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Ref. Acción: tutela


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Medellín, trece (13) de mayo de dos mil quince (2015)


Ref. Acción: TUTELA


Demandante: JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO

Demandado: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Radicado: 05001-23-33-000-2015-00842-00

Instancia: Primera

Sentencia Nro. S – 03 No. 032
Tema: Acción de tutela - Derecho a la Igualdad – Convalidación de Titulo –
El señor JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO, actuando en su propio nombre, a través de apoderado judicial, de conformidad con el artículo 86 de la C. N., desarrollado por el Decreto 2591 de 1991, propone una acción de tutela contra EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL con el fin de que se protejan sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al trabajo y a los principios de favorabilidad, buena fe en su dimensión de confianza legítima y el de progresividad, presuntamente vulnerados por la entidad accionada, al negar, con la expedición de sendos actos administrativos, la solicitud de convalidación de título extranjero.
En la acción impetrada, se advierte que el señor GUTIÉRREZ LONDOÑO, por intermedio de su apoderada, pretende (Fls. 10 – 11):
“PRIMERO: En forma respetuosa, ruego a esa H. Corporación tutelas los derecho (sic) fundamentales constitucionales del señor JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO, que considero conculcados con ocasión de la expedición de las Resoluciones 2811 del 6 de Agosto de 2014 y 19529 de Noviembre 14 de 2014 por el ministerio de educación Nacional Y COMO TAL LE ESTA OCASIONANDO UN PERJUICIO GRAVE, COMO QUIERE (SIC) QUE NO HA PODIDO ACCEDER EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE EL LABORA, INSTITUTO UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, como docente, UN ASCENSO NI PRESENTARSE A LOS DIFERENTES CONCURSOS PARA ASCENSO EN EL ESCALAFON Y PORQUE ADEMAS LOS DINEROS INVERTIDOS EN LOS ESTUDIOS REALIZADOS FUERON PRODUCTO DE UN PRESTAMO, sobre el cual debe pagar intereses mensuales, Y SU OBJETIVO PRIMORDIAL QUE LO LLEVÓ A TOMAR LA DECISIÓN PARA REALIZAR ESTOS ESTUDIOS ES CON EL ÁNIMO DE OBTENER UNA (SIC) ASCENSO EN EL ESCALAFON PARA MEJOR (SIC) SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU NUCLEO FAMILIAR.
SEGUNDA: En forma respetuosa solicito a su Despacho, se DECLARE LA NULIDAD DE LAS Resoluciones 12811 de fecha 6 de agosto de 2014 y 19529 de fecha 14 de noviembre de la misma anualidad y se ordene al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, se convalide el TITULO DE DOCTOR OF MARKETING otorgado el 11 de octubre de 2013 por ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS al Señor JOSÉ MARIA GUTIÉRREZ LONDOÑO. Máxime teniendo en cuenta que con anterior, ya había convalidado un título de la misma Universidad, lo cual conlleva a reiterar que es una actuación del MIE (sic) totalmente ARBITRARIA E INJUSTA.”

Apoya sus pretensiones en los fundamentos fácticos que esta Sala resume en los siguientes


H E C H O S :
Indica la apoderada de la accionante, que el día 30 de abril de 2014, el señor JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO, solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional, mediante radicado SAC No. 578531, folder No. 51948, le fuera convalidado el título extranjero de DOCTOR OF MARKETING, otorgado por ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY.
Describe que posteriormente, mediante escrito de fecha 10 de julio de 2014, el señor GUTIÉRREZ LONDOÑO, realizó una segunda solicitud ante el Ministerio de Educación Nacional, sobre la convalidación del título extranjero de Doctor of Marketing, de fecha 11 de octubre de 2013 otorgado por Atlantic Internacional University, solicitando que se dé aplicación a la Resolución No. 5547 de fecha 1º de Diciembre de 2005, por medio de la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por Instituciones de Educación Superior extranjera o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país.
Explica que, con el fin de sustentar su derecho de petición, el solicitante aportó con su escrito los documentos probatorios, tales como las certificaciones de acreditación de las Entidades no Gubernamentales de los Estados Unidos y el Diploma que lo acredita como DOCTOR OF MARKETING con el fin de que fueran tenidos en cuenta al momento del estudio y valoración probatoria de los certificados, igualmente aportó los certificados universitarios realizados en Colombia.
Aduce que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución No. 12811 de fecha 6 de agosto de 2014, expidió el acto Administrativo denegando la solicitud impetrada por el Beneficiario, providencia que se notificó el día 27 de agosto de 2014.
Finalmente, afirma que el señor JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ, en total desacuerdo con lo resuelto por el Ministerio de Educación Nacional, interpuso los recursos de ley contra el acto administrativo, recurso que fue desatado en forma desfavorable, confirmando la decisión adoptada en la Resolución No. 12811 de fecha 6 de agosto de 2014.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN Y POSICIÓN DE LA ACCIONADA:
La acción de tutela de la referencia fue presentada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 15 de abril de 2015, en la fecha se repartió la acción al despacho de la Dra. Yolanda García de Carvajalino (fl. 61), quien ordenó por auto de la misma fecha su remisión a esta Corporación para que se asumiera el conocimiento del asunto, al advertir, conforme a las reglas de competencia que los efectos de la presunta violación alegada por el actor constitucional se producirían en este Departamento, en donde tiene competencia el Tribunal Administrativo de Antioquia (fl. 64 – 66).
Una vez recibida la acción en esta ciudad, el día 24 de abril de 2015 (fl. 68), la Oficina Judicial de Medellín, en la misma fecha, la repartió, correspondiendo el conocimiento a esta Sala de decisión (fl. 69) y, por auto del día 27 de abril siguiente, se admitió la acción y se ordenó su notificación a la entidad demandada (folio 70), diligencia ésta que se verificó a través de correo electrónico en la dirección oficial de tutelas del Ministerio de Educación (folios 71 - 72), la cual fue recibida en la entidad demandada el día 29 de abril de 2015, según se advierte en la constancia respectiva (fl. 72).

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

En escrito suscrito por la Asesora de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional (fls. 73 – 76) Dra. GLORIA AMPARO ROMERO GAITÁN, solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela propuesta por el señor GUTIÉRREZ LONDOÑO, al advertir que la entidad que representa no ha desconocido derecho fundamental alguno del accionante.


Como fundamento de su solicitud, indicó:
Que los actos administrativos con los que presuntamente se violentan los derechos constitucionales fundamentales del actor, se fundamentan en que en ejercicio de la función constitucional de inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia, principalmente la de velar por la calidad de la Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional, realizó el proceso de convalidación de títulos, regulado por la Resolución No. 5547 de 2005, proceso que consistió en un estudio académico y legal de los estudios cursados que determinan si un título otorgado en un país extranjero es equivalente a un título otorgado en Colombia.
Advirtió que solo son susceptibles del proceso de convalidación los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación superior reconocidos como tal en el país en donde tienen sede dichas instituciones y donde fueron expedidos los títulos.
Explicó que no es suficiente que un título otorgado por una institución de educación superior en el extranjero sea reconocido oficialmente por el Gobierno del País en el que se expide como de educación superior, es necesario realizar un estudio de la posible equivalencia del título con respecto a los títulos otorgados en Colombia, estudio que se realiza a través de dos exámenes, un examen legal y un examen académico de los estudios cursados, los cuales deben ser superados de forma conjunta, para que el título sea convalidado y que la satisfacción de uno solo de estos exámenes no es suficiente para proceder a la convalidación.
Observó que una vez efectuado el examen de legalidad, se encontró que la ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS, no aparecía registrada como institución de Educación Superior en el Departamento de Educación de los Estados Unidos, entidad que según la ley de Educación Superior de Estados Unidos de 1965 y sus respectivas enmiendas, brinda la información acerca de las Universidades y publica la lista de instituciones de educación superior que están debidamente acreditadas en el mencionado país.
Describió que, en atención a lo expresado, el Grupo de convalidaciones considero que no eran susceptibles de convalidación los títulos otorgados en virtud de la autonomía de una Institución de Educación Superior, toda vez que todos los títulos a convalidar debían contar con el reconocimiento oficial por parte de la entidad encargada de regular el tema de la Educación Superior en el País de origen del título obtenido en el exterior, en este caso, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, o de alguna de las acreditadoras adscritas a ellos.
Al referirse al argumento de la violación del principio de igualdad o aplicación de caso similar, consideró que ello obedeció a una razón objetiva y razonable para haber otorgado el trato diferente, en virtud al fallo del Honorable Consejo de Estado, que dispuso convalidar el título del señor José William Hernández González, que, dicho sea de paso, no obtuvo un título igual al otorgado por el accionante por parte de Atlantic International University.
Significó también que el procedimiento administrativo para decidir la convalidación que se discute por el accionante, se realizó respetando las formas propias del trámite, dándose a conocer las actuaciones y siempre con la plenitud del ejercicio del derecho de contradicción y que tampoco hubo violación del Debido Proceso en la dimensión de la confianza legítima, al advertir que la negativa de la convalidación fue producto de una actuación motivada, proporcionada y racional.
No advirtió tampoco violación al derecho al trabajo o a la escogencia de profesión u oficio, toda vez que, en los términos del artículo 26 de la Constitución Política, la libertad de trabajo no es absoluta.
Por último advirtió que existen otros medios jurídicos de defensa judicial ante lo contencioso administrativo como es el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Sin vicios que invaliden lo actuado, procede esta Sala a decidir la solicitud propuesta.
C O N S I D E R A C I O N E S
El artículo 86 de la Constitución Nacional introdujo la acción de tutela para que toda persona pueda:
“...reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”.
De lo anterior se deduce que cuando una persona considere que se le han vulnerado sus derechos constitucionales, será a través de esta acción, perentoria y sumaria, ante la autoridad competente, que podrá reclamar la tutela de su derecho conculcado.
La acción de tutela fue concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican violación o amenaza de violación de un derecho fundamental, respecto de las cuales el ordenamiento jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces para lograr la protección del derecho, es decir, tienen origen dentro del ordenamiento jurídico con el fin de dar respuesta oportuna a circunstancias en que, por la falta de previsiones normativas específicas, el afectado se ve expuesto a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona sus derechos fundamentales. De allí que, como lo señalan el artículo 86 de la Constitución y el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591, no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho trasgredido o amenazado.
De acuerdo con lo anterior, una lectura detenida del artículo 86 de la Constitución Política permite inferir que la acción de tutela es procedente única y exclusivamente cuando el ordenamiento jurídico no haya contemplado instrumentos para proteger los derechos fundamentales y no cuando se hubieren agotado los existentes y los diversos instrumentos que se otorgan a las partes durante el trámite procesal en orden a hacer valer sus derechos.
EL PROBLEMA JURÍDICO
En el presente asunto debe la Sala determinar si procede por la vía constitucional el análisis de legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos expedidos por parte del Ministerio de Educación Nacional, Resolución No. 12811 del 6 de agosto de 2014 que decidió negar la solicitud de convalidación del título de Doctor of Marketing, otorgado por la Atlantic International University de Estados Unidos, al señor JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO y la Resolución No. 19.529 del 14 de noviembre de 2014, que dispuso no reponer la resolución, atrás referida y mantener la negativa de la convalidación del título, al advertirse la existencia de otro medio de defensa judicial idóneo para la protección de los derechos del accionante.
En caso de darse las condiciones para conocer del asunto, analizará la Sala los aspectos cuestionados por la apoderada de la parte actora, que dieron lugar a la negativa de la convalidación que se pretendió por el actor y decidirá si procede o no la nulidad de los actos y las consecuencias jurídicas que de dicha nulidad se deriven.

LA TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS
La Corte se ha referido en innumerables pronunciamientos respecto de la acción de tutela contra actos administrativos y ha concluido sobre el particular: (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
EL CASO CONCRETO.
En el presente asunto, el accionante, a través de apoderado judicial, pretende que el Juez constitucional declare la nulidad de unos actos administrativos que fueron expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, por medio de los cuales se negó al señor JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO, la convalidación de un título obtenido en el exterior, hecho que, según describe su apoderada, le genera un perjuicio no solo a él, sino a su núcleo familiar porque le impide acceder a un ascenso o cargo de mayor jerarquía y mejorar la condición económica de su núcleo familiar.

Al respecto es importante resaltar que, efectivamente, en contra de la decisión adoptada por el Ministerio de Educación Nacional, existen otros mecanismos de orden judicial para controvertir su legalidad, para el caso, era procedente la interposición del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 – y no era procedente la acción de tutela que se intenta.


En el sub examine, la protección efectiva de los derechos cuya protección pretende el actor, por vía de acción de tutela, podían obtenerse en ejercicio de la acción judicial correspondiente. En esa medida, no puede ser la tutela el remedio judicial para discutir las inconformidades del accionante frente a la decisión del Ministerio de Educación Nacional de negar la convalidación del título obtenido en el exterior, pues esta acción se caracteriza por ser un remedio residual y excepcional, que no reemplaza los mecanismos ordinarios de defensa que ha creado el legislador para la efectiva protección de los derechos de los asociados. De admitirse lo contrario, se desconocerían los principios de legalidad y del juez natural, que precisamente aseguran que cada controversia sea decidida por un juez especializado.
Ahora bien, conforme al artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, a pesar de que el afectado cuente con otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procede en forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable, esto es, aquel daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que una vez producido es irreversible y, por lo tanto, no se puede retornar a su estado anterior, el cual tiene como requisitos esenciales la urgencia, la inminencia, la gravedad y la impostergabilidad.
En el presente caso, no se advierte perjuicio irremediable alguno, toda vez que la discusión de convalidación pretende lograr un ascenso que mejore la condición de vida de su núcleo familiar, lo que permite inferir la existencia de una estabilidad en virtud del trabajo que actualmente posee. Ahora bien, si la acción no se interpuso en oportunidad, es una consecuencia que recae indefectiblemente en el actor, por no haber acudido en oportunidad.
En conclusión, la acción de tutela intentada resulta improcedente al advertirse la existencia de otro mecanismo de defensa idóneo para controvertir los argumentos de legalidad de los actos administrativos que le negaron la convalidación del título obtenido en exterior por parte del Ministerio de Educación Nacional.
En mérito de lo expuesto, LA SALA TERCERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

1. SE RECHAZA POR IMPROCEDENTE el amparo constitucional invocado por el señor JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.475.408, quien actúa a través de apoderada judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.


2. Cópiese y notifíquese por vía telegráfica, dentro del día siguiente a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Si no fuere impugnada esta providencia, envíese lo actuado a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Téngase como apoderada del actor constitucional a la Dra. FLOR ELINA GARZÓN CAICEDO, en la forma y términos del poder conferido que obra visible en el folio 14.
SE COPIO, NOTIFIQUESE.
Se discutió y aprobó en Sala de la fecha, como consta en el Acta No. 040
Los Magistrados,

JAIRO JIMÉNEZ ARISTIZÁBAL

MARTHA CECILIA MADRID ROLDÁN

JUAN GUILLERMO ARBELÁEZ ARBELÁEZ




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