éstas, la conducta se torna en prevaricadora.
No comparte las citas que el Tribunal hace de doctrina extranjera acerca del principio de confianza, como quiera que considera que debe partirse de la imposibilidad de que el Fiscal hubiera delegado en su Secretaria la facultad de emitir las decisiones que justificaban la detención o la libertad del capturado, cosa que el propio acusado da por sentado cuando acepta que firmó las decisiones de detención y libertad sin auto alguno que los precediera.
En estas condiciones, considera que no existe posibilidad alguna de que se acuda a la figura del principio de confianza, pues no se puede delegar lo indelegable, como lo entiende el Tribunal cuando acepta, en criterio del actor, lo inaceptable.
Agrega el recurrente que el Fiscal ha debido ordenar la apertura de la investigación una vez le fue puesto a disposición el capturado, así no se hubiera tenido certeza sobre el vínculo que unía a agresores con víctima, como tampoco sobre el monto de la incapacidad producto de las lesiones pues eso era precisamente el objeto de la investigación, además, si el capturado había sido aprehendido en flagrancia, mucho más consideración ha debido tener el Fiscal de emitir una decisión que justificara su proceder.
Tampoco encuentra ajustado a derecho que se de paso a la consideración de que para abrir una investigación haya necesidad de esperar a concretar la competencia, pues de aceptarse ello se estaría convalidando la posibilidad de evitar el inicio de investigaciones hasta tanto se determine la autoridad que deba conocerla.
Es por ello que solicita la revocatoria de la sentencia y la condena para el acusado como responsable del delito de prevaricato por omisión, al infringir uno de los deberes mas importantes de todo fiscal, cual es la investigación de los comportamientos que se colocan a su conocimiento, sin atender las exculpaciones avaladas por el Tribunal en cuanto a la inocuidad de iniciar la investigación hasta tanto se estableciera el monto de las lesiones y si eventualmente se trataría de una contravención especial.

LA CORTE CONSIDERA

Conocida la competencia de la Sala para desatar la impugnación propuesta contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de Popayán, procederá esta Colegiatura a estudiar la censura con base en los puntuales aspectos tratados por el libelista dada la conocida limitación legal, debiéndose advertir desde ahora que los planteamientos del recurrente no logran derruir los soportes argumentativos del fallo, por lo que se confirmará.


En estas condiciones, la acusación se concretó a varios hechos, como fue a la censura por haber liberado el Fiscal acusado al señor John Alexander García Secue sin emitir resolución que lo justificara, como también por cuanto en las varias actuaciones referidas en el recuento fáctico, no se realizó diligencia alguna en espera del dictamen definitivo para establecer la incapacidad exacta de las lesiones de las víctimas.
Para el estudio de la supuesta incursión en un actuar delictivo, debe decirse primeramente que es requisito normativo, como se sabe y se ha reiterado por la jurisprudencia de la Sala, que el delito de prevaricato posee un ingrediente de imprescindible consideración al momento de efectuarse el proceso de adecuación, como que requiere del proferimiento de una resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley.
Esta caracterización a través de la señalada expresión legislativa, no es otra cosa que la firme y concreta determinación del legislador de cobijar solamente a través de este tipo penal a los comportamientos que el apartamiento del orden legal fuese diáfano.
Esta manifiesta contrariedad a la ley en verdad, como lo dedujo el Tribunal Superior de Popayán, no resiste en este caso su equiparación con el proceder del Fiscal acusado pues, en lo que se refiere a la liberación de John Alexander García Secue, quien fuera dejado a su disposición el 9 de septiembre de 1997 señalado de haber golpeado a la señora Rubiela Ramírez, el Fiscal claramente, como lo reveló en su indagatoria, lo hizo soportado en los elementos de juicio con que contaba en ese momento, como lo fue el hecho que se le colocó a disposición a una persona que se le señalaba como la presunta agresora de otra, que no se trataba de un caso de flagrancia y que había un dictamen provisional de incapacidad inferior a 30 días que sugería que se trataba de una contravención mas no de un delito.
A lo anterior se suma el hecho que el acusado, advertido por la experiencia profesional acerca de que en la región eran habitual las riñas entre los pobladores, muchos de ellos indígenas, y que dada la levedad de las mismas los denunciantes no volvían a los reconocimientos médicos y resultaba infructuosa su localización, era necesario darle preponderancia al derecho a la libertad personal, tal como sucedió en este caso cuando se dijo que las lesiones padecidas por la señora Rubiela Ramírez tenían provisionalmente una incapacidad menor de 30 días, lo que en su criterio llevaba a concluir que lo pertinente era dejar en libertad al capturado en aras de garantizar su derecho a la libertad y esperar el dictamen definitivo, tal como se procedió a hacer.
Libertad que ordenó no sin antes lograr que se suscribiera una diligencia de compromiso.
Este proceder si bien es cierto que no comporta en estricto sentido lo que debe hacerse ante una captura, y que al decir del Tribunal no es el procedimiento mas "ortodoxo", tampoco resulta protuberante y manifiestamente contrario a la ley, ya que, como se advirtió, el Fiscal propendió de entrada por la protección al derecho a la libertad personal cuando bajo su personal óptica se podría presentar un caso de contravención de lesiones personales contemplada en la Ley 228 de 1995.
Ahora, si bien es cierto dejó el asunto en espera del segundo dictamen a efectos de concretar la competencia, propendiendo por evitar un desgaste de la administración de justicia que a la postre redundaría en la validez de los actos procesales efectuados, la situación se dilató debido a la omisión de la Secretaria de la fiscalía, quien por negligencia y desorden no pasó a despacho los informes que llegaron acerca de la incapacidad de los lesionados y por ello el Fiscal no le imprimió trámite alguno a las denuncias, especialmente en lo relacionado con las lesiones a la señora Rubiela Ramírez, en la que se comprobaba que entre el supuesto agresor y la víctima existía una relación afectiva y una convivencia que los hacía compañeros permanentes, de lo cual bien podía colegirse que no resultaban siendo lesiones contravencionales sino un delito de violencia intrafamiliar.
Claro, no era lo usual que el funcionario judicial instructor esperara a la definición de su competencia, pues precisamente ello era lo que se establecería a través de la investigación, sin embargo, llegar a catalogar tal espera como delictual, sin aceptar que en verdad bien podía haber existido la incertidumbre acerca de si se trataba de lesiones contravencionales para el momento contempladas en la Ley 228 de 1995, de competencia de un funcionario judicial diferente, es evidentemente exagerado.
Frente a las demás denuncias y por las cuales igualmente fue acusado el Fiscal Rengifo por prevaricato por omisión, debe tenerse también en cuenta que en las mismas no aparecía a primera vista la existencia de una relación familiar vigente o una actual cohabitación entre agresor y víctima, resultando dudosa tal condición.
Para llegar a tal comprobación no hace falta sino leer las denuncias en las que se dice que el agresor es el esposo o el padre de la victima pero que ya hace algún tiempo estaban separados o no se convivía con aquél (folios 41, 59, 78), igualmente el informe de policía visible a folio 9 nada se dice acerca de la condición de esposos entre víctima y agresor.

Además, es el propio indagado quien aceptó que no le dio trámite a las denuncias por la levedad de las heridas que se reportaban y que justificaban la espera de un segundo dictamen para comprobar la incapacidad definitiva. En la indagatoria se aprecian apartes tales como decir que: “Tenga en cuenta señor Fiscal que debido al exceso de trabajo y de asuntos, se evitaba judicializar las conductas atendiendo a las instrucciones dadas en los seminarios sobre sistema acusatorio. Este aspecto también lo tocaba yo y lo atendía en mis estudios de criminología. La incapacidad cambia la competencia ...


Esto lleva a la conclusión que el fiscal no obstante que entendía que su deber era el de investigar lo sucedido, también estaba invadido por la convicción de que lo actuado podría resultar invalido en la medida que eventualmente se trataba de una contravención especial, que sumado a las particularidades referidas en cada una de las denuncias, bien podía concluirse que lo mejor era esperar el dictamen médico definitivo acerca de las lesiones.
Al efecto, recaba en la indagatoria: “No se quería judicializar conductas sin tener incapacidades ciertas, pero no se actuó en forma mañosa o torcida, siempre influenciados por el manejo del espíritu de la conciliación para estas lesiones de mínima incapacidad. Yo conversaba mucho con los indígenas, hice audiencias de conciliación grandes, pidiéndoles manejar el diálogo y la tolerancia y que dieran ejemplo por ser la etnia fundadora del país.”
Ahora bien, la impresión que arroja el comportamiento del Fiscal cuando decide esperar el dictamen definitivo, es que partió de una confianza, quizá excesiva, en la labor secretarial de que se le informaría cuando el dictamen definitivo llegara al despacho para imprimirle el trámite correspondiente, omisión que finalmente lo hizo incurrir en una dilación en poner en marcha el andamiaje judicial luego de recibirse las denuncias, bien sea por que se hubiera concluido que se trataba de un delito de violencia intrafamiliar o por razón de la contravención de lesiones personales, cosa que no puede trasladarse a manera de reproche penal al proceder del Fiscal sosteniendo que esa situación que degeneró en indebida dilación sea manifiestamente contraria a la ley.
Dilación o retardo judicial que, además, tampoco en el ámbito espacial de entrada podría catalogarse como excesivo o ilimitado en el tiempo, pues si bien es cierto que la captura y las tres denuncias fueron llevadas a cabo entre los meses de septiembre y noviembre de 1997, también lo es que la dejación de cargo como Fiscal Local de Corinto (Cauca) lo fue el 17 de febrero de 1998 y no hasta el mes de junio de 1998 que es cuando el Fiscal designado en propiedad se da cuenta de la situación.
Eso si, la intención del fiscal de esperar la llegada del dictamen definitivo se desfiguró en su pretendido debido a la cierta e innegable desatención de la Secretaria del despacho de informar acerca del arribo de los documentos, los cuales en verdad eran determinantes en su contenido, pues en ellos aparecía, por lo menos en lo que respecta a la primera denuncia, la aseveración de que el agresor era cónyuge de la víctima, como también las incapacidades que fijarían la competencia finalmente como contravenciones especiales.
Secretaria que varios de los deponentes en este trámite, por ejemplo la señora Rosa Elena Ramírez Mondragón, técnico judicial de la Fiscalía Local de Corinto (Cauca) y que había laborado con aquella, tal como lo refirió el Tribunal, destacaron que se trataba de una persona desordenada en su trabajo y permanentemente atrasada en sus labores, cosa que la acerca aún más a la posibilidad que haya olvidado pasar al despacho los dictámenes definitivos al Fiscal.
Es más, tal como lo declara la doctora Ruby Stella Muñoz, quien reemplazó al Fiscal acusado para el mes de febrero de 1998, al llegar al despacho solicitó que se le diera inventario de las diligencias que tenía la Fiscalía Local de Corinto, sin que dentro del reporte se encontraran estas cuatro denuncias.

Incluso, es el propio denunciante, es decir, el Fiscal Local designado a partir del mes de junio de 1998, quien aseguró que por mera casualidad se encontraron las denuncias y sus anexos en el escritorio de la Secretaria pues ésta había salido a vacaciones, cosa que corrobora aún más que fue esta empleada judicial la que conservaba los documentos judiciales sin pasárselos al Fiscal pues ni siquiera, dice el Fiscal denunciante, había radicado las denuncias.


Es aquí donde la Sala encuentra, y en ello comparte la tesis del Tribunal de Popayán, la convergencia del principio de confianza, pues dada la actividad desplegada por un Fiscal, compleja por demás, es meridianamente entendible que haya delegado la posibilidad de recibir documentos a sus subalternos, de sellar los recibidos, de archivar o almacenar información, por ejemplo, cosa que no puede confundirse con la delegación para adoptar determinaciones propias de la órbita funcional, que no es el caso como erradamente lo asegura el recurrente.
Es decir, el Fiscal estaba en todo el derecho de confiar en que la información que se recibiera por Secretaría se la harían llegar, lo que al no haberse hecho así, no puede trasladarse indiscriminadamente esa responsabilidad a título de simple juicio de reproche objetivo.
Esta situación desvirtúa las réplicas del censor cuando se asegura que el Fiscal “delególa toma de decisiones, lo que no es cierto, pues a simple vista se aprecia en la sentencia y en la relación fáctica de este proceso, que la delegación a la que se hace referencia es para recibir cierta información o para radicarla o archivarla mas no para proferir resoluciones o autos.
En estas condiciones el fiscal TOBIAS RENGIFO DÍAZ no estaba delegando la emisión de determinaciones que justificaran la detención o la libertad, sino que tan sólo esperaba que llegados los exámenes médicos a la Fiscalía, tal información procesal, que primeramente se sabe que llega a manos de los asistentes de la fiscalía, se la hicieran llegar inmediatamente, cosa que no se hizo y por lo tanto no puede endilgársela como fundamento de una omisión prevaricadora.
Esto no quiere decir que el fiscal quede libre de su deber de cuidado, de supervigilancia de todo lo que suceda en su despacho, pues dada una juiciosa labor de supervisión y control a los servidores que laboran para la Fiscalía bien ha podido detectar la situación anómala presentada y que propició una cierta dilación y retardo en la actividad judicial, sin embargo ello no da pie a un reproche penal pues precisamente el delito de prevaricato, bien sea en su modalidad activa u omisiva, se destaca por ser sancionable cuando puede deducirse el dolo y no cuando por negligencia o falta al deber de cuidado se ocasiona el suceso trascendente.
Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que los argumentos postulados en la sentencia no se desvirtúan con lo aseverado por el recurrente y sus argumentos carecen de la contundencia indispensable para modificar las conclusiones del a quo, las que esta superioridad encuentra acertadas jurídica y probatoriamente, por lo tanto, se confirmará en su integridad la sentencia impugnada con las aclaraciones aquí efectuadas.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE
Confirmar la sentencia motivo de impugnación por las razones expuestas en precedencia.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.




MAURO SOLARTE PORTILLA

Comisión de servicio


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

Permiso
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN


JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ
TERESA RUÍZ NUÑEZ

Secretaria


1“PABÓN PARRA, Pedro Alfonso. Delitos contra la administración pública. Pag. 255”, cita efectuada en la sentencia.

2 “JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA –Septiembre de 1999 Rad. 11.726”, así como también “Auto de septiembre 16 de 1997.

3 “INTRODUCCIÓN A LA IMPUTACIÓN OBJETIVA – CLAUDIA LÓPEZ DÍAZ. Universidad Externado de Colombia Pag. 122 – 124”



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