Página principal

República de Colombia Casación No. 21. 214 P./ Claudia Patricia Nasser Arana y o. D./ Enriquecimiento ilícito de particulares Corte Suprema de Justicia


Descargar 213.83 Kb.
Página3/3
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño213.83 Kb.
1   2   3
‘Este renglón no representa una cuenta por pagar, el saldo de Cofandina corresponde a los préstamos recibidos de la señora Sheila y a los pagos relacionados en forma no oficial, o sea, realmente constituyen un aporte adicional de capital a la empresa’.
Por consiguiente, las cuentas que denota el Fiscal, adquieren relevancia en este específico tema, se insiste, porque no pueden aceptarse los documentos arrimados al plenario, ni las explicaciones plausibles en torno a la administración de los bienes a partir del año 1.994, que es cuando los Nasser Arana asumen la gerencia de la sociedad PROMOCON, sobre la que se hizo un severo cuestionamiento en el último peritaje, de donde resultan que son inadmisibles las argumentaciones de los procesados, pues las cuentas de los acreedores calificados como aportes de capital provenientes de los negocios ilícitos de la señora Sheila, resultó cierto.
No puede dejarse de advertir que pese al detallado informe contable que en cada una de las oportunidades se dio por parte de los expertos del CTI y en sus aclaraciones y complementaciones dentro de los incidentes, por la objeción de sus dictámenes, y conforme se acaba de demostrar con las transcripciones precedentes, el mismo perito que conceptuó en los informes 016 y 018 que las empresas PROMOCON y El Hotel El Prado estaba justificado, al realizar otras pruebas, ya manifiesta que aparecen rubros sin justificación, lo que después de confrontar los documentos y las explicaciones que aportó la representante legal Sra. Claudia Nasser, porque ya habían precluido todos los términos para realizar otra comparación por parte del perito, ya que al rendirse dentro de la audiencia pública, quedó en manos de cada uno de los enjuiciados aclarar en gran medida esos cuestionamientos.
En consecuencia, esta labor de auditaje correspondió a las instancias judiciales, con resultados grandemente favorables a los procesados, por cuanto, sus aportes probatorios lograron desvirtuar las incongruencias denunciadas por el perito en cuanto a probar el giro ordinario de los dineros existentes en el Hotel del Prado, tal como se dijo en acápites precedentes, no así, con respecto a la cuantiosa suma de más de cuatro mil millones de pesos que inyectó la señora Arana a PROMOCON, desde los años 1.988, pero que como bien se ha dicho, era manejada a su antojo por ella y su hermano, sin control de los demás socios, y que desvirtúa su procedencia lícita puesto que no se allegaron los comprobantes del verdadero origen de éstos préstamos, una sola certificación de unas empresas como Imporandes o Protec de la ciudad de Medellín, nada demuestran del origen de esos dineros que entraron a las arcas de PROMOCON, ni se explica la razón por la cual, si eran préstamos a título particular, los incluían en cuentas de la sociedad ficticia, llamada Cofandina. Esto es prueba de que se trataba de la simulación de dineros contaminados por las actividades ilícitas que durante mucho tiempo desarrolló y fue condenada en los Estados Unidos”. (fs. 90, 91 y 92, cuad. Trib.).
14. Ahora bien, afirma el casacionista que no fue coherente el Tribunal al afirmar que cuando CLAUDIA PATRICIA ARANA NASSER, en su condición de representante legal de PROMOCON S.C.A. impuso su firma en el balance de 1.994 y que al haberse amparado en el poder otorgado por Sheila en Suiza para llevar a cabo la operación concerniente a la cesión de las acciones de las empresas PROMOCON S.C.A., INHOCAR LTDA., HOTINCOL, INHOTEL, SURATEL y GRANCO, no solo se enriqueció ilícitamente ella, sino que también lo hizo CARLOS ALBERTO ARANA NASSER. En esta apreciación, pues, no tuvo en cuenta el fallador que se trata de patrimonios existentes desde antes de 1.990 y 1.994, fechas fijadas como de no imputación según la propia sentencia.
15. A la postre, los cuestionamientos del censor en torno a la procedencia de los créditos a favor de PROMOCON, los cuales considera justificados con las explicaciones suministradas por los procesados sobre la negociación efectuada con varias empresas pero que finalmente no se llevó a cabo, en época de no imputación por carencia de dolo –1.990-1.994-, termina no solo siendo sofística, sino una mera apreciación personal sobre el mérito probatorio negado por el fallador a los documentos aportados sobre las empresas de Medellín, tales como PROTEC LTDA., MERCADO, IMPORTACIONES LTDA. y ATG, sociedad de hecho.
16. En ese punto, además, no le asiste la razón al demandante en su apreciación atinente a que no era PROMOCON la sociedad a la que le correspondía acreditar la licitud de los recursos y tampoco a los hermanos NASSER ARANA, ya que en este sentido no tiene en cuenta, de un lado, que desde el punto de vista contable, “la contabilidad y la información financiera se basa en la realidad económica de las transacciones” y que “las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y de los resultados son hechos económicos cuantificables que deben ser apropiadamente clasificados y contabilizados en forma ordenada y sistemática para que puedan ser comprobables y verificables” como lo dispone el Dto. 2160 de 1.986 (arts. 5° y 12). De otra parte, debe tenerse en cuenta que apoyándose, precisamente en las verificaciones contables efectuadas por el perito, el Ad quem dejó en claro las razones por las cuales no atendió las explicaciones de CLAUDIA PATRICIA NASSER ARANA, pues precisamente tales recursos aparecían canalizados a través de la sociedad COFANDINA, la cual, no solo era ficticia, sino que para aparentar creación legal utilizaba el NIT de Agrícola Songo, que como se sabe, fue creada únicamente por los tres hermanos NASSER ARANA, luego, si ello era así, las reglas de la lógica y la experiencia obligan concluir que todos sabían de la ilicitud de los dineros que por ese cauce alimentaban a PROMOCON.

Se trata, pues, de una conclusión que no aparece demostrada en la demanda, ya que se limita únicamente a afirmar el yerro del sentenciador por ese motivo, pero de ninguna manera acredita el por qué del equívoco en este raciocinio.


17. De la misma manera, tampoco expone razones que justifiquen la veracidad de la conclusión según la cual, en criterio del demandante no es cierto que por el hecho de firmar un balance, el representante legal se responsabilice por los saldos allí recibidos o que efectivamente éstos ingresen al patrimonio de aquél y de quienes no firman, refiriéndose en este aparte a CARLOS ALBERTO NASSER ARANA, socio de tal compañía, pues en este sentido, las apreciaciones del casacionista no tienen sustento diferente al de su propia percepción, en la cual, es evidente, no se contemplan las reglas de la ciencia que rige la materia, esto es, las contenidas en la legislación laboral, comercial y contable.
18. En efecto, definido por autoridades de la materia, el balance general como “un estado financiero periódico que presenta la situación de la empresa en un momento determinado”, el cual contiene de “manera concisa y significativa, de acuerdo con la ecuación fundamental de la contabilidad, los activos que la empresa posee al final del ejercicio (clasificados según sus características y destino, las obligaciones con los acreedores y el patrimonio o capital contable” (Fundamentos de Contabilidad para Profesionales, Gladys Carrillo de Rojas, edición XIV de 1.994, pgs. 38 y 81) y que la firma del representante legal en dicho documento significa el aval que éste le imprime a la información allí contenida y por la cual se responsabiliza, es claro que quien así procede, no solo cumple dicha función, sino que además es socio (lo mismo ocurre con los demás socios, que han otorgado a aquél su representación), asumen como propio el estado financiero en las condiciones plasmadas en el balance, de manera que el patrimonio allí representado hace parte del suyo en particular en la proporción en que en tal condición son propietarios de la empresa, como lo entendió el Tribunal al efectuar la división que el demandante califica de “inusual”.
19. Bajo tales conceptos, entonces, no incurrió el Tribunal en yerro alguno al concluir no solo que se recibieron los saldos, sino que se aceptaron los préstamos, ya que, lejos de entenderse como simples datos allí anotados, al ser el representante legal la persona a la que le corresponde hacerse cargo del estado financiero de la empresa, debe también responder por el capital que ingresa y sale de la misma, así como de su fuente y destinación. Esto desde el punto de vista del manejo administrativo.
20. Sin embargo, si lo que quiere resaltar el demandante con estas apreciaciones es que por esa vía no es posible imputar conducta dolosa a CLAUDIA ni a CARLOS ALBERTO –porque no firmó- que recoja o se adecue al verbo rector del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, habrá de responderse que en este evento no se puede desconocer que los únicos socios de la citada empresa eran precisamente los hijos de la señora Sheila Arana, quienes como bien lo sostuvo el Tribunal para el año de 1.994, en que ingresaron los préstamos de COFANDINA a PROMOCON, tenían claro conocimiento de su situación, por manera que, los dineros recibidos según los comprobantes de ingreso de ese año integraron el patrimonio de éstos, acrecentándolo, en la medida en que eran titulares de una importante proporción accionaria de dicha sociedad, y que además, como se dijo, resultaron ser operaciones contables ficticias, pues su veracidad no se comprobó de manera fehaciente como lo anotó el Tribunal en el acápite transcrito en precedencia.
21. En lo concerniente a la cesión accionaria, la queja del demandante no se remite a falsos raciocinios, sino a ausencia de motivación de la sentencia para explicar el procedimiento con base en el cual no tuvo en cuenta el valor nominal sino el representativo de las acciones (al punto que afirma que solo se podría remediar tal falencia con la nulidad), aunque aquí se advierte la constante de todo su argumento: que se trató de empresas creadas con anterioridad a 1.990, fecha de depuración del patrimonio. Sin embargo, como se dejó anotado en precedencia, en los sobreseimientos dictados en ese año, no se aprecia que se hubiese analizado el origen de los capitales con los que se crearon empresas como INHOCAR, HOTINCOL, INHOTEL, SURATEL y GRANCO, ni mucho menos las posteriores inyecciones de capital que indudablemente continuó recibiendo PROMOCON directamente de Sheila.
22. Así, las conclusiones del sentenciador no se apartan ni desvirtúan las premisas que sentó como punto de partida para exponer las razones de la condena impuesta a los hermanos NASSER ARANA. Lo que si se advierte, es que el demandante, de nuevo elabora un silogismo en el cual una de las premisas es falsa, pues da por descontado, de un lado, que cualquier referencia patrimonial de la familia NASSER ARANA proviene desde antes de 1.990, que el mismo permanece intacto y que su origen fue objeto de las declaraciones judiciales de esa época y por otro, que la fecha límite de no imputación, implica a su turno la licitud de los bienes.
Como se ve, se trata de dos premisas diferentes, una exclusivamente referida a determinados bienes y la otra, a las personas: la ausencia de dolo derivada del “convencimiento” de la licitud en razón a los pronunciamientos referidos, como se anotó en precedencia.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que por ese motivo del período comprendido entre 1.990 y 1.994 el Tribunal descartó cualquier posibilidad de imputación por conductas que hubiesen podido desarrollar los enjuiciados en orden al acrecimiento de sus bienes con aquellos provenientes del patrimonio de su madre, pero eso, en modo alguno implica que aquellos fueran en verdad lícitos. El dolo, pues, está referido a la conducta, no a la simple existencia de los bienes.
El cargo no prospera.
Sexto Cargo.
1. En este cargo, incurre el demandante en falencias similares a las destacadas para el anterior, ya que aparte de que no identifica las normas sustanciales quebrantadas ni su sentido, no deja en claro cuál es la modalidad de yerro en que incurrió el sentenciador, pero además, como a la hora de precisar la causal que le sirve de sustento invoca la tercera, es evidente la incertidumbre sobre la orientación de la propuesta casacional. En estas condiciones, no es posible determinar si el fundamento de la censura se deriva en realidad en yerros de apreciación que, como se dijo, no indicó, o si por deficiencias en la motivación respecto de los montos sobre los que se estableció el ilícito enriquecimiento de los procesados, pese a que en este aspecto retoma en gran parte los argumentos del cargo quinto.
2. Por lo anterior, las glosas del demandante en cuanto que el Tribunal hizo las veces de perito para determinar los guarismos imputados como aumento patrimonial no justificado y aquellas relacionadas con la exigencia del debido proceso en prueba legalmente aportada, parecieran, a veces, apuntar a una especie de suposición de prueba, aunque dentro del mismo contexto podría sugerirse una nulidad por ausencia de prueba técnica necesaria con la cual se explicaran las operaciones efectuadas por el sentenciador para tales conclusiones.
3. Sin embargo, no demuestra en qué consisten las suposiciones del fallador, ni es cierto que ello haya ocurrido porque en el contenido de la sentencia se aprecian claramente los fundamentos que tuvo en cuenta en uno y otro caso para establecer los porcentajes, tal y como se lee en los apartes siguientes:
“En lo que respecta a PROMOCON LTDA. Y S.C. por acciones, por los informes contables de los mismos procesados adosados a este expediente, en los folios 228 y ss. del cuaderno de incidentes Nro. 1 y explicados en la reseña del perito en el Nro. 016 obrante a fls. 115 del mismo cuaderno: se sabe que Sheila vende las 300.000 acciones que poseía en esa compañía a sus hijos, sin que se hubiese podido encontrar en la documentación anexa los soportes de esa negociación, aunque sí se ve reflejada en los informes de los rendimientos accionarios certificados por el contador de la sociedad, según el cual para el año 1.994 son socios: fls. 228 idem: Claudia con 12.890.000, Carlos Alberto con 12.900.000 y Jorge 12.900.000 cada uno.
Según las certificaciones del señor Eleazar Lozano contador de las empresas, obrante a fls. 228 y s.s. del cuaderno de incidentes No. 1. el valor patrimonial que representaban esas acciones era el siguiente para el 31 de diciembre de 1.994, período que nos interesa: PROMOCON LTDA. Y CIA. S.C.A.: para cada uno de los Nasser Arana: 32.80% = 709.665.064, cuando para el año anterior a la representación accionaria era del 20%. Esto implica que el incremento para cada uno fue de $ 276.942.460.
En PROMOCON LTDA,: pasó del 20% para cada uno de los Nasser Arana: y realizando la cuantificación con relación al patrimonio líquido del año 94, el incremento fue de $786.685 pesos para cada uno. Con la misma referencia en las sociedades propietarias del Hotel El Prado, dicho acrecentamiento fue el siguiente: INHOTEL: $ 33.841.178, HOTINCOL: $ 33.879.264, INHOCAR: $ 22.876.263, GRANCO: $ 33.878.931 y SURATEL: 33.878.597, individualmente.
De manera que, de estas cesiones puede deducirse otro enriquecimiento no justificado, pues aunque esa dación a sus hijos se hizo a título oneroso, se dieron por el valor nominal de las acciones y no por el representativo o intrínseco, como se acaba de comprobar y por esa razón, se debe tener en cuenta es el valor patrimonial porcental para fijar el incremento injustificado, puesto que para esa altura eran concientes de que existían grandes sumas en poder de su señora madre en cuentas del exterior y que de esa manera se iniciaron y solventaron las sociedades PROMOCON LTDA., y S.C.A. y surgieron los recursos para la adquisición del Hotel del Prado (sic)” (Fs. 94 y 95, cuad. Trib.).
….
“Ahora con respecto al incremento por $1.554.180.821 recibido por los préstamos ficticios recibidos de Sheila Arana María en la sociedad PROMOCON S.C.A. se debe acudir también a la representación accionaria para repartirlo: que como se sabe es del 32.80%, o sea que para cada uno es de $ 509.771.309 millones, puesto que además de ellos, es socia Promociones y Construcciones Ltda..” (f. 96, id.).
En este sentido, además, resulta más que suficiente el minucioso análisis que hace la Procuraduría Delegada, concluyendo que corresponden a los dictados financieros que rigen la materia.
4. Siendo ello así, es claro que no incurrió el sentenciador en el yerro alegado, tanto menos, si se tiene en cuenta que es el Juez el perito de peritos, y como ocurrió en este caso, sus apreciaciones son el producto del ponderado análisis del enorme caudal probatorio aportado en este proceso, por manera que, es evidente, que los planteamientos del recurrente sobre las estimaciones hechas en relación con el valor representativo de las acciones, se remite a un infructuoso intento por sacar adelante sus propias conclusiones frente a las del Tribunal, más aún, cuando los criterios que echa de menos para tales conclusiones no se respaldan con elementos de juicio que, existiendo en el proceso, no hubieran sido cotejados o que hiciera necesaria y relevante que tal ejercicio se debiera llevar a cabo exclusivamente con un perito.
No prospera el cargo.
Finalmente, no puede la Sala pasar desapercibido el hecho de que en este asunto, el Tribunal hubiese incurrido en una mora de casi un año para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el fallo de primer grado y casi nueve meses para pronunciarse sobre la concesión o no del recurso de casación interpuesto por los procesados, lapso que extendió por espacio de casi dos meses más por no haberse reconocido oportunamente al defensor designado por los sentenciados para sustentar la impugnación extraordinaria.
Por tales razones, se dispondrá expedir copias de las actuaciones que permiten llegar a tal conclusión, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que si lo estiman pertinente inicien la correspondiente investigación disciplinaria por estos hechos.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:


1. No casar el fallo impugnado.
2. Con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, expídanse las copias enunciadas en la parte motiva de este fallo, para los fines allí indicados.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.


YESID RAMÍREZ BASTIDAS

HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE

Impedido
JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO

Comisión de servicio
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN MARINA PULIDO DE BARÓN

kkkJORGE LUIS QUINTERO MILANÉS MAURO SOLARTE PORTILLA


Teresa Ruiz Núñez



Secretaria


1 Doctrinas Contables 1.997. Superintendencia de Sociedades páginas 109 a 112.

1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje