Página principal

Referida a la requisitoria fiscal en el


Descargar 350.61 Kb.
Página1/8
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño350.61 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


EXPOSICIÓN DEL GENERAL

RAMÓN GENARO DÍAZ BESSONE

REFERIDA A LA REQUISITORIA FISCAL EN EL

JUICIO ORAL Y PÚBLICO CAUSA FECED Y OTROS
Excmo. Tribunal Oral:
DIAZ BESSONE, Ramón Genaro, por derecho propio, en el expte. “DÍAZ BESSONE RAMÓN GENARO, Lofiego José Rubén, Marcote Mario Alfredo, Vergara Ramón Rito, Scortechini José Carlos Antonio y Chomicky Ricardo Alfredo s/ homicidio, violación y torturas”- EX FECED- nº 120/08 y ac. 138/09, ante V.E. se presenta y dice:


  1. PUNTOS DE PARTIDA DE MI DEFENSA




  1. SI SE ME JUZGA como General, como se juzga a centenares de miembros del Ejército Argentino.


Y SÓLO POR HABER HECHO LA GUERRA contra las organizaciones armadas revolucionarias, guerra decretada por un gobierno constitucional, que es lo que hice.
Y PESE A QUE EN ESA GUERRA CUMPLÍ ESTRICTAMENTE los Decretos, las leyes y los Reglamentos Militares que dieron el marco legal a las operaciones de esa guerra, incluso los reglamentos que reglaban la guerra contra la subversión.
Y SI SE CONSIDERA QUE LA GUERRA ES UN CRIMEN (“el crimen de la guerra) Y QUE LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS SON ILEGALES, antes y después del 24 de marzo de 1976, COMO SE CONSIDERA EN ESTE JUICIO.
ENTONCES TAMBIÉN DEBEN SER JUZGADOS los miembros del Gobierno Nacional que decretaron la guerra, y los que aprobaron las leyes y los reglamentos citados, lo que sería ilegal y paradójico.
TAMBIÉN DEBEN SER JUZGADOS todos los miembros del PEN del Gobierno constitucional que condujeron la guerra al máximo nivel COMO AUTORES MEDIATOS, no sólo a los gobernantes de facto que los sucedieron, si rige la igualdad ante la ley (Art. 16 C.N.)

SE OMITE, y lo omite la Fiscalía, omisión objetable, que la existencia de esa guerra fue reconocida por la Cámara Federal que juzgó a las Juntas (causa 13/84) y también reconoció que esa guerra fue iniciada por las organizaciones terroristas contra el Estado nacional.
TAMBIÉN DESTACO que la Fiscalía, en sus extensas consideraciones políticas, no jurídicas, omite que las leyes y reglamentos citados se aplicaron bajo el gobierno constitucional antes del 24 de marzo de 1976 y a lo largo de 1975, pero a su criterio pasaron a ser ilegales, al menos los reglamentos contra la subversión, desde marzo de 1976.
SI SE ME JUZGA POR DELITOS QUE COMETÍ EN ESA GUERRA, debo ser juzgado por las leyes vigentes antes de los hechos del proceso, el Código de Justicia Militar, y por los jueces designados por ley antes de los hechos de la causa, como lo establece el Art. 18 de la Constitución Nacional, y en violación del cual se me juzga con leyes aplicadas retroactivamente y por Tribunales designados “ex post facto.”

Por esto y otras violaciones a la Constitución Nacional, que citaré más adelante, esos juicios son totalmente inconstitucionales.
SI EN CAMBIO SE ME JUZGA POR HABER COMETIDO DELITOS COMUNES, durante el tiempo de esa guerra, pero con plena prueba de que fueron totalmente ajenos a los hechos de la guerra, y se me aplica el Código Penal, deben cumplirse los requisitos que éste establece este Código y el Art. 18 y concordantes de la C.N.
En tal sentido deben probarse las circunstancias de modo, tiempo, lugar de los hechos, etc., no con generalidades, que me engloban con lo que se dice ocurrió en el país durante siete años y nueve meses, durante el Gobierno de facto.
Tampoco es suficiente la simple denuncia, porque si eso fuera así, no haría falta para probar un hecho ni el Código Penal, ni el sistema judicial.
Tampoco es prueba la denuncia de testigos cuya veracidad no se prueba y que son instrumento del odio, la venganza y la revancha de las extraviadas ideologías de los vencidos en aquella guerra.
Esto transforma a estos en juicios políticos.


  1. SIN PLENA PRUEBA NO HAY DELITO PROBADO Y POR LO TANTO NO HAY CONDENA


EN ESTE PROCESO NO SE HA PROBADO CON PLENAS PRUEBAS QUE NO ADMITAN DUDAS LOS DELITOS QUE SE ME IMPUTAN.

Si se resolviera lo contrario se violaría el art. 18 de la Constitución Nacional y el 1º y 3º del CPN.
Ha sostenido Santiago Sentis Melendo en su “In dubio Pro Reo” que “en el proceso penal lo único válido es la prueba. Con todo lo demás se puede jugar, con la prueba no.” Sin plena prueba no hay prueba.
El Ministerio Fiscal ha venido jugando con la inexistencia de pruebas y pretende llevar a VE al dictado de una sentencia política y errónea.


  1. UN REQUISITO IMPRESCINDIBLE


ES NECESARIO que se tenga en cuenta que mi RESPONSABILIDAD CASTRENSE COMO COMANDANTE DEL IIdo. CUERPO DE EJÉRCITO comenzó el 3 de septiembre de 1975, designado por Decreto 2385/75 del PEN y concluyó el 11 de octubre de 1976 por el Decreto 2430/76.
ES IMPRECINDIBLE TENER EN CUENTA AQUELLAS FECHAS, PUES CARECÍ DE AUTORIDAD Y DE RESPONSABILIDAD LELGAL POR HECHOS QUE PUDIERAN HABER OCURRIDO ANTES Y DESPUÉS.
En ese lapso estuve aproximadamente siete meses bajo el gobierno constitucional y seis meses bajo el gobierno de facto. TODO TIEMPO DE GUERRA CONTRA LA SUBVERSIÓN DURANTE LA CUAL NO HUBO NINGÚN CAMBIO EN EL ACCIONAR DE MI CUERPO DE EJÉRCITO CON EL CAMBIO DE GOBIERNO.
ES PRECISO TAMBIÉN QUE SE TENGA EN CUENTA QUE SOLICITÉ EN DICIEMBRE DE 1977 MI PASE A RETIRO EFECTIVO TRAS RENUNCIAR POR MI PROPIA VOLUNTAD A MI CARGO DE MINISTRO DE PLANEAMIENTO.


  1. El FISCAL VIOLÓ ESTE REQUISITO


El escrito del Fiscal al referirse a la “Estructura Funcional”, en general dice: “En este marco… surge la responsabilidad en el desarrollo del plan sistemático de represión clandestina e ilegal en la Zona II de Defensa de los Comandantes del II Cuerpo de Ejército RAMÓN GENARO DÍAZ BESSONE Y LEOPOLDO FORTUNATO GALTIERI”.
SE ME ESTÁ JUZGANDO A MÍ EN ESTE JUICIO Y NO AL GENERAL GALTIERI. ES UNA GRAVE CONFUSIÓN Y NO CORRESPONDE HACER UNA BOLSA COMÚN DE DOS GESTIONES SEPARADAS EN ELTIEMPO. NI EL GENERAL GALTIERI DEPENDIÓ DE MÍ, NI YO DEPENDÍ DE ÉL, PUES ÉL FUE MI SUCESOR EN EL CARGO.
POR ESA CONFUSIÓN EL FISCAL ME IMPUTA PRESUNTOS HECHOS UBICADOS EN EL TIEMPO DE LA GESTIÓN DEL GENERAL GALTIERI Y SOBRE LOS CUALES NO EMITO JUICIO.


  1. VOY A REFERIRME A LAS IMPUTACIONES DE LOS FISCALES


En esta causa “Feced Agustín y otros”, una requisitoria está presentada por el Fiscal FEDERICO VÁSQUEZ y la otra requisitoria la presentan los Fiscales Federales ADRIANA SACCONE Y MARIO GAMBACORTA. La presente declaración se refiere a ambas requisitorias
Por razones de economía práctica, las afirmaciones contenidas en este escrito respecto del ministerio Fiscal las hago extensivas a los querellantes.


  1. EL PLAN SISTEMÁTICO DE REPRESIÓN CLANDESTINA E ILEGAL Y EL PLAN DE GUERRA DECRETADOS POR EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL.


La fiscalía se refiere repetidamente a un “plan sistemático de represión clandestina e ilegal” ejecutado por las FF.AA. entre 1976 y 1983.
Tal afirmación se apoya en el contenido de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones en el juicio a las Juntas Militares, causa 13/84.
La citada Cámara Federal deduce la existencia del tal plan de hechos ocurridos entre 1976 y 1983, hechos que interpreta según su propio y parcial punto de vista en un juicio político más que penal.
Ni la Cámara Federal, ni la Fiscalía presentan ningún documento que pruebe fehacientemente la existencia de tal “Plan sistemático” y debo recordar lo que afirmó Sentis Melendo.
En cambio, LA FISCALÍA IGNORA LA EXISTENCIA DE LA GUERRA DECLARADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES ARMADAS REVOLUCIONARIAS Y SUS APOYOS CLANDESTINOS POR UN GOBIERNO CONSTITUCINAL, ASÍ COMO EL PLAN PARA HACER ESA GUERRA CONTENIDOS EN LOS DECRETOS 2770, 2771 y 2772/75 DEL PEN Y LA DIRECTIVA 1/75 DEL CONSEJO DE DEFENSA A LOS QUE LA FISCALÍA CITA SOMERAMENTE Y A VECES LOS TERGIVESA.
LA FISCALÍA OMITE TAMBIÉN que la citada Cámara Federal reconoció expresamente esa guerra y que fue iniciada por las organizaciones armadas revolucionarias.
Los citados Decretos y la Directiva 1/75 tuvieron plena vigencia durante los siete meses que me desempeñé como CTE. IIdo CPO. Ej. bajo el Gobierno constitucional, y mis últimos seis meses en ese cargo durante los primeros meses del Gobierno de la primera Junta Militar.
Es imprescindible que me refiera a los puntos esenciales de los Decretos y la Directiva citados.
1º) Los Decretos 2770, 2771 y 2772/75, del 6 de octubre de 1975
Debían ser estrictamente cumplidos. Eran la máxima norma lícita para el Ejército y para todas las instituciones nacionales y provinciales responsables de ejecutar las acciones de la guerra contrarrevolucionaria decretada. La responsabilidad castrense en el cumplimiento de una ley (latus sensu) no puede constituir delito.


  1. El Decreto 2770/75

1º) Expresa textualmente que la salvaguarda de la paz interior y de enfrentar la actividad subversiva es responsabilidad del gobierno y de TODOS LOS SECTORES DE LA NACIÓN. LO RECALCO: NO SÓLO EL EJÉRCITO.

Constituye el CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR presidido por el Presidente de la Nación y fija sus competencias, así como las del CONSEJO DE DEFENSA presidido por el Ministro de Defensa. Todo licito: (sujeto, acción, objeto jurídico y forma).

Estas últimas son:


  • Coordinar con las autoridades nacionales, provinciales, los gobernadores y municipales la ejecución de las medidas contra la subversión.

Es muy claro, las autoridades provinciales, los gobernadores, cuya jurisdicción propia era ajena al Ejército, debían ejecutar medidas en el ámbito de sus responsabilidades. LO RECALCO CON ÉNFASIS.
Para “la ejecución de las medidas contra la subversión,” lo que se omite totalmente en la requisitoria Fiscal, los gobernadores disponían, entre otros medios, de sus policías provinciales y de sus organismos de inteligencia, con jurisdicción propia.
Véase el absurdo: SI SE ME ACUSA DE “DOMINIO DEL HECHO” Y “PARTÍCIPE NECESARIO”, CUÁNTO MÁS LAS AUTORIDADES NACIONALES Y TAMBIÉN LAS PROVINCIALES CONSTITUCIONALES Y DE FACTO QUE NO HAN SIDO SOMETIDAS A JUICIO PORQUE EVIDENTEMENTE NO CORRESPONDE PUESTO QUE SON INOCENTES COMO LO SOY YO.


  • Planear y conducir (EL CONSEJO DE DEFENSA) el empleo de las FF.AA., de Seguridad y Policiales contra la subversión.

Es decir que las fuerzas de Seguridad y Policiales también fueron empleadas y no fueron ajenas a las acciones LÍCITAS contra la subversión y para ello, los planes y la conducción superior eran responsabilidad del Consejo de Defensa, nivel PEN, NO DE UN CTE. DE CUERPO DE EJÉRCITO.


  • Establece que la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional quedan subordinados al Consejo de Defensa (no al Ejército).




  1. El Decreto 2771/75




  • Expresa la necesidad de contar con la participación de las fuerzas policiales y penitenciales contra la subversión.


Es muy claro: debían participar, no permanecer ajenas y hacerlo según las órdenes y disposiciones de sus autoridades legales, no del Ejército.
Dispone que el Consejo de Defensa, a través del Ministerio del Interior, suscriba con los gobiernos provinciales convenios que coloquen bajo su control operacional el personal y los medios policiales y penitenciarios que les sean requeridos por el Consejo de Defensa.

Está muy claro que no todos los medios sino sólo los que les sean requeridos. De lo contrario, los gobernadores quedarían privados de esos medios para sus propias necesidades.

ESTA IMPORTANTÍSIMA LIMITACIÓN HA SIDO OMITIDA POR LA REQUISITORIA FISCAL.

Está muy claro también que las policías provinciales continuaban dependiendo de los gobernadores, NO DEL EJÉRCITO, y por las disposiciones antes citadas debían participar en las acciones contra la subversión.

Lo mismo cabe para los servicios penitenciarios. Recalco que regía el “estado de sitio” y rigió durante toda mi gestión con las limitaciones que impone a las libertades AMBULATORIAS.


  1. El Decreto 2772/75


En su Art. 1º dispone que las FF.AA. bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa ejecutarán las operaciones necesarias”, PARA ANIQUILAR EL ACCIONAR DE LOS ELEMENTOS SUBVERSIVOS EN TODO EL TERRITORIO DEL PAÍS.


  • Aniquilar” es término bélico, legal, de la guerra. No es posible tergiversar el alcance de lo dispuesto por el PEN.

  • En tiempo de paz no se ordena “aniquilar”


2º) La Directiva 1/75 del Consejo de Defensa
Es importantísima e inseparable de los Decretos citados.


  1. Impone (Punto 5. Misión) a las FF.AA. de Seguridad y Policiales la misión de detectar y aniquilar a las organizaciones subversivas, como actividades lícitas de las fuerzas empeñadas.

LA GUERRA ASI DECRETADA, MAL QUE LE PESE AL MINISTERIO FISCAL, NO CONSTITUYO DELITO ALGUNO NI LA FORMACION DE ASOCIACIONES ILICITAS, PUES SE TRATO DE ACTOS POLITICOS NO JUSTICIABLES.-


  1. Impone (Punto 6. b)1) obtener clara información sobre los elementos que integran el aparato político-administrativo y sus elementos subversivos clandestinos y abiertos.


Recalco: Lo impuso el gobierno constitucional, democrático, anti castrista y anti maoísta, no el de facto, bajo el estado de necesidad en virtud de la teoría del interés preponderante.
Obtener clara información es la tarea esencial de todas las áreas de inteligencia tanto del Estado nacional como de los provinciales DE TODOS LOS TIEMPOS, también del actual. Recalco además que regía el estado de sitio.

Sin esa tarea, hoy tan denostada, las decisiones y las acciones del Estado se tomarían a ciegas. No lo hace ningún país del mundo. ES UNA TAREA ABSOLUTAMENTE LEGAL Y NECESARIA.
LA SUBVERSIÓN TENÍA SU APARATO POLÍTICO –ADMINISTRATIVO, DETECTARLO Y COMBATIRLO NO ERA UNA “PERSECUCIÓN POLÍTICA A JÓVENES IDEALISTAS” COMO LO ACLARAN Y PUNTUALIZAN LOS DECRETOS 1454/73, 1368/74, 2452 y 4060/75 Y LOS ANTES CITADOS DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL y parece ignorarlo el Ministerio Fiscal, así como parece olvidarlo algún sector de la vida ciudadana.


  1. Impone (punto 6.b) 4) eliminar y desalentar el apoyo que personas puedan dar a la subversión.

RECALCO QUE LAS ORGANIZACIONES SUBVERSIVAS NO TENÍAN ZONAS DOMINADAS NI CUARTELES, SINO REFUGIOS CLANDESTINOS PARA SUS MIEMBROS, SUS ARMAS Y EXPLOSIVOS. SANTUCHO JEFE DEL ERP FUE MUERTO EN UNA OPERACIÓN MILITAR EN UNO DE ESOS REFUGIOS.


  1. Impone (punto 6. b) 4) Aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones armadas subversivas.




  1. El apartado 6 c)1) es de vital importancia. OTORGÓ A LAS FUERZAS LEGALES LA MÁS AMPLIA LIBERTAD DE ACCIÓN PARA INTERVENIR EN TODAS AQUELLAS SITUACIONES EN QUE PUEDAN EXISTIR CONNOTACIONES SUBVERSIVAS.

Esta disposición del gobierno constitucional ha sido completamente ignorada en este proceso.


  1. EL APARTADO 6 C)2) ORDENA QUE LAS FF.AA. DEBEN EVITAR COMPROMETERSE EN ACCIONES DE NETA INJERENCIA POLICIAL.


Está claro que las policías Federal y Provinciales no dependían del Ejército y tenían su propia esfera de acción.


  1. El apartado 9 c) dispone que el enlace a nivel provincial será coordinado por la autoridad de Ejército de mayor jerarquía en cada provincia.


ESTÁ CLARO QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL TENÍA SU PROPIO ÁMBITO DE PODER SEPARADO DEL EJÉRCITO. Ese enlace era para intercambiar informaciones y solicitar apoyos de diversa naturaleza, si se necesitaban.
En Santa Fe tenían asiento varias unidades del Ejército, y desde el comienzo de mi gestión ordené un refuerzo con tres regimientos de Brigadas a mi mando con asiento fuera de Santa Fe, uno de ellos era un blindado, con tanques de guerra.

DE TAL MANERA PODÍA ENFRENTAR UN ATAQUE ARMADO DE LA SUBVERSIÓN COMO EL QUE SUFRIÓ UNO DE MIS REGIMIENTOS, EL DE FORMOSA EN OCTUBRE DE 1975, CON MÁS DE 200 GUERRILLEROS ARMADOS, Y EN EL QUE MURIÓ MUCHA GENTE DE AMBOS LADOS.

Con tal potencial armado, nunca necesité refuerzo de la policía provincial para operaciones en esa guerra.

Si con tal potencial armado, desde el marco de la guerra, podía lo más, es lógico que podía lo menos, como capturar al enemigo, tomarlo prisionero que es lo que se hace en una guerra. En este caso a una o más personas vinculadas a la acción bélica guerrillera. Regía además el estado de sitio.


  1. El apartado 6.a)6) establece: “La ofensiva deberá… transformar a la subversión en un tema de naturaleza policial para fines de 1976.” ESTÁ CLARO, MIENTRAS TANTO ERA UNA GUERRA, Y EN LA GUERRA PARA CAPTURAR A UN ENEMIGO Y TOMARLO PRISIONERO NO SE REQUIERE LA ORDEN DE UN JUEZ, AL ENEMIGO NO SE LO PRIVA ILEGÍTIMAMENTE DE LA LIBERTAD.

Esa guerra, como expondré más extensamente en la declaración posterior fue reconocida por diputados y senadores en el Congreso en 1975 y 1976.

La diputada nacional NILDA GARRÉ, hoy Ministra de Defensa dijo en la sesión del 17 y 18 de marzo de 1976 (está en el diario de sesiones) que estábamos “EN ESTA GUERRA DRAMÁTICA.”

Es absurdo que se considere que esa guerra cesó abruptamente seis días después, el 24 de marzo de 1976. La guerra finalizó en 1979 según lo declararon las autoridades nacionales y lo afirmó el histórico diario “La Nación” en su editorial del 19 de septiembre de 1979.
PERO MÁS IMPORTANTE FUERON LOS HECHOS DE ESA GUERRA. A metros de este Tribunal fueron asesinados mi antecesor en el cargo, el General SÁNCHEZ, hecho en el que también fue asesinada la Sra. DORA CUCO DE AYALA que atendía un quiosco de diarios, y en una “cárcel de pueblo” el Coronel LARRABURE, y en 1975 fue asaltado mi Regimiento de Formosa por 200 “Montoneros” que para ello secuestraron un avión de línea repleto de pasajeros y en Formosa tomaron como rehén al Gobernador de esa Provincia.

SE APLICA EL DERECHO PENAL para juzgar hechos de esa guerra, lo que en ese tiempo estaba bajo el fuero castrense. En Nüremberg fue un Tribunal castrense el que juzgó a los nazis, y por las bombas atómicas nadie fue juzgado.


  1. El apartado II c) mantiene la vigencia de la Directiva Estratégica Militar, Plan de capacidades, Marco Interno, de 1972.


ESA DIRECTIVA ES LA QUE DIVIDIÓ AL PAÍS EN ZONAS Y SUBZONAS DE DEFENSA. DATA DE 1972.
Es indispensable aclarar bien que es una Zona de Defensa, no simplemente Zona porque advierto que la Requisitoria Fiscal no conoce su alcance exacto. Esta aclaración sería superflua para mis jueces naturales, el Consejo Supremo de las FF.AA. y excusable para la Fiscalía a la que no le alcanza el tiempo para leer mi indagatoria.
Una Zona de Defensa es un área territorial donde existen objetivos importantes que deben ser protegidos: cuarteles, usinas, instalaciones militares, fábricas de armas, usinas nucleares, etc.
RECUÉRDESE QUE SE ESTABLECIERON EN 1972 CUANDO YA LAS ORGANIZACIONES ARMADAS REVOLUCIONARIAS HABÍAN ATACADO A ESOS OBJETIVOS.
El responsable de proteger esos objetivos era el Comandante de Zona o Subzona con las tropas a su mando, de Ejército. ESTA DISPOSICIÓN RIGIÓ BAJO GOBIERNOS CONSTITUCIONALES Y DE FACTO.
En 1973 fui Comandante de la VIII Brigada y a la vez Comandante de la Subzona de Defensa que abarcaba las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis bajo las presidencias de Lanusse, Cámpora, Lastiri y Juan D. Perón.

Como Comandante del Cuerpo II y de la Zona de Defensa 2 debí proteger objetivos que no dependían de mí, como la Fábrica Militar de Armas del área Rosario y los Distritos Militares.
CUANDO EN 1975 EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DISPUSO PASAR A LA OFENSIVA, LA ZONA DE DEFENSA 2 TAMBIÉN PASÓ A SER EL TERRITORIO DONDE PODÍAN EFECTUAR SUS OPERACIONES MILITARES LAS FUERZAS BAJO MI MANDO LEGAL.
FUERON EQUIVALENTES A LAS FAJAS DE COMBATE QUE ES ESTABLECEN PARA EVITAR QUE SE MEZCLEN EFECTIVOS DE OTRAS ÁREAS.

ESTO TAMBIÉN RESULTARÍA NECESARIO EXPLICARLE A LA FISCALIA, para evitar que la supina ignorancia malogre la posibilidad de que VE dicte una sentencia justa.
En síntesis, Actué dentro de la Constitución y de la ley y de los Reglamentos Militares. NO FUI AMO DE UN FEUDO NI LO FUERON MIS SUBORDINADOS. No gobernamos seis provincias con todos sus municipios. Cada provincia fue gobernada por un gobernador. Durante mi gestión, Santa Fe fue gobernada por Silvestre Begnis elegido democráticamente, y luego por el Almirante Desimoni, nombrado por la Junta Militar. NI YO NI MIS SUBORDINADOS TUVIMOS NINGUNA INJERENCIA EN SUS RESPECTIVAS ACCIONES DE GOBIERNO.
FINALMENTE DESEO DESTACAR que los ideólogos que siembran odio y venganza como HORACIO VERBITSKY (“Montonero” y jefe del grupo que realizó el atentado con un “autobomba”, contra el General VIDELA en el que murió un inocente camionero) me han señalado con absoluta falsedad como el ideólogo del “Proceso de Reorganización Nacional”.
COMO MINISTRO DE PLANEAMIENTO desde octubre de 1976 hasta diciembre de 1977, por ley nacional se me encomendó elaborar un “PROYECTO NACIONAL”, documento que expuse en todas las provincias y en Santa Fe en el paraninfo de su Universidad, y por la red nacional de difusión. Por lo tanto un documento público, no secreto que difundieron los diarios como “La Nación”.
En él proponía llamar a elecciones municipales en 1978 y provinciales en 1979. Dejo un ejemplar como prueba.
Cuando comprobé que el Gobierno Nacional desechó ese PROYECTO NACIONAL, renuncié y solicité mi pase a retiro. Ese fue el único plan que elaboré.
3º LA LEY NACIONAL Nº 24.840
ES DE GRAN IMPORTANCIA QUE SEA TENIDA EN CUENTA EN ESTE JUICIO.


  1. Establece penalidades para las actividades subversivas en todas las manifestaciones.




  1. Fue promulgada el 20 de septiembre de 1974 por el Gobierno constitucional, trece meses antes de que se decretara la guerra contra las organización armadas revolucionarias.

  1   2   3   4   5   6   7   8


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje