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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil corte suprema de justicia


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Magistrado Ponente:



ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009).-




Ref.: 11001-02-04-000-2009-01579-01


Se decide la impugnación interpuesta por la accionante en relación con la sentencia proferida el 16 de julio de 2009 por la Sala de Casación Penal de esta corporación, en la acción de tutela promovida por PILAR ANDREA GALEANO GONZÁLEZ contra el Juzgado Primero (1°) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y la Sala de Decisión Penal de Descongestión de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite al que fueron vinculados la Dirección Nacional de Estupefacientes, las Fiscalías Veinte (20) y Treinta y Una (31) Especializadas de la Unidad de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos y los herederos de Luis Fernando y Mario de Jesús Galeano Berrío.



ANTECEDENTES

1. A través de apoderado judicial PILAR ANDREA GALEANO GONZÁLEZ instauró la acción de tutela antes reseñada con el propósito de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad privada y a la aplicación de los principios de buena fe y presunción de inocencia, en cuyo sustento manifestó que mediante sentencia proferida por el Juzgado Primero (1°) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y confirmada por la Sala de Decisión Penal de Descongestión de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue declarada la extinción de dominio de todos los inmuebles de su propiedad tras considerar que fueron adquiridos por su padre, Mario de Jesús Galeano Berrío, con el producto de actividades de narcotráfico que ejerció desde el año 1985 y hasta 1992 cuando fue asesinado por Pablo Escobar Gaviria.


2. Agregó que dichas decisiones judiciales contienen una indebida valoración probatoria, pues no se observó que cinco de los inmuebles fueron adquiridos por su padre con anterioridad al año 1985 según acreditó; que a él tampoco se le condenó o investigó por narcotráfico, pues tal actividad sólo le fue endilgada a su tío Luis Fernando Galeano Berrío con posterioridad al año 1985 y hasta 1992 cuando también fue asesinado por Pablo Escobar Gaviria, según lo informaron los testigos Carlos Mario Álzate Urquijo, Jhon Jairo Velásquez Vásquez y Luis Enrique Ramírez Murillo; que la extinción de dominio se basó en un dictamen pericial contable rendido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre documentos referidos a los años 1986 a 1990 únicamente, y a pesar de ello se extingue el dominio de bienes que conforman un patrimonio conseguido en el lapso de 16 años; y que se recaudó suficiente acervo probatorio –además del ya citado- del que se desprende que su padre se dedicó a la construcción y que de tal actividad conformó su patrimonio.
3. Por último adujo que en las sentencias cuestionadas se aplicó la Ley 793 de 2002 para declarar la extinción del dominio, no obstante que sus bienes fueron adquiridos bajo la vigencia de la Ley 333 de 1996 y que, por ende, se trata de un derecho ya consolidado.
4. Solicitó, en consecuencia, que por vía de tutela se dejen sin efecto las sentencias arriba reseñadas.


LA SENTENCIA IMPUGNADA


El a quo denegó el amparo suplicado tras considerar que la acción es improcedente porque no cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que se instauró después de 5 meses de haberse dictado la sentencia de segunda instancia censurada; y porque la interpretación de la Ley 793 de 2002 fue razonable así como la valoración probatoria, pues las decisiones criticadas se basaron en las pruebas recaudadas en el proceso.



LA IMPUGNACIÓN


La accionante impugnó el fallo de primera instancia mediante la reiteración de los planteamientos expuestos en su demanda.



CONSIDERACIONES

1. Es pertinente recordar, en primer término, que la acción de tutela es un mecanismo procesal establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, el cual, en todo caso, no puede constituirse en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma Carta y el ordenamiento jurídico, en general, consagran para la salvaguarda de la mencionada clase de prerrogativas.


2. En el caso que se analiza se advierte que la acción promovida no se abre paso y, por consiguiente, deberá confirmarse la providencia impugnada, pues los pronunciamientos judiciales objeto de revisión, esto es, la sentencia proferida por el Juzgado Primero (1°) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá así como la emanada de la Sala de Decisión Penal de Descongestión de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmatoria de aquella, en el proceso de extinción de dominio adelantado contra los herederos de Luis Fernando y Mario de Jesús Galeano Berrío, fueron producto de una labor interpretativa de la Ley 793 de 2002 realizada por los funcionarios naturales de la controversia dentro del marco de sus competencias, sin que en el correspondiente ejercicio hermenéutico se detecten consideraciones absurdas o completamente alejadas de las disposiciones aplicables.
Así mismo, tales decisiones se fundaron en una valoración probatoria que no luce caprichosa, pues, por ejemplo, con base en el dictamen pericial contable rendido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, según el cual la aquí accionante a los 7 años de edad era rentista de capital o a los 16 años contaba con dos tarjetas de crédito y tenía un incremento patrimonial no justificado de $166’479.088, se concluyó que los activos arriba mencionados correspondían realmente a su padre; igualmente, con fundamento en numerosos testimonios, como los de Emilse Pabón Carmona, Carlos Mario Alzate Urquijo, Hirian Giovanny Lopera Zabala, Alejandro Alex Arrieta Polanía, Fredy Hernán González Franco, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, Jorge de Jesús Pizzano Santamaría, Otoniel de Jesús González Franco, José Fernando Posada Fierro, Luis Enrique Ramírez Murillo y Gustavo Tapias Ospina, los funcionarios acusados concluyeron la naturaleza de las actividades a las que en vida se dedicaban Luis Fernando y Mario de Jesús Galeano Berrío.
3. De modo que las providencias examinadas no aparejan, en sentir de esta Sala, error susceptible de protección en sede de tutela, habida cuenta que se afianzaron en un trabajo hermenéutico que no luce arbitrario, sin que la diferencia de criterio que expone la demandante constitucional permita predicar el quebranto de su derecho fundamental al debido proceso.
Téngase presente que, repetidamente se ha dicho, el juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si “se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado...1, situación que como quedó visto, no se avizora en el sub judice.
4. En este orden de ideas, se impone la confirmación del fallo objeto de la impugnación porque la violación denunciada no ocurrió.


DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.


Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y a los demás intervinientes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.


WILLIAM NAMÉN VARGAS


JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR


RUTH MARINA DÍAZ RUEDA


PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA


ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ


CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE


EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

1 Sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 0183.



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