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¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?


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N°__51___ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, ALBERTO MARIO MODI y MARÍA LUISA LUCAS, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: “GUARDE, GUSTAVO JAVIER C/ SAAVEDRA, SELVA SAIDA Y OTROS S/ INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION”, Nº 789/04-4-C, año 2013, venido en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos a fs. 497/509 vta. y 510/522 vta. por los abogados Zulma Nory Maldonado y Héctor Oscar Bicain, respectivamente, ambos por derecho propio, contra el pronunciamiento dictado por la Sala Segunda de {}{}la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 474/483 vta.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?

1º) Relato de la causa. A los remedios de marras se los tuvo por interpuestos a fs. 525. A fs. 533/536 vta. la parte contraria contestó el traslado que se le confiriera, concediéndose los recursos a fs. 539 y vta. A fs. 549 se radicó la causa ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia y se llamó autos.

2º) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concu-rrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del remedio en trato, constatamos que se encuentran reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, oportuno planteo de la cuestión constitucional y la recurrida en la temática discutida es sentencia definitiva, por lo que cabe analizar la procedencia del recurso en su faz sustancial.

3º) El caso. De las constancias de autos surge que el Sr. Gustavo Javier Guarde inició interdicto de recobrar la posesión de un predio rural destinado a la explotación agrícola. Que por convenio celebrado entre las partes, y que se encuentra agregado a fs. 146/149 del expte. Nº 1.244/04 que corre por cuerda, el actor desistió del presente proceso; iniciándose a partir de allí los pasos procesales a los fines de proceder a la regulación de honorarios de los profesionales que actuaron en autos. A fs. 222 se dictó resolución donde se regularon a favor de los abogados Héctor Oscar Bicaín y Zulma Nory Maldonado, las sumas de $732.732 y $256.456, como patrocinantes y apoderados y a cada uno de ellos. Contra esta regulación, el obligado al pago (Gustavo J. Guarde) interpuso recurso de apelación. La Sala Primera de {}{}la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña a fs. 295/300 declaró mal concedido el recurso por extemporáneo. Esta Sala Primera del Superior Tribunal de Justicia resolvió por Sentencia Nº 218/11, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, declarándose en consecuencia la nulidad de la resolución dictada a fs. 295/300.

4º) La nueva decisión de la Alzada. Efectivizado el reenvío, la Sala Segunda de {}{}la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz, en lo que aquí interesa, revocó la sentencia de primera instancia y redujo los honorarios regulados a favor de los abogados Maldonado y Bicaín, fijándolos en las sumas de $6.000 y $2.400, como patrocinantes y apoderados y a cada uno de ellos. {}{}La Cámara se fundó, entre otros argumentos, en las atribuciones contempladas por el art. 8 de la ley 3965. Además expresó que: a) “teniendo en cuenta el valor del inmueble conforme la tasación realizada ($8.326.500), vemos que la aplicación lisa y llana de las normas arancelarias en el caso concreto, llevaron a que resultara una notoria desproporción entre los honorarios establecidos y (la) labor cumplida en el proceso por los profesionales actuantes…” (fs. 479 vta. 2do. párrafo), b) que la presente se trata de un juicio al cual se le ha impuesto el trámite sumarísimo, terminado por desistimiento de la acción y del derecho, que se ordenó la apertura a prueba, sin actividad posterior, c) “… regular en la forma que lo hizo el a-quo, implica prescindir del equilibrio que debe existir entre la extensión, importancia, calidad, complejidad del trabajo profesional regulado y el monto del juicio, con la suma que remunera a aquéllos, y consecuentemente, de las previsiones legales vigentes…según las circunstancias comprobadas en la causa, que dejan sin razonabilidad la pretensión de mecánica aplicación del art. 5, 8, 9, 10, 21 y 24 L.A., que de admitirse hasta podría configurar un abuso de derecho y/o enriquecimiento indebido, lo que no está permitido por la ley (conf. art. 1071 CC)” (fs. 480 in fine/480 vta. primer párrafo). Por ello, reiteramos, reguló los honorarios a favor de los abogados Maldonado y Bicaín en las sumas de $6.000 y $2.400, como patrocinantes y apoderados y a cada uno de ellos.

Lo resuelto, motivó la interposición de los recursos de inconstitucionalidad por los abogados recurrentes.



5º) Los agravios extraordinarios. Señalan que el fallo cuestionado se basó en afirmaciones dogmáticas y efectuó un análisis arbitrario y parcial de las constancias de la causa. Aducen que dicha sentencia se apartó de los parámetros definidos por la Ley de Aranceles. Señalan que el argumento dado por {}{}la Cámara de Apelaciones en el sentido de que la aplicación del art. 21 de la ley 2011 lleva a que resulte una notoria desproporción entre los honorarios establecidos y la labor cumplida en el proceso por los profesionales, resulta arbitrario y no puede servir de pretexto para que los jueces dejen de aplicar las normas legales, cuya sanción está reservada a otros poderes del Estado. Agregan que el rompimiento del orden público y el apartamiento de la sana crítica racional no han sido justificados, evidenciándose la arbitrariedad del fallo que se cuestiona. Sostienen que la sentencia resulta contradictoria en tanto se afirma que el presente se trata de un juicio de contenido patrimonial, para seguidamente sostener que las variables a las que estaba sujeto el objeto del contrato no fueron cuantificadas. También cuestionan que en la sentencia no se da razón alguna para tomar como base el Salario Mínimo Vital y Móvil al mes de agosto de 2008 y sus consecuencias. Puntualizan que si ha sido intención de la Alzada la aplicación de intereses desde esa fecha olvida el Tribunal el art. 56 de la ley 2011 que establece que los intereses sobre los honorarios correrán desde que adquiere firmeza el fallo.

6º) Las pautas para resolver el presente recurso. La solución propiciada. Acerca de la impugnabilidad de las decisiones en materia de honorarios, cabe recordar que la Corte tiene decidido que: “…constituye materia ajena al recurso del art. 14 de la ley 48, toda vez que la determinación del monto del litigio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias son, como regla, en razón del carácter fáctico y procesal de tales cuestiones, insusceptibles de tratamiento en las instancias extraordinarias” (Fallos 287.46, Digesto XVI, p. 790, Nº 641).

7º) La aplicación de la ley 3965. Cotejados los agravios reseñados con los argumentos sentenciales, y el resultado arribado, concluimos que la sentencia en lo que hace a la aplicación de la ley 3965, no puede ser tachada de arbitraria, y los agravios extraordinarios, en realidad, sólo evidencian una mera discrepancia en torno a la solución arribada por los camaristas, quienes en ejercicio de facultades privativas de la Alzada, dieron sobradas razones de los motivos por los cuales consideraron que no resulta razonable la pretensión de mecánica aplicación de los arts. 5, 8, 9, 10, 21 y 24 L.A., agregando además, que de admitirse hasta podría configurar un abuso de derecho y/o enriquecimiento indebido, lo que no está permitido por la ley (conf. art. 1071 CC).

8º) Al respecto debemos resaltar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que si bien “…la obligación de pagar honorarios profesionales se halla, en principio, incluida en el ámbito de aplicación de la ley 24.283 y su valor actual y real depende de la relación con los valores económicos en juego, esto es, con la base regulatoria y, en lo que a ella concierne, debe existir la posibilidad de tomar como referencia un patrón de medida o bien de comparación. También que, así como antes de la vigencia de la ley 24.283 se había prescindido de admitir resultados absurdos a que conducía la utilización, en ciertos supuestos, de fórmulas matemáticas, la aplicación de esta ley tampoco debe ser un procedimiento mecánico sino que, como todo juzgamiento, corresponde interpretarlo con arreglo a las particulares circunstancias de la causa (v. Fallos 321:641, 325:1571, 328:282, entre otros)” (conf. dictamen del Procurador General al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación por unanimidad se remitió in re M. 2662 XL, 'Recurso de Hecho: Mejail, Miguel Naief s/ sucesión c/ Estado Nacional, fallo del 29/04/08), (lo resaltado es propio).

En el mismo sentido, en un caso donde se anuló una sentencia de {}{}la Cámara por considerarse que existían indicios de un lucro abusivo en relación al trabajo profesional efectivamente cumplido en la causa, esta Sala señaló que “La ley de aranceles local, si bien garantiza un mínimo legal, recepciona el principio de proporcionalidad al establecer las reglas de regulación de honorarios en su artículo 3. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que: “…la justa retribución que reconoce la Carta Magna a favor del trabajo en todas sus manifestaciones, debe ser conciliada con la garantía, de igual grado, que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar honorarios exorbitantes. Correlativamente, el derecho de los profesionales no puede ser invocado para legitimar una solución que configure un lucro abusivo (art. 1071 C.C.), desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución Nacional para la tutela de las garantías reconocidas (art. 28) (voto Dres. Moliné O´Connor y López en “Provincia de Santa Cruz v. Estado Nacional” Fallos 320:495)” (conf. Sent. Nº 338/10 de esta Sala).

En dicha sentencia esta Sala agregó que “En el caso 'Cantos, José M. c. República Argentina' (La Ley 2003-C,2, publicación OnLine AR/JUR/3416/2002)…, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que: '…la Corte observa, asimismo, lo siguiente: por una parte, existen normas internas en la Argentina que ordenan liquidar y pagar por concepto de tasa de justicia y de honorarios de abogados y peritos sumas exorbitantes, que van mucho más allá de los límites que corresponderían al cubrimiento razonable de los costos y costas generados por la administración de justicia y a la equitativa remuneración de un trabajo profesional calificado. Por otra parte, también existen disposiciones que facultan a los jueces para reducir el cálculo de la tasa y de los honorarios aludidos a límites que los hagan razonables y equitativos…' (párrafo 62) y en el caso 'Almonacid Arellano y otros c. Chile' (La Ley Online) estableció: 'La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.' (párrafo 124)” (conf. Sent. Nº 338/10 de esta Sala que venimos citando).

9º) Asimismo, es dable puntualizar, a todo evento, que la decisión adoptada en este punto por el Tribunal de Apelación se presenta como una solución posible, a la luz a su vez de lo resuelto por esta Sala en el sentido que “…no resulta arbitraria la decisión de {}{}la Cámara que, para establecer los estipendios de Alzada, utiliza pautas que surgen de la ley arancelaria como de la Nº 3965 (conf. Sent. Nº 1096/04 y Nº 346/05). En consecuencia -y más allá que pueda o no ser compartida-, consideramos no arbitrarias las pautas seguidas por {}{}la Cámara, quien ha tenido en cuenta, y esto es preponderante, los criterios señeros sobre el punto que establecieron tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en control de convencionalidad que tampoco se puede soslayar en esta instancia-, como nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Todas las aludidas circunstancias colocan lo fallado, en el aspecto que estamos analizando, es decir la procedencia o no de la aplicación de la ley 3965 al caso concreto, fuera del campo de revisión del recurso extraordinario, no advirtiéndose excesos que justifiquen tal intervención. Sobre el particular cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene decidido que “La tacha de arbitrariedad reviste carácter estrictamente excepcional y no tiene por objeto corregir en tercera instancia decisiones equivocadas o que se reputen tales, sino que atiende a supuestos de gravedad extrema en los que media un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación” (Fallos 307:75 y Sent. N° 180/96 y N° 123/98, entre otras); como así, que no resulta procedente la tacha de arbitrariedad si los fundamentos dados por los sentenciantes tienen como base los hechos de la causa y el derecho estimado aplicable, lo que confiere a la decisión cuestionada sustento suficiente, sin que resulte eficiente la discrepancia del recurrente para otorgar vida a la arbitrariedad (conf. Sent. N° 301/95).



10º) La solución propiciada con relación a los montos fijados en concepto de honorarios. La arbitrariedad del fallo impugnado. Analizada la sentencia cuestionada en relación a los montos finales que fija en concepto de honorarios, observamos que la respuesta dada por la Cámara es dogmática, ya que carece de una adecuada fundamentación. Por lo tanto, nos adelantamos a decir que propiciaremos su anulación, en este punto, conforme lo motivaremos seguidamente.

Lo afirmado ya que los jueces del Tribunal de Alzada si bien dieron los fundamentos que los llevó a aplicar en el caso concreto las disposiciones del art. 8 de la ley 3965, cuestión que fue objeto de tratamiento en los considerandos anteriores, no dan las explicaciones suficientes de los motivos que los llevaron a fijar en concepto de honorarios por la labor desplegada en primera instancia, el equivalente a cinco salarios mínimos vitales y móviles. Tampoco exteriorizaron por qué tuvieron en cuenta el salario vigente a la fecha de la regulación de primera instancia, es decir al 01/08/2008.

Por ello, al resolver de esa manera, incurrieron en dogmatismo y fundamentación aparente, falencias del pronunciamiento, que determinan la nulidad del mismo. Al respecto conviene recordar que la obligación de los jueces de fundar sus fallos tiende a documentar que los mismos son derivación razonable del derecho vigente y no mero producto de su voluntad. La exigencia de que los fallos tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a principios de la doctrina y jurisprudencia vinculados con la especie a decidir (Fallos 236:27; 308:1075, entre muchos otros, citados en Sent. Nº 117/08, 10/11, 105/11, entre otras).

11º) La competencia positiva. Teniendo en consideración los argumentos expuestos, cabe analizar si procede dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión (art. 29, ley 6997).

Anticipamos desde ya que corresponde ejercer jurisdicción positiva, en tanto la solución encuadra en el marco establecido por el citado art. 29 y porque las particulares condiciones de la causa así lo aconsejan. Estas son: han transcurrido cerca de diez años de iniciado el proceso; la discusión se ciñe a la determinación de los honorarios profesionales de los recurrentes y no a la cuestión principal, circunstancia que impone se dé una solución final al conflicto; la controversia central de autos se encuentra concluida habiéndose resuelto el desistimiento del proceso y del derecho; la tutela efectiva que requiere todo justiciable, demanda la pronta terminación de los procesos para que puedan alcanzarse sus finalidades, no advirtiéndose que se halle comprometido el derecho de defensa de las partes, y además, es la segunda oportunidad que la causa llega a esta instancia extraordinaria.



12º) Sentado lo que antecede, la cuestión a decidir se reduce a la determinación de los honorarios de primera instancia correspondientes a los abogados Héctor Oscar Bicaín (M.P. Nº 747) y Zulma Nory Maldonado (M.P. Nº 2926).

En este punto la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “…la fijación de los honorarios atendiendo exclusivamente a los porcentajes previstos en el arancel arrojaría valores exorbitantes y desproporcionados con la entidad de la labor a remunerar, corresponde practicar las regulaciones conforme a la importancia, mérito, novedad, complejidad, eficacia y demás pautas legales establecidas para ponderar las tareas cumplidas, sin sujeción a los mínimos establecidos en la ley arancelaria, de manera de arribar a una solución justa y mesurada, acorde con las circunstancias particulares de cada caso” (Fallos: 332:277).

Asimismo, y analizado el art. 8 de la ley 3965, surge que al autorizar a los jueces a regular honorarios equitativamente diferentes al valor que resultare de la aplicación de la normas arancelarias indicativas, no establece parámetro alguno tanto para la determinación de la base, como, eventualmente, los valores porcentuales a aplicarse.

Siendo así, de las constancias de autos surgen distintos montos en lo que hace a la valoración del inmueble objeto del interdicto, a saber: 1) valuación fiscal: $253.414,84; 2) estimación efectuada por uno de los profesionales del derecho (abogado Héctor O. Bicain): $1.000.000 y 3) pericial: $8.326.500.

Por ello, y tomando en cuenta la naturaleza del presente proceso (interdicto de recobrar la posesión); las etapas del juicio transcurridas (apertura a pruebas), el modo anormal en que culminó el proceso (desistimiento del derecho y de la acción), calidad, eficacia y extensión de la tarea desplegada, corresponde fijar los honorarios profesionales de los citados letrados tomando como base la estimación realizada por uno de ellos, es decir la suma de $1.000.000 y conforme las pautas establecidas por los arts. 3, 6, y 24 de la Ley Arancelaria.

Ello por cuanto la estimación la efectuó el propio abogado Héctor Oscar Bicaín al cumplirse el procedimiento previsto por el art. 9 de la Ley Arancelaria, monto que también corresponde tener en cuenta para la abogada Zulma Nory. Maldonado, quien ni siquiera cuestionó la valuación fiscal agregada en autos, que es la más baja de las tres citadas tasaciones.

En otras palabras, habiéndose confirmado la aplicación en autos del art. 8 de la ley 3965, lo que llevó a no tenerse en cuenta como base para la regulación de honorarios la pericial valuativa (conforme considerando 9º), a los fines de establecer una retribución justa, el monto que estimó el propio abogado Bicaín, es, a nuestro juicio, una pauta razonable.

13º) Por todo lo cual concluimos que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuestos por los abogados Héctor Oscar Bicaín y Zulma Nory Maldonado, por sus propios derechos, y anular el punto I del pronunciamiento dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña que obra a fs. 474/483 vta., en cuanto a los honorarios de primera instancia regulados a favor de los abogados Héctor Oscar Bicaín y Zulma Maldonado y los puntos II y III de dicho fallo. En consecuencia, corresponde fijar los mismos de la siguiente manera: abogado Héctor Oscar Bicaín (M.P. Nº 747), la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL ($88.000), como patrocinante y la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($35.200), como apoderado; para la abogada Zulma Nory Maldonado (M.P. Nº 2926) la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL ($88.000), como patrocinante y la suma de PESOS TREINTA y CINCO MIL DOSCIENTOS ($35.200), como apoderada.

14º) Costas. En cuanto a la imposición de costas: por los trabajos realizados en la Alzada, y en esta instancia extraordinaria, atento al vencimiento parcial y mutuo de las pretensiones (art. 71, Código Procesal Civil y Comercial), se imponen en el orden causado.

15º) Honorarios profesionales. Para los correspondientes al abogado José María Ireneo Bielsa, por su actuación en segunda instancia y la presente, se tomará como base los montos fijados para primera instancia, con la reducción del art. 11 de la Ley Arancelaria. Igual parámetro se aplicará para los del abogado Augusto Serra (M.P. Nº 4425). No corresponde regular honorarios a favor de los abogados Héctor Oscar Bicaín (M.P. Nº 747) y Zulma Nory Maldonado (M.P. Nº 2926), por actuar en interés propio y atento al modo en que se impusieron las costas.

Asimismo corresponde se regulen los honorarios diferidos en la sentencia N° 218/11, por estar dadas las condiciones allí establecidas. A tal fin se seguirán las pautas establecidas precedentemente.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA Nº_51__

I.- HACER LUGAR parcialmente a los recursos de inconsti-tucionalidad interpuestos por los abogados Héctor Oscar Bicaín y Zulma Nory Maldonado, por sus propios derechos, y en consecuencia, anular el pronunciamiento dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña que obra a fs. 474/483 vta., en cuanto a los honorarios de primera instancia regulados a favor de los abogados recurrentes Héctor Oscar Bicaín y Zulma Maldonado y consecuentemente los puntos II y III de dicho fallo.

II.- FIJAR los honorarios de los abogados Héctor Oscar Bicaín (M.P. Nº 747) y Zulma Nory Maldonado (M.P. Nº 2926) por la labor de primera instancia, y a cada uno de ellos, en las sumas de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL ($88.000), como patrocinantes y la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($35.200), como apoderados.

III.- IMPONER las costas de segunda instancia en el orden causado.

IV.- REGULAR los honorarios de segunda instancia, del abogado José María Ireneo Bielsa (M.P. Nº 938), en las sumas de PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000) y PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800), como patrocinante y apoderado, respectivamente.

V.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria, en el orden causado.

VI.- REGULAR los honorarios de esta instancia extraordinaria de la siguiente manera: al abogado José María Ireneo Bielsa (M.P. Nº 938), en las sumas de PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000) y PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800), como patrocinante y apoderado, respectivamente, y los del abogado Augusto Serra (M.P. Nº 4425), como patrocinante y apoderado en las sumas de PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000) y PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800), respectivamente.

VII.- REGULAR los honorarios diferidos en la Sentencia Nº 218/11 de la siguiente manera: al abogado José María Ireneo Bielsa (M.P. Nº 938), en las sumas de PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000) y PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800), como patrocinante y apoderado, respectivamente, y los del abogado Raúl Antunez Percíncula, (M.P. Nº 332), como patrocinante y apoderado, en las sumas de PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000) y PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800), respectivamente.

IIIV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, al señor Presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Presidencia Roque Sáenz Peña y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.


Dra. MARIA LUISA LUCAS ALBERTO MARIO MODI

Jueza Subrogante Presidente Subrogante

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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FERNANDO ADRIÁN HEÑIN

Abogado - Secretario

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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