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Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios


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Relaciones peligrosas:

los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios

El presente artículo pretende analizar el funcionamiento del sistema de medios de comunicación en la Argentina durante la última dictadura militar. En el mismo se incluirá el comportamiento de la prensa gráfica comercial1, dada su proyección en la conformación de los discursos, acuerdos y disensos de aquella etapa histórica.


Partiremos del contexto político, económico, social y cultural, tomando como principal tema de estudio el rol de los medios masivos de comunicación: cómo éstos intervinieron en la creación de los consensos, cómo fue su actuación frente a la política de censura y represión del gobierno, y los niveles de compromiso, espacios de negociación, resistencia y oposición que existieron.
Por último, indagaremos si el discurso que se construyó desde los medios fue funcional al modelo que se buscaba legitimar para favorecer su proyección empresarial, y si en función de esto jugaron un rol activo en la legitimación del llamado Proceso de Reorganización Nacional

Reformar la sociedad


El autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional, que alumbró el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, no fue una asonada más en la historia política argentina. Desde el nombre mismo, la Junta Militar2 que tomó el poder (y los civiles que la apoyaron) planteó la necesidad de fundar una nueva estructura de la sociedad argentina, tanto en términos económicos como políticos, para consolidar un proyecto hegemónico basado en un nuevo patrón de acumulación, la valorización financiera.
Como señala Eduardo Basualdo: “Los cambios de patrón de acumulación debían ser irreversibles, no se trataba de pasar de una variante de industrialización ‘distribucionista’ a otra ‘concentradora’ de los ingresos, sino de remover las propias bases económicas y sociales de aquel modelo”. Para poder implementarlo fue necesario el disciplinamiento social de la clase trabajadora y los sectores más dinámicos de la sociedad, lo que pudo producirse solamente a partir de cierto consenso social. El bloque dominante necesitó modificar el patrón de acumulación como salida a la crisis de estancamiento del modelo de sustitución de importaciones. La aplicación de las medidas liberales implicó una profunda transferencia de recursos de los sectores populares al capital concentrado (ya sea nacional o extranjero), que sólo pudo ser realizada a partir de un control absoluto y activo de la capacidad represiva del Estado. Esto coincidió con la decisión de las Fuerzas Armadas de producir la disolución de las condiciones sociales que habían permitido, a partir del año ’55, el surgimiento (o la radicalización) de las vanguardias políticas revolucionarias.
Se ejecutaron una serie de medidas económicas de fuerte signo regresivo. Esta situación se complementó con la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de trabajo. Para ello se intervinieron los sindicatos y se anuló el derecho de huelga. En este esquema, el sistema financiero junto al Estado, pasó a ser el principal reasignador de los recursos internos y externos. Como define Eduardo Basualdo “La deuda externa opera como una fenomenal masa de recursos posibles de ser valorizados en la economía interna por parte del sector más concentrado del capital, sobre la base de notables diferencias que presenta la tasa de interés interna respecto a las vigentes en el mercado financiero internacional (...) para finalmente remitir los recursos al exterior y reiniciar el ciclo. Por eso, en la Argentina la otra cara de la deuda externa es la fuga de capitales locales al exterior”. El predominio de la valorización financiera en la Argentina comienza con la sanción de la Reforma Financiera de 1977 (liberó el mercado de dinero y le dio garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo) que converge con la apertura del mercado de bienes y de capitales, a partir de allí los productos importados erosionan, vía precios, la producción interna y, mediante la apertura financiera, irrumpe el fenómeno del endeudamiento externo, ya no sólo del sector público sino también del sector privado.

La autonomía represiva del Estado


La legitimidad del gobierno militar emanaba primariamente de la lucha contra la subversión, aunque en realidad las fuerzas operativas de la guerrilla urbana o rural eran escasas desde fines del año ‘75. Los militares entendían que el enemigo comunista se infiltraba no sólo por intermedio de las organizaciones armadas, sino también a través de un entramado cultural que incluía medios de comunicación, libros y películas. Esto se da en el marco de una peculiar visión de la “Doctrina de Seguridad Nacional”.
La Junta Militar disolvió el Congreso, impuso la ley marcial y gobernó por decreto. Prohibió la actividad de todos los partidos políticos, las asociaciones y entidades gremiales y ocupó la totalidad del poder, sin plazos preestablecidos. Como subraya Hernán Invernizzi: “La dictadura desarrolló una estrategia de alcance nacional, implementó un proyecto racional, sistemático, con objetivos definidos, claramente enunciado, centralizado y llevado a la práctica en diversas áreas a lo largo de varios años. Y la aplicación de ese plan en todo el país no sólo fue enunciada sino que, además, su ejecución fue llevada a cabo en las distintas provincias”.

Terrorismo de Estado.


Existió un plan sistemático de violación de los derechos humanos que incluyó la metodología de secuestros, torturas, desapariciones, robo de bienes y apropiación de los niños de los prisioneros nacidos en cautiverio. En el período 1976/1982, miles de personas fueron asesinadas. Si bien la tortura era una metodología frecuente en las fuerzas represivas desde hacía años, era imposible imaginar una estructura como la que tuvieron los grupos de tareas, al menos durante cierto tiempo. El anonimato operativo y el destino desconocido de las víctimas, instaló una forma siniestra del terror. La instalación de centros clandestinos de detención y la figura del “desaparecido” establecieron un nivel cualitativamente superior de temor y control.
El terrorismo de estado para su aplicación necesitó de una clara política de desinformación, censura y manipulación mediática. Para imponerla dispuso del aparato del Estado, alguna resistencia social y mucha complicidad. La libertad de expresión estuvo primero suprimida y luego, en muchos casos, negociada. Desde una política cultural más abarcativa se implementó una lógica instrumental en los medios. Como señala Carlos Mangone: “La política cultural de la dictadura persiguió no sólo fines de explotación clasista y reconversión económica sino también de reconfiguración simbólica”. Para la ejecución de orientaciones tales como la generación de consenso, el bloqueo de la información y la instalación de un miedo paralizante en la sociedad, los medios tuvieron que cumplir un rol determinante. Y lo cumplieron.

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