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Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente:

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil cinco (2005).
Ref: Exp. 7600122100002005-00074-01
Se pronuncia la Corte sobre la impugnación interpuesta por el accionante contra el fallo de 2 de agosto de 2005, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que negó la tutela implorada por LUIS ALBERTO GONZALEZ DÍAZ, en representación de sus menores hijos JONATHAN ALBERTO GONZÁLEZ ESCOBAR, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ESCOBAR y JEAN CARLOS GONZÁLEZ ESCOBAR, frente al Juzgado Primero de Familia de esa ciudad.
ANTECEDENTES
Reclama el accionante, en nombre de sus tres mencionados hijos, la protección del derecho fundamental del menor que considera vulnerado, puesto que Margoth Benilda Escobar, madre de éstos, les niega hasta lo mínimo, que es una bolsa de leche, y sí derrocha el sueldo que gana, de modo que los maltrata física, moral y económicamente; añade que él es pobre y discapacitado; el Juzgado, continúa, omitió embargar el salario de la demandada y permitió que se retirara del empleo que tenía sin hacer el pago de la obligación alimentaria.
RESPUESTA DEL ACCIONADO
Argumentó que dentro del proceso de ejecución de alimentos decretó el embargo del 50% del salario devengado por la ejecutada, pero quien debía cumplirlo adujo no haber recibido la orden, motivo por el cual inició incidente contra el empleador o pagador.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Negó el amparo pedido, tras considerar que en lo relativo al embargo del salario y las prestaciones de la demandada, el despacho accionado no violó los derechos de los menores, ya que su actuación se ajustaba a la ley.
LA IMPUGNACIÓN
El accionante atacó el fallo, pero no expuso los argumentos de su inconformidad.

CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela, cuando tiene por fin controvertir actuaciones judiciales, sólo deviene procedente si ellas constituyen lo que ha dado en llamarse "vía de hecho", entendiéndose por tal aquella acción u omisión jurisdiccional que carece de fundamento jurídico y que, por lo mismo, se muestra ostensiblemente arbitraria y caprichosa, cuando el interesado no disponga de otros medios de defensa idóneos para la reparación de sus derechos, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual deba obtenerse protección o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces.
2. De la premisa contenida en el punto anterior se infiere la improcedencia del mencionado mecanismo en este evento, toda vez que la Corte no avizora en las providencias cuestionadas, prima facie, arbitrariedad o proceder antojadizo o caprichoso del funcionario que las profirió. Por el contrario, en lo tocante con el embargo del salario y prestaciones de la demandada, las determinaciones adoptadas, cual lo advirtió el Tribunal (fol.16), no son contrarias al ordenamiento jurídico, y están apoyadas en el análisis de la situación fáctica que refleja el expediente, habida consideración que mediante auto de 9 de julio de 2004 adoptó la medida cautelar, orden que remitió a través del correo oficial (fol. 8 c. copias), dispuso varias veces requerir al pagador y/o propietario de la empresa donde laboraba (fols. 53, 55 y 59) para el acatamiento de la cautela, y finalmente en auto de 21 de julio de 2005 (fol. 61) mandó tramitar incidente contra los obligados a obedecerla por haber incumplido la misma; de ello se infiere que ni por asomo, estructuran la vía de hecho que le endilga la demanda de amparo, a pesar de que pueda haber otro sistema plausible para interpretar los elementos de persuasión que tuvo en cuenta para formarse el convencimiento en torno a la cuestión objeto de las determinaciones atacada.

3. Por consiguiente, el Juez constitucional no puede usurpar las funciones asignadas por la Carta Magna y por la ley al funcionario encargado de dirigir y adelantar el trámite procesal para imponerle una determinada forma de aplicación de las reglas que disciplinan el aspecto materia del ataque por vía de la acción de tutela, pues su función es la defensa de los derechos fundamentales y no la interpretación de normas aplicables por los juzgadores de instancia.


4. En consecuencia, no resulta viable el amparo deprecado, como así lo resolvió el Tribunal.
DECISION
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de la procedencia y fecha preanotadas.
Notifíquese lo aquí resuelto a las partes, y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE,


EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ


JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR


CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA


SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE




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