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Recurso de reclamacióN 14/2013-ca, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 54/2013. Recurrente: municipio de jojutla de juárez, estado de morelos ministro jorge mario pardo rebolledo


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RECURSO DE RECLAMACIÓN 14/2013-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2013.
RECURRENTE: MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS.


ministrO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.


S Í N T E S I S

Auto Reclamado:


  • El de once de marzo de dos mil trece, dictado por el Ministro Instructor en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 54/2013, por el cual negó la suspensión solicitada por el Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos.



Recurrente:


  • Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos (Actor en la controversia constitucional).



EL PROYECTO CONSULTA:
En las consideraciones:


  • Competencia. La Primera Sala es competente.

  • Procedencia. El recurso es procedente.

  • Oportunidad. La presentación del recurso es oportuna.

  • Legitimación. Manuel Valentín Juárez Policarpo, Sindico del Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos, está legitimado para la presentación del recurso.

ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.

La materia del presente recurso consiste en determinar la legalidad del auto que negó la suspensión de los actos impugnados en la controversia constitucional de origen, a la luz de los agravios que plantea la parte recurrente.


Son infundados los argumentos, en los que controvierte la legalidad del auto impugnado, en atención a que en el caso concreto, como se precisa en el auto impugnado, el Municipio actor solicitó la suspensión de los actos impugnados –mismos que se hicieron consistir en el Decreto Legislativo número 142, publicado en el Periódico del Gobierno del Estado de Morelos, el veintitrés de enero de dos mil trece, a través del cual el Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a favor de Cesar Bahena Valle, con cargo al gasto público del Municipio actor- para el efecto de que no se ejecute dicha determinación.
Ahora bien, contrario a lo aducido por la parte recurrente el Ministro instructor en el acuerdo impugnado, sí consideró las circunstancias y características particulares del asunto planteado, para concluir que de otorgarse la medida cautelar solicitada se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano inherentes a la seguridad social, conforme a lo previsto por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia.
Lo anterior, en atención a que los artículos del Decreto legislativo impugnado, señalan:
ARTÍCULO 1.- Se concede pensión por Jubilación al C. César Bahena Valle, quien ha prestado sus servicios en los H. Ayuntamientos de Zacatepec y Tlaltizapán, Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando como último cargo el de: Secretario municipal”.
ARTÍCULO 2.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado”.
ARTÍCULO 3.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora (sic), incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.”
De dichos preceptos se advierte que se concedió pensión por Jubilación al César Bahena Valle, -quien prestó sus servicios en los Ayuntamientos de Zacatepec y Tlaltizapán, Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando como último cargo el de Secretario municipal-; cuya pensión deberá cubrirse al 90% del último salario del pensionado, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya sido separado de su encargo, por el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, cuyo pago deberá realizarse de manera mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
Ahora bien, como lo señalan los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo, y 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución General de la República, las legislaturas locales tienen la obligación de consignar en sus leyes estatales, el mecanismo legal para que sus trabajadores tengan acceso a las prestaciones de seguridad social relativas a la jubilación, invalidez, vejez y muerte, entre otras. Asimismo, no debe perderse de vista que las citadas prestaciones de seguridad social, constituyen medidas positivas que tienden a la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma de los gobernados, protegido constitucionalmente.
Por lo que, como acertadamente lo determino el Ministro instructor, atendiendo a las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional y a la naturaleza del acto impugnado, no es procedente la suspensión solicitada, porque de concederse se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano inherentes a la seguridad social, de un servidor público del Municipio actor, tuteladas por la Constitución Federal y que no pueden suspenderse por virtud de la controversia constitucional, cuya finalidad es salvaguardar el ámbito de atribuciones y competencia constitucional.
Lo anterior, aunado a que lo establecido en el Decreto legislativo impugnado no es un requerimiento del Poder Legislativo demandado, sino el reconocimiento de un derecho individual del pensionado, cuyo ejercicio se vería restringido con el otorgamiento de la suspensión, lo que reviste mayor entidad que los que en este momento aduce el actor, pues se trata de una problemática que afecta a la subsistencia de dicha persona, frente a la esfera competencial de una persona moral de derecho público como lo es el Municipio actor.
Por lo que al existir una prohibición expresa en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia de otorgar la suspensión cuando se afecten las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como en el caso lo es la seguridad social, y atendiendo a las características y circunstancias particulares del caso, procede negar la medida cautelar, pues contrario a lo que alega el recurrente, no quedará sin materia el asunto, ya que la pensión a la que se refiere el Decreto impugnado es de tracto sucesivo, y en caso de ser fundada la controversia constitucional se podrán fijar mecanismos de carácter presupuestal o de reintegro al municipio actor.
Por otra parte, por lo que hace a los argumentos restantes, en los que en esencia controvierte la legalidad del decreto impugnado, debe señalarse que tales agravios son inatendibles debido a que son argumentos relacionados con la cuestión de fondo planteada en la controversia constitucional, que no pueden ser analizados en el presente recurso de reclamación, cuyo objeto se limita a verificar la legalidad del acuerdo de suspensión dictado por el Ministro instructor.
EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO. Es procedente, pero infundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO. Se confirma el proveído de once de marzo de dos mil trece, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 54/2013.

TESIS QUE SE CITAN EN EL PROYECTO:
SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS”.
SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES”.
DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO”.
RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 14/2013-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2013.
RECURRENTE: MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS.


Vo.Bo.P

SR. MINISTRO

ministrO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de mayo de dos mil trece.


V I S T O S para resolver los autos del recurso de reclamación 14/2013-CA interpuesto por el Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos, en contra del auto de once de marzo de dos mil trece, dictado por el Ministro instructor en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 54/20131, por el cual se negó la suspensión solicitada por el citado municipio; y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Interposición del recurso. Mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Valentín Juárez Policarpo, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento de Jojutla de Juárez, Morelos, interpuso recurso de reclamación en contra del proveído de once de marzo de dos mil trece, por el cual se niega la suspensión solicitada en el incidente derivado de la controversia constitucional 54/2013.
SEGUNDO. Auto recurrido. En la parte que interesa es del tenor siguiente:
“México, Distrito Federal, a once de marzo de dos mil trece. (…) Segundo. En el capítulo correspondiente de la demanda, la parte actora solicita la suspensión de los actos impugnados, en los siguientes términos: --- “SUSPENSIÓN --- Para los efectos de que no se materialice o ejecute el decreto legislativo número 142, bajo el cual el Poder Legislativo decretó unilateralmente, con cargo a la hacienda del Municipio actor y con base en constancias ajenas a la verdad, el pago de la citada pensión por jubilación; hasta en tanto se resuelva el fondo de la presente controversia constitucional. Pues de ejecutarse dicha determinación se mermará injusta y significativamente los de por sí, reducidos recursos municipales, al tenerse que incorporar en el presupuesto de egresos que rige el gasto público municipal para el presente ejercicio fiscal del año 2013 y por tanto, sacrificar el gasto ya dispuesto para prestar los servicios públicos a su cargo.” --- Tercero. Los artículos 14 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el Ministro Instructor debe tomar en cuenta los elementos que sean proporcionados por las partes, así como las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, a fin de proveer sobre la petición de suspensión de los actos impugnados. --- Así, del estudio integral de la demanda se aprecia que la medida cautelar se solicita para que no se ejecute el acto impugnado, hasta en tanto se dicte sentencia en este asunto, esto es, para que no se concreten los efectos y consecuencias que puedan derivar del Decreto legislativo número ciento cuarenta y dos, de cinco de diciembre de dos mil doce, emitido por el Congreso del Estado de Morelos, publicado el veintitrés de enero de este año, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en cuanto se determinó de manera individual y concreta, conceder pensión por jubilación a César Bahena Valle, ex servidor público del Municipio actor. --- Al respecto, el Decreto legislativo impugnado establece: --- ARTÍCULO 1.- Se concede pensión por Jubilación al C. César Bahena Valle, quien ha prestado sus servicios en los H. Ayuntamientos de Zacatepec y Tlaltizapán, Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, desempeñando como último cargo el de: Secretario municipal. --- ARTÍCULO 2.- La pensión decretada deberá cubrirse al 90% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. --- ARTÍCULO 3.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora (sic), incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. --- Atendiendo a las circunstancias y características particulares de la presente controversia constitucional y a la naturaleza del acto impugnado, no procede la suspensión solicitada, porque de concederse se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano inherentes a la seguridad social, conforme a lo previsto por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia, que establece: (se transcribe) --- En relación con este precepto legal, el Pleno de este Alto Tribunal sustentó la jurisprudencia P./J. 21/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil dos, página novecientos cincuenta, de rubro y texto, siguientes: --- “SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ‘INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO”. (Se transcribe) --- En el caso que se analiza, de concederse la suspensión se afectarían instituciones jurídicas fundamentales del Estado Mexicano, en materia de seguridad social, cuyas bases y principios derivan del Título Sexto de la Constitución Federal. --- Al respecto, de la lectura de los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo, y 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución General de la República, se deduce que las legislaturas locales tienen la obligación de consignar en sus leyes estatales, el mecanismo legal para que sus trabajadores tengan acceso a las prestaciones de seguridad social relativas a la jubilación, invalidez, vejez y muerte, entre otras. --- Asimismo, no debe perderse de vista que las citadas prestaciones de seguridad social, constituyen medidas positivas que tienden a dotar de contenido el derecho al mínimo vital para la subsistencia digna de los gobernados, previsto por el orden constitucional, tal como deriva del criterio sustentado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, correspondiente al mes de mayo de 2007, página setecientas noventa y tres, Tesis 1ª. XCVII/2007, cuyo contenido es el siguiente: “DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO”. (Se transcribe) --- En estas condiciones, la suspensión del Decreto legislativo impugnado pondría en peligro la institución fundamental del orden jurídico mexicano relativa a las prestaciones de seguridad social de un servidor público del Municipio actor, mismas que tutela la Constitución Federal y que no pueden suspenderse por virtud de la controversia constitucional, cuya finalidad es salvaguardar el ámbito de atribuciones y competencia constitucional que, en su caso, corresponden al Municipio, lo cual debe ser materia del fondo del asunto. --- Por tanto, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será materia de la sentencia que en su oportunidad se dicte, atendiendo a las circunstancias y características particulares de la presente controversia constitucional y a la naturaleza del acto impugnado, no procede conceder la suspensión solicitada, dado que existe prohibición expresa en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- Cabe aclarar que la posible ejecución del Decreto legislativo impugnado, atendiendo a su naturaleza, no corresponde a la autoridad demandada, sino al propio Municipio actor, conforme a las normas jurídicas aplicables, por lo que, de concederse la medida cautelar se impediría que el particular interesado obtenga por conducto de diversas autoridades sus derechos individuales no tutelados en la controversia constitucional, de ahí que la no ejecución del acto no puede sustentarse en el otorgamiento de la pretendida suspensión en la controversia constitucional, dado que se pone en peligro una institución fundamental del orden jurídico mexicano inherente a la seguridad social. --- En ese orden de ideas, la posibilidad de ejecutar o no el acto impugnado por parte del Municipio actor, no es susceptible de paralizarse como medida cautelar en la controversia constitucional; máxime que el Decreto legislativo de que se trata, en su artículo 2 establece que el pago de la pensión del servidor público pensionado debe realizarse en forma mensual, “con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.”, de donde deriva que no se trata de un requerimiento del Poder Legislativo demandado, sino del reconocimiento de un derecho individual del pensionado, cuyo ejercicio se vería restringido con el otorgamiento de la suspensión. --- Por las razones y fundamentos expuestos, se niega la suspensión solicitada por el Municipio de Jojutla de Juárez, Estado de Morelos. --- Notifíquese por lista y mediante oficio a las partes. (…)”.
TERCERO. Agravios. En su único concepto de agravio la parte recurrente esgrimió, en síntesis, lo siguiente:
1. Que la resolución de once de marzo de dos mil trece, dictada en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 54/2013, mediante la cual niega la suspensión solicitada, lesiona en perjuicio del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, lo establecido en los artículos 14 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitucional Federal; lo anterior, porque no fueron consideradas las circunstancias y características particulares del asunto planteado y las pruebas exhibidas en el escrito inicial de demanda, con las que se demuestra que no se afecta la institución fundamental de la seguridad social, como inexactamente se adujo en el auto recurrido.
2. Que el Ministro instructor no consideró, que en los conceptos de invalidez, primero y segundo, planteó transgresión a su esfera de competencia constitucional, como lo es su autonomía en materia presupuestaria y para administrar libremente su hacienda o gasto gubernamental.
3. Aduce que, si bien es cierto que la medida cautelar se pidió para el efecto de que no se materialice o ejecute el Decreto Legislativo impugnado, y que, a quien compete la ejecución del acto es al municipio demandante, también lo es, que la suspensión solicitada, es para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, sin que se apliquen los efectos y consecuencias de las normas cuestionadas, dada su estrecha vinculación con el acto principal impugnado.
4. Que acreditó que mediante el decreto impugnado, se afectan inconstitucionalmente las atribuciones del municipio actor; como patrón respecto de la relación laboral que guarda respecto de sus trabajadores y también respecto de sus atribuciones constitucionales y autonomía en materia de presupuesto de egresos y del gasto gubernamental anual, puesto que el citado decreto legislativo, determinó a favor de César Bahena Valle, otorgar la pensión vitalicia y por jubilación, con cargo a las arcas municipales, por la cantidad equivalente al 90% del importe correspondiente al último sueldo mensual de dicho trabajador.
5. Asimismo señala, que en la resolución legislativa impugnada, en el capítulo de consideraciones, se advierte que el diecinueve de septiembre de dos mil doce, César Bahena Valle, presentó al Congreso solicitud de pensión por jubilación de conformidad con la hipótesis presentada en el artículo 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, para lo cual acompañó la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la citada ley; y que de conformidad con constancias que obran en la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Jojutla, Morelos, aparece que el veinte de agosto de dos mil doce, la entonces titular de dicha dependencia, expidió ilegalmente una certificación, en la que hace constar falsamente que el referido trabajador, percibía un sueldo mensual de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) en el cargo de Secretario Municipal.
Que la citada certificación es contraria a la verdad, ya que de acuerdo a los recibos de pago expedidos por la Tesorería del Municipio de Jojutla, Morelos, se hace constar que César Bahena Valle, tenía autorizado un sueldo neto quincenal de $24,406.70 (veinticuatro mil cuatrocientos seis pesos 70/100 m.n. y mensual de $48,813.40 (cuarenta y ocho mil ochocientos trece pesos 40/100 m.n.) pruebas que menciona acompañó a la demanda de controversia constitucional.
6. Asimismo, refiere que ilegalmente se acumuló el tiempo que supuestamente el referido solicitante, prestó sus servicios en el Ayuntamiento de Zacatepec, en el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos y en el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, acreditando una supuesta antigüedad de 28 años, 4 meses y 8 días; de ahí que, en base a dicho cómputo ilegal y la falsa constancia de percepción de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) en el cargo de Secretario Municipal, le impone al patrimonio del gobierno que representa, la carga de cubrir el 90% , del citado importe, bajo el concepto de pensión por jubilación. Lo que indica, contraviene en perjuicio del municipio actor lo establecido en los artículos 1, 2, 8, 12, 24, fracción XV, 41, 43, fracción XIII, 45, fracción XV, inciso d), 54, fracción VII, 55, 56, 57, inciso a), fracción II y 58, fracción I, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; preceptos que de ninguna manera autorizan al Poder Legislativo Local para los efectos del otorgamiento de pensión a un trabajador o empleado municipal, acumular los años de servicios que tengan con otro ayuntamiento, con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos o con cualesquiera de sus organismos descentralizados.
7. Que en el decreto impugnado, el Poder Legislativo Local hace intencionalmente una narración imprecisa de los supuestos cargos o trabajos desempeñados por el beneficiario en el servicio público estatal y el municipal; así como, que si nació el ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, no resulta verosímil que a los dieciséis años, haya iniciado la prestación de sus servicios como mensajero de la presidencia, el uno de junio de mil novecientos setenta y nueve.
8. Señala que si la citada persona acreditó una antigüedad de servicios en el Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, del cuatro de noviembre de dos mil seis al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, como Secretario Municipal, es contradictorio porque del texto del Decreto impugnado, se advierte que el legislativo refiere que el servicio prestado por la misma persona en el gobierno de Zacatepec, fue de mensajero de la Presidencia, del uno de junio de mil novecientos setenta y nueve al treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y dos.
9. Que lo mismo sucede con la aseveración que se hace en el decreto, que en el año de dos mil seis, César Bahena Valle, laboró únicamente y hasta el tres de noviembre de dos mil seis, como profesor de asignatura, en la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata del Estado de Morelos, y hasta el cuatro de noviembre de dos mil seis como Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, siendo por tanto falsa la afirmación de que se haya desempeñado en el Gobierno de Zacatepec, Morelos, como Secretario Municipal del cuatro de noviembre de dos mil seis al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.
10. Que es incorrecta la afirmación que hace el Poder Legislativo, en la última parte del punto tercero del capítulo de consideraciones del Decreto impugnado, donde asevera que la antigüedad acreditada, referente a la prestación de los servicios del trabajador en la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata del Estado de Morelos, es del dos de noviembre de dos mil tres al treinta y uno de marzo de dos mil seis, cuando de la cita de todos los trabajos o puestos desempeñados, se indica que fue hasta el cuatro de septiembre del dos mil, cuando la citada persona inició la prestación de servicios en la referida Universidad, ya que en el año de dos mil tres no aparece haber prestado servicios en ninguna institución gubernamental.
11. Que el Decreto controvertido, contraviene lo establecido en el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que señala que en el caso de que el trabajador perciba como último salario, un monto superior al equivalente de seiscientos salarios mínimos vigentes en la entidad, el solicitante deberá acreditar que el último cargo del que emerja el monto salarial base para la pensión, se haya ejercido con cinco años, ya que de no cumplirse con ello, la misma porción normativa dispone que la pensión se calculará tomando como tope o límite los mencionados seiscientos salarios mínimos.
Aduce que el legislador debió advertir que el cargo de Secretario Municipal que el beneficiario prestó en el municipio actor, no fue por cinco años, y por ello, cuando menos estaba obligado a cumplir con el tope o límite establecido en el precepto invocado, sin que sobre mencionar, que el ilegal sueldo mensual rebasa el tope legal establecido.
12. Asimismo, refiere que de la resolución legislativa impugnada, se advierte que en el procedimiento que el Congreso del Estado de Morelos sustanció para admitir a trámite y resolver la solicitud de pensión por jubilación, no se dio intervención al Gobierno del Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos, lo que lesiona en su perjuicio el derecho de audiencia, habida cuenta que a partir de dicho procedimiento se le impuso una carga presupuestal.
Argumentos y pruebas con las que –dice- se demuestran las circunstancias y características particulares del asunto y en consecuencia la procedencia del otorgamiento de la medida cautelar solicitada, mismas que el Ministro instructor no valoró.
13. Que el Ministro instructor tampoco tomó en cuenta que de ejecutarse el decreto impugnado, esto es, de cubrir mensual y sistemáticamente la pensión otorgada, se consumaría la violación a la esfera de atribuciones del ayuntamiento demandante, dejando sin materia la controversia constitucional, porque la sentencia en este tipo de diferendos, carece de efectos restitutorios, lo que evidentemente traerá como consecuencia un daño trascendente a los recursos municipales.
14. Señala que, lo que el gobierno del Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos, cuestiona no es la institución fundamental de la seguridad social a favor de los trabajadores burocráticos, ya que no se expresó ningún argumento tendente a que se suprima el régimen de seguridad social a favor de los servidores públicos, menos aún, tiene interés en que se incumpla con el derecho de los empleados públicos a percibir una pensión, bajo los supuestos y requisitos que norma la Ley Reglamentaria aprobada por el Poder Legislativo Local; pues lo que combate es la intromisión del Congreso del Gobierno del Estado de Morelos, para afectar inconstitucional y permanentemente el presupuesto de egresos y en consecuencia el gasto gubernamental que es competencia exclusiva del municipio demandante.
15. Que contrario a lo determinado en el acuerdo impugnado, considera que demuestra que la medida cautelar no solo es posible jurídicamente, sino necesaria, ya que se cumplen puntualmente las exigencias establecidas en los artículos 14 al 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, para la concesión de la medida cautelar, como son: a). Se solicitó por escrito; b). La medida cautelar no se planteó respecto de normas generales, sino sobre su aplicación al caso concreto, que no se ha consumado, ya que la norma sigue vigente en el sistema jurídico y únicamente se suspenderían los efectos y consecuencias del acto; y de otorgarse la medida no se produciría afectación grave a la sociedad; y su diferimiento, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, no frustra los objetivos que persigue dicha medida. Al respecto señala que así lo sostuvo el Pleno de este Alto Tribunal al resolver las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008; c). Que la suspensión se propuso en consideración a las circunstancias y características particulares del acto de aplicación impugnado y a fin de preservar la materia de la litis, asegurando provisionalmente la situación jurídica, a fin de que el fallo que se pronuncie pueda ser ejecutado eficaz e íntegramente, impidiendo que se produzca un agravio grave al erario público municipal; d). Que la medida cautelar solicitada, apoyada en los argumentos y medios de convicción aportados, permite su otorgamiento de manera excepcional, ya que en ella se pueden anticipar los posibles resultados que pudieran conseguirse al resolver el fondo del asunto, cuando del caso se advierta, como acontece, que existe probabilidad de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juricidad y un peligro en la demora, como lo es, la afectación del presupuesto de egresos, sin que con ello se entienda que se den efectos restitutorios a la medida.
Requisitos que –dice- fueron cumplidos y que el Ministro instructor estaba obligado a ponderar y omitió, pues debió realizar un juicio de probabilidad y de verosimilitud del derecho del solicitante, sin perjuicio de que la previa determinación pudiera cambiar con el dictado de la sentencia definitiva, pues tal anticipación es posible porque la suspensión es una especie del género de las medidas cautelares y le son aplicables las reglas generales de tales medidas en lo que no se opongan a su específica naturaleza. Que en este sentido, son dos los extremos que deben actualizarse para obtener la medida cautelar, como son; apariencia del buen derecho y peligro en la demora, los cuales considera se actualizan en el presente caso.
16. Que de confirmarse la negativa de la medida cautelar solicitada, se consideraría como un elemento jurídico estéril que desnaturalizaría por completo la suspensión en la controversia constitucional.
17. Finalmente señala que le son aplicables la medidas cautelares otorgadas en casos similares por esta Primera Sala, al resolver el recurso de reclamación 64/2008-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 88/2008, y en el incidente de suspensión en la controversia constitucional 9/2013.
Por todo lo expuesto, solicita se revoque la determinación impugnada y se conceda la medida cautelar solicitada, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, hasta en tanto se dicte resolución en la controversia principal, ya que de negarse, daría lugar a que se ejecuten mes a mes los efectos de tracto sucesivo que contienen los artículos del decreto impugnado, lo que eventualmente podría dejar sin materia el fondo de la controversia planteada, al acreditarse que dicha medida no perjudica la seguridad y economía nacional, ni alguna institución fundamental.
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