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Radicación n° 11001-02-04-000-2015-00278-01


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República de Colombia

Corte Suprema de Justicia





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente

STC4510-2015

Radicación n° 11001-02-04-000-2015-00278-01

(Aprobado en sesión de quince de abril de dos mil quince)


Bogotá, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015).


Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia de 26 de febrero de 2015, mediante la cual la Sala de Casación Penal de esta Corporación negó la acción de tutela promovida por la Inmobiliaria Sredni & Compañía S.C.A. en contra de las Fiscalías 179 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito perteneciente a la Unidad de Indagación e Instrucción de la Ley 600 de 2000 de Bogotá y 43 Delegada ante el Tribunal Superior de esta misma ciudad, siendo vinculados la Fiscalía 27 Seccional de Barranquilla y Arturo Evaristo Palacios G., Samuel Palacios Gutiérrez, Óscar Julio Palacios Gutiérrez, José Emilio Velásquez Becerra, Carlos Enrique Rosales Durán, Brenda Antonia Seoanes Pineda y Aurelio Henríquez.
ANTECEDENTES
1. La gestora, por intermedio de apoderado judicial, demanda la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y propiedad, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.
2. Arguyó, como soporte de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1. Que en su condición de propietaria de un inmueble ubicado en Barranquilla e identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-45707, adquirido por compraventa realizada a Gustavo Jorge Brod Drabinowsky, según consta en la escritura 1127 de mayo de 1981, denunció a los señores Arturo Evaristo, Samuel y Oscar Julio Palacios Gutiérrez, José Emilio Velásquez Becerra, Carlos Enrique Rosales Durán, Brenda Antonia Seoanes Pineda y Aurelio Hernández por el presunto delito de fraude procesal que «originó el proceso en el que se produjeron las decisiones objeto de reparo de la presente tutela».
2.2. Que frente a tal «notitia criminis» la Fiscalía 27 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Barranquilla el 19 de noviembre de 2010 resolvió «“aplicar el principio del restablecimiento del derecho”, cancelar los registros fraudulentos y, en consecuencia entregar el inmueble a sus legítimos propietarios, esto es a la Sociedad Inmobiliaria Sredni & Cía. S.C.A.».

2.3. Que ante tal determinación «Rafael Pacheco Vega en representación de José Emilio Velásquez Becerra y Brenda Antonia Seoanes Pineda» interpuso recurso de reposición que por reasignación desató la Fiscalía 179 querellada, organismo que «resolvió revocar la determinación de la Fiscalía 27 Seccional de Barranquilla (…) y además ordenó “precluir la investigación penal respecto del delito de Fraude Procesal (…)”».


2.4. Que esta decisión «parte de un supuesto errado cual es que la Fiscalía 27 ordenó “la cancelación de la Matrícula No. 040-45707” y todas las que se derivaron de esta, cuando en realidad la matrícula que ordenó cancelar en la providencia del 19 de noviembre de 2010, fue la 040-22793 y las que de ella se deriven, incluidas las anotaciones subsiguientes».
2.5. Que dicha Fiscal «realiza una valoración sobre el origen de la titularidad como instrumento de estimación básica y de primer orden” pues considera que “el proceso contiene inconsistencias de modo, espacio, tiempo e identidad entre otras”. Ordena entonces el recaudo de documentos catastrales, escrituras públicas y folios de matrícula inmobiliaria que no constaban en el expediente».
2.6. Que «[a]l valorar los documentos allegado, la decisión contiene varios yerros que conllevan una equivocada identificación y ubicación del bien objeto de disputa pues se confunde el predio ubicado en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia con el que se encuentra en jurisdicción del municipio de Barranquilla».
2.7. Que la funcionaria de ese Despacho incurrió en defecto fáctico al «solicitar la práctica y el recaudo de nuevas pruebas después de casi tres años de haberse proferido la resolución objeto de recurso», centrando en ellas su decisión, «[e]n lugar de referirse al material probatorio que obraba en el expediente», esto es, a «una inspección judicial realizada al inmueble por el C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, en octubre de 2004 y un informe del IGAC en 2006» y «a pesar de que las pruebas recaudadas y valoradas demuestran cosa diferente, identific[ar] erróneamente el bien que se disputa (…) dejando en evidencia otra irregularidad procesal que tiene un efecto determinante en la decisión que adopta este último Despacho».
2.8. Que también cometió yerro orgánico porque «no exhibe un razonamiento del cual se pueda inferir claramente porqué (sic) se decide revocar la determinación de restablecer [su] derecho de propiedad» y sostener que como «esta Delegada logró establecer la titularidad de la tierra… se observa con nitidez la ausencia de delito imputable a los sindicados mencionados”» sin que sea «función de la Fiscalía General de la Nación a través de sus delegados establecer la titularidad del bien, ni reconstruir lo orígenes y la vida de un inmueble para determinar quién es el propietario o el poseedor del mismo», convirtiendo el proceso penal en uno civil declarativo.
2.9. Que además el auto cuestionado muestra un error sustantivo por insuficiente motivación, pues «ni siquiera se establece (…) la causal de preclusión, ni la razón por la cual el delito de fraude procesal, en su criterio, se encuentra prescrito» o el momento en el cual empezó a correr el término prescriptivo.
2.10. Que, aun cuando «la Fiscalía 179 señala que en los procesos sucesorios, reivindicatorios y de pertenencia sobre los bienes inmuebles coincidencial y sospechosamente han actuado en calidad de apoderados de los herederos, quienes hoy reclaman la propiedad (unas veces por posesión, otras por prescripción), o cómo las demandas se presentan entre los propios herederos, ignorando a quienes figuran como propietarios actuales de los bienes, todo con el fin evidente de beneficiarse de las resultas de tales procesos; y este sólo hecho que ciertamente reconoce la providencia, no conlleva a la continuación [de] la investigación sino, por el contrario, a su preclusión».
2.11. Que igualmente «desconoce el principio de imparcialidad cuando de manera amplia y profusa se refiere a las providencias y hechos que se considera prueban la titularidad del bien inmueble en cabeza de un tercero diferente a la Sociedad Inmobiliaria Sredni y Cía. S.C.A., pero cuando se trata de providencias de la Corte Suprema de Justicia que reconocen los derechos de dicha Sociedad, se califican tales providencias como “falladas con base en hechos acomodados, información sesgada, acontecimientos confusos y con material probatorio incompleto”».
2.12. Que en la sustentación del recurso de apelación formulado contra la decisión del a quo, puso de presente esas inconsistencias, al decir que «no correspondía al a-quo decidir sobre la preclusión de una investigación penal respecto de un delito de fraude procesal, mucho menos si para ello se basó en pruebas nuevas, “solicitadas por la Fiscalía casi tres años después de haberse adoptado la decisión recurrida” sin siquiera hacer referencia a las circunstancias que, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 600 de 2000, dan lugar, de manera taxativa a la aplicación de la figura conocida como “Preclusión de la investigación y cesación del procedimiento”» y «que la decisión no presentó una motivación adecuada que condujera a revocar lo ordenado por la Fiscalía 27 en su providencia de 19 de noviembre de 2010».
2.13. Que el 30 de octubre de 2014 la Fiscalía 43 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó íntegramente tal determinación.

2.14. Que este funcionario «efectúa un análisis como si se tratara del fiscal instructor del caso, cuando en realidad el marco de su actuación solamente puede limitarse a revisar si los argumentos esgrimidos por el a-quo, contrastados con los alegatos presentados por los recurrentes llevan a una modificación de la decisión o, por el contrario, a una confirmación de la misma (…) en lugar de proceder a hacer un análisis de los razonamientos presentados por el despacho a quo, así como de las consideraciones presentadas por los recurrentes, el ad quem dirige la resolución del recurso de apelación, a desvirtuar la existencia del fraude procesal».


2.15. Que «desestima las pruebas recabadas por la Fiscalía 27 Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Barranquilla. Igual que la Fiscalía 179 Seccional, ni siquiera hace una valoración de las mismas afirmando que como la investigación no debió haberse adelantado, las pruebas tampoco merecen ser consideradas. Expresamente manifiesta que “el nuevo dictamen –del IGAC- no entraña la eficacia de prueba para contrarrestar los efectos de las determinaciones judiciales que definieron el debate suscitado sobre el bien de marras y que ahora se pretende revivir por la vía de la acción penal…”».
2.16. Que «las pruebas que confirman los argumentos de la Sociedad Inmobiliaria SREDNI S.C., (…) no se tienen en cuenta para tomar la decisión (…) en cambio sí acepta sin miramiento el recaudo y valoración probatoria adelantados por la Fiscalía 179 (…) rodead[o] de imprecisiones, malas interpretaciones y erradas valoraciones, y termina el Despacho ad-quem avalando la labor de adentrarse en un examen sobre la titularidad del bien».
3. Solicita, conforme lo relatado, revocar las Resoluciones de 27 de septiembre de 2013 y 30 de octubre de 2014 proferidas por las Fiscalías 179 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la Unidad de Indagación e Instrucción de la Ley 600 de 2000 de Bogotá y 43 Delegada ante el Tribunal Superior de esa misma ciudad y «mantener el proceso en etapa de investigación» (fls. 1-40 Cdno. 1).
LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS
La Fiscal Coordinadora de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Atlántico manifestó que «[s]i bien el proceso penal en donde se produjeron las decisiones objeto de la acción pública de tutela, en una oportunidad estuvo asignado a la extinta Fiscalía Veintisiete adscrita a la Unidad a mi cargo, no es menos cierto que el expediente correspondiente a la referida actuación penal, reposa en la ciudad de Bogotá, lo que nos impide realizar una revisión sobre el mismo a efecto de ejercer nuestro derecho de contradicción y defensa, en el evento en que se llegase a considerar necesario. En todo caso, consideramos que no es dable intervenir en el presente asunto, toda vez, que cualquiera sea la decisión del fallo de tutela, no es de nuestro resorte funcional y territorial» (fls. 177-178 ibídem).
La homóloga 179 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, adscrita a la Unidad de Delitos de Indagación Ley 600 de 2000, tras pronunciarse respecto de cada uno de los planteamientos del actor, refirió que la inconformidad de este «no corresponde con la verdad procesal, pues a las diferentes y por demás confusas afirmaciones del Togado, esta Delegada las controvirtió bajo los parámetros de la Ley, Ajustado a la imparcialidad y la luz del Debido Proceso» y «[n]o se han introducido nuevas pruebas, tan solo las que el Despacho pidió al CTI de Barranquilla, como Escrituras Públicas, que respaldan la tradición de la tierra, objeto de disputa. Y es que se trata especialmente de un estudio esencialmente técnico, pues fue necesario estudiar la tradición de manera rigurosa, como se observa a lo largo del sumario» (fls. 216-228 íb.).
El funcionario equivalente Cuarenta y Tres Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá adujo que «este despacho en decisión del día 30 de octubre de 2014, confirmó la resolución recurrida, que la Fiscalía 179 delegada ante los jueces penales del Circuito de Bogotá emitió el 27 de septiembre de 2013, decretando la preclusión de la investigación que se adelantaba por el punible de Fraude Procesal contra Arturo Evaristo Palacios G., Samuel Palacios Gutiérrez, Óscar Julio Palacios Gutiérrez, José Emilio Velásquez Becerra, Carlos Enrique Rosales Durán, Brenda Antonia Seoanes Pineda y Aurelio Henríquez».
Además, señaló que «encontró en el proceso, que el comportamiento endilgado a los sindicados es [a]típico y que los hechos investigados ya fueron investigados y decididos por varias autoridades judiciales, en diversas decisiones debidamente fundamentadas en la normatividad legal vigente y en las pruebas recaudadas en cada una de esas actuaciones».
Precisó que «la sociedad accionante ha agotado todos los mecanismos previstos en la Codificación Procesal Penal a través de sus representantes, con el fin de hacer valer sus derechos, resultando adversas sus pretensiones, por lo que ahora opta por la [a]cción [c]onstitucional que sustenta en los mismos argumentos en los que ha venido fundando sus inconformidades en los varios procesos en los que ha intervenido, utilizándola como una indebida tercera instancia».
Agregó que «como bien puede constatar en la decisión de segunda instancia que cuestiona el accionante, ante el reiterado fracaso de la Sociedad Sredni en la jurisdicción civil para lograr que se le reconozcan derechos sobre el bien inmueble que reclama, luego de muchos debates durante largos años, acudió a la acción penal, logrando que la fiscalía 27 seccional de Barranquilla iniciara una nueva investigación y dispusiera dejar sin efecto varios fallos y otras decisiones de diferentes autoridades judiciales, para irregularmente ordenar la cancelación de Escrituras y Registros en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa ciudad, de muchos años atrás, tal como consta en la providencia de este despacho».
Para terminar sostuvo que «[d]e acuerdo con lo anterior, el debido proceso no tuvo ninguna conculcación por parte de las Fiscalías accionadas, toda vez que el procedimiento tenido en cuenta se ajusta cabalmente al establecido en la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal aplicado al caso estudiado, ni se trata de una vía de hecho, habida cuenta que las decisiones responden en su integridad a lo probado en el proceso y a que los argumentos esgrimidos para sustentar la tutela invocada fueron adecuadamente analizados, controvertidos y desatados» (fls. 179-214 ibíd.).
Samuel Palacio Gutiérrez, por intermedio de apoderado, reseñó las distintas acciones relacionadas con los predios sobre los que versa la queja constitucional y anotó que «la sociedad accionante pretende utilizar la acción de tutela para revivir un debate procesal ya concluido, (…) por parte de la Fiscalía General de la Nación durante años, aportando información probatoria nacida de sentencias ejecutoriadas, proferidas por los jueces naturales, por los Tribunales Superiores Salas Civiles y Penales, de manera coincidente durante más de 50 años» (fls. 230-235 ídem.).

LA SENTENCIA IMPUGNADA
Negó la salvaguarda reclamada al considerar que «es palmario que la parte demandante acude a este mecanismo de protección con la finalidad de obtener una solución del asunto acorde con sus intereses, en cuanto pretende que el juez de tutela incursione en el análisis de la decisión de preclusión emitida por las Fiscalías accionadas, al considerar que efectuaron una equivocada valoración del conjunto probatorio».
Además, que «[d]el soporte argumentativo de las providencias cuestionadas por vía de tutela, se percibe, que las decisiones de precluir la investigación a favor de los hermanos Samuel, Oscar y Arturo Palacios Gutiérrez, a José Emilio Velásquez Becerra, Carlos Enrique Rosales Durán y a Brenda Soanes Pineda por el delito de fraude procesal, está soportada en el examen objetivo de los hechos que dieron origen al sumario y de las pruebas obrantes en la foliatura».
Y concluyó que «la parte actora acude al mecanismo de protección con la única finalidad de obtener que el juez constitucional revalúe las pruebas y provea conforme a sus anhelos, cuestión que, como se dijo, es a todas luces improcedente, más aún cuando no se constata que la determinación sea el fruto del capricho o la arbitrariedad de los funcionarios accionados, sino del examen objetivo de la prueba que les permitió concluir que la parte investigada no cometió delito alguno» (folios 243-251 ib.).
LA IMPUGNACIÓN
La interpuso el apoderado de la gestora aduciendo además de las razones expuestas en el libelo genitor que la decisión censurada «desconoce por completo los fundamentos de hecho y de derecho que, al contrario (…) demuestran claramente que en el caso bajo examen se configuran no solo una sino varias causales de procedibilidad de la tutela».
Asimismo, que «[n]o es posible afirmar, como lo sostiene [el a quo constitucional], que la sociedad INMOBILIARIA SREDNI & COMPAÑÍA S.C.A., pretende acudir a la tutela “en reemplazo de los medios normales de defensa o para plantear una controversia que se debió surtir en las instancias correspondientes”» puesto que «[e]n el caso bajo examen, [se] agotó todos los medios de defensa judicial posibles».
En efecto, «[s]e interpuso (…) el recurso de apelación contra la providencia proferida por la Fiscalía 179 Seccional de la Unidad de Indagación Ley 600 (…) y se alegó claramente la vulneración de los derechos a partir de las irregularidades en que incurría la Fiscalía 179, tanto por ausencia o inadecuada valoración de las pruebas, como por ausencia de motivación en la decisión adoptada».
Agregó que «[t]ampoco se trata (…) de que se encuentre inconforme con las decisiones adoptadas» pues «los argumentos que se esgrimen en el escrito de tutela son claros en señalar y en demostrar la ocurrencia de varias causales de procedibilidad de conformidad con los criterios adoptados por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional».
Precisó, que «[l]a providencia de primera instancia proferida por la Fiscalía 179 [acusada] carece de apoyo probatorio que le permita justificar la decisión de precluir la investigación penal respecto del delito de fraude procesal a favor de los señores José Emilio Velásquez Becerra y otros», circunstancia que se deduce de «revisar las nuevas pruebas que hace allegar al expediente y que cita cometiendo un yerro fundamental consistente en modificar la ubicación del predio objeto de reclamación. Esta es a todas luces una valoración de prueba caprichosa que influye de manera decisiva impidiéndole al Fiscal la identificación de la veracidad de los hechos analizados y por ente, llevándolo a error».
De otra parte, que no puede llegarse a sostener que la autonomía del juez para interpretar la norma que más se ajuste al caso, decidir los asuntos con fundamento en las prescripciones legales y constitucionales pertinentes y valorar las pruebas se convierta en licencia para desconocer su contenido o decidir en contra de lo que ellas demuestran.
Además, que en dicho pronunciamiento «la Fiscalía incursiona en una tarea que se sale de su competencia» puesto que «establecer o no la titularidad del bien, como lo hace la mencionada decisión, es un asunto que compete a la jurisdicción civil a través de procesos reivindicatorios, sucesorios y posesorios».
Por último, que «es contradictoria, e incurre en defecto sustantivo, pues mientras reconoce expresamente la existencia de irregularidades en el proceso de titulación de los bienes, así como fraudes y falsificaciones, concluye que no hay delito y por tanto precluye la investigación penal por el delito de fraude procesal, sin invocar siquiera como es su obligación legal» (folios 262-272 ídem).
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure “vía de hecho”…», y bajo los presupuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).
El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ámbito jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la ordenación contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por salvedad la posibilidad de proteger esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).
2. La actora persigue que se dejen sin efectos las resoluciones datadas el 27 de septiembre de 2013 y el 30 de octubre pasado, proferidas por los Fiscales 179 y 43 acusados, respectivamente, mediante las cuales se decidió el recurso de reposición formulado contra la dictada por su homólogo 27 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Barranquilla, revocándola y tras desatar el recurso de apelación, se confirmó lo así resuelto, por haber incurrido en «defecto fáctico, orgánico y sustancial».
3. Obran como elementos demostrativos, relacionados con los argumentos de inconformidad del gestor, los siguientes:
3.1. Resolución de 19 de noviembre de 2010, emitida por la Fiscalía Veintisiete de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Barranquilla que decretó «el principio del Restablecimiento del Derecho, ordenando la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria No. 040-22793, las que de ella se deriven y, sus anotaciones subsiguientes, sin consideración de la naturaleza de las mismas» y «la entrega del inmueble a sus legítimos propietarios (…) entre otros, 6.5 hectáreas a la SOCIEDAD INMOBILIARIA SREDNI & CIA S.C., tal como lo contiene el folio de matrícula inmobiliaria Nº 040-45707» (fls. 101-110 Cdno. 1).
3.2. Proveído de 27 de septiembre de 2013 dictado por la Fiscalía Ciento Setenta y Nueve Seccional de la Unidad de Delitos de Indagación Ley 600 de 2000 de Bogotá que decidió el recurso de reposición interpuesto por los investigados y revocó «la resolución de fecha 19 de noviembre de 2010»; precluyó las diligencias para todos los procesados y concedió el recurso de apelación, luego de aducir que «este Despacho al hallar que el proceso R-844357 contiene inconsistencias de: modo, espacio, tiempo e identidad entre otras, observó la necesidad de una valoración sobre el origen de la titularidad como instrumento de estimación básica y de primero orden, por lo que le solicitó al área de Patrimonio Económico del CTI de la ciudad de Barranquilla, el recaudo de los documentos auténticos sobre el predio ubicado en el “HENEQUEN” EN LA BANDA MERIDIONAL DEL CAMINO VIEJO QUE CONDUCE A PUERTO COLOMBIA EN EL CORREGIMIENTO DE LA PLAYA»; de esta forma «[c]on el material probatorio recaudado el Despacho reconstruyó el origen y tradición del [mencionado] inmueble».
Al respecto, determinó que las escrituras de compraventa números 1127 de 1981 y 1532 de 2003 por medio de las que Gustavo Jorge Brod Drabinowsky vende a la accionante se desprenden de otras que «no guardan correspondencia ni articulación alguna con la escritura originaria y posteriores títulos de transferencia de sus propietarios reales», pues provienen de un señor JOSE MANUEL CAÑAS VILLAMIL que no corresponde con el verdadero dueño.
Lo anterior puesto que «[d]e las pruebas solicitadas y recaudadas por esta Delegada, se establece que MANUEL JOSE CAÑAS VILLAMIL (…), a quien supuestamente le fue adjudicado el predio [en comento] y sobre el cual realizó aclaraciones, rectificaciones y ventas sobre las 114 Has., no corresponde con el MANUEL JOSÉ CAÑA, que en abril de 1918 declarante y otorgado del predio ubicado en el “HENEQUEN” POR LO SIGUIENTE: MANUEL JOSE CAÑAS VILLAMIL (…) nació el 31 de diciembre de 1899 y para los días 09 y 11 de abril de 1918 fechas de la Declaratoria y de la Escritura Pública originaria (431 de abril de 1918) sobre el predio rural del “HENEQUEN”, MANUEL JOSE CAÑAS VILLAMIL, aun no cumplía 18 años de edad y para la época, la mayoría de edad se encontraba para los hombres en 21 años, adicional a esto y para cumplir lo exigido por la ley, quienes declaraban predios rurales debían demostrar su explotación económica, el cuidado y la convivencia pacífica por un mínimo de 10 años, como quien dice MANUEL JOSE CAÑA, no podía demostrar legalmente que desde antes de cumplir ocho (8) años estaba ocupando el predio rural del “HENEQUEN” para declararlo, pues no era procedente ni se ajustaba a los términos exigidos en la época».
Concluyó que «[e]n síntesis y, lo que se dilucida en este proceso, es la manera como personas ajenas a los verdaderos propietarios, tienen una titulación simulada y confusa en la que figuran como dueños del predio de la BANDA MERIDIONAL DEL CAMINO VIEJO QUE CONDUCE A PUERTO COLOMBIA, EN EL CORREGIMIENTO DE LA PLAYA» (fls. 47-68 ibídem).
3.3. Providencia del 30 de octubre pasado, proferida por la Fiscal Cuarenta y Tres Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, con la que confirmó lo resuelto por el a quo, precisó en primer lugar «que es indiscutible que los Juzgados segundo, octavo y noveno civiles del circuito de Barranquilla, profirieron decisiones de fondo definiendo la Litis trabada por sendas demandas que instauraron los abogados del señor Juan Palacio Urrutia, y de sus herederos Arturo Evaristo Palacio G., Samuel Palacio Gutiérrez, Oscar Julio Palacio Gutiérrez, José Emilio Velásquez Becerra, Carlos Enrique Rosales Durán, Brenda Antonia Seoanes Pineda y Aurelio Henríquez, entre otros, mediante los cuales ordenaron la división del lote de terreno, reconocieron a los herederos de Juan Palacio Urrutia y Zoila Gutiérrez, a quienes además se les adjudicó la herencia con la aprobación del trabajo de partición presentado, y declararon la pertenencia del mismo bien»; al igual que el seguido ante el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla por iniciativa de la actora que declaró improcedentes sus pretensiones «por no ser colindantes los predios comprometidos en esa Litis» determinación que fue confirmada por el Superior.
En cuanto al presunto ilícito de fraude procesal, expuso que «el Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Barranquilla ordenó cesar el procedimiento por atipicidad de la conducta, en el proceso que por el delito de Fraude Procesal y Usurpación de Tierras adelantó contra Gloria M. Palacio de Camargo, Ana Carmela Camargo Palacio de Jiménez, Samuel Palacio Gutiérrez, María Auxiliadora Palacio de Molina, Eduardo Palacio Gutiérrez, Oscar Julio Palacio Gutiérrez, Gustavo Palacio Gutiérrez, Arturo Palacio Gutiérrez y Eliseo Villareal, al considerar que en el proceso reivindicatorio adelantado por éstos a través del abogado Alfonso Camerano Fuentes, no realizaron ninguna manipulación que constituyera medio fraudulento para cometer el primero de tales punibles».
Refirió, que «la Fiscalía 24 de la otrora Unidad de Ley 30 de 1986 de Barranquilla precluyó la investigación que adelantó, entre otros, por el punible de Fraude Procesal, contra Gloria Palacio de Camargo, Alfonso Camerano Fuentes, Ana Carmela Palacio de Jiménez, Samuel Palacio Gutiérrez, María Palacio de Medina, Eduardo Palacio Gutiérrez y Astrid Palacio, el encontrar que la acción penal estaba prescrita, decisión que es confirmada en segunda instancia».
Sentado lo anterior, precisó que «es evidente que el comportamiento ejecutado por los procesados, ante todo fue legítimo por tratarse de un derecho consagrado y regulado por la Jurisdicción Civil vigente en el momento en el que ejercitaron cada una de las enunciadas acciones, y en segundo lugar, estas fueron sometidas a la respectiva discusión ante los jueces competentes, quienes luego del trámite legal pertinente y la adecuada valoración probatoria, con razonamientos ajustados a la realidad procesal, emitieron los fallos que durante más de 20 años se han venido cuestionando por diferentes actores y ante diversas jurisdicciones».
Asimismo, apuntó que «[e]n las condiciones reseñadas, los fallos mencionados cobraron fuerza de ley por razón de la cosa juzgada y la seguridad jurídica de las decisiones judiciales, de donde se infiere lógicamente que los sindicados no cometieron el delito que se les imputó, porque en la conducta que ejercitaron no concurrieron los elementos objetivos ni subjetivos requeridos por el tipo penal descrito en la respectiva norma prohibitiva, al no haber llevado a cabo ningún medio fraudulento que indujera en error a los Jueces de la República, para que resolvieran los respectivos procesos civiles en la forma que lo hicieron».
Seguidamente, advirtió que «al haber actuado amparados en la ley los denunciados, en manera alguna ejecutaron accionar fraudulento, habida cuenta que sus peticiones fueron materia de profundo y largo debate jurídico al interior de cada uno de los procesos judiciales conocidos, los que culminaron con decisiones exentas de factores exógenos a las propias convicciones, conciencia, competencia y juicio de los juzgadores, quedando demostrado que no fueron inducidos en error, consideración a que las determinaciones cuestionadas fueron el resultado de la debida discusión en el mismo sentido en diversos procesos, en los cuales, los funcionarios judiciales actuaron razonadamente, sopesando la posición de los sujetos trabados en el litigio y concluyendo que los demandantes tenían razón en el derecho reclamado, análisis que excluye cualquier ilegalidad».
Destacó que «[p]or lo anterior, es incongruente que se ventile ante la jurisdicción penal engaños o artificios por parte de los imputados, cuando éstos fueron ampliamente discutidos, debatidos y decididos en los precitados litigios, dentro del marco de la respectiva controversia adversarial de derechos civiles».
Agregó que «la conducta ejecutada por los procesados e investigada en el presente asunto resulta ATÍPICA, al no adecuarse a los elementos objetivos descrito en la norma; por consiguiente, mal pueden ser objeto de incriminación alguna, a riesgo de infringirse ostensible y flagrantemente el principio de legalidad, siendo desacertado seguir con el ejercicio de la acción penal».
Por último, refirió que «respecto a la inquietud planteada en la impugnación sobre la prescripción de la acción penal, es evidente que esta no fue el motivo que conllevó a la preclusión decretada, porque como ya se dejó decantado, la decisión obedeció a la ausencia del delito imputado, tal como lo consagra en su parte final señalando, que la fiscalía al lograr establecer la titularidad de la tierra, acorde con lo expuesto en precedencia, se observa con nitidez la ausencia de delito imputable a los sindicados mencionados, de donde se colige sin asomo de duda, que la prescripción es un anunciamiento sin ninguna trascendencia sustancial o fundamentadora de tal determinación, lo cual explica que el A quo no haya hecho ninguna sustentación fáctica y jurídica sobre ese particular» (fls. 31-38 ídem.).
4. En este orden de ideas, advierte la Sala que los funcionarios acusados en las providencias cuestionadas (27 de septiembre de 2013 y 30 de octubre de 2014), no desconocieron los presupuestos especiales por «defecto fáctico, orgánico ni sustancial» que ameriten la intervención del «juez constitucional» por cuanto los argumentos allí plasmados tienen fundamento en las particularidades del caso descartándose un actuar antojadizo.
5. En efecto, en cuanto al error fáctico derivado de la carencia de pruebas para sustentar la decisión, no se advierte que el Fiscal ad quem caiga en el dislate alegado, pues, tras efectuar el estudio de los elementos de convencimiento obrantes en el plenario, concluyó que «los alegatos de la parte principal recurrente carecen de fundamentos para revocar el pronunciamiento censurado, porque de una parte, si bien el objetivo de la decisión era resolver el recurso de reposición que se encontraba pendiente sobre la resolución de fecha 19 de noviembre de 2010 proferida por la Fiscalía 27 Seccional de Barranquilla, en su estudio, la primera instancia observó con nitidez la ausencia del delito imputable a los sindicados, conclusión que es producto de un profundo análisis del material probatorio que milita en el infolio» y «[e]n esa medida, al quedar demostrado que los hechos investigados no configuran infracción a la ley penal, la consecuencia implícita, necesaria e inmediata de la culminación de la acción penal por esa razón, es que la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente ordenada por la presencia de los elementos objetivos del tipo ordenados, pierde de facto su respaldo y soporte legal, desapareciendo por sustracción de materia, el recurso de reposición contra la resolución que dispuso dicha medida, en consideración a que en ausencia de delito, por su accesoriedad resulta ilegítimo mantenerla vigente, siendo necesaria e imperativa su revocatoria explícitamente».
6. De otra parte, respecto de las denominadas por el censor «nuevas pruebas» la funcionaria a quo adujo en su providencia que «a lo largo del presente y basada en las pruebas aportadas al plenario, se hará una reseña del estudio realizado: este Despacho al hallar que el proceso R-844357 contiene inconsistencias de: modo, espacio, tiempo e identidad entre otras, observó la necesidad de una valoración sobre el origen de la titularidad como instrumento de estimación básica y de primer orden por lo que le solicitó al área de Patrimonio Económico del CTI de la ciudad de Barranquilla, el recaudo de documentos auténticos sobre el predio» con fundamento en que le fue reasignado el sumario, determinación soportada en el artículo 234 de la Ley 600 de 2000, que rige el asunto.
7. Tampoco puede atenderse el reclamo de la accionante en el sentido de que la autoridad penal invadió la esfera de la jurisdicción civil al pronunciarse sobre la tradición de los bienes a que se refiere la denunciante, incurriendo en defecto orgánico, pues fue el derrotero que el funcionario trazó para determinar si se estructuraba el presunto delito de fraude procesal; además, el análisis cumplido no tuvo por objeto declarar derechos sino establecer el estado de las cosas para verificar la tipicidad de la conducta.
8. En lo atinente al yerro sustancial por insuficiente motivación derivado de no indicar «la causal de preclusión, ni la razón por la cual el delito de fraude procesal, en su criterio, se encuentra prescrito», no le asiste la razón al libelista puesto que la providencia atacada resuelve dicho aspecto indicando que «el motivo que conllevó la preclusión decretada» no se soportó en la prescripción de la acción penal sino en «la ausencia del delito imputado».
9. Ahora bien, con independencia de que se comparta o no la interpretación y la «valoración probatoria» de los fiscales encartados, ello no descalifica sus decisiones ni las convierte en caprichosas y con entidad suficiente de configurar un «requisito de procedibilidad especial», pues para llegar a este estado se requiere que la «disposición judicial» sea el resultado de un proceder abiertamente contrario a la normatividad jurídica reguladora del asunto y violatoria de las garantías fundamentales.
En relación con lo anterior, esta Corporación ha señalado que:
Sobre este particular ha sido prolija la jurisprudencia de esta Sala, la que ha destacado, de vieja data, que “Dirimida una controversia tras el agotamiento de las correspondientes etapas procesales, precisamente establecidas en orden a otorgar a las partes un escenario adecuado para el ejercicio de sus derechos, no queda opción distinta que acatar sin miramientos el designio judicial, que se torna inmutable y definitivo” (Sent. de nov. 3/99, exp. 7410). Por consiguiente, para que el Juez constitucional pueda superar tan caro valladar, como es la cosa juzgada, “no basta que exista una equivocación: es indispensable que ésta sea abiertamente ilegal y, por ello, inadmisible, a fuerza que paladina e inobjetable (Sent. de oct. 11 de 2000, exp. 491-01); con otras palabras, es necesaria la presencia de ‘un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo’ (Sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 0183)” (Sent. de feb. 23/04, exp. 41-01), ya que “Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista por parte del juez que los profiere (C. Const. Sent. T-231, mayo 13/94) (CSJ STC, 10 May. 2005, Rad. 00142-00, reiterada, entre otras, el 6 Sep, 4 Oct. 2012, Rads. 00617-01 y 00066, 24 y 29 Ene. 2013, Rads. 00034-00 y 2012-00568-01).
10. Sea del caso precisar que, el juez constitucional sólo interviene en la «esfera probatoria», cuando el «error en el juicio valorativo» sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposición, lo cual no ocurrió en el caso que nos ocupa y, es que en el tema de pruebas la Corte ha reiterado que:
el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (...) de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisión"» (CSJ STC, 5 Jul. 2012, Rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 2 Oct. 2013, Rad. 01449-01 y 2 Abr. 2014, rad. 00606-00).
11. Por último, no se advierte que el ente investigador haya traspasado los límites impuestos por el apelante en su recurso, pues según lo prevé el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, aplicable para el sub examine, «la decisión del superior se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación» y en este caso la amplitud de las inconformidades esgrimidas permitió un pronunciamiento de iguales proporciones a fin de atenderlas completamente.
12. Por las razones expuestas, se ratificará el fallo opugnado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO


ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ




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