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Region judicial de caguas pueblo de puerto rico


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Estado Libre Asociado de Puerto Rico

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

REGION JUDICIAL DE CAGUAS




PUEBLO DE PUERTO RICO

Recurrido

v.

JOSE MIGUEL FLORES FLORES



Peticionario



KLCE06 1118


Certiorari

Procedente del Tribunal de Instancia, Sala Superior de Caguas


TPI CASO NO.

ELE2006-G0130


SOBRE:

LEY 54, VIOLENCIA DOMESTICA











Panel integrado por su presidenta, la Juez Pesante Martínez, el Juez Escribano Medina y la Juez Hernández Torres.
Pesante Martínez, Juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de diciembre de 2006.


Comparece ante nos, José Miguel Flores Flores (el peticionario), y mediante escrito de certiorari, nos solicita que revisemos una Resolución de 10 de julio de 2006, notificada el 20 de julio de 2006, dictada por el Hon. Edgardo Rivera García, Juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Mediante el referido dictamen se declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal que presentó el peticionario ante dicho foro. Posteriormente, éste último solicitó la reconsideración del dictamen, pero, no tuvo éxito su reclamo. Así consta en una notificación de 8 de agosto de 2006.

Inconforme, el peticionario acudió ante nos señalándole como error al TPI el que denegara su moción al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal tras determinar que no se cumplió con satisfacer el requisito de acreditar ausencia total de prueba.

Contando con la comparecencia del peticionario y del Procurador General, resolvemos el asunto traído ante nuestra atención.

I

Presentamos una breve relación de los hechos e incidencias procesales de mayor relevancia a esta controversia.

El peticionario encaró una determinación positiva de causa probable para acusar una vez se celebró la correspondiente vista preliminar. Luego, se presentó en su contra un pliego acusatorio mediante el cual se le imputó la infracción al artículo 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 (Ley Núm. 54). Lo anterior por hechos alegadamente acaecidos el 14 de mayo de 2006. En el pliego acusatorio se hizo constar que alegadamente aquél, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, empleó maltrato físico contra la Sra. Carmen M. Romero Pérez (la perjudicada), “persona con quien cohabitaba y que sostiene una relación consensual”. Seguido se detallaron los actos de aquél que alegadamente configuraron el delito por el que se le acusó (“golpearla”, “la agarra fuertemente por el brazo y la hala agarrándola […] por el pelo y la apretó fuertemente por el cuello, causándole marcas”). Posteriormente, el peticionario presentó sendas mociones: una, bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal, para dar comienzo al descubrimiento de prueba; y otra, solicitando la desestimación del pliego acusatorio al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. El Ministerio Público contestó la primera y presentó escrito en oposición de la segunda.

En lo que atañe a la moción en oposición a la solicitud bajo la Regla 64(p) del peticionario, el Ministerio Público comenzó por tomar cuenta de que aquél alegaba la ausencia total de prueba respecto al delito que se le imputó (bajo la Ley Núm. 54), y ello, debido a la naturaleza de la relación habida entre aquél y la perjudicada. Según el peticionario, la relación que sostenía o sostuvo con la perjudicada no estaba contemplada por la Ley Núm. 54.

En su moción en oposición, el Ministerio Público destacó que cuando la perjudicada fue interrogada y contrainterrogada en la vista preliminar, ésta declaró que su relación con el acusado era de “novios”, y además, sostuvo que habían tenido intimidad. También adoptó lo que planteó el peticionario en su moción bajo la Regla 64(p), a los efectos de que la perjudicada había declarado que habían sostenido relaciones sexuales esporádicas.

Como parte de su argumento, el Ministerio Público citó el artículo 1.3 de la Ley Núm. 54 que define el término “relación de pareja”. Alegó también que el derecho vigente nada disponía respecto a algún requisito en cuanto al estado civil del acusado o de la perjudicada para que aplique el articulado de la Ley Núm. 54. Por ello, objetó las expresiones de la representación legal del peticionario en cuanto al estado civil de la perjudicada (casada).

De otra parte, se celebró vista para dirimir la moción bajo la Regla 64(p) del peticionario. El TPI determinó que no se cumplió con probar la ausencia total de prueba, por lo cual, declaró No Ha Lugar la moción. La minuta de la vista constituyó la Resolución, y la misma, se notificó a las partes el 20 de julio de 2006. De esta determinación, el peticionario solicitó su reconsideración, primero en corte abierta, y luego, mediante moción. Ambas solicitudes fueron declaradas No Ha Lugar.

Así pues, acudió ante nos el peticionario mediante escrito de certiorari. Además, acompañó su escrito con una moción en auxilio de jurisdicción. En atención a la referida moción, expedimos Resolución de 1 de septiembre de 2006. Mediante el referido dictamen ordenamos la paralización de los procedimientos ante el TPI; también, ordenamos al Procurador General a que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado, revocar la resolución recurrida y desestimar la acusación por infracción al artículo 3.1 de la Ley Núm. 54. En particular, se le pidió que diera énfasis en lo que respecta a la aplicación del referido artículo en un supuesto en el que las personas involucradas sostienen o han sostenido relaciones sexuales esporádicas; la alegada perjudicada está casada; y el acusado no es su esposo. El Procurador presentó su posición.

Entonces, con el beneficio de las comparecencias de las partes, resolvemos. Antes, esbozamos el derecho aplicable.

II
El historial legislativo de la Ley Núm. 54, supra, destaca que el interés del Estado en dicha legislación respondía a la realidad de que las leyes penales tradicionales no proveían un remedio adecuado para atender las características particulares del maltrato conyugal. El Pueblo de Puerto Rico v. Leandro Ruiz Martínez, res. el 8 de abril de 2003, 2003 TSPR 52. En el referido caso se indicó que un análisis exhaustivo de las ponencias ante las comisiones legislativas, demuestra claramente que el enfoque primordial de esta legislación es la protección de la mujer maltratada en una relación de pareja. No obstante lo anteriormente reseñado, y a pesar de ser el maltrato contra la mujer casada el problema que dominó el proceso legislativo de la Ley Núm. 54, supra, el proyecto terminó aprobándose con un lenguaje neutral entre el hombre y la mujer, y protegiendo una serie de relaciones que trascienden el vínculo conyugal. Id. 

De otra parte, el inciso (m) del artículo 1 de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A. §602(m), se define “relación de pareja” como “relación entre cónyuges, ex cónyuges, las personas que cohabitan o han cohabitado, las que sostienen o han sostenido una relación consensual íntima y los que han procreado entre sí un hijo o una hija”.1 El inciso (p) del mismo artículo define “violencia doméstica” como: 

[U]n patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual o una persona con quien se haya procreado una hija o un hijo, para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional.2  
Por su parte, el artículo 2, 8 L.P.R.A. §631, tipifica el delito de maltrato, al palio de la referida Ley Núm. 54 como el empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución:

[…]en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daños emocional […].3


De las disposiciones citadas, y basándonos en el precedente establecido en El Pueblo de Puerto Rico v. Leandro Ruiz Martínez , supra, se desprende que las “relaciones afectivas” incluidas en la protección de la Ley Núm. 54 se circunscriben a las siguientes. Primero, se incluye la relación habida entre los cónyuges, bajo la figura del matrimonio, según lo define el artículo 68 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 221. En cuanto a ex cónyuges, se trata obviamente de personas que estuvieron casadas en algún momento.

De otra parte, la relación entre “personas que cohabiten o haya cohabitado” se refiere a parejas que sostienen una relación consensual similar a la de los cónyuges (8 L.P.R.A. § 602(d); antes, §602(b)). Este tipo de relación es la que se conoce también como concubinato. Id. También se incluye dentro de las relaciones de pareja cubiertas por la Ley Núm. 54 la de “personas con quien se haya procreado una hija o un hijo”. Lo anterior, por definición, no requiere ulterior explicación para comprender el concepto.

No obstante lo anterior, distinto fue con el caso del concepto de las parejas que sostienen o han sostenido una “relación consensual”. El alcance de esta expresión requirió la intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Valga apuntar que el referido concepto no está definido expresamente el la Ley Núm. 54 (particularmente, en su artículo 1, antes artículo 1.3, que provee las definiciones de conceptos relacionados a la referida ley).

Luego de realizar un análisis del historial legislativo de la citada pieza legislativa, el Tribunal Supremo expresó lo siguiente en El Pueblo de Puerto Rico v. Leandro Ruiz Martínez, supra. En este caso se indicó que la expresión “relación consensual” no fue incluido originalmente en el proyecto de la Ley Núm. 54. Mas bien, dicha expresión fue incorporada en los proyectos de ley que finalmente fueron aprobados. El Tribunal Supremo señaló que a pesar de que de la Exposición de Motivos, los Informes de la Comisión y los debates del hemiciclo no surge una explicación expresa del porqué de la inclusión de dicho lenguaje, se podía explicar la inserción de éste de una manera fiel a la intención legislativa.

A esos efectos, se estimó que se añadió al proyecto de la Ley Núm. 54 el concepto de “relación consensual íntima” para incluir a aquellas parejas que aunque llevan una relación afectiva-consensual, no necesariamente cohabitan, en el sentido de vivir bajo el mismo techo. Se aclaró que este sería el caso de novios y prometidos que llevan una relación amorosa íntima pero que no conviven.  Así pues, el término “relación consensual íntima” se deriva del de “cohabitar”. Id.  Dicho de otro modo, dentro de la misma decisión, se indicó que con la expresión “relación consensual íntima”, el legislador quiso distinguir las relaciones consensuales entre hombre y mujer en las que se convive, de aquellas en las que no se vive bajo el mismo techo, para incluir estas últimas también dentro de dicho concepto. También, que al emplear el término “relación consensual íntima” el legislador quiso proteger a aquellas parejas que, aunque sostienen una relación afectiva, no “cohabitan”, en el sentido de convivir bajo el mismo techo. Id. 

Por último, traemos a colación que en la citada decisión, el Tribunal Supremo sostuvo que esta interpretación era consistente con la política pública a favor de la familia, ya que en estas relaciones muchas veces se tienen hijos en común, además de que en algunas ocasiones suponen un eventual matrimonio. Igualmente, se aseguró que la referida interpretación era consistente con la política principal de proteger y adelantar la posición de la mujer dentro las relaciones sentimentales dominantes en nuestra sociedad patriarcal, que suponen para ésta, injustamente, una posición de sumisión ante el hombre. Asimismo, se indicó que con ese análisis se refleja la política que ha predominado en este tipo de legislación en la mayoría de los estados, donde las leyes contra la violencia doméstica se han extendido a parejas que sostienen relaciones consensuales (“dating relationships”).

Consignado el derecho sustantivo aplicable, discutimos las implicaciones de derecho procesal relevantes a este caso.

B

La vista preliminar tiene como objetivo determinar si existe causa probable para presentar una acusación contra una persona por un delito grave. Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 23. El objetivo de una vista preliminar es evitar que se someta a un ciudadano al rigor de un proceso criminal por un delito grave si no existe evidencia que así lo justifique. Pueblo v. García Saldaña, 151 D.P.R. 783, 788 (2000); Pueblo v. Ortíz, Rodríguez, 149 D.P.R. 363, 374 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 665 (1985).

La determinación de causa probable para acusar goza de una presunción de corrección por ser una determinación judicial. Pueblo v. González Pagán, 120 D.P.R. 684, 687 (1988); Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973).  Por lo tanto, corresponde al acusado el peso de la prueba de establecer que la determinación de causa es contraria a la ley. Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592, 594 (1972). El mecanismo procesal disponible al acusado para impugnar la corrección de la determinación de causa en vista preliminar lo es una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal.

En la vista preliminar el Ministerio Público deberá presentar prueba para establecer que "es probable que determinado delito ha sido cometido y que es probable que dicho delito lo cometió el imputado". Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, supra, pág. 375; Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973, 991 (1994). En la etapa de vista preliminar no corresponde establecer la culpabilidad o inocencia de un imputado, sino determinar si se justifica continuar un procesamiento judicial por la comisión de un delito grave. Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 660.

En relación a la Regla 23 de Procedimiento Criminal, el Tribunal Supremo ha resuelto que la vista preliminar no equivale a un mini juicio y no se tiene que evidenciar más allá de duda razonable la culpabilidad del imputado, siendo suficiente para cumplir con el quantum requerido en esa etapa del proceso, la probabilidad relacionada con los elementos del delito y con el autor del mismo. Pueblo v. Soler Caraballo, res. el 28 de octubre de 2004, 2004 TSPR 165; Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pag. 664.  

La determinación de causa probable en vista preliminar autoriza al Ministerio Público a presentar una acusación en contra del imputado. Una vez ésta es presentada, el imputado tiene el derecho a formular una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de procedimiento Criminal. La desestimación procede si existe ausencia total de prueba legalmente admisible en cuanto a "la probabilidad de que se haya cometido el delito imputado - que no hay prueba sobre uno o todos los elementos del delito - o sobre la conexión del acusado con el delito imputado". Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685, 690 (1994); Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 35, 42 (1989).   Abonando a lo anterior, se ha resuelto que procede la desestimación de una acusación al amparo de la Regla 64(p), supra, en las siguientes instancias: (1) cuando la parte promovente de la solicitud demuestra que en la vista hubo ausencia total de prueba sobre la existencia de causa probable para creer que el imputado cometió el delito por el cual es procesado; y (2) cuando se ha incumplido con los requisitos de ley y jurisprudenciales que gobiernan la determinación de causa probable. Pueblo v. Branch, 154 D.P.R. 575 (2001).  Mediante una moción al amparo de la Regla 64(p), el acusado intenta rebatir la presunción de corrección que ampara a la determinación de causa probable, cuando éste entiende que el Estado no descargó su deber de sostener los cargos en esa etapa. Olga Elena Resumil, Derecho Procesal Penal, Equity, 1999, Tomo II, pág. 201.  

El Tribunal Supremo ha delineado los parámetros que deben guiar al juzgador que enfrenta una moción de desestimación bajo la Regla 64(p): (1) examinar la prueba de cargo y defensa vertidas en la vista preliminar, así como la prueba del acusado en apoyo de la moción; (2) determinar si esa prueba establece la probabilidad de que estén presentes todos los elementos del delito así como la existencia de prueba que conecte al imputado con su comisión; (3) el hecho de que a juicio del magistrado la prueba presentada demuestre con igual probabilidad la comisión de un delito distinto al imputado, no debe dar base a una desestimación; y (4) sólo en total ausencia de prueba sobre la probabilidad de que estén presentes y probados uno o varios elementos del delito o de la conexión del imputado con tal delito, procede la desestimación de la acusación. Olga Elena Resumil, Derecho Procesal Penal, supra, pág. 202; Pueblo v. Rivera Alicea, supra, págs.  42-43.  

III

En este caso, estamos convencidos de que se cometió el error señalado. En efecto, ante las declaraciones y circunstancias fácticas presentadas por las partes, en sus argumentos y demás documentos que aportaron y que están contenidos en el expediente, el TPI debió haber desestimado el pliego acusatorio que se presentó contra el peticionario.

En este caso, surge del expediente, y no se ha negado, que la perjudicada está legalmente casada y que mantuvo una relación afectiva con el peticionario durante la cual sostuvieron relaciones sexuales. También pudimos tomar cuenta de que en el pliego acusatorio se imputó la comisión de la conducta tipificada y proscrita en el antiguo artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, actual artículo 2. Aunque no surge del expediente que el peticionario conviviera con la perjudicada, ello se incluyó como parte de los elementos del delito imputado y que alegadamente consumó aquél. También se imputó como elemento del delito por el que se le acusó, el que aquél sostenía una relación consensual con la perjudicada. Lo anterior no se ha negado por parte del peticionario, como tampoco se ha negado la alegada comisión de ciertos actos que podrían catalogarse de “agresión”, los cuales, aparecen detallados en el pliego acusatorio que se presentó en su contra.

Todo lo anterior, nos convence de que en este caso, se hizo una determinación de causa probable para acusar en la vista preliminar, aún cuando la prueba no sostenía la concurrencia de todos los elementos del delito imputado. Además, y en relación a lo anterior, destacamos que contrario a como ha sugerido el Procurador General, el estado civil del peticionario y de la perjudicada es muy relevante a esta controversia. Ello, en vista de que ese particular resulta decisivo en la determinación respecto a si la “relación” que sostuvieron aquéllos satisface alguno de los supuestos de “relación de pareja” protegidos por la Ley Núm. 54. Ello ante la alegada “relación consensual” que sostenía con la perjudicada según se imputó en el pliego acusatorio.

Una vez examinamos el precedente jurisprudencial, advertimos que entre las relaciones protegidas por la Ley Núm. 54, no se encuentra la relación consensual adulterina. El precedente vigente a este momento, en lo que respecta a la naturaleza y alcance del concepto de “la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual”, a la que refiere el referido artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 (actual artículo 2) sólo refiere a un supuesto que involucre personas que sostienen una relación de noviazgo o que son prometidos, quienes, aunque tienen relaciones afectivas o amorosas no conviven bajo el mismo techo, o sea, no cohabitan; y que además, tienen la capacidad para llevar a cabo un eventual matrimonio.

Nada en el precedente establecido nos convence de que al interpretarse el concepto de “relación consensual” debe incluirse la relación afectiva o amorosa que sostienen dos personas entre las cuales, al menos una está legalmente casada. Este tipo de relación constituye una relación, no de noviazgo, sino de adulterio según lo define nuestro Código Penal.4 Valga agregar que justo este tipo de relación es lo que se desprende del expediente que sostenían el peticionario y la perjudicada. Por ello, es forzoso concluir que la relación que sostenían no figura entre las protegidas por la Ley Núm. 54. Estamos obligados a llegar a tal determinación hasta tanto no haya una expresión legislativa o jurisprudencial en contrario.

Aclaramos, además, que por el hecho de que la perjudicada hubiera declarado que consideraba que ella y el peticionario eran “novios”, ello no altera el hecho básico de que ella era una persona casada que tenía relaciones sexuales con una persona que no era su cónyuge. El que las relaciones sexuales fueran o no esporádicas o el que fueran o no consensuales, no menoscaba el hecho de que eran relaciones adulterinas que quedan fuera del ámbito protector de la Ley Núm. 54 según la doctrina vigente.

En este sentido, no vemos cómo es posible que en la vista preliminar se determinara la presencia de prueba suficiente como para acreditar la concurrencia de los elementos del delito imputado al peticionario. Nada en el expediente nos convence de que el peticionario y la perjudicada satisficieran la definición de los sujetos de derecho a los que alude el artículo 3.1 de la Ley Núm. 54. Por ello, ante la moción al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal que presentó el peticionario ante el TPI, debió haberse desestimado el pliego acusatorio o acusación que se presentó en su contra.

No obstante lo anterior, destacamos que con nuestra determinación no estamos negando la posibilidad de que los actos descritos en la acusación, de probarse, puedan tenerse por constitutivos de delito. Pero, está claro que los hechos y circunstancias que permean este caso no llenan el supuesto que pretende cubrir el artículo 3.1 de la Ley Núm. 54.

En mérito de lo anterior, expedimos el auto solicitado, revocamos el dictamen recurrido y desestimamos la acusación presentada contra el peticionario.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera

Secretaria Interina

Tribunal de Apelaciones


1 Antes, inciso (i) del artículo 1.3 de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A. §602(i).


2 Antes, inciso (k) del artículo 1.3 de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A. §602(k).


3 Antes, artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, 8 L.P.R.A. §631.


4 Artículo 130 del Código Penal, 33 L.P.R.A. §4758. Adulterio. Toda persona casada que tenga relaciones sexuales con una persona que no sea su cónyuge incurrirá en delito menos grave.
[…] 

  Si el delito de adulterio se comete por una mujer casada y un hombre soltero, o un hombre casado y una mujer soltera, el hombre soltero o la mujer soltera incurrirá en el delito de adulterio. 






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