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Quejoso: la jolla properties, S. De r. L. De c. V


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INCIDENTE DE INEJECUCIóN 557/98, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 281/98

QUEJOSO: LA JOLLA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JOSé VICENTE AGUINACO ALEMáN

SECRETARIO: JESÚS GUADALUPE LUNA ALTAMIRANO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve.


Vo. Bo.

V I S T O S ; y

RESULTANDO:
Cotejo:
PRIMERO.- Por escrito presentado el cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Cuarto Circuito, Sergio Villafaña García, en su carácter de apoderado de “La Jolla Properties”, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
AUTORIDADES RESPONSABLES:--- a) C. Director de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Cozumel, Quinta Roo.--- b) C. Inspector de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Cozumel, Quintana Roo.- ACTOS RECLAMADOS: --- a) Del C. Director de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Cozumel, Quintana Roo, se reclama: --- I) La inconstitucional orden de comisión girada mediante oficio # 593, de fecha 25 de febrero de 1998. --- II) El acta de inspección sin número, expediente 1998, de fecha 26 de febrero de 1998. --- III) La orden de demolición, obra o reparación dictada en el expediente citado. --- b) C. Inspector de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Cozumel, Quintana Roo. --- I) La ejecución de la orden de comisión girada mediante oficio # 593, de fecha 25 de febrero de 1998. --- II) La realización del acta de inspección sin número, expediente 1998, de fecha 26 de febrero de 1998. --- III) La ejecución y/o notificación de la orden de demolición, obra, reparación o clausura dictada en el expediente citado”.
SEGUNDO.- Como antecedentes del caso se narró los siguientes:
Bajo protesta de decir verdad manifiesto los hechos que me constan y que constituyen antecedentes de los conceptos de violación. --- Con fecha 26 de febrero del presente año, el C. Oswaldo Cárdenas León, quien dijo ser inspector de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Cozumel, Quintana Roo, llevó a cabo una visita de inspección, según se desprende del documento que acompaño a la presente como anexo ‘2’. --- Dicha inspección se llevó a cabo en el inmueble propiedad de mi representada, sito en avenida 6 norte # 81, entre las calles de Rafael E. Melgar y avenida 5 norte, colonia San Miguel, Cozumel, Estado de Quintana Roo, como lo acredito con la copia certificada del primer testimonio de la escritura número 5,957, de fecha 20 de diciembre de 1996, ante el licenciado Manuel Irvín García Valdez, notario público en ejercicio en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que acompaño al presente escrito como anexo ‘3’. --- Cuando se le preguntó al señor Alejandro Ortiz Viñaz, cual era el motivo de su presencia, mencionó el señalado C. Oswaldo Cárdenas León, que era por que ya se había dictado una orden de clausura y demolición del inmueble en que se actúa, asentando en el documento que tenía en la mano que después supimos era el acta de inspección una serie de datos, y dijo haber terminado, pidiendo al recepcionista del hotel que firmara de recibido. --- Dicha persona jamás se identificó ante el personal que labora en el inmueble citado, así como al solicitar la orden de visita, dijo no contar con la misma, ni ser necesario pues el estaba facultado para llevar a cabo tales actos al azar, así como no se cumplieron las formalidades que exige el reglamento de construcciones para el Municipio de Cozumel. --- Al momento de llevar a cabo la inspección no se mostró a la persona con quien se entendió la diligencia la orden respectiva, por lo tanto no hubo en lo más mínimo fundamentación y motivación del acto de autoridad, así como tampoco el acta de inspección que se llevó a cabo señala en momento alguno dichos requisitos constitucionales”.
TERCERO.- De la demanda de amparo, correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, el que mediante auto de cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho la admitió registrándola con el número 281/98. Seguido el trámite procesal correspondiente, con fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho se dictó sentencia, la que concluyó con los resolutivos siguientes:
PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por La Jolla Properties, S. de R.L. de C.V., en los términos del considerando segundo. --- SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a La Jolla Properties, S. de R. L. de C.V., en contra de las autoridades que se mencionan en el considerando tercero, en términos del considerando quinto de esta resolución” (fojas 58 vuelta y 59 del juicio de garantías).
Las consideraciones que soportan la sentencia mencionada son de este tenor:
SEGUNDO.- No son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en las órdenes de demolición, reparación, obra o clausura que reclama la parte quejosa, pues así los negaron al rendir su informe justificado, sin que se haya ofrecido prueba que desvirtuara dicha negativa motivo por el cual procede decretar el sobreseimiento del juicio por cuanto se refiere dichos actos, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo. --- TERCERO.- Son ciertos los actos reclamados al Director de Desarrollo Urbano y Ecología en Cozumel, Quintana Roo, y a su inspector adscrito Oswaldo Cárdenas León, consistentes en la orden de comisión contenida en oficio número 593, de veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el acta de inspección sin número, de fecha veintiséis del mismo mes y año, dictadas en el expediente 1998 (sic).--- CUARTO.- Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de garantías se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, lo que se efectúa con apoyo en la tesis visible en la página 23, Volumen 81, Sexta Parte, Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO ES OBLIGATORIO TRANSCRIBIRLOS EN LA SENTENCIA’. --- QUINTO.- Resultan fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda, aunque para concluirlo así deba suplirse la queja deficiente, toda vez que en la especie se estima que hubo una violación manifiesta de la ley que la colocó en estado de indefensión.--- En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todos los actos de la autoridad que incidan sobre la esfera jurídica de los gobernados deben encontrarse fundados y motivados, esto es, constar en mandamiento escrito y ser emitidos por autoridad competente, lo que configura las garantías de legalidad y seguridad jurídica, mismas que han sido interpretadas en infinidad de tesis de jurisprudencia tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los Tribunales Colegiado de Circuito.--- De entre de ellas, la que con el número 260 aparece publicada en la página 175, Tomo VI, del Apéndice al Semanario judicial de la Federación de 1917 a 1995, bajo el rubro ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN’, explícita esos conceptos en el sentido de que por lo primero debe entenderse que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. --- Obrar en sentido opuesto coloca en estado de indefensión a los gobernados, pues les impide conocer todos esos aspectos indispensables para alcanzar a comprender que los actos de la autoridad que afectan su esfera jurídica no son arbitrarios sino que se encuentran ajustados al marco constitucional y legal que impera en el país. --- Ahora bien, de la cuidadosa lectura del oficio 95/593, expediente 1998, de fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, suscrito por el director de Desarrollo Urbano y Ecología de Cozumel, Quintana Roo, se advierte que es notoria la falta de motivación y fundamentación de la misma, ya que si bien cita como fundamento legal de su determinación el artículo 371 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Cozumel, Quinta Roo, el mencionado reglamento de construcciones para el Municipio de Cozumel no existe publicado.--- Así, si conforme al artículo 32, fracción I, inciso Q, de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, se encuentra facultado para expedir los Reglamentos que regulen aquellas actividades de los habitantes del Municipio cuyo desarrollo sea susceptible de afectar derechos de terceros, alterar la paz pública o provocar afectación al conjunto de la población, no lo es menos que para que dichas disposiciones resulten válidas, además de ser aprobados por la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, deben ser publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado y dados a conocer por otros medios a la población del Municipio, en la forma y términos que se dicta en dicha ley, de manera tal que si ello no aconteció, en primer lugar, no resulta de aplicación válida, y además, no podía ser observado por el quejoso, por el desconocimiento de su texto integral.--- En las relatadas condiciones procede afirmar que no basta que la autoridad se encuentre facultada para incidir en la esfera jurídica de los gobernados, sino que para que su actuar se encuentre apegado a la Constitución Federal, debe citarse el precepto legal que la faculta para emitir actos de molestia como en la especie lo es la práctica de visitas de inspección respecto de la parte quejosa con motivo de su actividad comercial, aun suponiendo que no se encuentre apegada a los lineamientos para los cuales se le pudo haber autorizado, pues ello no debe ser obstáculo para que las autoridades lleven a cabo un procedimiento administrativo claro, y acorde a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables constitucional y legalmente expedidas, que finalmente podrían en su caso conducir a restringir la actividad de la impetrante del amparo.--- En las relatadas condiciones, ante la patentes violaciones al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en reparo de ello, lo procedente es otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado, lo que debe hacerse extensivo a los actos desplegados por el inspector adscrito, toda vez que éstos se encuentran viciados de origen”.(fojas 56 a 59 de juicio de garantías).
CUARTO.- Mediante proveído de veintitrés de julio de mil novecientos noventa y ocho, el juez de Distrito declaró que ante la falta de impugnación la sentencia había causado ejecutoria; y a la vez requirió a las autoridades responsables, Director de Desarrollo Urbano y Ecología e Inspector de Desarrollo y Ecología, ambos del Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, para que de inmediato dieran cumplimiento a la sentencia en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, debiendo informar de ello en el plazo de veinticuatro horas (foja 65 del cuaderno de amparo).
QUINTO.- En proveído de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, y en virtud de que las autoridades responsables antes señaladas no informaron sobre el cumplimiento del fallo protector, el juez federal, con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Amparo, requirió al presidente Municipal del Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, en su carácter de superior jerárquico de las supracitadas autoridades responsables, para que las obligara a acatar la sentencia de mérito, en la inteligencia que de no hacerlo se continuaría con el procedimiento previsto en el invocado precepto legal. Dicho proveído fue notificado a las responsables con fecha veinte y veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, según se advierte de las constancias que obran a fojas de la ciento cincuenta y ocho a la ciento sesenta de autos.
SEXTO.- Atendiendo al estado que guardaban los autos del juicio de amparo de que se trata, el juez de Distrito con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho dictó el proveído siguiente:
Cancún, Quintana Roo, a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. --- Visto el estado que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que a la fecha las autoridades responsables Director e Inspector de Desarrollo Urbano de Cozumel, Quintana Roo, no han dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, no obstante los múltiples requerimientos efectuados por proveídos de fechas veintitrés de julio y veintiuno de septiembre del año en curso, los cuales le fueron debidamente notificados, según constancias de autos, en cumplimiento al auto de fecha veintiuno de septiembre y con fundamento en el artículo 105 párrafo segundo de la Ley de Amparo remítase el presente expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículos 107, fracción XVI de la Constitución Federal, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado”.
SEPTIMO.- En acuerdo de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó tramitar y registrar el incidente de inejecución a que este toca corresponde, y el veintiséis del mismo mes y año turnarlo al ministro Genaro David Góngora Pimentel para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
OCTAVO.- En proveído de primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, y en atención a la diversa determinación tomada en el acuerdo precisado en segundo lugar en el punto que antecede, el presidente de la Segunda Sala de este alto tribunal radicó el presente asunto en la misma.
NOVENO.- Con fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, en virtud de que el Ministro ponente fue designado Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Pleno y adscrito en su lugar a la Segunda Sala el señor Ministro JOSE VICENTE AGUINACO ALEMAN, se le returnó este asunto para la formulación del proyecto correspondiente.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente incidente de inejecución de sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 11, fracciones IV, V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el punto tercero, fracción IV, del Acuerdo Plenario 1/1997, aprobado el día veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, toda vez que no se está en el caso de aplicar la sanción establecida en la fracción XVI del artículo 107, de la Constitución General.
SEGUNDO.- Resulta improcedente el presente incidente de inejecución, toda vez que en la especie no se reúnen los requisitos previstos por el artículo 105 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

ARTICULO 105.- Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedase cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita o no se encontrase en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el juez de distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el tribunal colegiado de circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.--- Cuando no obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el tribunal colegiado de circuito, en su caso, remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley”.


Del precepto transcrito, se desprende que la apertura del incidente de inejecución de sentencia ante este Alto Tribunal es procedente siempre y cuando se hayan observado las formalidades dispuestas en el propio dispositivo legal, para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, a saber: que haya mediado un primer requerimiento a las autoridades responsables para que acaten el fallo protector; que en caso de que éstas sean omisas en hacerlo, se requiera, en su caso, al superior inmediato y, de tampoco lograrse con ello el fin perseguido, se requiera a su vez al superior de este último; y que, agotado este procedimiento, el Juez de Distrito declare que no está cumplida la ejecutoria, con lo cual dé lugar a que este Alto Tribunal resuelva sobre el ejercicio de la atribución conferida por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República.
Los artículos 144, 145, fracción II y 163, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, disponen lo siguiente:
Artículo 144.- El Ayuntamiento es el órgano de gobierno municipal a través del cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad política, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad”
Artículo 145.- Los Ayuntamientos se integran en la siguiente forma:

(…)

II.- En los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Solidaridad e Isla Mujeres, con un presidente, un sindico, seis regidores electos según el principio de mayoría relativa y tres regidores electos según el principio de representación proporcional. Se elegirá un suplente para el sindico y uno para cada regidor”
Artículo 163.- Son facultades y obligaciones del presidente municipal:

(…)

VI.- Nombrar y remover a los delegados, subdelegados, alcaides y personal administrativo de acuerdo con las disposiciones aplicadas”

En el caso, las autoridades responsables son el Director e Inspector, ambos de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Cozumel, Quinta Roo; autoridades que de conformidad con el artículo 163 de la Constitución Política del propio estado son nombradas por el Presidente Municipal, en consecuencia éste es su superior jerárquico.


Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política en comento, el Ayuntamiento es el órgano de gobierno municipal a través del cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad política, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad. De lo que se colige que el superior jerárquico del Presidente Municipal, es el referido Ayuntamiento.
De las constancias relacionadas en el capítulo de resultandos de esta ejecutoria, se advierte claramente que no se han observado todas las formalidades antes descritas, pues si bien se ha requerido tanto a las autoridades responsables, como a su superior inmediato, que es el Presidente Municipal del Municipio de Cozumel Estado de Quintana Roo, no se ha requerido al superior jerárquico de este último, que es el Ayuntamiento.
De lo anterior se sigue que si sólo se ha requerido al Presidente Municipal de Cozumel, como superior jerárquico de las autoridades responsables, para que den cumplimiento a la sentencia de amparo, sin haber requerido también al Ayuntamiento Municipal de Cozumel como superior jerárquico del susodicho Presidente Municipal, ello significa que en la especie no se ha agotado plenamente el procedimiento que contempla la parte final del primer párrafo del artículo 105 de la ley de amparo, consistente en que “… cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiera el requerimiento y tuviere, superior jerárquico, también se requerirá a este último”.
Ilustra a la consideración arribada la jurisprudencia emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J.3/98, publicada en la página 160, del Tomo VII, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, cuyo texto dice:
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél”.
Así las cosas, lo conducente es declarar improcedente el incidente de inejecución que nos ocupa, y ordenar la devolución de los autos del cuaderno de amparo del que deriva el mismo al Juez de Distrito del conocimiento, para el efecto de que observe debidamente las formalidades prescritas por el artículo 105 de la ley de la materia, y requiera al Ayuntamiento de Cozumel, Estado de Quintana Roo, como superior jerárquico de su Presidente, autoridad ésta, a su vez, superior inmediato del Director e Inspector de Desarrollo Urbano y Ecología, ambos del Ayuntamiento del Municipio mencionado como renuentes en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de garantías, y hecho lo cual, resuelva lo que en derecho proceda.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Es improcedente el incidente de inejecución a que este toca corresponde.
SEGUNDO.- Devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito del conocimiento, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y en oportunidad archívese este toca.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, José Vicente Aguinaco Alemán y Presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Fue Ponente el Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.
Firman los señores Ministros, Presidente y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.


EL PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA.


MTRO. SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

EL PONENTE.

MTRO. JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS.


LIC. LAURA CORIA MARTÍNEZ.

Esta hoja forma parte del incidente de inejecución de sentencia 557/98, promovido por LA JOLLA PROPERTIES, S. DE R.L. DE C.V.. Fallado el día nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido siguiente: PRIMERO.- Es improcedente el incidente de inejecución a que este toca corresponde. SEGUNDO.- Devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito del conocimiento, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Conste.


RPL/lab


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