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¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?


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Nº___195__/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veintidos días del mes de octubre del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, MARÍA LUISA LUCAS y ROLANDO IGNACIO TOLEDO, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: “MANTIS S.A. C/ SAEZ MEDINA, DANIEL ABELARDO Y/O HEREDEROS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, Nº 4633/10-1-C, año 2015, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora a fs. 343/357 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 321/331.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?

1º) Relato de la causa. El remedio de marras se declaró admisible a fs. 358 y vta., corriéndose el respectivo traslado fue contestado por la contraria a fs. 369/371 vta. Luego a fs. 372 y vta. se lo concedió. A fs. 375 se radicó el expediente ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, glosándose a fs. 380/383, Dictamen Nº 597/2015 del señor Procurador General Subrogante. Finalmente a fs. 384 se llamó autos, quedando la causa en estado de resolver.

2º) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del remedio en estudio, constatamos que se encuentran reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, sentencia definitiva y oportuno planteo de la cuestión constitucional, por lo que cabe ingresar a la faz sustancial del mismo.

3º) El caso. La firma Mantis S.A. promovió demanda por posesión veinteñal contra el Sr. Daniel Abelardo Saez Medina y/o sus herederos y/o propietarios del inmueble identificado catastralmente como Parcela 105, Circunscripción IV, campo Las Palmas Departamento Bermejo, Provincia del Chaco, inscripto en el Folio Real Matrícula Nº 152. A los fines de acreditar las posesiones anteriores, señaló que el Sr. Jorge Dante Escobar poseía el predio desde 1975, realizando con los Sres. Toribio Villordo y Santos Álvarez, trabajos de alambrado, cultivo y plantación de verduras y hortalizas. Fallecido este último, el Sr. Jorge Dante Escobar continuó efectuando las tareas descriptas y otros tipos de mejoras, durante 35 años, sin inconvenientes y siempre a título de dueño.

A su turno, el Sr. Daniel Moreno sostuvo que en el año 2007 se lo declaró heredero universal -por testamento extrínsecamente válido-, de todos los bienes del Sr. Daniel Abelardo Saez Medina, conjuntamente con el predio en discusión, el que fue adquirido en co-propiedad con el Sr. Miguel Francisco Saez, en fecha 24/12/1976, y que al fallecer éste, adquirió el 100% de la propiedad. Manifestó que el Sr. Daniel Abelardo Saez Medina durante décadas había desarrollado varias actividades en el campo, principalmente la tala de árboles para su comercialización, que se le otorgaron permisos temporales de pastajes y que para ello, contrató laboralmente al Sr. Santos Álvarez, quien trabajaba en relación de dependencia en el lugar.



4º) La sentencia de primera instancia. La juez de origen hizo lugar a la acción interpuesta por Mantis S.A., y declaró adquirido el dominio por usucapión a favor de la misma, respecto del inmueble en litigio.

Disconforme con el fallo, apeló la demandada.



5º) La sentencia de Alzada. La Cámara revocó la sentencia de origen, y por ende, rechazó la acción de prescripción adquisitiva deducida por Mantis S.A., bajo el argumento central que el déficit principal es el relativo a la prueba de los requisitos esenciales para tener por acreditada la posesión animus domini por el término legal exigido.

Este pronunciamiento provocó que la parte actora interpusiera el recurso de inconstitucionalidad en trato.



6º) Los agravios extraordinarios. Básicamente la impugnante ataca de arbitraria la decisión adoptada imputando dogmatismo y falta de fundamentación, circunscribiendo la protesta en orden a la apreciación de la prueba, en tanto aduce que es contraria a las reglas de la sana crítica, ya que se apartó la prueba testifical y descartó a la instrumental con firma certificada y fecha cierta no redargüída de falsa oportunamente por la contraria.

7º) La solución propiciada. Así planteada la cuestión sometida a conocimiento de esta Sala, el examen del presente remedio permite visualizar que no concurre el supuesto de excepción a la regla general, que autorice la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que los fundamentos dados por los magistrados de segundo grado tienen como base los hechos de la causa y la prueba colectada a fin de acreditar el animus domini requerido por el derecho estimado aplicable, lo que confiere al pronunciamiento sustento suficiente, sin que resulte viable la mera discrepancia del recurrente para otorgar vida a la arbitrariedad (confr. Sent. Nº 301/95; Nº 267/12, entre otras).

Ello así, pues el Tribunal de Apelaciones luego de remarcar los presupuestos que hacen a la procedencia de la acción de prescripción en los casos que se invoca accesión de posesiones y la importancia de la prueba contundente que debe existir para probar la posesión continuada de cada uno de los antecesores, realizó una ponderación de los elementos acreditativos en tal sentido. Así señaló que: a) la declaración testimonial del Sr. Dante Jorge Escobar (cesionario de derechos posesorios a favor del Sr. Francisco Villordo, quien posteriormente cedió a Mantis S.A.), llevada a cabo en el Expte. Penal Nº 5.906/10, surge que aquél jamás ostentó la posesión del predio que se intenta prescribir, que sólo actuaba como encargado reconociendo la propiedad en otra persona y que no realizó actos materiales tendientes a comportarse como dueño del mismo; b) es inconsistente partir de esta prueba, pues cotejadas las fechas del deponente y aquella en que se dice que principia la posesión, resulta que el Sr. Escobar tenía 14 0 15 años, extremo que pone en evidencia la imposibilidad de un menor de edad de poseer; c) descartó las testimoniales de los Sres. Faustina Esther Vega, Arnoldo Raúl Vega y Roque Luciano Álvarez, en tanto no lucen categóricas ni determinantes para acreditar la posesión del Sr. Escobar, toda vez que no mencionan la realización de actos, ni precisan tiempo alguno y además, se remiten a dichos de terceras personas.



8º) Contra estas sólidas argumentaciones, la quejosa insiste en su postura pero no demuestra el vicio que alega, ni tampoco alguna transgresión constitucional en lo decidido, ya que en definitiva no logra rebatir ni atacar a través de una crítica concreta y puntual el eje central del fallo: la ausencia de prueba suficiente para acreditar con grado de razonable certeza el animus domini por el término legal exigido, habida cuenta que siendo la actora cesionaria de un anterior poseedor del bien, necesariamente debió probar la existencia de los actos posesorios ejecutados por su antecesor y luego, por él mismo, a fin de que la figura de la accesión de posesiones pueda resultar aplicable.

En efecto, la lectura detenida de la sentencia atacada permite observar que los sentenciantes de segundo grado, a través de un meticuloso análisis del plexo probatorio producido, en correlato con las normas que estimaron de aplicación en el sub-lite, arribaron a una solución -que más allá de ser compartida o no-, reviste motivación precisa y suficiente para convalidarla como acto jurisdiccional.

Desde tal perspectiva, constituye un agravio endeble e ineficaz pretender suponer que existe una errónea apreciación de la prueba, desde que justamente la Alzada, valoró todos los elementos probatorios incorporados a la causa (a saber: testificales, actuaciones penales y declaraciones allí vertidas, escritura pública Nº 46) en relación a las circunstancias particulares que se presentaron en el sub-lite, remarcando que estaba a cargo de la accionante probar tanto el vínculo jurídico que uniría su posesión con la de sus antecesores hasta cubrir el lapso legal, como los actos posesorios -tanto suyos como de aquéllos-, pues esta accesión se funda en que el autor traspasa a su sucesor a título singular los derechos y ventajas resultantes del estado de su posesión.

Por lo tanto, entendieron los camaristas que el prescribiente, para completar el plazo requerido, debe necesariamente demostrar la posesión ejercida por sus anteriores, puntualizando como corolario que particularmente esta situación no acontece en la especie (v. fs. 329 vta.).



9º) De este modo, dable es advertir que las quejas de la recurrente se diluyen en una mera disidencia, insistiendo en su punto de vista en orden a cómo debe interpretarse y valorarse la cesión de derechos plasmada en escritura pública, aspecto sobre el cual la Alzada: a) por un lado, descartó las testimoniales rendidas por los Sres. Dante Daniel Escobar y Francisco Toribio Villordo, al entender que carecen de todo valor probatorio por tratarse de meras manifestaciones en el contenido del instrumento respecto de las cuales el funcionario público no puede dar fe alguna (v. fs. 328 vta.); y b) el contrato de cesión, aunque idóneo a los efectos de la accesión, no es hábil para probar la posesión por sí misma, que requiere de actos materiales.

Adicionando a lo expuesto, el Tribunal “ad-quem” enfatizó que dicha cesión de derechos fue realizada en fecha inmediata posterior a la denuncia de usurpación efectuada por el Sr. Hugo Daniel Bellini -en representación del Sr. Daniel Moreno-, conforme surge del acta de constatación y declaración testimonial del propio Sr. Dante Jorge Escobar (todas de fecha 27/02/2010), y de la presentación espontánea del abogado Daniel Alejandro Vilchez, en carácter de representante legal del Sr. Villordo, llevada a cabo en el Expte. Penal Nº 5.906/10, en fecha 01/03/2010.

Todas estas circunstancias resultaron persuasivas para los juzgadores de segunda instancia, en el sentido que en el sub-discussio no aparece acreditado el comportamiento señorial respecto del inmueble rural de los supuestos cedentes de los derechos posesorios, como tampoco el tiempo por el cual hubieran ejercido el animus domini sobre el bien en cuestión.

10º) Por lo demás, cabe señalar que lo relativo a la valoración de las pruebas amén de ser una cuestión que pertenece a la esfera privativa de los jueces de la causa, no luce absurda ni antojadiza, sino que por el contrario, aparece seleccionada y ponderada razonablemente conforme las reglas de la sana crítica, estimándose conducente para la mejor solución del litigio (confr. Sentencia Nº 74/13, entre otras).

En tal óptica se ha expresado “No procede el recurso extraordinario que intenta someter a la Corte Suprema la mera discrepancia del apelante con el criterio empleado por los jueces de la causa en orden a la selección y valoración de la prueba producida en el proceso, extremo que no configura causal entendible de arbitrariedad cuando, como sucede en el caso, la decisión impugnada cuenta en tal sentido con suficientes argumentos que bastan para sustentarla como acto judicial” (C.S.J.N., 03/10/1983, “Barca, Jorge R.”, La Ley, 1984-B, 484, Jurisprudencia Agrupada, caso 5217; C.S.J.N., 19/03/1985, “De Luca, Osvaldo E. y otros”, La Ley, 1985-C, 543 – DJ, 985-50-609).



11º) Por consiguiente, concluimos en que todas las circunstancias expuestas resultan demostrativas que lo decidido por el Tribunal de Apelaciones no contiene un vicio de gravedad tal que lo haga descalificable como acto jurisdiccional válido, por lo que deberá desestimarse el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en trato.

12º) Costas. Las costas pertinentes a esta instancia extraordinaria, dado el resultado que se propicia y lo normado por el art. 68º del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, deberán imponerse a la parte recurrente vencida.

13º) Honorarios. La regulación de los emolumentos de los profesionales intervinientes por la presente actuación se difiere para la oportunidad en que exista base (arts. 5, 4º párrafo, ley Nº 2011, t.o. y modificatoria ley Nº 5532).

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente



SENTENCIA Nº__195__

I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora a fs. 343/357 vta., contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 321/331.

II.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a la parte recurrente vencida.

III.- DIFERIR la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad explicitada en el considerando Nº 13º) del Acuerdo que antecede.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

ROLANDO IGNACIO TOLEDO DRA. MARÍA LUISA LUCAS

Juez Subrogante Presidenta

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab. Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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FERNANDO ADRIÁN HEÑIN

Abogado - Secretario

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

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