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República de Colombia Tutela 21380 A/. Euclides José Villamil García Corte Suprema de Justicia


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República de Colombia Tutela 21380

A/. Euclides José Villamil García





Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÒN PENAL




Magistrado Ponente:

Dr. ALFREDO GÒMEZ QUINTERO

Aprobado Acta No. 55

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil cinco (2.005).

VISTOS:

Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela instaurada por el ciudadano detenido EUCLIDES JOSÉ VILLAMIL GARCÍA contra el Tribunal Superior de Riohacha, en procura de amparo de su derecho constitucional fundamental a la igualdad.




FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:

Señala el accionante que interpuso una acción de tutela contra el Tribunal Superior de Riohacha, porque habiendo interpuesto el 19 de agosto de 2004 el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, la impugnación no había sido decidida hasta la presentación de la demanda –abril 6 de 2005-.


Expresa que resulta extraño que la misma autoridad accionada sea la que haya conocido de la demanda presentada con el propósito de que se desatara la impugnación ordinaria, pues se le informó por aquella que la tutela dirigida contra el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Riohacha fue negada, cuando contra ese despacho judicial no la había instaurado, decisión –que de otro lado- no pudo recurrir al no permitírsele una copia de la misma.
Cita como derecho fundamental violado el de igualdad, además de reproducir apartes de sentencias de tutelas relacionadas con su procedencia respecto de las decisiones judiciales.
CONSIDERACIONES:

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política es un instrumento para la defensa de los derechos fundamentales de las personas, cuando los mismos han sido vulnerados o amenazados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares en los casos señalados por la ley, pero de modo alguno puede constituirse en un mecanismo para dar respuesta a toda inquietud o inconformidad que se tenga con una decisión judicial.


La violación del derecho fundamental de igualdad la fundamenta el accionante en la circunstancia de haber sido el tribunal quien decidiera la tutela, esto es, que le reprocha haber actuado como juez y parte.
La información traída a la actuación permite establecer que el 6 de abril de 2005 VILLAMIL GARCÍA instauró una acción de tutela contra el Tribunal Superior de Riohacha por violación del derecho de petición, al manifestar en ella que desde el 19 de agosto de 2004 se hallaba la actuación en esa Corporación surtiéndose el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda se hubiera hecho pronunciamiento alguno.
Esa afirmación contenida en el escrito no resultó cierta, pues en el trámite de la tutela la Sala pudo establecer mediante información obtenida de la secretaría de dicho tribunal que el proceso seguido a VILLAMIL GARCÍA no se encontraba allí y que hasta ese momento no había conocido de ningún recurso interpuesto al interior de la actuación que se le adelantaba al accionante.
En esas condiciones y en obedecimiento a lo dispuesto por el decreto 1382 de 2000 que estableció las reglas para el reparto de la demanda y a lo previsto por el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, en cuanto que la competencia para conocer en primera instancia es del superior funcional del accionado y de los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaron la presentación de la solicitud, se ordenó su remisión a ese juez colegiado.
En efecto, al haberse establecido que la autoridad contra la cual se dirigió inicialmente la acción no había conocido de la actuación y por tanto no le era imputable ningún acto omisivo y violatorio del derecho fundamental cuya protección invocaba, se dispuso con fundamento en el decreto 1382 su remisión al tribunal de Riohacha, superior funcional del juez que debía surtir el trámite de la apelación interpuesta contra la sentencia.
El fallo de la mencionada Corporación en obedecimiento al precepto que le otorgaba competencia para conocer de la acción no puede ser tachado de arbitrario por el accionante por la sola circunstancia de haber sido esa autoridad la que lo profiriera, cuando el mismo tiene origen en las reglas legales que establecen el reparto de la tutela y se ajusta cabalmente a él.
De otro lado, la notificación del mismo se hace a través de telegrama o por el medio más expedito –artículo 30 del Decreto 2591 de 1991-, sin que la ley disponga la obligación de remisión de copia ni imponga requisito adicional para su impugnación, siendo suficiente al momento de su comunicación o dentro de los tres (3) días la manifestación de recurrirlo.
Como el tribunal obró dentro de la órbita de su competencia y no puso obstáculo alguno para que el accionante impugnara la decisión, ya que según lo informado por la autoridad accionada no solicitó copia alguna del fallo ni elevó petición en ese sentido, no se observa que haya incurrido en una vía de hecho que hiciera posible la tutela contra una sentencia de tutela, pues la intervención de la Corporación se sustenta en lo que dispone el ordenamiento jurídico y el acto de notificación del fallo se ajustó a las previsiones legales, sin que pueda entonces predicarse que su actuar fue caprichoso y carente de fundamento objetivo.
Conforme a lo dicho en precedencia, la Sala declara improcedente la demanda de tutela por no existir violación del derecho fundamental cuya protección reclama el accionante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:

1. Denegar por improcedente la demanda de tutela instaurada por el ciudadano detenido EUCLIDES JOSÉ VILLAMIL GARCÍA.

2. De no ser recurrida esta decisión, remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notifíquese de acuerdo con lo previsto por el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase.

MARINA PULIDO DE BARÓN

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ HERMAN GALÁN CASTELLANOS


ALFREDO GÓMEZ QUINTERO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO


ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS


YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA

Teresa Ruiz Núñez

Secretaria






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