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En la Ciudad de Corrientes, a los veintitres (23) días del mes de agosto del año dos mil trece, encontrándose reunidos en la Sala de Acuerdos de la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la Señora Presidente de Cámara Doctora MARIA EUGENIA SIERRA DE DESIMONI y los Señores Vocales, Doctores CARLOS ANÍBAL RODRÍGUEZ y DIEGO ROSENDO MONFERRER, asistidos del Secretario autorizante, tomaron en consideración el Expediente Nº 70088, caratulado: "TARJETA NARANJA S.A. C/AGUIRRE ABEL LUIS, GAUNA SILVIA ANDREA S/COBRO DE PESOS", venido a conocimiento de la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 80/81 vta., por la apoderada de la parte actora, contra el Fallo Nº 34 del 03 de abril de 2013 obrante a fs. 76/79; dictado por la Señora Juez Civil y Comercial N° 3, Doctora María Eugenia Herrero.
Practicado oportunamente el correspondiente sorteo a fin de establecer el orden de votación de los Señores Camaristas, resultó el siguiente: Doctor CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ en primer término y Doctor DIEGO ROSENDO MONFERRER en segundo término (fs. 93).
A continuación, el Señor Vocal Doctor CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ formula la siguiente:
R E L A C I Ó N D E L A C A U S A:
La Señora Juez "A-quo" ha relacionado detenidamente en su fallo los antecedentes obrantes en autos. A ellos me remito "brevitatis causae".
La misma dictó el siguiente fallo, el que trascripto en su parte pertinente dice: "Nº 34 - Corrientes, 03 de abril de 2013. FALLO: 1°) Hacer lugar a la demanda promovida y en consecuencia condenar a los Sres.ABEL LUIS AGUIRRE Y SILVIA ANDREA GAUNA a pagar la suma de $ 3.292,20 (PESOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 20 / 100), con más los intereses de la tasa activa pura, no capitalizable, que cobra el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos, los que se computarán desde la fecha de emisión del saldo deudor 10 / 09 / 2010 y hasta su efectivo e íntegro pago, en los términos y conforme los fundamentos dados. 2°) Costas a los demandados y diferir la regulación de honorarios para cuando se observe el artículo 9 de la ley 5822, de aplicación al caso por la tarea profesional cumplida.".
Interpuesto y substanciado el recurso, el mismo es concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 88.-
Remitidos los autos, los mismos son recibidos y quedan radicados en esta Sala IV. A fs. 92 se llaman Autos, integrándose la Sala con sus Vocales Dr. Diego Rosendo Monferrer y el suscripto y la Presidencia de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni. Dicha integración una vez notificada a las partes se halla firme y consentida y la causa en estado de dictar Sentencia, pasándose los autos a estudio del vocal que debe emitir voto en primer término.
El Señor Vocal Doctor DIEGO ROSENDO MONFERRER presta su conformidad a la precedente relación de la causa.
Seguidamente, la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial plantea las siguientes -
C U E S T I O N E S :
PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida?
SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada? -
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ dijo: El recurso de nulidad no fue interpuesto. Tampoco se sostuvo la nulidad ínsita en la apelación (Art. 254 del C.P.C.C.).
No advirtiéndose vicios o defectos sustanciales en el pronunciamiento dictado que provoquen un tratamiento de oficio, no corresponde declaración de nulidad alguna. ASI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DIEGO ROSENDO MONFERRER dijo:Que adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ dijo: 1.- Contra la Sentencia N° 34 del 03 de abril de 2013 (fs. 76/79) la apoderada de la parte actora interpone el recurso de apelación en análisis (fs. 80/82) el que previa sustanciación fue concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 88.
Encontrando reunidos los presupuestos formales de admisibilidad: plazo, legitimación y fundamentación, corresponde ingresar al análisis sustancial del medio de impugnación incoado.-
2.- Analizadas las constancias de autos advierto que se inicia la presente acción tendiente al cobro del saldo impago de una tarjeta de crédito que la accionante otorgó a los demandados. Corrido el traslado de la misma, los demandados no se presentaron a tomar intervención en autos para hacer valer sus derechos por lo que se declaró su rebeldía (fs. 33). Luego, se ordenó la producción de las pruebas ofrecidas por la accionante, cobrando relevancia la pericial contable llevada a cabo y agregada a fs. 71 y vta. dictándose posteriormente la sentencia en crisis.-
De la documentación que en original tengo a la vista en este acto se advierte que al momento de suscribir la solicitud de tarjeta de crédito las partes pactaron intereses compensatorios a razón de un 4,80% mensual (Anexo 1 al Contrato de Emisión de Tarjeta de Crédito) e intereses punitorios en un 50% de aquellos (Cláusula 3.8 del Contrato suscripto).-
La sentenciante de grado estimó la demanda instaurada por la suma reclamada en el escrito postulatorio, pero dispuso que el capital de condena debía ser actualizado en función a la tasa activa pura, no capitalizable que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos los que se computarán desde la fecha de emisión del saldo deudor (10-9-2010) y hasta su efectivo pago.-
Para así decidir la Sra.Jueza "A-quo" consideró que era necesario hacer uso de la facultad que le asiste para morigerar los intereses pactados al entender que los mismos resultaban excesivos y configuraban un enriquecimiento desmesurado del acreedor.-
Disconforme, se agravia la apelante exclusivamente en cuanto a la morigeración de los intereses. Se queja porque tal como surge de las constancias de autos -dice- al adherirse el demandado a las condiciones generales y particulares que rigen el otorgamiento y uso de la tarjeta de crédito, aceptó que en caso de mora, el saldo deudor devengaría un interés compensatorio como máximo del 4,80% mensual con más un interés punitorio equivalente al 50% del anterior, más impuestos y gastos administrativos y son esas entonces las tasas que deben aplicarse. Considera errónea la afirmación de la "A-quo" cuando estima que las tasas pactadas son abusivas cuando en rigor de verdad, son las que se aplican en el mercado comercial - financiero en transacciones similares. Solicita se haga lugar al recurso interpuesto y en su mérito se deje sin efecto la morigeración dispuesta y se ordene la aplicación de la tasa pactada en el contrato respectivo.
Es decir que el único tema a decidir en este Tribunal de Alzada consiste en determinar si corresponde o no disponer la morigeración de dichos intereses.
3.- Delimitado así el "thema decidendum" es preciso de manera liminar establecer el marco normativo en que debe resolverse la cuestión que nos ocupa. Así, a las disposiciones de fondo contenidas en los Códigos Civil y Comercial, debemos agregar la Ley de Tarjetas de Crédito Nro. 25.065 y por qué no, tratándose de una relación de consumo, la Ley de Defensa del Consumidor Nro. 24.240 con la modificación introducida por la Ley Nro. 26.361. Ello es así por cuanto es la propia ley especial aplicable al caso -Nro. 25.065- la que en su Art. 3ro.expresamente dispone que "Las relaciones por operatoria de Tarjetas de Crédito quedan sujetas a la presente ley y supletoriamente se aplicarán las normas de los Códigos Civil y Comercial de la Nación y de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240)".-
4.- Como bien lo señaló la sentenciante de grado, el negocio jurídico que vincula a las partes de autos es un contrato de adhesión. Precisamente, el Art. 38 de la Ley Nro. 24.240 establece que la autoridad de aplicación vigilará que este tipo de contratos no contengan cláusulas abusivas o ineficaces y que la misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas son redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido.
Por otra parte, establece también la normativa mencionada, que siempre en caso de duda se debe optar por la interpretación más favorable para el consumidor (conf. art. 3 Ley 24.240 sustituido por Art. 3 de la Ley 26.361); o sea cabe privilegiar a la parte más débil, conforme el criterio interpretativo favor debitoris, con la fórmula mas abarcativa de favor débilis ("Las cláusulas contra proferentem y favor débilis como modo de expurgación de abusos de contratos" por Juan Manuel Ojea Quintana E.D. Tº 184, pp. 1521/1525; Carranza Torres Luis R.-Rossi Jorge O. Derecho del Consumidor. Edit. Alveroni. Córdoba 2009, pp. 99 y ss).
Más aún cuando por aplicación de sus preceptos es posible incluso restar la eficacia de cláusulas de intereses excesivos, que importen una desnaturalización de las obligaciones del consumidor (arts. 37), (Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, "La financiación del consumidor", en Lorenzetti, Ricardo-Lima Marques, Claudia, "Contratos de Servicios a los Consumidores", ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2005, pp.423 y 424).
5.- Dijimos que en autos se pretende el cobro de un saldo impago de tarjeta de crédito, habiendo las partes convenido en el contrato respectivo los intereses compensatorios y punitorios que se deberían aplicar en los supuestos como el que nos ocupa.
El art. 621 del Código Civil prescribe que "La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen convenido entre deudor y acreedor". A su turno, el art. 622 del citado ordenamiento, refiriéndose a los intereses moratorios, prevé lo siguiente: "El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubieren determinado. Si no se hubie re fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar". De los preceptos transcriptos surge con claridad que nuestro derecho admite, por regla, la aplicación de los intereses tanto compensatorios -también llamados lucrativos o retributivos- como moratorios o punitorios a la tasa que las partes hubieren acordado.-
En sentido coincidente, el art. 560 del Código de Comercio establece que "En los casos en que la ley no hace correr expresamente los intereses, o cuando éstos no están estipulados en el contrato, la tardanza en el cumplimiento de la obligación, hace que corran los intereses desde el día de la demanda", en tanto su art. 565 reza que "Mediando estipulación de intereses, sin declaración de la cantidad a que estos han de ascender, o del tiempo en que deben empezar a correr, se presume que las partes se han sujetado a los intereses que cobren los bancos públicos". La primera de las normas citadas alude a los intereses moratorios, rigiendo aquellos supuestos en que no media pacto ni disposición legal sobre el punto. La segunda, prevé una tasa legal para el caso de que las partes hubieren convenido la aplicación de intereses sin determinar la tasa.Ello, claro está, implica que si hubiese tasa pactada, debe aplicarse la convenida.
De modo tal que no puede desconocerse que el principio de la autonomía de la voluntad rige entonces en esta materia. Las partes pueden pactar tales accesorios (arts. 621, 622, 1197 del Cód. Civ. y 565 del Cód. Com.) sin que, en principio, corresponda a los tribunales sustituirlos para crear tasas en abstracto, desvinculadas de las circunstancias de cada operación financiera (conf. Rivera, Julio César, "Ejercicio del control de la tasa de interés", en Suplemento Especial de La Ley, Intereses, julio de 2004, pág. 105 y sigts.; Rouillon, Adolfo A.N. (dir.)-Alonso, Daniel F. (coord.), "Código de Comercio comentado y anotado", La Ley, Bs. As., 2005, t. 1, p. 1019; Pizarro, Ramón D., "Tasa de interés y facultad morigeradora del tribunal", La Ley, C-2006, p. 147).-
6.- Sin perjuicio de todo ello, sostiene calificada jurisprudencia que estas cláusulas conteniendo pacto de intereses son acordes a lo establecido por el art. 622 del Código Civil y, en sí mismas, son lícitas en la medida en que por exceso no transgredan el orden moral, esto es, sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar dicho pacto, en caso de contrariar lo previsto por el Código Civil: Arts. 953, 1071 y ccs. En consecuencia, la previsión legal del Art. 622 mencionado no cercena en modo alguno la facultad genérica del órgano judicial de restringir la sanción punitoria en el marco del Art. 656, 2a parte del C.C. Admitida la procedencia de los intereses pactados, sin embargo debe reconocerse a los magistrados la facultad de morigerar los intereses susceptibles de ser calificados de "excesivos" o "usurarios", en supuestos, como el de la especie, en que por las circunstancias del caso, se pone en evidencia un cuadro de desproporción de los valores económicos en juego, situación que torna necesaria su recomposición en términos de justicia.-
Ahora bien, las facultades judiciales morigeradoras de los intereses pactados proceden de hallarse comprobada una práctica abusiva, usuraria o confiscatoria (arg. Arts.21, 953, 954 y 1071, Cód. Civ. y, en su caso, lo normado por el Art. 37 de la Ley 24.240). La obligación del deudor, se ha dicho, no puede exceder el crédito actualizado con un interés que trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres (Fallos 318:1345, 320:158, 327:1881; 330:5306).-
Si bien no existe en nuestra legislación una base legal que fije la cuantía de los intereses y que -indirectamente- determine cual es la tasa que debe reputarse "excesiva" o "usuraria" -influyendo especialmente en esa apreciación el ritmo de la inflación- corresponde a los tribunales establecer la compatibilidad entre la tasa de interés y el orden moral, de forma tal de invalidar, no ya el pacto de intereses en sí mismo -como causa de deber-, sino la tasa de esos réditos, en la medida que se la juzgue exorbitante. (CNCom., Sala A, in re " Alegre, Jorge c. Bridgestone Firestone Argentina SAIC" del 13/10/2009).
Este control de los intereses excesivos atribuido a los tribunales halla sustento en las claras disposiciones del artículo 953 del Código Civil y en el art. 502 del mismo cuerpo legal que llevan a concluir que los acrecidos con esas características constituyen una causa ilegítima de las obligaciones. En este marco y advertidas dichas circunstancias, se impone la reducción de los réditos pactados en términos de equidad, determinándose la nulidad parcial de los intereses en exceso (conf. Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, Tomo II. nº 928 y doctrina y jurisprudencia citada bajo nº 108). -
Debe recordarse que la Convención Americana de los Derechos Humanos -más conocida como "Pacto San José de Costa Rica"- con rango constitucional de conformidad a lo establecido por el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994, en su art. 21 inc.3 declara que "Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley".-
Este numeral no figuraba en los antecedentes y fue agregado en la Conferencia de San José y ciertos autores entienden que de esta disposición surge la ilegitimidad del anatocismo o de cualquier figura similar.
Ya la Carta de la O.E.A. en su art. 45.e), proclamaba como uno de los principios y mecanismos para alcanzar el desarrollo integral, el funcionamiento de los sistemas de administración pública, banca y crédito, empresa, distribución y ventas, en forma que, en armonía con el sector privado, "responda a los requerimientos e intereses de la comunidad" (conf. Hitters, Juan Carlos y Fappiano Oscar L., Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Tomo II, V.2, Edit. Ediar. Bs.As. 2012, pp 1076/1077).
En efecto, es claro que para decidir de esta forma se otorga preeminencia a los principios de orden público involucrados en la admisibilidad de ciertas tasas de interés desmedidas. Ha de reiterarse que las tasas de interés excesivas generan una ilicitud del objeto de la obligación general que se traduce, bajo la óptica del art. 953 C.Civ. en una nulidad absoluta y parcial que no cabe considerar subsanada ni aún por una suerte de consentimiento tácito (conf. arts.21, 872, 953, 1047, 1058 C.Civ.) por lo cual es deber de los jueces "integrar" las obligaciones cuando sus soluciones deban ser morigeradas por apreciarlas exorbitantes, estableciendo la tasa en definitiva aplicable (CNCOM - SALA A - "Avan SA c/ Banco Tornquist SA s/ ordinario" del 17/2/04; "Tarshop SA c/ Accavallo Francisco Antonio s/ ejecutivo" del 22/10/2009).
Tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que, cuando las tasas de interés aplicadas por la entidad bancaria conducen a resultados incompatibles con las exigencias de la moral y las buenas costumbres, la falta de impugnación al resúmen -en el caso- que se enviara al usuario no implica conformidad con las mismas ni cabe considerarla subsanada por una suerte de consentimiento tácito del obligado (Ac. 78.111, sent. del 10-IX-2003) pues es una regla subordinante del derecho que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres (art. 21, Cód. Civ.). Razonablemente, a estos dos principios deben acomodarse las leyes y la conducta de los particulares y los jueces en su potestad jurisdiccional pueden, aún de oficio, intervenir en los acuerdos privados para preservar valores irrenunciables de las partes y de la sociedad. (S.C.B.A. en la causa C. 100.607, "Pierangeli, Adolfo Oscar y otra contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Revisión de cuenta corriente bancaria y de tarjeta de crédito" del 21 de marzo de 2012).-
7.- No obstante todo lo expuesto nada autoriza a enarbolar pautas judiciales rígidas con abstracción de las circunstancias concretas de cada caso (conf. votos de los doctores Maqueda y Zaffaroni, in re "Banco de Crédito Argentino S.A. c/Bazán, Ranulfo Eduardo", causa B.410.XXXVII, sent.de 24-IV-2004). La Corte Suprema de la Nación, en tal sentido, ha descalificado por arbitrariedad la decisión de un tribunal de la instancia que dispuso la reducción de oficio de la tasa de interés convenida, con la sola mención de que era jurisprudencia de la Cámara fijarla en un porcentaje menor, sin aludir a los hechos de la causa ni a razones de orden jurídico que justificaran la solución propuesta (C.S.J.N., sent. de 20-XI-1986, in re "Paoletti c/Alfredo P. Lamas y otro", Fallos 308:2213 y 2214; v. causa B.3130.XXXVIII, in re "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/López, Ernesto F.", sent. de 5-VIII-2003, Fallos 326:2533).-
8.- Es por ello que en el caso particular en análisis estimo que el recurso interpuesto debe ser estimado solo parcialmente. En efecto, queda fuera de duda la facultad que le asiste a la sentenciante de grado para morigerar los intereses que estimo son claramente excesivos y abusivos pues tal como se señala en la documental suscripta y en la pericia contable realizada, los intereses compensatorios fueron fijados en una T.E.M. del 4,80% o sea una T.N.A del 57,60% en tanto los punitorios al haber sido pactadas en un 50% de aquellos alcanzaron una T.E.M. del 2,40% y una T.N.A. del 28,80%. Es decir que si sumamos ambos porcentuales -compensatorios y punitorios- obtenemos una T.N.A. que rondaría el 90% lo que resulta a todas luces confiscatorio.
Ahora bien, esa tasa debe entonces ser morigerada pero razonablemente pues tratándose de una entidad financiera, no resulta pertinente llegar a la disvaliosa solución de que el deudor moroso finalice en una mejor condición luego de su incumplimiento, lo que se traduciría en una injusta recompensa.- -
Nada obsta a tal procedimiento que el demandado no se ha presentado en juicio (Conf. Lopez Mesa M arcelo I., Código Civil, t. I, ED Lexis Nexis. Bs.As. 2008, p.758).-
9.- Que la parte actora al iniciar la demanda presenta resumen de cuenta (ver copias fs. 13/14 y originales reservados en Secretaría). Tal resumen tenía como vencimiento el 10-01-2011, posterior al contrato de emisión de la tarjeta, firmado el 27-09-2003, conforme el reconocimiento expreso de la actora.-
Eso indica que las tasas fijadas en el contrato de emisión fueron modificadas posteriormente, como ocurre con las tasas financieras, de acuerdo a la marcha de la economía nacional. Y partiendo de la base del principio "in dubio pro debitoris", si la entidad rebajó los intereses, ello necesariamente debe favorecer al obligado al pago.
En tal menester considero más justo aplicar la tasa financiera utilizada por la accionante en el mencionado Resumen de Cuenta mensual que es además integrante de la documentación reservada en Secretaría, en cuanto prevé un interés financiero T.E.M. del 3.01% y T.N.A. del 36,6217% en tanto para el interés punitorio, de conformidad al Art. 18 de la Ley 25.065 que establece que no podrá superar el 50% de aquellos, también deberá estarse al consignado en el mismo documento y fijarlos en T.E.M. de 1,505% y T.N.A. del 18,31085%, lo que hace un interés total del 54,93255% anual que entiendo se condice más adecuadamente con los intereses de plaza.
10.- Por los fundamentos expuestos y de ser compartido este criterio por mi par de Sala, propiciaré: 1) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto a fs. 80/81 vta. y en su mérito, modificar la Sentencia recurrida N° 34 del 03 de abril de 2013 obrante a fs. 76/79 disponiendo que los intereses a aplicar serán los consignados en el considerando que antecede. 2) Costas por su orden en esta instancia atento al progreso parcial del medio de impugnación incoado y la falta de oposición de la adversa. ES MI VOTO.
A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DIEGO ROSENDO MONFERRER dijo:Que comparto los fundamentos expuestos por el Señor Vocal preopinante. En consecuencia, adhiero al voto que antecede y me expido en idéntico sentido.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, pasado y firmado ante mí, Secretario, que doy fe.
CONCUERDA: Fielmente con sus originales obrantes a fs.150/153.del PROTOCOLO DE SENTENCIAS de esta EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL - SALA IV, firmado por los Dres. CARLOS ANIBAL RODRIGUEZ y DIEGO ROSENDO MONFERRER. Ante mí: Dr. ALEJANDRO DANIEL MARASSO. Abogado Secretario.
CORRIENTES, 23 de agosto de 2013.-
S E N T E N C I A :
Corrientes, veintitres (23) de agosto de 2.013.-
Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente, SE RESUELVE: 1º) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto y en su mérito, modificar la Sentencia recurrida N° 34 del 03 de abril de 2013 obrante a fs. 76/79 disponiendo se manda llevar adelante la ejecución por el capital reclamado con más el interés compensatorio del 3.01% T.E.M. (36,6217% T.N.A) y el interés punitorio del 1,505% T.E.M. (18,31085%. T.N.A) -lo que totaliza un interés total del 54,93255% anual- desde la fecha del resumen de cuenta y hasta su efectivo pago. 2°) COSTAS por su orden en esta instancia. 3°) INSERTESE copia, regístrese, notifíquese y consentida, vuelva al Juzgado de origen.


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