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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Magistrada Ponente

MARGARITA CABELLO BLANCO
Bogotá D. C., treinta (30) de julio de dos mil trece (2013).
Discutido y aprobado en Sala de 24-07-2013

Ref. Exp. 08001-22-13-000-2013-00272-01
Se decide la impugnación interpuesta contra la sentencia de 29 de mayo de 2013, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acción de tutela promovida por Karla Milena Cardale Cantillo, Rafael Salas Correa, Yiran Pantoja, Nivies Alexandra Maldonado Camargo, Yulieth Paola García Ahumada, Doris Esther Vergara Vásquez, Ana Cecilia Teheran Ochoa, Danerys Esther Polo Vergara, Deivis Alberto Herrera Dehoyes, Jennifer Yesarys García Mejia, Yulis Paola Arias Caballero, Yuri Alberto Barrios García, Martha Erazo Romero, Luz Dary Molina, Ivon Marcela Díaz López, Ruth Emiliani Parejo, Oscar Maldonado Camargo, Dayana Margarita Pacheco, Johana A. Cabrera, Julia Raquel Barrios Ariza, Danilo Enrique Vizcaino Barrios, Johana Patricia Plaza Montaño, Marta Lucia Niño Parejo, Jasson Lorenzo Barrios Plata, Robinson Rojano Gulfo, Yeimis Rojano Gómez, Holman Parra, José Ivan Parejo Mejia, Jackson Everts Ortiz Barandica, Luz Dari Martínez Rosero, Liseth Karina Parra, Belvis Janeth Londoño, Luis Armando Coba Barrios, Ana Silva García, Ofelia María Acevedo Lambraño, Bertha García, Julibeth Pantoja García, Ariel Arboleda, Freddi Niño López, Liceth Puentes Cassianis, Manuel Enrique Díaz Ortiz, Argemida Berrio, Jonathan Arias William, Ana Victoria Berrio Gómez, Samyr Arias Caballero, Vanessa Navarro, Angie García Ahumada, Saidy Milena Soto, Ingrid Cardona, Kareny Vergara Vásquez, Gina Paola García Ahumada, Gloria Meléndez Gamarra, María Viviana Vargas Cuesta, Yasselis López Gutiérrez, Martha Lucía Calderón, Mayra Alexandra López Gutiérrez, Ana Luz Gutiérrez y Juana Palacios Orozco frente al Juzgado Trece Civil del Circuito y la Inspección Segunda Especializada de Policía, ambos de esa misma ciudad y José Uberney Quintero Castaño.

ANTECEDENTES

1.- Los gestores demandaron la protección de las garantías fundamentales al debido proceso, igualdad, vivienda digna, trabajo, legítima defensa, salud y “contradicción”, y los derechos de los niños, presuntamente conculcados por los convocados.

2.- Afirmaron, como sustento de su queja, en síntesis, los siguientes hechos relevantes:

2.1.- Que con ocasión a un juicio reivindicatorio instaurado por la Nación-Ministerio de Transporte contra Ana Cecilia Teran Ochoa, el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla ordenó la entrega del predio objeto de la litis, comisionando para tales efectos a la Inspección Segunda Especializada de Policía de la citada ciudad, autoridad que la llevó a cabo el 25 de abril del año que avanza, a la hora de las “5:00 A.M”, sin que se les hubiese notificado sobre la misma, aunado al hecho que se desconocieron las mentadas prerrogativas fundamentales, habida cuenta que “procedieron A SACARNOS A LA FUERZA CON EL AUXILIO DE LA POLICÍA despojándonos de nuestros hogares a la fuerza e intimidatoriamente ‘disque’ porque el lote en donde estamos viviendo era un inmueble que según ella era del ESTADO Y PÚBLICO y después procedieron a tumbar nuestras (66) casas con catapilas (sic), retirándolas con varios camiones y coteros contratados por ellos, casas que con tanto esfuerzo construimos desde hace mucho tiempo vendiendo tintos, empanadas, jugos, haciendo rifas y endeudándonos con pagadiarios”.

2.2.- Que la susodicha delegada consignó en el acta “CONSTANCIAS FALSAS”, tales como que, el inmueble estaba debidamente identificado, “sin haber intervenido un perito y sin haberse hecho la medición respectiva…”, asimismo, dijo que se trataba de una “invasión”, lo cual no es cierto, pues “nunca se construyó por nosotros ningún cambuche de lo contrario que nos lo demuestren con fotografías porque no es cierto”, que varias casas se encontraban “deshabitadas, hecho este que es totalmente mentiroso e ilegal pues…estábamos en nuestras casas durmiendo y algunos levantándonos cuando llegó la Inspectora y el grupo de Antimotines a las 5:00 a-m., SORPESIVAMENTE y sin notificación por aviso enviado por una oficina de envíos oficial”.

2.3.- Que ante el enfrentamiento suscitado con la fuerza pública la citada funcionaria “accedió a solicitar y a anotar el nombre e identificación de algunas de las personas que se encontraban según ella en algunos de los ranchos…”; sin embargo, no permitió ejercer nuestra defensa, de lo que tampoco quedó constancia en el acta. Por lo demás, tienen conocimiento que a la “señora ANA CECILIA THERAN OCHOA, quien fue la última en salir del lote a quien no le tumbaron su casa la indemnizaron con $2.000.000,oo y al señor LUIS CASTILLO LUNA, lo indemnizaron con $5.000.000,oo y a nosotros que somos personas pobres y de escasos recursos económicos y como no nos reconocieron al abogado que pusimos [al] doctor Ahumada, nos sacaron del lote como si fuéramos unos perros…”, aunado al hecho que la entrega del predio se realizó a un tercero Vertel Castro Andrés David en contravía a lo mandado en el despacho comisorio.
3.- Solicitaron, en consecuencia, ordenar a la Inspección Segunda acusada que: i) deje sin valor ni efecto la diligencia practicada el 25 de abril de 2013 y, en su lugar, que la vuelva a realizar; ii) que “bus[que] los medios necesarios para VOLVER LAS COSAS A SU ESTADO ANTERIOR” y, subsecuentemente, que les reconozca la indemnización a la que tienen derecho, para lo cual “deberá estimarse para cada uno de los accionantes” con el auxilio de un “dictamen pericial”.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS

1.- El Juzgado Trece Civil Circuito de Barranquilla, tras hacer un recuento de las etapas procesales surtidas en el proceso reivindicatorio, las cuales considera se hicieron con apego a los parámetros legales del caso, precisó, que por sentencia proferida el 11 de octubre de 2011, declaró que “pertenece el dominio pleno y absoluto a la Nación-Ministerio de Transporte el inmueble…”, en virtud de ello, libró despacho comisorio n° 056, remitido con oficio 3626 de 11 de octubre de 2012, a la Inspección General de Policía Distrital de la misma ciudad a fin de que lo diligenciara, por lo que lo ocurrido en esta no es de conocimiento de su despacho (fls. 131 y 132 cdno. principal).

2.- La Inspección Segunda Especializada de la citada urbe, arguyó, en síntesis, de una parte, que no ser cierto las imputaciones que le enrostran los quejosos, pues a las personas que se encontraban en el lugar se “les concedió todas las garantías constitucionales y legales y en el cuerpo de la diligencia quedó plasmado, es más esta se encuentra suspendida por la “complejidad de la misma”; y, de otra, que el predio debe entregarse a Andrés David Vertel Castro, por la “Cesión a título gratuito de bienes fiscales que hiciere el 18-01-2013, a la Central de Inversiones CISA, y comprobado que esta a su vez vendiera el 27-02-2013, [a aquel señor], debidamente inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con matrícula inmobiliaria # 040-438959”.

Agregó, que como quiera que con ocasión a dichos sucesos, entre otros, se han presentado situaciones de amenazas en contra suya y demás funcionarios, procedió a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación tales hechos (fls. 144 a 148 ejusdem).



EL FALLO IMPUGNADO

El Tribunal a quo, luego de advertir que las garantías constitucionales deprecadas no fueron conculcadas, denegó el amparo rogado, al estimar, en primer lugar, que el inmueble objeto de restitución es de naturaleza “fiscal, que de conformidad con el artículo 63 de la Constitucional Política, es inalienable, imprescriptible e inembargable, y por esta razón, está fuera de todas las prerrogativas del derecho privado que pueden vulnerar el fin para el que ha sido concebido, vale decir, su destinación al uso por todos los miembros de la comunidad”, máxime que se respetó el debido proceso, “como quiera que la diligencia se efectuó con citación y acompañamiento de la policía, las partes del referido proceso ordinario…y el Ministerio Público”, por lo que la consecuencia jurídica no podría ser otra, luego no había lugar a evitar la entrega.


En segundo término, no está acreditado “ni siquiera existe certeza de que en realidad estuviesen ocupando el aludido predio; por lo que [en] esas circunstancias no podrían considerarse por sí solas, fuente de derechos subjetivos o de expectativas legítimas, ni dar pie a la suspensión del lanzamiento, ya que ello implicaría la legitimación de una actuación de hecho, en desmedro del principio de legalidad, pues no obstante la informalidad que circunda esta acción constitucional, resulta necesario precisar que la valoración de las condiciones para amparar derechos fundamentales presuntamente vulnerados, se encuentra sujeta a los hechos y pruebas que apoyan la solicitud de amparo, vale decir, la determinación del juez de tutela debe ser llenada con razones extraídas de los medios demostrativos que alleguen los sujetos de este trámite”.
En fin, no obstante la improcedencia de la solicitud, advirtió oportuno informar a los quejosos que para “…acceder a los programas de vivienda” deben acudir a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, “autoridad a la que se exhortará, para que analice las condiciones socio económicas de aquellos, y les brinde [la] información…” requerida (fls. 195 a 205 ib.).
Posteriormente, por auto de 13 de junio del año que avanza, negó “la aclaración o complementación del fallo del 29 de mayo de 2013, solicitado por las señoras Ana Cecilia Teherán Ochoa y María Vargas…”, pues las “…pruebas testimoniales que según el sentir de las actoras no fueron ordenadas ni valoradas por esta Corporación los elementos probatorios aportados, se advierte que tal argumento no constituye un punto que deba ser objeto de pronunciamiento mediante adición, pues debido a la perentoriedad de la tutela, no se estimó necesario decretarlas, habida cuenta que los elementos probatorios aportados, estos resultaron suficientes para decidir, sin que con ello pudiera haberse incurrido en alguna omisión” (fls. 225 y 226 cdno. principal)
LA IMPUGNACIÓN
La interpuso Ana Cecilia Teherán Ochoa (quien fungía como parte demandada en el juicio de marras) y María Viviana Vargas Cuesta en calidad de accionantes, medularmente, pidiendo que “lo único que buscamos con esta tutela y el trámite de impugnación es que se ordene a la Inspección Segunda Especializada nos tenga en cuenta para que intervengamos en la próxima diligencia en continuación de la diligencia suspendida el 25 de abril de 2013”.

CONSIDERACIONES

1.- La Corte ha recalcado que la tutela fue instituida como una alternativa extraordinaria para la salvaguarda inmediata de las garantías fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para protegerlos, salvo que se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable

Y por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando “el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley” (sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, que se cumpla el requisito de la inmediatez, pues si bien no existe un plazo determinado para ejercerla, por su naturaleza, objeto y finalidad, debe intentarse en un tiempo razonable, de tal forma que permita la protección efectiva y pronta de la prerrogativa fundamental amenazada.
2.- Observa la Sala que la queja constitucional planteada involucra al Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, en tanto que este despacho desató el juicio reivindicatorio, mediante sentencia de 11 de octubre de 2011, declarando que el bien objeto del litigio le pertenecía a la Nación-Ministerio de Transporte, por lo que para la entrega del predio libró el despacho comisorio n° 056 el 11 de octubre de 2012, comisionando para el efecto a la Inspección General de Policía Distrital de la misma Urbe para que la practicara, hechos respecto de los cuales afirman los quejosos dio origen a la perturbación a la “posesión” del bien que ocupan con sus respectivas familias.

En segundo término, la enfilan de cara a la Inspección Segunda Especializada Municipal de Policía de esa ciudad, por cuanto esta incurrió en varias irregularidades durante el desarrollo de la misma, ya que no les permitió ejercer su derecho de defensa a fin de oponerse a su práctica, no obstante que de tales circunstancias no se dejó constancia en el acta que para el efecto levantó la susodicha funcionaria, amén que no fueron notificados de la iniciación de aquella, razón por la que, piden, que en la próxima fecha señalada sean escuchados.

3.- Del memorado relato, resulta improcedente el amparo rogado contra el Juez convocado porque ha transcurrido un holgado plazo desde cuando emitió la citada providencia (sentencia de 11 de octubre de 2011) y ordenó materializar la entrega del bien a la parte demandante (11 de octubre de 2012), sin que la demandada (hoy accionante) hubiese aducido ninguna razón que justificara la demora en promover la acción de tutela, que sólo vino a ocurrir el 15 de mayo del presente año.

A propósito de la urgencia de acudir a esta acción excepcionalísima, la Sala puntualizó que “...en efecto, a pesar de la desaparición del término de caducidad de dos meses que el art. 11 del Dec. 2591 de 1991 había señalado para ejercer la acción de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido ‘Que si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política’. Por lo tanto, resultará improcedente la acción de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito de la tutela para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública. (Sentencia T-797/02 de 26 de septiembre de 2002.)

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Política señala como finalidad del ejercicio de esta acción, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y , también, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente.

Ahora, si bien la jurisprudencia no ha señalado de manera unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplío que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción y, menos aún, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados.

(...)


Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante. (Sent. 2 de agosto de 2007, exp. T. No. 00188 -01, reiterada en T. 14 de marzo de 2012, Exp. 2012-00321-01, entre otras).

4.- Tampoco puede prosperar frente a la Inspectora recriminada, pues esta en cumplimiento del despacho comisorio n° 056 emanado del Juzgado accionado la inició el 25 de abril de 2013, dejó constancia en el acta de las personas que intervinieron en la misma sin que la impugnante María Viviana Vargas Cuesta aparezca relacionada como las otras personas, de donde se infiere que no obstante encontrarse presente no hizo uso de los mecanismos que la ley procesal civil le brindó para hacer valer sus reclamos, ya que no se resistió a la diligencia de entrega del inmueble objeto del litigio en los términos del artículo 338 del código adjetivo, pues, pese, a que en su escrito de tutela contraargumenta que la funcionaria consignó en el acta “constancias falsas” y que por lo mismo no le permitió ejercer su derecho de defensa, lo cierto es que aquella no aparece como participante de la misma; así las cosas, tal afirmación coloca en entredicho, no sólo la presunción de legalidad y acierto de la que goza esa actuación, sino la de autenticidad y veracidad que ampara dicho documento público, de modo que puesta la queja en esos términos, tal debate no es susceptible de ser definido en este escenario breve y sumario, pues la exigencia probatoria que demanda desvirtuar sus atributos y efectos legales amerita, por sí sola, que sea el proceso previsto en la ley el adecuado para definir la contienda.

Cabe acotar que sobre este aspecto la Corporación precisó que “[…] el cuestionamiento que el accionante realiza respecto de las actuaciones de las autoridades judiciales demandadas se contrae, por una parte, a que en su sentir el juzgado comisionado para practicar la entrega de los inmuebles comprometidos en el proceso ordinario reivindicatorio al que alude, debió tramitar como “oposición” a dicho acto la manifestación que realizó de ser el “poseedor” del inmueble, y por otra, acusa al Juzgado Segundo Civil del Circuito de no haber elaborado correctamente el despacho comisorio que habilitó la entrega, así como reprocha que la sentencia no fue cumplida dentro de los términos del artículo 337 del Código de Procedimiento Civil.


Precisado lo anterior, es claro que el acta levantada el 13 de octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión de Bogotá es un documento público que debe valorarse bajo la óptica de la buena fe y de la presunción de veracidad de las declaraciones en ella contenidas, salvo prueba fehaciente que demostrara lo contrario, lo que lleva a aceptar que en el caso materia de juzgamiento el aquí accionante, una vez inquirido por la autoridad judicial encargada de practicar la diligencia para que aclarara la calidad en la que ocupaba el inmueble, se limitó a manifestar que “era poseedor” y “…que no tenía nada más que agregar…”, motivo por el cual, es factible deducir la inexistencia de una oposición en los términos del numeral 2º del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil que no daba cabida a la interpretación que reclama el impugnante, máxime cuando tampoco ninguna prueba demuestra que esa decisión haya sido rebatida en su escenario natural, pues la denuncia disciplinaria a que se alude no es suficiente para rebatir la certidumbre de lo consignado en el acta”. (Exp. T. 2011-01626-01 de 31 de enero de 2012).


Del mismo modo, ha sostenido la Corporación en cuanto que la calidad de poseedora que alega respecto del bien objeto de entrega, que también lo puede alegar “[…] a través del incidente de que trata el parágrafo 4° del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil y en el término consagrado en la aludida disposición, o en caso de controvertir su falta de vinculación en la acción de dominio, cuenta con el recurso extraordinario de revisión, al margen de su desenlace, eso sí, siempre y cuando atienda la oportunidad legal y se apoye en una de las causales establecidas en el artículo 380 ibídem, circunstancias que también impiden la prosperidad de esta reclamación dado su carácter subsidiario (sentencia 30 de noviembre de 2012, expediente 00339-01).

Y, en cuanto a la determinación de rechazar de plano la oposición planteada por la demandada Ana Cecilia Teherán Ochoa, baste decir que tal decisión tiene el respaldo legal previsto en el artículo parágrafo 1º del numeral 1º del artículo 338 del código adjetivo, luego era dable proceder conforme lo antes expuesto,

5.- Al margen de lo anterior, advierte la Corte que, en este caso, tampoco se dan los supuestos del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, para dispensar el amparo transitorio que reclama María Viviana Vargas Cuesta, en tanto que el perjuicio irremediable invocado no cuenta con respaldo probatorio en esta actuación.

Sobre el particular, es de ver que no hay ningún elemento de juicio que lleve a entender que los derechos fundamentales implorados por la actora se encuentran en una situación de inminente riesgo, al punto que sea necesaria la intervención impostergable del juez constitucional para que adopte medidas urgentes en orden a preservar las garantías superiores.

A la postre, las referencias que hace en el sentido de carecer de los recursos para procurarse otra vivienda o estar afectado su mínimo vital y el de su descendencia al realizarse la diligencia de entrega del inmueble que habita junto con su familia, no son suficientes como para dar por establecido el daño irreversible y determinante que exige el precepto arriba enunciado, puesto que, en un evento como el aludido, la interesada debió acreditar su dicho, amén que el juez constitucional no puede arrogarse prematuramente facultades que no le corresponden, decidiendo lo que debe resolver los funcionarios competentes.

Lo anterior, se refuerza con el hecho de que en principio, la práctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por sí misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales …De hecho, ese tipo de medidas responde a órdenes legítimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acción de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podría impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales” (Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de noviembre de 2006, citada el 23 de octubre de 2012, exp. 01670-01).

6.- En este orden de ideas y sin más elucubraciones, la Sala ratificará el fallo objeto de opugnación.



DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.


Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
MARGARITA CABELLO BLANCO

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ




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