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Recomendaciones de la Comisión Investigadora Índice de las recomendaciones


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recomendaciones de la Comisión Investigadora
Índice de las recomendaciones

Introducción

Pag. 3

1. Creación y Constitución de la Comisión Investigadora Especial. Alcances.


Pag. 16

2. Actuación de la Comisión Investigadora

Pag. 20

3. Prueba producida.

Pag. 21

5. Conclusiones de la Comisión Investigadora Especial.

Pag. 83

7. Recomendaciones.

Conclusiones

Pag. 195

Pag. 202


Introducción
La Ciudad de Buenos Aires vive una nueva crisis institucional en lo que va de su período autónomo de gobierno. Las instituciones tensionadas por la existencia de un Jefe de Gobierno con procesamiento firme por diversos delitos (coautor penalmente responsable por violar los arts. 153, redacción ley 23.077, 248 y 293 en una oportunidad en concurso real con el delito previsto en los arts. 153 inc. 2º y 4º y 293 del Código de Fondo en una oportunidad, concurriendo ambos materialmente con el delito de asociación ilicita en calidad de miembro, art.210 CPN, arts. 306,310 y ccdtes del CPPN y arts.45, 54 y 55 del CP) y la imposibilidad de recurrir a otros funcionarios electos para subsanar procesos de acefalía temporal o permanente, hacen que se ponga a prueba todo el funcionamiento del sistema constitucional.
Una crisis de esta magnitud, que ha enervado el funcionamiento de los tres poderes, tiñendo de sospecha el comportamiento del titular del Poder Ejecutivo, no puede ser asumida, y mucho menos resuelta, sino sobre la base de la deliberación y la participación.
En el marco de una democracia participativa como la que establece la Constitución de la Ciudad, la crisis debe ser tratada por los actores del sistema político e institucional con los mayores niveles de responsabilidad posibles, en el entendimiento que los procedimientos que se lleven adelante para su superación, las prácticas que se habiliten para encausar el conflicto y, fundamentalmente, la ejemplaridad pública que se establezca, darán camino para la instalación de mejores y más profundas formas de democracia. Una ejemplaridad ciudadana, abierta, puesta a debate y al alcance de todos, que no requiera de personajes extraordinarios ni remedios milagrosos, debe ser concebida como el cotidiano discutir en torno a la organización de una sociedad donde no hay ajenos, ni inferiores.
La presente crisis institucional surge de actividades desarrolladas por funcionarios del Poder Ejecutivo. Es menester, entonces, que los otros poderes del estado democrático se aboquen a ejercer las tareas de evaluación, control y propuesta que les son propias, en la inteligencia de que no estamos frente a un conflicto de poderes, sino ante conductas y procesos de decisión llevados adelante en y por el Poder Ejecutivo.
No estamos frente a un conflicto de poderes, porque no se ha producido un choque entre las facultades que éstos poseen, sino ante una crisis institucional disparada por las conductas de funcionarios del Poder Ejecutivo, conductas que se han derramado sobre la estructura del estado republicano y democrático de nuestra Ciudad.
Los desbordes del Poder Ejecutivo, en particular las responsabilidades políticas del titular del mismo y los funcionarios de mayor jerarquía, obligan al Legislativo y al Judicial a evitar comportamientos similares, rutinas decisorias equivalentes u horizontes temporales idénticos, para que aquellas faltas gravísimas no se mimeticen con todo el andamiaje institucional de la Ciudad.
Investigar, ponderar, evaluar y hacer recomendaciones al Poder Ejecutivo, en definitiva, controlar su desempeño, no puede ser realizado sobre la base de reproducir en forma espejada el mismo sistema de valores y de toma de decisiones que se audita.
Las instituciones de control, en general todos los contra-poderes como la Legislatura, y en este caso la Comisión Investigadora Especial, tienen el doble papel de, por un lado, convertirse en mecanismos de salvaguarda institucional, y por el otro, minimizar tanto como sea posible las condiciones existentes para el ejercicio acrítico de la toma de decisiones y el uso discrecional de la autoridad.
Afirmar los límites del poder, potenciar el surgimiento de un diálogo entre y dentro de las instituciones y, fundamentalmente, incorporar a la sociedad en esa deliberación, es fortalecer los controles cruzados democráticos que incluyen no sólo a los poderes constituidos sino también a la ciudadanía como poder constituyente.
Nada más alejado de dicha posición que considerar el tratamiento de esta crisis institucional en el seno del Poder Ejecutivo como un recinto apropiado para desarrollar una batalla entre opuestos, inscripta en un juego de suma cero, repleta de mezquindades y de posicionamientos autoreferenciales. Se trata de activar un proceso de diálogo que resulte educativo para las partes y, en particular, para la ciudadanía. Es una oportunidad significativa para, como sociedad, ampliar nuestra educación cívica colectiva, de modo que redunde en enseñanzas compartidas acerca de cómo se construye, se despliega y se ejerce el poder.
Tampoco puede acometerse el tratamiento de esta crisis con el objetivo de arribar a un resultado categórico e inmediato y de efectos instantáneos; lo mejor que el proceso de evaluación, crítica y propuesta que los organismos contrapoder deben llevar adelante está asociado a fundar futuros con grados apreciables de verosimilitud en momentos de zozobra, sospecha o puesta en duda de la eficacia de las instituciones y de los actores del sistema político e institucional. Quien resulta beneficiado de una estrategia semejante, quien adquiere mayor dotación de poder y sin dudas, a la postre, aparece con mayores capacidades y garantías es el conjunto de los ciudadanos de intemperie, y dentro de ellos aquellos que hoy se encuentran con menores recursos materiales y simbólicos para desarrollar su plan de vida.
La crisis institucional adquiere sentido y productividad democrática si a su salida los más pueden intervenir más y mejor en los asuntos públicos, y si dichos asuntos disponen de manera creciente y diversificada acometer las profundas desigualdades que impiden ampliar la autonomía individual y colectiva.
No resulta casual que la Comisión Investigadora Especial haya concebido, desde su inicio, que la reparación institucional para la que estaba convocada no podía realizarse sin el diálogo y la cooperación entre los poderes y de allí las instancias abiertas tanto con el Poder Ejecutivo como con el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. De allí también que quienes conciben la división de poderes como elementos de una "guerra civil regulada" no hayan comprendido el sentido profundo de la cooperación interinstitucional que se ha planteado.
Lo que surge del desarrollo de la tarea de control llevada a cabo por esta Comisión, es que para esclarecer la situación, escudriñar el estado de sospecha, verificar si se habían roto elementos sustantivos del sistema republicano y democrático de la Ciudad, nada se hizo restringiendo participación, concentrando poder, limitando el acceso a la información o cercenando la deliberación democrática. El camino inverso hubiera implicado reproducir a escala del Poder Legislativo buena parte de los problemas que explican la crisis existente en el Poder Ejecutivo.
Caracterizar esta situación como una crisis del Poder Ejecutivo y sus funcionarios obliga a los otros poderes, por aplicación de la indivisibilidad y perennidad del poder constituyente, a realizar tareas de cooperación experimentando nuevas actitudes e instituyendo nuevos tratos para viejos o nuevos conflictos.
Decir que se le imputa al Poder Ejecutivo y a sus máximos funcionarios graves cuestiones, obliga a precisar desde qué criterio se parte. La imputabilidad es la adscripción de la acción a su agente bajo la condición de predicados éticos y morales que califican la acción como buena, justa, oportuna, conforme al deber, hecha por deber, con vista a esta y otras generaciones y más sensata en el caso de situaciones de conflicto.
La imputación en el marco de sociedades que reivindican una siempre inacabada organización democrática requiere, para ser establecida, de sujetos con dispositivos materiales y simbólicos igualadores, o que tiendan a igualar un espacio abierto y horizontal de deliberación y el acceso a la información y los elementos que permiten la formación de un juicio.
En la misma dirección, más que el inventario de responsabilidades individuales, la búsqueda de pruebas espectaculares, o el señalamiento puntual de aberraciones, la tarea que afronta la Comisión Investigadora Especial demanda la evaluación de todo un proceso de formulación de decisiones. Hablamos de un “proceso”, porque implica la integración de una cantidad de pautas y acciones destinadas a un fin, como la determinación de áreas de intervención interna y externa, y el establecimiento de mecanismos de presentación pública y mecanismos de evaluación. Hablamos de “formulación de decisiones”, porque implica la adscripción a un sistema de valores, la selección de los recursos humanos y materiales y el establecimiento de principios de orden y jerarquía. Finalmente, se hace necesario también el establecimiento de un imaginario que opere como legitimador interno y externo de dicho proceso de formulación de decisiones; que opere tanto como mecanismo de cohesión interna de los formuladores, como de evaluación externa de los ciudadanos.
Aunque algunos de estos principios así enunciados pudieran resultar vagos o abstractos, la tarea de esta Comisión se resume simplemente en instituir formas que permitan a la sociedad saber quién gana, cómo, dónde y cuándo; quiénes deciden qué cosa por otros y con qué margen de autonomía; y si los mecanismos de dichas decisiones son entendidos y pueden ser revisados por quienes se ven afectados por ellas.
El resultado del proceso de imputación no es, por consecuencia, la aplicación de la sospecha no fundamentada, el recurso al secreto como protección del estado frente a los ciudadanos o la selección de culpabilidades preestablecidas. Ni prejuicio, ni impunidad, ni utilización artificiosa de la ética y el derecho.
La investigación, como búsqueda a partir de un marco de valores enunciado con antelación, requiere de establecer dos principios centrales del pacto democrático. En primer lugar, el pacto de la palabra (entendido como la negación de la mentira sistemática) y en segundo lugar, el pacto de la responsabilidad (entendido como la afirmación de que toda acción genera consecuencias y que las mismas delimitan juicios sobre quienes las tomaron y llevaron adelante).
El pacto de la palabra desde siempre estuvo asociado al reconocimiento de los derechos. Desde la retirada del monte Aventino, la palabra “común” y el acceso a los derechos forman el patrimonio de la visión republicana y plebeya de la democracia. Negar el estatuto de la palabra es negar al otro su dignidad, inabarcable e indescriptible, de comunicar, de afirmarse, de reconocer y ser reconocido. Es clausurar la historia y los proyectos del otro sin o sobre el otro; esto es, imponer el autoritarismo y el desprecio.
Pero una de las formas más sutiles de la ruptura del pacto de la palabra es precisamente su vaciamiento, convirtiéndola en puros signos sin símbolos y una de las herramientas más eficaces para confundir símbolos (consignas, derechos, conceptos, etc.), que siempre son materia de lucha política e intelectual, es someterlos a conceptos antagónicos, a disimilitudes absolutas o bien a banalizarlos hasta el límite. En la mezcla de confusión, contradicción y banalización, establece su dominio el uso de la mentira como práctica sumaria del poder para administrar significados.
La mentira es un tema permanente del discurso filosófico y se ha instalado como una constante en la reflexión política. Los orígenes de esa familiaridad han sido indagados desde distintas perspectivas. Algunos recurrieron a la mentira como auxiliar de la discreción; otros reivindicaron su utilidad en función de la defensa de altos intereses; incluso hubo quienes rescataron la mentira como necesaria para sustraer al conjunto de la complejidad de lo real. Pero lo que sí aparece cierto es que la mentira acompañó siempre un tipo de construcción y ejercicio del poder (entre otras cosas porque presupone una inmensa asimetría) y que su base de maniobras está en el menoscabo de la información y educación públicas y en los mecanismos de manipulación social. En contraposición, haciendo eje en la dignidad del otro y en el resguardo de su capacidad de elección, existen autores que reivindican el desterrar la mentira en el marco de la destrucción de los privilegios.
Siendo la política un puente entre el presente y el futuro, y un ejercicio de reconstrucción del pasado, el recurso a la mentira -porque el futuro es incertidumbre-, fue y es utilizado regularmente. Una tradición filosófica de Platón a Derrida, pasando por San Agustín, Hobbes, Nietzsche, y Foucault, supuso al mundo político como la conversión del mundo verdadero en una fábula que luego se vuelve real. Hubo quienes pensaron en la existencia de mentiras buenas, y otros, como San Agustín, que podía haber mentiras útiles. Así la mentira no era calificada por su lejanía con lo cierto, sino mediada por relaciones de utilidad con un orden establecido. De allí a las mentiras del poder había un solo paso. La repetición de la mentira por efecto del discurso de la dominación puede incluso convertirla en verdadera.
En definitiva, pareciera que la mentira es, además de una expresión de la voluntad humana, una compañera inseparable de la política. Más allá de las consideraciones filosóficas que plantean que la mentira es como una suerte de inherencia humana, hubo quienes se levantaron en su contra cuando el ejercicio mendaz adquiere dimensión pública. Sin ir más lejos, Gramsci sostenía que “la mentira y la falsificación, sólo producen castillos en el aire que otras mentiras y otras falsificaciones harán decaer”, en el esfuerzo por señalar que en el mundo de la subordinación hacia ciertas enunciaciones, la sucesión de la mentira se convierte en el lenguaje de quienes detentan el privilegio de formular los ejes del sentido común. Dentro de esta última definición, se encuentran tanto los fascismos, las elites reaccionarias, así como las nuevas “gerencias” políticas derivadas de las hipótesis de profesionalización extrema de la gestión pública.
En palabras de Nietzsche: “El mentiroso utiliza las legislaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real”. Esto supone además, un abuso de las convenciones y una alteración de hechos, nombres y circunstancias. Insiste en que: “Si hace esto de manera interesada y conllevando perjuicios, la sociedad no confiará ya más en él y, por ese motivo, le expulsará de su seno. Por eso los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados por engaños.”
Derrida, por su parte, reclama pensar con mayor profundidad acerca de la mentira política, incluso instando a que ésta sea ubicada en una suerte de historización que, de algún modo, justifica su participación en cada época. De cualquier manera, las distinciones posibles de establecer en el presente, muestran una exposición ciertamente perversa de la mentira en público y ante el público.
El paroxismo de una civilización del espectáculo, que simplifica hechos, anula contextos, oculta causas y banaliza consecuencias, requiere de cierto uso del tipo de mentira “simplificadora” como la señalada más arriba. La mentira usurpa y confisca, expropia al conocimiento y a la intervención social los elementos de su propio juicio, expulsa al individuo de la fabricación colectiva de sentido para reducirlo a consumidor de sentidos producidos por otros. Derrida expone la importancia de reconocer que la mentira política actual se presenta bajo la forma de una “conspiración a plena luz”. Sostiene que: “antes se mentía allí donde los ciudadanos no sabían, porque no podían saber; hoy se miente a los ciudadanos allí donde, en principio, pueden saberlo todo. Hoy existe, por consiguiente, una especie de exposición absoluta en la mentira”.
A su turno, Alexandre Koyré no sólo demuestra el carácter expuesto de la mentira política moderna sino que avanza en una caracterización de registro sociológico, en la que el autor vincula el acto de mentir con la idea de grupo dominante y con las barreras que significan estar dentro o fuera de la conspiración. “Una conspiración a plena luz -forma nueva y curiosa de grupo de acción, propio de la época democrática, de la época de civilización de masas- no está rodeada de amenazas y no tiene ninguna necesidad de disimularse; muy por el contrario, al estar obligada a obrar sobre las masas, a ganarse a las masas, a englobar y organizar a las masas, tiene necesidad de aparecer a la luz e incluso de concentrar esta luz sobre sí misma, y ante todo, sobre sus jefes. Los miembros de la agrupación no tienen necesidad de ocultarse: por el contrario, pueden ostentar su pertenencia a la agrupación, al "partido", pueden hacerla visible y reconocible a los otros e incluso a los suyos por medio de signos exteriores, de emblemas, de insignias, brazaletes y uniformes, por gestos rituales realizados en público. Pero al igual que los miembros de una sociedad secreta -esto a pesar de que, como acabamos de mencionarlo, la conspiración a plena luz tiende necesariamente a volverse una organización de masas- conservarán la distancia entre ellos mismos y los otros; la adopción de signos exteriores de pertenencia al "partido" no hará más que acentuar la oposición y volver más neta la barrera que los separa de los de afuera”.
Las consideraciones de Koyré resultan sugerentes toda vez que existe un intento de interpretación sociológica de la relación entre mentira y grupo dominante. Estos grupos tendrían una concepción antropológica construida sobre la base de la distinción -presentada como "natural"- entre el animal pensante y el "animal crédulo", que se corresponden con la elite gobernante y la masa sumisa y sin memoria. Pensando de este modo, no resulta extraño que la obstinación en sostener hechos, menciones y actitudes, a todas luces falsas, se presenten bajo la forma de una cierta ingenuidad –perversa y engañosa- y que el uso sistemático de la mentira como herramienta política termine por naturalizarse.
La idea de encubrimiento, más allá de sus límites jurídicos, permite establecer una relación avaluativa del papel que cumple la mentira política. En un camino filosófico-político, la noción de encubrimiento supone la negación de la alteridad por la vía de la proyección de lo mismo. Enrique Dussel, explicita esta cuestión en relación con la demonización de la alteridad que presupone el encubrimiento, habilitando una interpretación política.
Podría decirse, sin temor a llegar demasiado lejos, que el ejercicio de la mentira sistemática y el encubrimiento terminan por negar la existencia concreta del ciudadano y anula la rutina republicana. Si el acceso al conocimiento de lo público, y peor aún, si la manera de construir la propia categoría de lo público está surcada por la mentira y el encubrimiento, difícilmente puedan construirse identidades individuales y colectivas que desafíen, aunque en los márgenes, la mera reproducción de lo establecido. El paso de lo público como productor de la ciudadanía a lo público como espectador del sistema ya ha sido producido y legitimado por un sinfín de operaciones de mentira y encubrimiento. En el mismo sentido, impide la lógica del reconocimiento que es la base de la experiencia democrática, sin la cual se hace improbable el ejercicio de la soberanía política individual y colectiva.
El par mentira-encubrimiento aparece, entonces, como un verdadero artefacto de negación de la ciudadanía democrática. Las nuevas formas de la mentira política, lo que se narra como un nuevo fenómeno relativamente reciente de la manipulación masiva de los hechos y de la opinión, y que contiene la novedad de no ser en ningún modo secreto sino más bien todo lo contrario, propone una mirada histórica de la política que convoca a sostener, con vehemencia, que la diferencia entre la mentira tradicional y la moderna a menudo equivale a la diferencia entre esconder y destruir.
La suspensión de la soberanía popular operada por la mentira sistemática, el encubrimiento y la gestión operativa de “expertos en opinión pública” no es entonces una consecuencia inesperada de la complejidad de la vida social sino, más bien, una simplificación deliberada de los problemas, que no los expone y analiza, sino que convoca a la resignación y a adoptar opciones entre distintos “solucionadores de problemas”.
La convivencia de la responsabilidad como principio y las convicciones políticas (que llevan a actos que deben realizarse porque encierran valores intrínsecos) ha tenido, desde siempre, un tratamiento intenso desde las ciencias humanas. El propio Max Weber reflexiona acerca de la dificultad trágica de hacer coincidir uno y otro tipo de ética. Con bellas palabras, admitió su perplejidad frente a un problema cuya resolución, o más bien su intento de resolución, terminaría convirtiéndose en uno de los puntos más altos de la discusión teórica de la política.
La ética de la responsabilidad valora las consecuencias de sus actos y confronta los medios con los fines, las consecuencias y las diversas opciones o posibilidades ante una determinada situación. Se convierte, de este modo, en una expresión de la racionalidad instrumental, en la que no sólo se estiman los fines sino los instrumentos para alcanzar determinados fines. No en vano crecientemente se ha asociado la ética de la responsabilidad con una ética de la prudencia.
La vida democrática se despliega sobre un marco general de corresponsabilidades y también sobre un entrechocar de convicciones que en sociedades densas y complejas se caracterizan por la diversidad de visiones y conflictos. Gobernantes, funcionarios burocráticos y ciudadanos tienen, con matices, una cuota de responsabilidad al momento de construir la “calidad” de la democracia.
Como no puede ser de otro modo, el porcentaje mayor de esa responsabilidad recae en quienes han sido elegidos y tienen un mandato popular que cumplir. Adicionalmente, los criterios de responsabilización que se construyen colectivamente de algún modo le dan el temperamento a una democracia. Para decirlo en otras palabras, la relación que tengan las autoridades políticas con criterios amplios de responsabilización muestra el carácter y la tipología democrática en cada etapa histórica determinada.
La idea o el principio de responsabilidad tiene, al menos, un sentido doble. Por un lado remite al ejercicio institucional y al vínculo estrecho entre gobernantes y gobernados. Supone una intersectorialidad y una interjurisdiccionalidad en la acción estatal y una potenciación de la virtuosa referencia a la representación política. Pero existe una dimensión un tanto más compleja dentro del principio de responsabilidad desde su dimensión político-ética. La responsabilidad implica e impone un necesario reconocimiento y cuidado del otro que es propio de las democracias consolidadas.
En el primero de los sentidos, si se quiere más institucional, el tono que logre imponerse en la relación responsable entre gobernantes y gobernados marca poderosamente el tipo de democracia. En nuestra región, tal y como marca Guillermo O’Donnell, los procesos llamados de redemocratización (implican por un lado una institucionalización creciente pero además necesitan de la responsabilización bajo la forma de la accountability) han experimentado notables altibajos y una profunda heterogeneidad entre y dentro de los diversos estados naciones, provinciales y locales.
Los bajos estándares de responsabilidad pública promueven democracias de baja intensidad que discuten, en términos teóricos y prácticos, la calificación de democracias representativas. Marcados por la premisa según la cuál quién gana la elección está autorizado a gobernar como crea conveniente, y con la única restricción de la duración de los mandatos, los esquemas de Gobierno sufren una concreta escisión de la voluntad de la ciudadanía. Las democracias resultantes de estas actitudes se parecen mucho más a democracias delegativas que a democracias representativas y ni que hablar de aquellas que abordan del desafío de plantearse como democracias deliberativas y participativas.
Las versiones típicas de democracias delegativas, según O´Donnell, se caracterizan por convertir a quienes han accedido al poder público en figuras que están más allá del escrutinio de cualquier otra institución estatal o de la sociedad civil. Ni los partidos políticos, ni las legislaturas, ni los organismos de control significan un tribunal legítimo para quién toma la democracia como rehén, ya que se siente, de algún modo, el portador sintético del conjunto y de la voluntad popular.
En el caso que nos ocupa, e independientemente de enunciados republicanos y postulaciones de respeto institucional, tanto la Legislatura como los jueces se han convertido en estorbos y complicaciones, con las que hay necesariamente que tratar por el hecho de haber sido elegidos, pero a los que se los ha descalificado, por adscribirlos a un universo que o bien “no entiende” o bien “es perverso” al impedir el despliegue del gobierno, entendido como el desarrollo en el tiempo del bien.
La tipicidad de estas democracias delegativas se completa con la ausencia de lo que es llamado desde la ciencia política, accountability horizontal. Una definición mínima permitirá establecer con claridad la idea de responsabilidad política ínsita en la concepción de O´Donnell. Existe accountability horizontal cuando existen agencias estatales que poseen autoridad legal y están dispuestas y capacitadas para emprender acciones de control relacionadas con las acciones del Gobierno. Estas acciones implican ignorar las exigencias que impone la tradición republicana, es decir que se subordinen a la ley y que den clara prioridad a los intereses públicos, no a los privados.
Para que la accountability horizontal, característica de las democracias representativas, se realice de modo eficaz deben existir, entonces, agencias que estén en condiciones de controlar y ese ejercicio de control se convierte en una suerte de reaseguro institucional sobre la división de poderes. Podría decirse que la idea central de esta accountability es la prevención, y/o la sanción sobre las transgresiones de los funcionarios y, sobre todo las que están relacionadas con el desconocimiento de los límites de su autoridad.
La ausencia de esta forma de responsabilización, propia de democracias precariamente institucionalizadas, implica que el representante no aparece como responsable por sus acciones y por sus medidas de gobierno frente a quienes lo autorizaron a hablar en su nombre.
Paradójicamente, el poder con menos controles, más liberado del escrutinio social se desresponsabiliza de las consecuencias de sus decisiones señalando hacia el afuera, como las causas aleatorias de fracasos, limitaciones u obstáculos. Esto es sumamente importante al momento de evaluar el desempeño democrático de un Gobierno ya que las formas de la representación actúan en conjunto con la accountability horizontal para diseñar el componente republicano de las democracias.
En el mismo sentido, la falta de responsabilización, que genera la ausencia de redes institucionalizadas de control político, generan una naturalización poco virtuosa de los límites entre lo público y lo privado y promueven permanentemente la licuación de esas fronteras.
Frente a la falta de control y en su escaso apego a la responsabilización política, el gobernante delegativo utiliza el estado como un bien privado, sometiendo a las diversas instituciones e institutos a su arbitrio una vez que éstas fueran despojadas de su aspecto relacional de control.
Estas descripciones no suponen un juego teórico sin implicancias prácticas o concretas. En lo que respecta a este informe, una caracterización del tipo de democracia que permite actitudes como las avaluadas en la Comisión Especial, se presenta como una discusión de primer orden. Tanto los excesos particularistas como el gobierno delegativo y la escasa o nula rendición de cuentas hablan de las condiciones de ciudadanía y habilitan discusiones muy amplias.
La primera preocupación que surge de esta combinación es la tentación autoritaria. Está claro que la denotación del término no admite antiguas interpretaciones pero de ningún modo inhabilita pensar en abusos de poder, falta de criterios de distinción entre lo público y lo privado y empobrecimiento institucional.
En un sentido concurrente, la obstaculización de la representación democrática en un sentido amplio, impide también la articulación estatal necesaria para avanzar en la resolución de problemas sociales tan complejos como urgentes.
Hablábamos de un doble sentido del principio de responsabilidad. Habiendo tratado el primero, cabe preguntarse cuál es el sentido de la responsabilidad política en el cuidado y reconocimiento del “otro”.
Lo que en principio aparece como una entidad filosófica individual permite, sin embargo, un enfoque político. Hablando del “a priori vital”, Enrique Dussel propone presentar cualquier proyecto (personal – político) desde un sitial de solidaridad antropológica trascendental, donde se hace coincidir los planos ambiental y normativo con una mirada genérica sobre la dignidad humana. Los rasgos de politicidad de este pensamiento de Dussel son evidentes si se tiene en cuenta la relación existente entre la capacidad de gobierno y la responsabilidad incondicionada frente a la dignidad de la vida humana. Un ejercicio de Gobierno que no reconoce ese status de dignidad, no interpreta la presencia del “otro” ciudadano, de manera inclusiva, plural y democrática.
Esta idea de reconocimiento, si bien habitualmente se encuentra vinculada con lógicas particularistas y reivindicaciones de grupo, convoca a un esfuerzo deliberativo de construcción de la diversidad. Ese reconocimiento primario y necesario, si bien tiene un sustrato individual o grupal, requiere de la participación de las instituciones públicas y se completa, además, en el debate colectivo que por ser incluyente incorpora a las partes a un diseño siempre inacabado de lo social. Así puede afirmarse que una forma de gobierno que no reconoce la presencia del otro y actúa negando su carácter participativo, incompleta la democracia y niega derechos, pero no sólo de los grupos marginados, excluidos y subordinados sino también de aquellos que advierten la clausura de la esfera pública y el empobrecimiento irremediable de lo político.
En el terreno de la filosofía, autores disímiles y complejos como Jaques Derrida y Hans Joas han tratado con el tema de la responsabilidad en un sentido que habilita, también, espacios de politicidad. El primero, en una conversación sobre Levinas y sobre la relación de su concepto de hospitalidad con la idea de alteridad propone pensar críticamente la cuestión de la responsabilidad. Derrida fundamenta la condición tensionante de la alteridad en la lógica del rehén y conforma un esquema de explicación en donde la presencia del “otro” nos hace responsables de lo que suceda. Literalmente, el filósofo argelino-francés, sostiene que decir “heme aquí” supone hacerse responsable ante el otro. La dimensión política, expuesta claramente por Derrida, implica que los distintos poderes públicos deben concentrarse en hacer prácticas estas cuestiones, en principio abstractas, de responsabilidad. La responsabilidad política es hacer mejores leyes, llevar adelante mejores debates y hacer posible la política de la hospitalidad.
Hans Jonas, reconocido filósofo y teólogo alemán trabajó fuertemente el concepto y el principio de responsabilidad. Si bien el tono de su obra hace referencias a cuestiones tecnológicas o medioambientales, su concepción integral y humanística nos permite un acercamiento de temperamento político. Jonas sostenía que la responsabilidad más importante es para con nuestros congéneres, incluso aquellos que aún no nacieron. La propia condición humana, sostenía Jonas, presupone una idea de autonomía que no excluye sino acrecienta el valor de la responsabilidad. Esta autonomía nos otorga a todos –cuanto más a un gobierno- una “responsabilidad formal”, por la que todos somos imputables de nuestros actos y se constituye en una responsabilidad sustantiva hacia los demás.
La responsabilidad política podríamos definirla, sin evitar su complejización, como el principio ético que proviene de la autonomía y que permite tomar decisiones conscientes y reflexivas que, al menos en el sentido ideal, deberían estar encaminadas a garantizar el bien común.
La responsabilidad política contiene dentro de sí el conflicto, conceptual y concreto, que va desde la fragilidad del orden democrático hasta la existencia y promoción de una ciudadanía que se formule bajo el amparo de una sociedad deliberativa. Las posiciones de vulnerabilidad se vinculan con el principio de responsabilidad política para definir los fundamentos humanos de justicia y equidad, respeto y tolerancia, autonomía y pensamiento crítico.
Si bien es cierto que existen importantes grados de corresponsabilidad en la construcción de una sociedad democrática, no lo es en menor medida el hecho que desde el Estado esa responsabilidad aparece amplificada. Esto supone que es el Estado quien tiene que asegurar el piso de responsabilidad con el que cada ciudadano se verá confrontado en el ejercicio de la corresponsabilidad. La praxis política responsable, entonces, reconoce un vector doble, por un lado el cuidado y protección de los intereses colectivos y por el otro la intervención oportuna resultado de análisis reflexivos sobre los riesgos de lo inconstitucional, lo ilegal y lo injusto.
Los principios de la palabra y la responsabilidad con las obligaciones que imponen requieren en su aplicación la práctica de la prudencia. La prudencia es, en las sociedades democráticas, una práctica deliberativa e incluyente que incorpora tanto el conocimiento éticamente desinteresado como aquel de naturaleza pragmática.
Esto significa que la prudencia opera a la vez como una racionalidad de los medios para con los fines y también de lo universal para con lo particular. En escenarios complejos, donde las causalidades no pueden ser aprehendidas fácilmente, donde la interrelación de las consecuencias no se hace evidente, y donde la aparición de lo contingente adquiere mayor centralidad, la prudencia asoma como la razón práctica de lo contingente. Para decirlo más claramente: la razón de lo que puede pasar.
Ahora bien, la prudencia no está en modo alguno conectada con la inacción, la resignación a lo existente o el abandono de la dimensión agonal de la vida social y política. Prudencia no es recluirse por el riesgo, sino realizar un ejercicio colectivo, incluyente y deliberativo de afirmación de los objetivos, ponderación de los riesgos y determinación de las herramientas para afrontarlos. En sociedades democráticas, máxime cuando a esas democracias se las califica como proyectos participativos y deliberativos, la prudencia no es una virtud de un gobierno o grupo de decidores.
Por el contrario, asumir un sistema de formulación de decisiones en donde se excluye la determinación de los objetivos, se limita la provisión de información que permite ponderar las opciones de una determinada situación, se oculta el funcionamiento de sistemas o institutos que afectan la vida cotidiana de una sociedad es, sin lugar a dudas, adoptar una actitud imprudente.
La imprudencia implica simultáneamente rechazar una ética colectiva de la acción, transferir los costos de decisiones a quienes no han tenido oportunidad de discutirlas y de tomarlas, sustraer a los funcionarios públicos del examen previo de sus intenciones, del seguimiento de las decisiones y afrontar como castigo el resultado de las mismas.
La definición de castigo no remite aquí sólo a la condición de aplicar restricción o sufrimiento a alguien por haber quebrantado normas o estatuto de convivencia sino, esencialmente, porque el castigo viene desde “el exterior” del sujeto social. En este caso paradójicamente “el exterior” puede ser asimilado al vértice del sistema de gobierno representativo en la figura del titular del Poder Ejecutivo.
La imprudencia como práctica, no como reacción casual en un punto fijo y determinado del tiempo, habilita la discusión en torno a la culpa de un sistema de formulación de decisiones.
Un sistema de formulación de decisiones desarrollado en el estado democrático, que voluntaria y regularmente omite la aplicación concienzuda del análisis y la previsión, niega la apertura al escrutinio público, descarta la confrontación de ideas en torno a situaciones y consecuencias previsibles o que al menos minimicen los riesgos de contingencias graves, resulta culpable de violentar el pacto democrático.
Más allá de la ponderación o demostración de intenciones que hacen migrar las responsabilidades de la culpa hacia el dolo y que no son materia de este informe, ya que tramitan en sede judicial, lo que sí está firme y demostrado es que estamos frente a un gobierno que ha roto conciente y reiteradamente el pacto de la palabra, el de la responsabilidad y el principio de prudencia.
Conviene adentrarse ahora en la delimitación de variadas formas de la culpa para relacionarlas con las conductas y procedimientos por evaluar:


  • Establecer si hay corrupción entendida como la utilización de un cargo público en provecho propio o si el que tiene una posición de poder sustrae por conveniencia personal cuestiones públicas al ámbito privado o si estando encargado de hacer ciertas cosas, es inducido por algún tipo de incentivos a beneficiar a quien ofrece esos incentivos y causa daño a la ciudadanía y sus intereses.




  • Establecer si hay encubrimiento, no ya en materia penal, sino en la ruptura de la concepción republicana de control popular y legislativo sobre los actos de gobierno, y la accesibilidad oportuna y universal a la información como lo establece la Constitución de la Ciudad.




  • Establecer si existe negligencia entendida como descuido en la actuación, omisión conciente de deberes, falta de experiencia y habilidad y negativa a ampliar los marcos de referencia que subsanen dicha carencia y abandono de obligaciones que el deber de la función exige.




  • Establecer si existe inobservancia que consiste en la omisión de deberes que la ley impone desarrollar.




  • Establecer si existe ineptitud entendida como la ausencia de capacidad para desarrollar tareas acorde a procedimientos y fines regulados democráticamente.




  • Establecer si existe ineficacia, esto es, si las acciones o decisiones han tenido los efectos esperados, establecidos en planes, proyectos, programas operaciones y actividades.

A la luz de la confrontación con hechos y datos, y del análisis sistemático de procedimientos y decisiones, no dudamos en afirmar que se ha verificado un proceso de malversación institucional.


Estamos frente a un estado gravísimo que nos permite calificar el comportamiento del Poder Ejecutivo en su conjunto, y de sus más altos funcionarios en particular, como indecentes.
Dicha conceptualización no es gratuita, ya que la decencia remite a lo honesto, lo justo, lo digno en actos y palabras, y esos principios orientadores fueron violentados uno tras otro a lo largo del proceso bajo análisis.
“Gobierno indecente” es un concepto central en nuestra visión de lo acontecido.
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