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Quito – Ecuador 2010


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Quito – Ecuador

2010



Comisión Especializada en Niñez y Adolescencia Callejizada

Compina


Implementación De Acciones Para Atender La Problemática De La Niñez y Adolescencia Trabajadora En El Distrito Metropolitano De Quito





El documento que a continuación presenta la Comisión Especializada en Niñez y Adolescencia Callejizada del Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (COMPINA), fue elaborado dentro del marco de un proceso participativo a partir de diferentes entes de acción como la Red de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, Foro de la Niñez, Técnicos Nacionales y Extranjeros entre otros varios.

La utilización del lenguaje es un punto fundamental en la elaboración del presente documento ya que esta pensado como una herramienta de trabajo para instituciones que se ocupan de la niñez y adolescencia en situación de riesgo además de ser un producto informativo para la ciudadanía en general, para lo cual se hace indispensable la implementación de un lenguaje sencillo, sin parámetros técnicos ya que uno de los objetivos principales del mismo es generar y promover el debate institucional y ciudadano para la implementación y toma de acciones sobre el tema.

Asegurar la implementación de medidas de protección social y atención integral que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en situación de callejización, deberá ser el propósito final, empeño y esfuerzo de toda sociedad…

Antecedentes

Los distintos procesos de construcción de sociedades, fundamentalmente, urbanizadas, acarrean consigo una serie de interacciones entre los distintos grupos que participan de este proceso en el cual, los del lado hegemónico o de poder al precautelar sus propios intereses personales y grupales, excluyen y condicionan la participación y estilos de vida de los que son considerados “no aptos” de pertenecer a esta élite. Es así que, se van edificando los espacios y escenarios propios de desarrollo de cada uno de estos grupos: los que mantienen el poder por niveles o estados con más recursos y; aquellos donde los niveles, el acceso, uso y pertenencia de los recursos son cada vez más restringidos y escasos. En este marco de competencias, para unos y para otros se generan y en algunos casos se perpetúan, formas de interacción que se basan en estos procesos de exclusión social. Mientras unos tienen la posibilidad de generar, usar y hasta desaprovechar los recursos, para otros es impensable generar y acceder a estos recursos para su desarrollo.

Desde el llamado “enfoque de derechos” que no es otra cosa sino, la reflexión social, mandataria de la sociedad en su conjunto, que busca eliminar estas interacciones y espacios de inequidad y exclusión; los responsables de los niveles políticos de decisión y las organizaciones que se han especializado en la atención de las poblaciones inmersas en estas realidades a partir de, la construcción de políticas públicas y su implementación, suman esfuerzos por atender las problemáticas que a su juicio, inciden en el mantenimiento y empeoramiento de estas desigualdades sociales. En este contexto muy general, una de las muestras visibles en el terreno urbano de las sociedades es la presencia de grupos familiares y grupos afines de niños, niñas y adolescentes en las calles. La vida o mejor dicho, su vida en las calles, transcurre dentro del anonimato, del peligro, de la pobreza y particularmente de la paulatina anulación de oportunidades. Este fenómeno social que en la ciudad de Quito ha estado presente desde su constitución misma como ciudad, ha visto como gradualmente las “condiciones sociales” se han tornado cada vez más difíciles como parte misma de su crecimiento y de los problemas sociales que eso conlleva. Es así que el “espacio público” a partir de la década de los setenta empieza a transformarse de un espacio de encuentro y socialización a un espacio de trabajo, sobrevivencia y riesgo.

El momento en que el Estado cambia, de un modelo económico agrícola a uno petrolero, existe una acelerada migración del campo a la ciudad; Quito no estuvo preparado ni se pensó a sí misma como una ciudad que debía planificar y orientar este crecimiento. Las autoridades municipales de turno excluyeron de sus propuestas programáticas la atención social de las nuevas poblaciones. Más aún se implementaron mecanismos de salvaguarda para los habitantes “originarios” en contra de los “recién llegados”. Los cordones o cinturones urbanos marginales de la ciudad tienen sus inicios en esta lógica perversa y discriminatoria; se permitía la estadía de los nuevos llegados pero a costos muy altos ya que esos asentamientos carecían de los servicios básicos e indispensables para una convivencia en armonía. Sumado a esto, no se implementaron oportunidades laborales acorde a las capacidades de la nueva población; es decir, su permanencia y sobrevivencia en la nueva ciudad estuvo regida por su suerte.

No se plantearon políticas públicas integrales. La pobreza era entendida como una condición de vida de las personas pero jamás pensada desde la estructura de inequidad que la misma ciudad generaba. En este ámbito, se otorgan estas responsabilidades a las ONGs y a las Iglesias como una forma camuflada de decir “si nos preocupamos por la pobreza”.

En otras palabras, desde su origen la solución a estos problemas no fue pensada para incidir en sus causas, mas bien, esta entrega de responsabilidades a terceros por parte del Estado, ocasionó el efecto contrario es decir, perpetuó la problemática para dar sentido a su supuesta solución de crear o facilitar la creación de instituciones y organizaciones que se hagan cargo de los “pobres”. A estas alturas ya tenemos dos grandes dilemas que entender: el primero pasa por asimilar que la ciudad se estructuró como tal sobre la base de ser un “organismo excluyente”; y la segunda: tiene que ver con que crea para sí y para limpiar su conciencia, las condiciones para que otros den solución a este dilema. Desde ahí, las intervenciones y acciones que las instituciones hemos podido realizar, han sido y serán, limitadas y reguladoras de estos esquemas de inequidad y exclusión, siempre y cuando sigan siendo actuaciones sin un criterio de derecho y de inclusión. Trasciende además el hecho de que este sentido de habitar en los límites, en los espacios que los otros desechan, de lo que sobra, genera en sí mismo no solo el sentido vivo de la exclusión e inequidad con la cual les recibe “lo urbano” sino que, se consolidan sobre la base de la negación o anulación de su propia identidad cultural (entiéndase este fenómeno desde las migraciones: rural-urbano; desde factores de desarraigo forzado: comunidad – calle; y desde las situaciones de violencia familiar y abuso: familia - grupo).

El Distrito Metropolitano de Quito, como una ciudad metrópoli y eje político-social, paulatinamente ha vivido de forma paralela a su “desarrollo y crecimiento”, algunas formas o manifestaciones de estos espacios de exclusión. Es desde ahí, que la propuesta que la Comisión plantea al COMPINA, debe abarcar el criterio fundamental que la administración municipal forma parte del Consejo Metropolitano, es decir, le compete cualquier acción u omisión que sobre este tema de intervención se pueda desarrollar. El gobierno local es quien debe liderar y establecer los mecanismos participativos para desestimular e incidir en esta estructura que mantiene a los niños, niñas y adolescentes en estas extremas condiciones de riesgo y carencia de oportunidades.

El hecho que niños, niñas y adolescentes en nuestro país y particularmente en nuestra ciudad, trabajen, mendiguen o sean explotados económicamente, es una responsabilidad del Estado en su conjunto y de la estructura económica de la sociedad, por lo que es importante la definición de políticas públicas claras, con actores plenamente identificados, con niveles de responsabilidad y competencias; con planes y proyectos plenamente diferenciados en el marco de lo que se conoce como acciones o mecanismos de protección especial y protección integral; con presupuestos participativos plenamente sustentables y oportunos para la gestión.



Caracterización del Grupo
Los niños, niñas y adolescentes trabajadores se enfrentan a una multitud de problemas, al pasar la mayoría de su tiempo en las calles, son más vulnerables frente al abuso sexual, explotación sexual, violencia física, psicológica, uso indebido de drogas, el involucramiento en pandillas, delincuencia, entre otros.
Su situación se agrava mas aún ya que en la calle no acceden a servicios básicos, circunstancias que los hacen mas susceptibles ha adquirir las patologías propias para su edad y a otras facilitadas por mala higiene como piodermitis (sarna, piojos, hongos, infecciones por bacterias), parásitos intestinales, diarrea, infecciones respiratorias, odontológicas etc.

De la experiencia que hemos recogido de varias instituciones afines, podemos constatar que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes con quienes se trabaja presentan signos de desnutrición, debido a que sus hábitos alimenticios son inadecuados, los pocos ingresos que obtienen los destinan al consumo de alimentos de preparación rápida, comida chatarra de bajo aporte nutritivo (salchi papas, gaseosas, pan con cola o bolo, entre otros propios del medio).

En general más de la mitad de los NNA presentan un bajo nivel de estatura y peso. La desnutrición contribuye a que su capacidad intelectual sea baja con sus respectivas consecuencias como problemas de aprendizaje, adaptación entre otros; además que aproximadamente el 59% de niños, niñas y adolescentes padecen de cierto grado de anemia1

Estas niñas, niños y adolescentes, viven en un medio violento expuestos a cualquiera de sus formas de maltrato, muchos de ellos son víctimas de abuso psicológico, agravándose este problema por la gran incidencia de alcoholismo en las familias.

Entre otras patologías que podemos encontrar a nivel de la salud mental son: trastornos de conducta, ansiedad, depresión, alcoholismo, uso indebido de drogas, etc.

Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran involucrados en esta problemática y los trabajos a los que se dedican son: betuneros; vendedores ambulantes; empleados domésticos; cargadores en mercados (dentro de su actividad en los mercados hemos evidenciado que desempeñan actividades de rodeadores, acompañantes, lavaplatos, tricicleros, vendedores en puestos fijos y desgranadores); recicladores, lava carros, malabaristas, cuida carros; además de aquellos que se encuentran realizando trabajos de alto riesgo como en basurales, ladrilleras, prostíbulos, controladores de buses, entre otros. Los ingresos diarios de bajo estas circunstancias oscilan entre los tres y diez dólares americanos por día.

La realidad social de nuestro país lleva a muchas familias a vivir situaciones de pobreza, carencia de trabajo y bajos niveles de escolaridad, siendo victimas de la explotación y exclusión, lo que en ocasiones les obliga a enviar a las calles a sus hijos o hijas.

Las escuelas a las que pertenecen los NNA, o de la que han desertado, son todas escuelas públicas. Aún en Quito, que es la capital, las escuelas de los barrios populares no cuentan con los medios necesarios para ofrecer una educación de calidad. Son escuelas pluridocentes, con alto número de estudiantes por aula y poco material didáctico. En general tienen una estructura física con poco mantenimiento y bastante descuidada.

El modelo educativo y los valores que imparte la escuela están lejos de la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes en la calle y en contrapartida favorecen la baja autoestima de ellos que ven el modelo de persona que se les propone fuera de su alcance. De alguna manera la escuela ratifica la negatividad y minusvalorización que el NNA recibe en la calle y con mucha frecuencia en la familia.

Por lo expuesto anteriormente la problemática del trabajo infantil va más allá de este hecho, e implica muchos factores y consecuencias que aún no han sido abordados de manera efectiva por quienes tenemos el deber de hacerlo.

Acciones recientes y su incidencia

El primer Censo de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en situación de calle realizado en el DMQ por el COMPINA en el año 2006, indica que su mayor concentración está ubicada en la Administración Zonal Centro con un porcentaje cercano al 33,8%2, seguido por el sector de la Mariscal, ubicado en la Administración Zonal Norte.

Las actividades de estas poblaciones se presentan en mayor proporción en el sector informal, venta de productos y acompañamiento a sus padres o referentes adultos en estas actividades.

A partir del conocimiento profundo y acercamiento adecuado a estas problemáticas desde la investigación y levantamiento de líneas base, los distintos estamentos cuentan ya con importante información sobre el número y las condiciones en las que se desarrollan estos grupos.

Los procesos colectivos de las instituciones a partir de la discusión - construcción del último Código de la Niñez más, las propuestas de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales, han permitido que las demandas y necesidades sean plasmadas desde un criterio más integrador; la elaboración de políticas públicas así como planes integrales de intervención. Está pendiente, pero en camino de concreción plasmar y armonizar los recursos institucionales así como también, la coordinación estrecha de acciones que eviten la duplicación, el desgaste y el aprendizaje colectivo.

Implementar los estamentos que faltaban para conformar el sistema de protección integral, tales como los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y las Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia, son otra clara muestra de que las estructuras se están rediseñando. Se evidencia además del compromiso del gobierno local, la predisposición y compromiso a funcionar de una manera más coordinada y sostenida. Si el terreno de acción en donde las actuaciones e intervenciones institucionales están orientándose a otros roles y protagonismos, no se puede esperar menos que las distintas acciones emprendidas para atender a esta población en situación de calle y explotación económica, se organicen y alineen hacia los planes, programas y líneas estratégicas que en consenso, se han determinado para trabajar con esta población.

Contamos ya con un Plan de Desarrollo Integral que fue construido, consensuado por los distintos actores sociales inmersos en la solución al problema; aprobado posteriormente por el Consejo Metropolitano a partir de constituirlo como una Ordenanza 202 para el Distrito. Este Plan, cuenta con treinta políticas para la protección y restitución de los derechos individuales y colectivos de los NNA.

Se cuenta con un marco jurídico el cual, faculta y exige de todos los involucrados las prioridades y formas en las que debemos intervenir para la búsqueda de prevenir los problemas y de favorecer los mecanismos más idóneos para restituir los derechos.



Líneas de Acción sobre Trabajo infantil

Esta comisión especializada en niñez y adolescencia callejizada propone trabajar la problemática, con el enfoque de restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y de sus familias.

Por lo cual, consideramos:



  1. Acompañamiento y Seguimiento Familiar:

Entendiéndose que la familia es el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y de acuerdo al principio de corresponsabilidad social presente en el Código de la Niñez y Adolescencia el Estado y sus instituciones deberán garantizar su protección, apoyar a las familias para que cumplan con su responsabilidad, protección, cuidado, respetando a sus hijos, hijas así como la promoción, acato y exigibilidad de sus derechos.

En el Distrito Metropolitano de Quito, la mayor parte de niños, niñas y adolescentes trabajadores provienen de familias disfuncionales, con bajos ingresos económicos con un promedio de 3 a 6 hijos-hijas, con poco acceso a la educación, salud y a una adecuada alimentación. Los padres (padre y madre) y/o adultos cabezas de familia tienen pocas oportunidades para acceder a un trabajo estable, digno que cubra las necesidades primarias y básicas de sus familias, en esta situación tanto adultos como los NNA se sienten y se ven obligados a laborar.

Como parte del proceso, está el acompañamiento a la familia en orientación, concientización y seguimiento, de tal forma que puedan visualizar los roles de los adultos como jefes de familia y de los niños, niñas y adolescentes con sus necesidades propias, (jugar, estudiar) así como también el reconocimiento de sus costumbres, su cultura, lengua, en sí sobre su cosmovisión a fin de mejorar sus situaciones de vida, relaciones culturales, sociales e interpersonales.

Ante lo cual, se debe fomentar la capacitación de los padres y/o adultos cabezas de familia en las siguientes áreas:



Trabajar fortaleciendo los vínculos familiares, concienciando a la familia sobre la responsabilidad de generar recursos para el sostenimiento de la misma y no necesariamente que esta responsabilidad recaiga sobre los NNA.


Esta sensibilización se la debe realizar a través de:

  1. Formación personal y familiar, abordando temas cotidianos que aporten a mejorar su forma de vida y a un cambio en la relación hijos padres, parejas, parientes y corresponsabilidad social.

  2. Capacitación profesional en áreas que puedan generar recursos como alternativas para mejorar su situación de vida familiar y personal como por ejemplo la creación y sostenimiento de microempresas y alternativas laborales.

Esto ayudaría a:

  • Generar espacios de participación y apropiación de las familias en cuanto las diferentes propuestas educativas, con el fin de garantizar y concienciar sobre la no obligación de los niños, niñas y adolescentes en la generación de recursos a través de su trabajo.

  • Procesos formativos para padres - madres y adultos cabezas de familia en temas de interés común para los participantes según su necesidad y realidad (como: escuelas para padres, escuelas de ciudadanía entre otros).

  • Acercamiento, acompañamiento y seguimiento del proceso formativo en las familias.

  • Propiciar la participación de sectores comunitarios en zonas expulsoras, receptoras y aledañas donde se encuentran ubicadas las instituciones que trabajan con esta realidad.



  1. Reinserción Escolar:

Los Programas Educativos deben responder a la realidad de los niños, niñas y adolescentes y de manera especial a los niños y niñas trabajadores y/o niñez callejizada que han sido insertos o incorporados a dichas instituciones para garantizar su permanencia y continuidad en el entorno escolar con un proceso educativo de calidad e incluyente que responda a sus necesidades; mediante la inserción educativa, seguimiento escolar y refuerzo pedagógico, contribuyen al cumplimiento de los objetivos de disminución de horas de trabajo, erradicación progresiva del trabajo infantil.

El Estado y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, garantizarán a través de sus Instituciones los procesos de reinserción y permanencia que aseguren la culminación de su etapa escolar, bachillerato, formación artesanal y/o universitaria.



La educación un pilar fundamental de transformación y desarrollo integral.


  1. Programas de Alimentación y Salud:

La Salud es un derecho que tenemos todas y todos los ecuatorianos, amparada en la Constitución Política de la República, resultado de la interacción de la economía, la educación, el bienestar psicológico, social, físico entre otros; la única forma de ver a la Salud es de una manera integral, y es por esto que si se quiere que la población en general goce de este derecho, el Estado y las Organizaciones deben trabajar conjuntamente en las causas que hacen que no se den las condiciones para ejercer este derecho.

El interés de este documento es la población que ya es discriminada por su condición de edad que es la niñez y adolescencia y en especial aquella trabajadora o en situación de calle.

La alimentación no es la adecuada tanto en su balance, así como en la higiene en su preparación, con un sinnúmero de carencias en el aporte de hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, produciendo algún grado de desnutrición.
En general las familias viven en condiciones desfavorables para el desarrollo adecuado de sus niñas, niños y adolescentes.

El Estado reconoce que la Salud es el resultado de garantizar integralmente las condiciones de vida; y al respecto de la niñez y adolescencia implica trabajar en la generación de espacios para el ejercicio del Derecho, que los padres o adultos cabeza de familia tengan las oportunidades para un trabajo digno, cuyos ingresos satisfagan las necesidades familiares, garantizando que la niñez y adolescencia no se vean obligados a trabajar y/o entrar al riesgo de ser callejizad@s.

El Estado, así como el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, deben aplicar el marco legal del país que garantice el cumplimiento del derecho a la Salud y Alimentación de calidad y las organizaciones de la sociedad civil son corresponsales en esta labor del Estado.

En cuanto a la atención en servicios de salud, la responsabilidad es del Estado y por ende el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El Ministerio de Salud, regente en el tema, debe elaborar y poner en ejecución: políticas, planes y programas, así como ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, particularmente la atención primaria gratuita para la Niñez y Adolescencia, sin olvidar la particularidad de los NNA trabajadores o en situación de calle.

Los programas deben incluir la educación para los progenitores, adultos cabeza de familia, así como para las personas responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual, a una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable. Sin distinción de clase, raza, nacionalidad, credo u orientación sexual, en el marco del respeto a la diversidad.


  1. Participación y Recreación:

Otra de las prioridades establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia es asegurar que los NNA se integren de manera emergente a los procesos de participación y actoría social reconociendo sus derechos a la recreación y descanso, participación, libertad de expresión, ser consultados, libertad de reunión y de libre asociación; por lo tanto el Distrito Metropolitano de Quito debe proporcionar espacios y tiempos adecuados para que los NNA, puedan incorporar y fortalecer estos derechos como parte de su vida dando especial prioridad a aquella niñez y adolescencia trabajadora o en situación de calle.

Estamos convencidos que estos cambios son parte de un proceso de construcción colectiva, incluyente y creativa por lo cual proponemos:



  1. La difusión y aplicación del Sistema de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia por parte del COMPINA y las instituciones registradas en el Consejo.

  2. Generar y fortalecer espacios de reunión y participación en donde los NNA puedan conversar, opinar, discutir sobre temas de su interés y construir propuestas que respondan a su realidad.

  3. Fortalecimiento del concejo consultivo que garantice los procesos de inclusión y actoría social de los NNA dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

  4. Gestionar espacios seguros y condiciones que faciliten la recreación, descanso, juego y deporte, dentro de procesos educativos, formativos y ambientes saludables.

  5. El Distrito Metropolitano de Quito y las Instituciones promoverán y facilitarán la vivencia y el conocimiento de las diferentes formas de recreación de acuerdo a las culturas existentes.

Este documento es el producto de una construcción colectiva donde se han evidenciado las diferentes posiciones sobre el tema de trabajo infantil y que dentro de este proceso hemos planteado acuerdos consensuados entre las organizaciones que conformamos la Comisión Especializada y la Red de Atención a Niñez Callejizada, que busca incidir en una verdadera transformación que aporte a la nueva realidad política que vive el Ecuador y en particular la Ciudad de Quito.

En el marco del ejercicio pleno de derechos es necesario continuar en la búsqueda común concertada entre diferentes sujetos y actores que trabajan particularmente con la infancia y adolescencia trabajadora y en situación de calle, con el fin de clarificar nuestro papel y compromiso, a la vez, llegar a definir la aplicación de políticas públicas y leyes que incidan en la transformación de las personas, familias, instituciones y de la sociedad en general.



La transformación social consiste en el ejercicio pleno de

Creemos que las instituciones que guardan el orden público deben constituirse en espacios seguros y referentes en la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores y/o situación de calle. Sabemos que el Estado, sus instituciones tanto nacionales como locales y en nuestro caso la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito son responsables de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los NNA, sin olvidar la coordinación y el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando y aportando en el tema, -debiendo considerar en sus planes operativos el enfoque de derechos- basados en la normativa legal del país, así como en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.



Marco Legal del Ecuador para el Abordaje del Trabajo Infantil

A partir de la ratificación de la Convención sobre los derechos de la niñez, por parte del Ecuador en febrero de 1990, se inicia un proceso de adecuación de la normativa interna a este instrumento internacional a fin de garantizar la vigencia y ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia del país.

La aprobación del Código de la niñez y adolescencia, en enero del 2003, anteriormente llamado Código de Menores (1992), fue el resultado de un amplio e intenso proceso de participación y concertación social en torno al Sistema de Protección Integral a la niñez y adolescencia. Posteriormente la aprobación de la Constitución de 1998 permitió ampliar entre otros temas, el marco de garantías y derechos, creando y reconociendo figuras como la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes y el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la niñez y adolescencia, con la respectiva responsabilidad de los gobiernos locales de definir políticas y destinar recursos para su funcionamiento.

A partir de la estructuración de los organismos del sistema, se fortalecieron también los organismos seccionales autónomos y su ámbito de influencia, lo que permitió establecer políticas, medidas de protección y prevención de derechos, articular redes, gestionar recursos, implementar nuevos modelos de gestión municipalistas, etc. En tal sentido, es importante que la nueva institucionalidad del país y su plan nacional de desarrollo mantengan y fortalezcan los avances que a nivel nacional y local se han logrado en el marco de institucionalización del Sistema de Protección, considerando que éste ha sido incorporado en la Constitución actual que entró en vigencia en octubre del 2008, siendo este uno de los hitos más importantes de la vida democrática del país, ya que la Ley suprema recoge y articula el conjunto de demandas e intereses que emergieron desde distintos sectores sociales y desde la propuesta del actual gobierno de construcción del Socialismo del Siglo XXI que, entre otros propósitos, plantea la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, teniendo como eje al ser humano y no al mercado; la inclusión y equidad social, el fortalecimiento de la institucionalidad pública y la democracia; el rescate del estatuto de la política en su aspecto esencial, etc.,

Es importante, además, porque reconoce al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social y establece las garantías para la vigencia y ejercicio de tales derechos, para todos los grupos poblacionales. De ahí que otro de los aspectos fundamentales es la participación ciudadana, que se convierte en un eje trasversal de la nueva Constitución, según el Presidente del Ecuador: “no ha existido en la historia republicana del Ecuador una Constitución que otorgue semejante prioridad al papel de los ciudadanos-as en la vida democrática y en la gestión y control de los asuntos públicos; de modo que solo el protagonismo efectivo de la ciudadanía podrá dar sustento político real a la nueva Constitución”

Al momento de la elaboración de este documento, el país contaba con 181 Concejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, estos organismos son los garantes de derechos e impulsores de la movilización social en torno al ejercicio de los mismos.



Constitución Política de la República del Ecuador 2008

TITULO II

DERECHOS

Capítulo Tercero

Derechos de las personas y gru­pos de atención prioritaria

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las perso­nas en condición de doble vulnerabilidad.

Sección Quinta

Niñas, niños y adolescentes
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promo­verán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, so­cial y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesida­des sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales naciona­les y locales.



Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las si­guientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

  1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.

  2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se imple­mentarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá con­culcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su de­sarrollo integral.

  3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Esta­do garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.

  4. Protección y atención contra todo tipo de vio­lencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.

  5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohó­licas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.


Capítulo Octavo

Derechos de Protección
Art. 81.- La ley establecerá procedimientos espe­ciales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra ni­ñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley.
TITULO IV

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