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República de Colombia Página de Tutela No. 40. 392 Luis josé ortíz carreñO y O. Corte Suprema de Justicia


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República de Colombia


Página de

Tutela No. 40.392

LUIS JOSÉ ORTÍZ CARREÑO y O.
Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:



DR. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta No. 28


Bogotá, D. C., cinco de febrero de dos mil nueve.
VISTOS

Resuelve la Sala la acción de tutela instaurada, a través de apoderado, por MARCOS FIDEL BAEZ CELIS, AMBROSIO DÍAZ RODRÍGUEZ, CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ RAMÍREZ, IRMA LIZCANO CALDERON, LUIS HERNANDO VIVIESCAS PARRA, JORGE PÉREZ, REYNALDO VEGA SERRANO, LUIS JOSÉ ORTÍZ CARREÑO, JORGE ENRIQUE VARGAS GONZÁLEZ, GUSTAVO MANTILLA MENDOZA, HERNÁN RUEDA GARCÍA y ERNESTO PARRA MANTILLA, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, seguridad social, vida, mínimo vital y favorabilidad, por cuanto la célula judicial consideró que como trabajadores oficiales –del municipio de Girón (Santander)- no se les podía aplicar la figura del despido colectivo, consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo.


Al trámite fueron vinculados el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad y el Municipio de Girón (Santander).

LOS ANTECEDENTES Y LA ACCIÓN

1. De la reseña procesal presentada por el demandante en tutela y de las evidencias allegadas al plenario, ha podido establecerse que los accionantes, a través de proceso laboral ordinario, demandaron al Municipio de Girón (Santander) para que en su favor se hicieran las siguientes declaraciones:


“a) Que entre el municipio demandado y cada uno de los demandantes existió una relación laboral, en la modalidad de contrato a término indefinido.

b) Que el municipio demandado despidió injustificadamente a los trabajadores.

c) Que el municipio pretermitió el trámite y autorización previa de que trata el artículo 67 de la Ley 50/90, modificatorio del artículo 40 del D.2531/65 y por ende incurrió en despido colectivo de los trabajadores.

d) Que en consecuencia, el municipio debe reintegrar a todos y cada uno de los trabajadores, previa la declaratoria de ineficacia de los despidos.

e) Condenar al municipio a reconocer y pagar a cada uno de los trabajadores oficiales despedidos, los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 15 de febrero de 2001 hasta cuando se haga efectivo el reintegro solicitado, o en subsidio la indemnización supletoria.

f) Condenar al municipio a reconocer y pagar todas y cada una de las cotizaciones a la seguridad social –en salud y pensiones- que correspondan a todos y cada uno de los trabajadores demandantes.

g) Que el municipio debe pagar la condena debidamente indexada.

h) Que el demandado cancele las costas del proceso.”


2. El trámite de la demanda lo asumió el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, autoridad que, mediante fallo del 31 de enero de 2003, entre otras decisiones, declaró que entre los trabajadores demandantes y el municipio de Girón existieron contratos de trabajo a término indefinido, bajo los parámetros de la Ley 6ª de 1945, los cuales terminaron a partir del 15 de febrero de 2001, por voluntad unilateral del empleador y absolvió al municipio accionado de todos los cargos formulados en su contra.
5. Al decidir la apelación interpuesta en contra del fallo absolutorio, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, a través de proveído del 8 de octubre de 2004, decidió confirmarlo.
6. Interpuesto el recurso extraordinario de casación, la Sala Laboral de esta colegiatura, a través de sentencia del 3 de abril de 2008, decidió no casar el fallo impugnado.
7. Ahora los accionantes, en el ejercicio de esta acción constitucional, censuran el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral, pues luego de apreciar el contenido de los artículos 3º del Código Sustantivo del Trabajo y el 67 de la Ley 50 de 1990, estimó que en el caso de estudio se presentó un despido colectivo, pero que a los trabajadores oficiales del municipio de Girón no se les aplicaba dicho instituto.
Por lo tanto, los actores solicitan se ordene su reintegro y el reconocimiento y pago de los derechos laborales y convencionales, prestaciones sociales, vacaciones y los aportes al sistema de seguridad social, desde la fecha de despido hasta cuando se haga efectiva su vinculación. Subsidiariamente, deprecan se declare la nulidad del fallo proferido por la accionada.

8. En el trámite de esta acción constitucional acudió el municipio de Girón, a través de su representante legal, solicitando se declare la improcedencia de la tutela, por cuanto la Sala de Casación Laboral, al momento de proferir su decisión, lo hizo con base en normas de orden público al determinar que a los trabajadores oficiales no les es aplicable el Código Sustantivo del Trabajo. Asegura, además, que el despido de los trabajadores accionantes se efectuó siguiendo un plan de reestructuración y el municipio cumplió con sus obligaciones laborales mientras existió la vinculación laboral. En suma, considera que no se está en presencia de una vía de hecho y por lo tanto la tutela no puede ser utilizada como mecanismo de protección transitoria.


9) Por su parte, el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga allegó copias de las piezas procesales que consideró fundamentales en el trámite del proceso ordinario censurado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Si bien es cierto esta Sala de Casación, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, venía rechazando de plano las acciones de tutela instauradas contra sentencias adoptadas por la Sala de Casación Laboral, ya fuesen de casación o las propias de órgano de cierre. Ello con fundamento en lo dispuesto en los artículos 234 y 235 de la Carta Política, según los cuales la Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, lo que implica que actúa como órgano límite, esta célula judicial ha variado su postura para admitir a trámite las demandas de amparo y proferir una decisión de fondo que, eventualmente, pueda ser revisada por la Corte Constitucional en cumplimiento de mandatos superiores (artículos 86 -inciso 2º- y 241 -numeral 9-).
Lo anterior no implica la procedencia irrestricta de la acción de tutela contra las sentencias de las salas especializadas, sino la pretensión de esta Sala de Casación de dar plena efectividad al derecho de acceso a la administración de justicia, acorde con la jurisprudencia constitucional.
Así las cosas, se tiene que la acción de tutela no puede utilizarse como mecanismo para controvertir las actuaciones y decisiones judiciales, a riesgo de desconocer la autonomía e independencia que se garantiza a favor de los jueces de la República, de acuerdo con la preceptiva del artículo 228 superior.

El carácter preferente y sumario que el constituyente le atribuyó a esta acción, no implica que pueda convertirse, so pretexto de acusar la violación de un derecho fundamental, en el medio apropiado para traspasar el límite propio de las actuaciones judiciales.

A pesar de lo dicho, el desarrollo de la jurisprudencia constitucional ha permitido concluir la procedencia de la acción referida cuando se trate de actuaciones que carezcan de motivación o fundamento objetivo, es decir, que sean sólo el reflejo de la arbitrariedad y el capricho del funcionario judicial, y generen inocultable perjuicio a la persona que invoca la protección.

En el presente caso los accionantes no demostraron ninguno de los defectos que estructuran la denominada vía de hecho, es decir, no desvirtuaron probatoriamente los fundamentos de la sentencia que pretenden invalidar.



Lo que se advierte sin lugar a equívocos es la discrepancia de criterios existente entre los accionantes y las dependencias judiciales accionadas en torno a la interpretación normativa y jurisprudencial para la protección, en caso de despido colectivo, de trabajadores oficiales, temática que en el fallo censurado fue abordada de la siguiente manera:
Así, en la sentencia del 25 de febrero de 2004, radicación 21710, se dijo lo que a continuación se trascribe:
Así las cosas y para resolver el asunto, interesa destacar, en primer lugar, las circunstancias de que la entidad demandada es una sociedad de economía mixta del orden nacional sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado; que la demandante ostentaba la calidad de trabajadora oficial y, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy de la Protección Social), declaró un despido colectivo de trabajadores de la demandada, tal y como se lee en el fallo acusado, lo cual permite decir que tiene razón la acusación, porque en tratándose de trabajadores oficiales no es imperioso obtener la autorización previa del Ministerio de la Protección Social a que se refiere el artículo 67 de la Ley 50 de 1990.
Así se ha dicho, entre muchas otras sentencias, en la del 30 de enero de 2003, Radicación No. 19108, reiterada en las del 27 de marzo de 2003, Radicación No. 19281; 30 de abril de 2003, Radicación No. 19947; 13 de agosto de 2003, Radicación No. 20199 y, más recientemente, en la de 20 de septiembre de 2003, Radicación No. 20845.
En la primera de las sentencias citadas, esto dijo la Sala:
‘…a través del tiempo se ha considerado que la figura del despido colectivo, consagrada antaño en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, no es aplicable a los trabajadores oficiales. No hay que olvidar que cuando el gobierno nacional trató de modificar esa regla, mediante el artículo 37 del Decreto Reglamentario No 1469 de 1978, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 25 de julio de 1985 anuló la expresión “trabajadores oficiales’.
“…En el punto concreto de la aplicación a tales trabajadores --trabajadores oficiales--, del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, hay que decir que en este caso su equiparación a servidores particulares no puede llevar a colegir que la realización de despidos colectivos por supresión de cargos originados en políticas de modernización o racionalización de gastos, esté supeditada a la implementación del trámite dispuesto en ese artículo, es decir, al permiso previo del Ministerio del Trabajo”.
“…De manera que las funciones de suprimir cargos y adoptar la planta de personal de las sociedades de economía mixta del orden nacional en los casos en que sea necesario reformar su estructura u organización, fueron radicadas por la ley en comento (489 de 1998) en el Gobierno Nacional, atribución que es ciertamente excluyente, luego de ninguna manera incumbe al Ministerio del Trabajo autorizar esas medidas, por el trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990”

De lo que viene de decirse, se concluye que los cargos no prosperan.”

Entonces, para que proceda la acción de tutela contra una decisión adoptada por funcionario judicial, se requiere que en la actuación procesal se haya incurrido en vía de hecho; es decir, una actuación arbitraria, irrazonable y distante por completo del ordenamiento jurídico y, por consiguiente, que genere agravio a los derechos del interesado, frente a la cual no se encuentre otro mecanismo judicial de protección o que, existiendo tal mecanismo judicial, se acuda a ella con el propósito de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

Si no se acredita la actuación arbitraria y, en cambio, solo se proponen cuestionamientos referidos a supuestas irregularidades respecto de la valoración de la prueba o sobre la interpretación jurídica por la cual optó el funcionario sin que alguna de esas situaciones trascienda a derechos fundamentales para vulnerarlos o amenazarlos, la acción de tutela resulta improcedente y debe negarse.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE
PRIMERO. NEGAR, por improcedente, la protección de los derechos fundamentales invocados por MARCOS FIDEL BAEZ CELIS, AMBROSIO DÍAZ RODRÍGUEZ, CARLOS JOSÉ MARTÍNEZ RAMÍREZ, IRMA LIZCANO CALDERON, LUIS HERNANDO VIVIESCAS PARRA, JORGE PÉREZ, REYNALDO VEGA SERRANO, LUIS JOSÉ ORTÍZ CARREÑO, JORGE ENRIQUE VARGAS GONZÁLEZ, GUSTAVO MANTILLA MENDOZA, HERNÁN RUEDA GARCÍA y ERNESTO PARRA MANTILLA.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN


TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria





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