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República de Colombia Corte Suprema de Justicia


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Magistrado Ponente
Radicación n° 39941

Acta No. 32
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil doce (2012).
Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por LUIS FERNANDO VÉLEZ CUADROS, Representante de Derechos Humanos del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, contra el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga el 28 de junio de 2012, dentro de la acción de tutela que instauró contra los MINISTERIOS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DE HACIENDA y DEL INTERIOR – FONSECON-, el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-, el ESTABLECIMIENTO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRÓN –EPAMS GIRÓN-, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, CAPRECOM EPS, la DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL SANTANDER y la PROCURADURÍA REGIONAL DE SANTANDER –COORDINADOR DE DERECHOS HUMANOS-.

  1. ANTECEDENTES



Eusebio Aranda Córdoba, José Fermín Bocanegra, José Elver Cruz Ortiz, Pablo Emilio Niño Caballero, Marlon Ferney Gómez Sánchez, Dairo Ceballos, Martín Adrian Patiño, Demetrio Mateus Moreno, Andrés Tabares, Fredy Bueno, Johan Agudelo Montes, Javier H. Carrillo Bustos, Luis Gabriel Salinas, Kenner Andrey´S Ospina, Julio Ernesto Gómez Pérez, José Manuel Santos Berrío, Alejandro Lopera, Alexander Tamara, Luis Rodrigo Salazar R., Víctor Hugo Guzmán Giraldo, Fernando Betancourth, Sergio A. Cataño Jaramillo, José Ortiz Rodríguez, Enier Marín, Luis Fernando Vélez, Wilson Díaz Ariza, Jonathan Castro, Marlion Velásquez, Miguel Ángel Parada. Jorge Torres, Jhon Alexander Ariza Ariza, Rodrigo Navarro Galvis, Yan Leonardo Lozano, Ever Johnny Vásquez Arboleda, Jhon Jairo Beleño Zúñiga, Jefferson M. Blandón Izquierdo, Mario Dimas Guerrero, César Vélez Correa, Omar Baquero Tole, Carlos Ramírez, Javier Villamizar O., Benjamín Puentes o Plugutes (T.D. 1166), Sergio A. Villamizar O., Freddy Lizcano, William Suárez Ortiz, Mario González Estrada, Guillermo García, Jaime Dennis Herrera Barrios, Carlos Rivera Pérez, Juan Carlos Londoño, Jhon Mauricio Álvarez Sánchez, Nelson Orlando Berrío, Hernán Darío Hernández, Alvaro Hincapié, Alexander García Rincón, William Bueno Valencia, Edison Fernando Gutiérrez, Nolberto Zapata Peña, Fiderman Parada (T.D. 3532), Daniel Toloza, Yair Alexander Lafaux Vásquez, Lauriano Sepeda, Rubén Octavio Moreno, Barón García, Edilmer Pino, William Saldaña, Luis Sanabria, Guillermo Andrés Cano, Anderson Mira, Marco Aurelio Fonseca, Sergio Alberto Becerra, Gustavo Anaya, Samuel Visviescas Pinilla, Edwin Márquez Ciron, Jeisson Fabian Vargas, Luis Moisés Sandoval, Luis Carlos Flórez Guerrero, Juan Carlos Pinto, Jerson Valderrama Celis, Banei o Baner Gómez, Luis Hernando Jaimes, Camuri Alberto Moulan (T.D. 2699), Alberto Chapeta Leguízamo, Favio Márquez Hurtado, Eugenio Jesús Maestre Gómez, José Martínez Gálvez, Daniel Contreras Sanabria, Jaime Carreño Rondón, Eliécer Estevez Santos, Giovanny Zapata, Elver Mogollón, Fredy Vega Jiménez, Iván José Andarad Chamorro (T.D. 4105), Wilmer Benavidez Téllez, Edinson Arley Agudelo, Daniel Macundo F (T.D. 3964), Robinson Usuga S., José Durfay Arias (T.D. 4098), César O. Vergara, Freddy Andrés Peña, Javier Alexander Mocada, Luis Martínez, Jairo Macualo Fernández, Wilmer Javier Pérez, Alexander Gallego Blandón, Jhonatan Barrios Bautista, Rafael Eduardo Henríquez, José Francisco Quiñonez Arias, Antonio Posada Ciro, Diego Cardona Flórez, Andrés Gómez, Oscar Javier Galeano, José Eli Parra Ramos, Franklin Parrada (T.D. 3299), Leonardo Corrales Martínez, Omar Fontecha, Julio E. Bueno, Edison Mejía Cardona, Gustavo Rangel Díaz, Gustavo Villa Muriel, Juan Pablo Lozano, Deivi Mendivi Ortega, Juan Manuel Gómez, Car Freddy Gaitán Pinto, Luis Carlos Carmona, Manuel Moroca Sarama (T.D. 4426), César Augusto Tirado, Edwin Humberto Ortiz, José Marroquín Olaya, Darío Ayala Fonseca, Gustavo Betancur Díaz, Rubén Darío Palomino, Cortés Villegas (T.D. 4358), Wilber Vega Monsalve, Jon Parada, Millar Osorno Morales, Jhon Alexis Betancur, Orlando Bustamante Zapata, José Bleceseo (T.D. 427), Albert Giovanni Casiron Echevarría (T.D. 3436), Edinson Rua Echevarría (T.D. 4364), Fredy de Jesús Vasco, Alexander Ramírez Góez, Ángel Ropero Suárez, Felix Sánchez Sánchez y Jhon Jairo Ramírez Ospina, instauraron acción de tutela por la violación a los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso, a la dignidad humana, a la salud, a la familia y al libre desarrollo de la personalidad, los que consideraron vulnerados por las accionadas, con fundamento en los siguientes hechos:
Que en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, muere un interno por año y en todos los sitios del reclusorio, hay maltratos y atropellos por parte de la Guardia, sin que se denuncie por temor a represalias.
Que los representantes de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo “llevan 9 años haciendo reuniones, presentando informes y la situación ha empeorado”, que “ven un futuro incierto y negro”, sino se toma una decisión radical, toda vez que sus derechos constitucionales van “de mal en peor”.
Que el INPEC les vulnera el derecho al debido proceso, pues las peticiones y las comunicaciones “demoran más de un mes represadas en el área jurídica” antes de salir a los despachos judiciales respectivos.
Que también “violenta” el derecho a la dignidad humana, con el servicio de alimentación al no cumplirse el contrato de “26 mil millones de pesos”, porque “no han entregado las viandas” ni los horarios y la comida la entregan “cuando los internos están encerrados (…) y no abren las puertas”, y la presentación de los alimentos “es similar a la de una aguamasa”; que se paga el salario mínimo a los internos que “preparan” la alimentación y trabajan casi 20 horas diarias; que también “es bastante caótica” la situación en cuanto a las encomiendas, pues se obliga a los familiares de los internos a colocarlas cada mes y cuando llegan “los elementos son muy pocos los que dejan entrar” y los guardianes los dañan en su presentación; que hay anomalías en el “expendio”, al restringir la compra según cantidades y elementos, y con un incremento hasta del 80% “con referencia al valor de la calle” de los mismos productos; que existe hacinamiento en el penal e igualmente son transportados a las diligencias con doble cupo en los vehículos “bajo el sol y la sofocación”, y pese a que algunas diligencias son a las 3:00 p.m. o 4:00 p.m., los sacan desde las 5:00 a.m. y son resguardados en un calabozo de “2x2”, donde ingresan 20 internos; que son insultados y golpeados por los guardianes, cuando les encuentran “algo prohibido”; que el régimen de control interno solo permite “12 relaciones conyugales al año”, cada una de 45 minutos, en instalaciones desagradables.
Que el derecho a la salud, también es vulnerado, pues cuando un interno se enferma deben “rogarle”, al pabellonero, quien no tiene conocimientos en primeros auxilios; que el área de sanidad no tiene atención y sus condiciones físicas son “peores que las de un calabozo”, sin baños, ni sillas para sentarse, ni colchonetas y camillas, en un ambiente insalubre, con un solo medicamento para todas las enfermedades “cuando lo hay”; que cuando llegan a las desagradables instalaciones de sanidad, les toca esperar para ser atendidos; que si el caso es de gravedad y remisión deben esperar más o menos 2 horas para que les autoricen salida, la cual de darse, les impone viajar una hora por “carretera destapada en condiciones traumáticas para llegar a un hospital”; que no “está Caprecom”, ni el Inpec ni la Aseguradora la Aurora para que cumplan en la atención médica; que no han servido los reportes a la Procuraduría General de la Nación, ni a la Defensoría del Pueblo, estando en “constante riesgo” la salud y la vida de los internos; que la única que salva la situación y atiende manera especial es la odontóloga, que “hace hasta lo imposible”, pero no es suficiente para suplir las necesidades.
Que el derecho a la familia, así como el trato a los familiares que los visitan es “feo” y crean traumas para su ingreso y cuando “logran llegar al área de visitas” se encuentran indispuestos, luego de haber sido violentados y humillados por el Inpec al practicar, muchas veces, requisas “desagradables y prohibidas”, que de no ser aceptadas impiden que se les autorice el ingreso.
Que interponen esta acción de tutela con el “fin de colocar punto final a todas las intransigencias y atropellos”, a los que están sometidos. Asimismo solicitan el amparo de los derechos fundamentales invocados y que los accionados, no los maltraten, mejoren la alimentación en “cuanto a porción, calidad y presentación”, autoricen el ingreso de todos los elementos y útiles de aseo que les llevan sus familiares, mientras no se vulnere el régimen interno; que el “expendio” venda elementos variados y con “el precio y el aumento del 10%”, respecto del valor exterior y en las cantidades que los internos deseen; que se “arregle” el problema de hacinamiento en las celdas, solucionen el trato indigno en los traslados; que se respete la “visita íntima”, permitiendo las sábanas personales y “arreglen las instalaciones locativas”; que se solucionen las anomalías que existen en materia de salud, mejorando la atención y el calabozo en que son atendidos; que se respete a los visitantes implementando “pruebas técnicas y respetuosas”, no requisas abusivas y no sean devueltos por presunciones o sospechas mal infundadas y se instruya a los accionados que sus decisiones inciden en seres humanos, “sus compatriotas y (…) sus semejantes que están aportando todo para lograr el proceso de resocialización”.

  1. TRÁMITE

El 14 de junio de 2012, el Tribunal Superior de Bucaramanga avocó el conocimiento y ordenó notificar a las entidades accionadas, para que se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja constitucional.

Dentro del término de traslado correspondiente, los accionados se pronunciaron de la siguiente manera:

El Coordinador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación informó que revisada la base de datos de esa entidad, se encontró que los accionantes “no han realizado ningún tipo de solicitud”, para que ese Despacho intervenga a su favor y por ello, desconocían las pretensiones de esta acción de tutela. Igualmente se refirió a cada uno de los hechos de la presente demanda, solicitando que el amparo no debía prosperar por “cuanto existe una argumentación generalizada” de los mismos, que “consideran los tutelantes son violatorios de sus derechos, lo que impide precisar la vulneración solicitada”. Asimismo adujo que los peticionarios “pretenden atacar” por este medio, resoluciones expedidas por el INPEC de procedimientos que “permite la ley”, cuando la vía jurídica, para que sean reformadas las mismas, “no es con la acción de tutela, sino la acción de nulidad”. Finalmente pidió que “se libere” a la Procuraduría Regional de Santander del presente amparo, por cuanto ha cumplido con la función preventiva en la protección de los derechos de los internos y además, porque no puede “ir contra” las resoluciones del INPEC, ordenando su revocatoria o su modificación.


El apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que no se podía pronunciar respecto de la veracidad o no de las condiciones de “orden fáctico y situaciones jurídicas” expuestas por los tutelantes, teniendo en cuenta que esa entidad “no tiene dentro de su marco competencial” la administración de los Centros Penitenciarios y Carcelarios del País; que el presente amparo pretende que este Ministerio “usurpe funciones” propias de otras entidades y que además, disponga de recursos financieros que “ya fueron asignados y situados a órganos del presupuesto para atender y proteger los derechos fundamentales objeto de esta acción”.
El Defensor Regional del Pueblo de la Seccional Santander manifestó que “ha atendido oportunamente” las solicitudes efectuadas por los internos, asimismo “ha adelantado” las quejas que en su momento ellos han formulado.
La Directora Regional Oriente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- adujo que los accionantes no han presentado ningún tipo de queja ante esa Regional relacionada con la presunta vulneración a sus derechos fundamentales por el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos por ese Instituto. Igualmente solicitó declarar la improcedencia de la acción, toda vez que no ha vulnerado las garantías fundamentales de los peticionarios.
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INPEC, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la acción debe ir dirigida contra la Dirección del EPAMSCAS de Girón y no contra la Dirección General del INPEC.
El Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón se refirió a cada uno de los hechos de la demanda de tutela, aduciendo que “las manifestaciones impetradas en la presente acción (…) son temerarias y solo buscar satisfacer pretensiones particulares fundadas en falsas afirmaciones…”.
La Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, igualmente solicitaron la desvinculación de dichos Ministerios, por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que conforme al Código Penitenciario y Carcelario, los “traslados, sanidad, alimentación, régimen de visitas y medios de coerción concierne única y exclusivamente al Inpec”.
La Directora Jurídica Encargada del Ministerio de la Salud y Protección Social informó que en cuanto al Sistema de Seguridad Social en Salud de la población carcelaria, era importante “resaltar que existen 3 tipos de población reclusa que puede ser beneficiaria de la atención, distinguiéndose los siguientes: 1. La población reclusa en establecimiento de carcelario de orden departamental, distrital y municipal a cargo de los entes territoriales correspondientes. 2. La población reclusa que se encuentra afiliada al Régimen Contributivo, Subsidiado o a algún régimen de excepción, y 3. La población reclusa a cargo directamente del Inpec en establecimientos de reclusión del orden Nacional”.
La Directora Territorial (E) de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Territorial Santander informó que entre esa Caja y el Inpec, suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 092 de 2011; que si bien era cierto que Caprecom dentro del marco del aseguramiento del régimen subsidiado, estaba sometido a garantizar la prestación de los servicios de salud bajo los contenidos del plan obligatorio de salud POSS, la red prestadora de estos se encontraba debidamente contratada a través las IPS tanto propias como contratadas.
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, solicitó la desvinculación de dicha entidad, teniendo en cuenta que “es un organismo de control y vigilancia encargado de velar porque se cumplan las normas legales y reglamentarias que regulan el servicio público esencial de salud que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud a sus afiliados asignadas en la ley y demás normas reglamentarias, para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados”.


  1. EL FALLO IMPUGNADO

El Tribunal Superior de Bucaramanga mediante sentencia del 28 de junio de 2012, negó la acción constitucional al considerar que, “Los internos que firman el escrito tutelas (146), hacen imputaciones genéricas sobre la violación de sus derechos fundamentales, sin particularizar ni precisar sobre las mismas, en tanto que los accionados, traen el proceso material documentado que desvirtúa los hechos sustento de la petición de amparo”. Asimismo precisó que “si han existido abusos por agresiones es su derecho denunciarlos a las autoridades competentes, quienes son las llamadas a verificar la veracidad de los hechos, eventual autoría y responsabilidad; no se indica, modo, tiempo y lugar de ocurrencia que permitan analizar el requisito de procedibilidad de la inmediatez; y si en gracia de discusión se aceptara lo dicho por los autores, es claro que respecto de procedimientos de requisas, ingreso de visitas y remesas, visitas conyugales, y transporte de internos, por hallarse reglamentados no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para restarles validez”. Por último concluyó que “Si del hacinamiento se trata, el Juez constitucional no es coadministrador y por lo tanto no puede disponer del presupuesto y menos emitir órdenes en tal sentido; tampoco le incumbe revisar sobre el cumplimiento de los contratos administrativos celebrados o la supervisión de los mismos; en tanto que la vulneración a la salud no fue concreta, no se allegan fórmulas médicas que permitan establecer que se ha negado, respecto de los demandantes, servicios que requieran con necesidad; mientras que conforme a las pruebas aportadas e informes brindados por la Defensoría del Pueblo, Director del EPAMS Girón, y Procuraduría Regional, al aplicar, dan cuenta de la prestación actual del servicio médico de Caprecom. Así las cosas no es viable emitir órdenes que comprometen el presupuesto de una entidad, y menos dispensar mandatos indeterminados y abstractos, pues recaen sobre hechos inciertos y que no se acreditan personales sobre los suscriptores del amparo”.



  1. LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, el Representante de Derechos Humanos del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, presentó escrito de impugnación insistiendo en los argumentos expuestos en la demanda inicial.



  1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Sala confirmará el fallo impugnado, por cuanto los accionantes se valen de este mecanismo constitucional como medio alternativo de los procedimientos idóneos que ha previsto el legislador para dirimir las irregularidades que hoy se plantean. Veamos:


En el presente asunto, se tiene que son múltiples las solicitudes que elevan los actores, pero todas relacionadas a las condiciones que deben ser respetadas por las autoridades accionadas de acuerdo con su condición de internos.
Examinadas las diligencias se tiene que los peticionarios omitieron poner de presente el asunto motivo de censura ante las autoridades, pues es claro, que se trata de un tema exclusivo de sus funciones, sin embargo, se apresuraron a interponer la presente acción desconociendo que tenían otros medios de defensa, como era acudir, en primera instancia, ante la Dirección del Establecimiento Penitenciario donde se encuentra recluido, o en su defecto, ante la Dirección General del INPEC y/o Ministerio de Justicia y del Derecho.
Acceder a las pretensiones de los quejosos conllevaría a sobreponer la tutela por encima de los procedimientos y la competencia de las autoridades carcelarias encargadas de dirimir los asuntos relacionados con la población carcelaria, más cuando es sabido que una de las características esenciales de la solicitud de amparo es precisamente que no puede ser utilizada como mecanismo alternativo de otro medio de defensa judicial o administrativo.
Como se sabe, la prosperidad de la acción de tutela está supeditada a la demostración del quebrantamiento o amenaza de vulneración de por lo menos un derecho fundamental, y que esa violación o amenaza del derecho tenga relación directa con una acción u omisión imputable a la autoridad pública accionada. De lo contrario, la acción no está llamada a tener éxito.
Motivos por los cuales no se encuentran fundadas las presuntas vulneraciones anunciadas en la demanda de amparo y como bien lo sostuvo el Tribunal Superior de Bucaramanga, no resulta procedente el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado.
SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.
TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ




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