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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

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SOFTEX S.A.Y OTROSC/ A.R.B.A S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS






12.273

"SOFTEX S.A.Y OTROS C/ A.R.B.A S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS"

Mar del Plata, 7 de febrero de 2013.-

AUTOS: "SOFTEX S.A.Y OTROS C/ A.R.B.A S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS" (expediente nº 12273) de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata.

VISTO: Que la presente causa se encuentra en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO

1) Que la firma Softex S.A., Roberto Jorge Basso y Raúl Alberto Maisonnave, todos por sus propios derechos, promovieron la presente demanda contencioso administrativa contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (en adelante "ARBA"), con el objeto de obtener la anulación de la Disposición Delegada PC nº 199, dictada por la Gerente de Asunto Jurídicos del organismo accionado el 9 de noviembre de 2009, en el marco del expediente administrativo nº 2306-78203/05, mediante la cual la demandada decidió no hacer lugar al recurso que oportunamente interpusieran los accionantes contra la Resolución de Cierre y Sancionatoria nº 740/06 (fs. 41/48)

Al narrar los antecedentes del caso señalaron incialmente conformaban una sociedad de hecho denominada “Basso Roberto y Maisonnave Raúl S.H.”, la que luego de su regularización giró bajo la denominación Softex S.A.

Expresaron que el 23 de agosto de 2005, la entonces Dirección Provincial de Rentas dictó la Disposición n° 90/05 a través de la cual instruyó sumario a la mencionada sociedad de hecho, dejando establecido que la misma habría incurrido "prima facie" en la infracción prevista en el articulo 30 del Código Fiscal (T.O. 2004) y sancionada por el art. 52 del mismo texto legal y que los integrantes de la misma eran solidaria e ilimitadamente responsables, conjuntamente con la firma, por el pago de las sanciones que pudieren corresponder, según lo preceptuado por los arts. 18, 21 y 55 del Código Fiscal (T.O. 1999).

Enunciaron que como corolario de dicho procedimiento, mediante Resolución n° 740 del 7 de marzo de 2006, la Dirección Provincial de Rentas les aplicó una multa por la suma de $ 7.200, estableciendo que la firma había incurrido en infracción a los deberes formales prevista por el art. 30 y sancionada por el art. 52 del Código Fiscal (T.O. 2004), en razón de no haber presentado en término las declaraciones juradas y disponiendo la responsabilidad solidaria e ilimitada de los Sres. Basso y Maisonnave con la firma contribuyente, por el pago de las sanciones.

Resaltaron que interpusieron recurso de reconsideración contra dicha resolución, el cual fue rechazado a través de la Disposición Delegada PC n °199 que es objeto de impugnación en autos, quedando de ese modo agotada la vía administrativa.

Indicaron que las infracciones y sanciones tributarias hacen aplicables todos los principios de derecho penal y procesal penal, salvo disposición expresa en contrario que nunca podrá encontrarse en contradicción con los principios, derechos y garantías insertos en la Constitución Nacional.

Alegaron que la conducta reprochada en el sumario que se les promoviera, obedeció a un error excusable que elimina la subjetividad de aquella, en tanto la firma desconocía la modificación del programa aplicativo que había sido establecida por la Comisión Arbitral y que tuvo vigencia en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a partir del 1° de noviembre de 2003, mediante la cual se sumó la obligación de presentar la declaración informativa CM13.

Destacaron que la firma cumplió siempre con su obligación de presentar la declaración jurada determinativa pagando el impuesto liquidado, y que advertida de la intimación cursada por el fisco, procedió en un breve plazo a presentar todas las declaraciones juradas CM13 desde la entrada en vigencia de la obligación formal, subsanando la omisión incurrida.

Aseveraron que la información suministrada a través de las declaraciones juradas CM03, es exactamente la misma que la solicitada en el formulario CM13.

Argumentaron que en el caso particular la aplicación de sanciones deviene irrazonable e importa un exceso de punición que la torna desproporcionada en relación con la infracción imputada.

Sostuvieron que la pretendida extensión de responsabilidad solidaria respecto de los integrantes de la firma es improcedente, porque las normas del Código Fiscal en que pretenden sustentarse violan la distribución de potestades implícitas previstas en el inc. 12 del art. 75 de la Constitución Nacional.

Puntualizaron que en virtud de ello y de la preeminencia de la legislación de fondo (Código Civil y ley de sociedades), no puede aplicarse la extensión de responsabilidad en forma objetiva como pretende la autoridad administrativa demandada, de conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso “Filcrosa”.

2) Habiéndose requerido las actuaciones administrativas relacionadas con la cuestión traída a conocimiento, se agregó al presente el expediente nº 2306-78203/05, sin acumular (fs. 61).

3) Ordenado el traslado de la demanda, se presentó la apoderada de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires contestando la misma (fs. 85/91).

Sostuvo la legitimidad del acto administrativo cuestionado, aseverando que la multa cuestionada en la demanda encuentra sustento en la falta de presentación oportuna por parte de la sociedad de hecho constituida por Roberto Basso y Raúl Maisonnnave (luego de su regularización Softex S.A.) de las declaraciones juradas CM13 y el soporte magnético de retenciones y percepciones (arts. 63 y 64 de la DN Serie “B”, nº 1/2004).

Afirmó que según surge de las constancias obrantes en el expediente administrativo nº 2306-78203/05, la ex Dirección Provincial de Rentas constató que el mencionado contribuyente omitió presentar las declaraciones juradas correspondientes a los anticipos comprendidos entre el período 10/ 2003 al 03/2005.

Expresó que por tal motivo se intimó a la firma a presentar las declaraciones juradas y a abonar la sumas fijadas en forma automática en concepto de multa en forma voluntaria y que pasado el plazo de la intimación, se constató que las declaraciones juradas reclamadas fueron presentadas pero que el contribuyente no había abonado las multas impuestas.

Manifestó que como consecuencia de ello, se dió inicio al procedimiento sumarial establecido en el art. 60 del Código Fiscal por la presunta infracción a los arts. 30 y 52 del mismo y que luego de que los integrantes de la sociedad de hecho formularan su descargo, tanto en forma personal, como en su calidad de responsables solidarios de la misma, se dictó la Resolución Sancionatoria nº 740 del 7 de marzo de 2006, por la cual se impuso una multa de $ 7.200 que es el resultado de aplicar la multa automática prevista en el art. 52 del Código Fiscal, por cada una de las declaraciones juradas no presentadas oportunamente.

Añadió que además se confirmó la responsabilidad solidaria de los integrantes de la sociedad irregular en función de lo normado por los arts. 18, 21 y 55 del Código Fiscal.

Recordó que la mencionada resolución fue cuestionada por los actores mediante recurso de reconsideración, el cual fue posteriormente rechazado por la Disposición Delegada nº 199/09, aquí impugnada.

Aseveró que la sanción aplicada no adolece de vicio alguno que torne procedente su anulación, toda vez que se encuentra debidamente acreditado que el contribuyente incumplió los deberes formales que pesaban sobre él, por lo que fue sancionado conforme lo establecido en el Código Fiscal.

Destacó que el art. 30 del Código Fiscal prevé deberes formales cuya infracción debe ser sancionada conforme los parámetros establecidos en el art. 52 del mismo cuerpo normativo, no resultando suficiente para enervar la legitimidad de la sanción impuesta, la circunstancia de que las declaraciones juradas revistan el carácter de informativas.

Aclaró que acreditado el incumplimiento que –aseguró- fue reconocido por los propios accionantes, deviene aplicable la sanción establecida en la mencionada norma, por lo que se trata de infracciones de tipo objetivas cuya configuración no requiere la investigación del elemento intencional y prevé una multa tarifada que ha sido correctamente aplicada en el caso, ante el mero incumplimiento.

Insistió en que, de los términos de las normas antes indicadas, surge evidente que para la configuración de la infracción basta con la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas a las que se hallaba obligado, sin que sea necesaria la concurrencia del elemento subjetivo.

Puntualizó que en el caso se constató la omisión de presentar oportunamente los formularios CM13 en dieciocho (18) oportunidades, por lo que es ajustada a derecho la multa impuesta a los actores.

Argumentó que este tipo de multas constituyen sanciones represivas previstas por el derecho tributario, las que tienen como objetivo desalentar ese tipo de conductas y que no son factibles de ser dejadas sin efecto por la mera invocación de la existencia de un error, máxime cuando no se ha demostrado en que consiste el error excusable alegado.

Señaló que los sancionados solo se limitaron a alegar el mero desconocimiento de la obligación de dar cumplimiento a las declaraciones juradas en cuestión, lo cual no resulta idóneo para tener por configurada la causal exculpatoria.

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Concluyó que la atribución de responsabilidad solidaria efectuada por la ex Dirección Provincial de Rentas respecto de los integrantes de la sociedad de hecho es irreprochable, dado que se ajusta a lo dispuesto por los arts. 18, 21 y 55 del Código Fiscal.

4) En oportunidad de celebrarse la audiencia establecida por el art. 41 del CCA, se fijaron los hechos conducentes a la decisión del presente proceso, prestando las partes su conformidad con ello (fs. 100/102).

Los nombrados manifiestaron tener interés únicamente en las constancias del expediente, la documental y el expediente administrativo agregado, por lo que se les corrió traslado en el mismo acto para que expusieran sus alegaciones, conforme lo previsto en el ap. 2 del art. 41 del CCA.

Agregado el alegato de la parte demandada (fs. 104), y el de la parte actora (fs. 105), se llamó autos para sentencia, el que se encuentra firme.

5) Habiendo quedado de esa forma reseñadas las posturas adoptadas por las partes, considero necesario efectuar algunas consideraciones previas con respecto a la cuestión traída a conocimiento.

5.1. Al proponer la demanda, los accionantes sostuvieron: "... vengo a entablar demanda contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, en adelante “ARBA”, domiciliada en calle 8 entre 45 y 46 de La Plata, y tiene por objeto la anulación de la Disposición Delegada PC nº 199/09, dictada el día 09 de noviembre de 2009 por el Gerente de Asuntos Jurídicos de ARBA, en el expediente Nº 2306-78203/05, ...“ (sic) (Pto. II del escrito de inicio a fs. 42).

5.2. Ahora bien, conforme surge de la documentación acompañada, mediante dicho acto la Sra. Gerente General de Asuntos Jurídicos del ARBA dispuso no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los Sres. Roberto Jorge Basso y Raúl Alberto Maisonnave, por derecho propio y en representación de la firma Basso Roberto y Maisonnave Raúl Sociedad de Hecho (CUIT 30-57242248-4), contra la Resolución de Cierre y Sancionatoria nº 740/06, dictada por la Gerencia Regional de Gestión Territorial Polo Turístico Sur del mismo organismo, el 7 de marzo de 2006 (fs.26/29).

De tal forma, aún en el caso que hiciera lugar a la anulación solicitada respecto de la disposición contra la cual los accionantes han dirigido su embate impugnatorio, no le estaría dando solución al problema que aquellos plantean.

Advierto en tal orden de ideas, que la misma disposición cuestionada –luego de desestimar el remedio opuesto por los aquí actores- dispuso en su artículo 2º: “Mantener firme en todos sus términos la resolución recurrrida [Resolución de Cierre y Sancionatoria nº 740/06], conforme los argumentos vertidos en los considerandos de la presente” (sic) (fs. 29).

En consecuencia, y más allá de la incorrecta identificación que ha efectuado respecto del acto impugnado, esa es la actuación administrativa que el accionante reputa ilegítima y que -en definitiva- debe constituir el objeto de la pretensión anulatoria aquí articulada.

5.3. Es menester aclarar además que, mas allá de los confusos términos en que se ha planteado la cuestión relativa a la personería (Pto. I del escrito de inicio a fs. 41 vta.), la firma Softex S.A. no tiene vinculación alguna con la actuación administrativa objeto de impugnación en este juicio, la cual ha tenido como destinatarios a los Sres. Roberto Jorge Basso y Raúl Alberto Maisonnave, y a la firma Basso Roberto y Maisonnave Raúl Sociedad de Hecho.

No obstante ello, se ha admitido su participación en este proceso a partir de que la misma resulta ser continuadora de aquella, a partir de la regularización en los términos del art. 22 de la ley 19.550 (Texto ordenado por el Anexo del Decreto n° 841/84 B.O. 30/03/1984 con las modificaciones introducidas por normas posteriores al mismo), que resulta de la documentación acompañada (fs. 14/24).

6) Aclarado lo anterior, me abocaré a continuación el análisis de los argumentos planteados por los actores para dar andamiaje a su impugnación, los que recuerdo se vinculan con: i) que la conducta que se les reprochara en el sumario que promovió la autoridad demandada obedeció a un error excusable, ii) que en el caso particular la aplicación de sanciones importa un exceso de punición que la torna desproporcionada en relación con la infracción imputada y iii) que la pretendida extensión de responsabilidad solidaria respecto de los integrantes de la firma es improcedente.

Es decir que, algunos argumentos están dirigidos contra la sanción aplicada y otros contra la extensión de responsabilidad. A los fines de un ordenado desarrollo, abordaré inicialmente los cuestionamientos vinculados con la imposición de la sanción de multa.

7) Error excusable: Respecto a esta cuestión los accionantes sostuvieron que la conducta reprochada en el sumario que les promoviera la autoridad demandada, obedeció a un error excusable que elimina la subjetividad de aquella

7.1. Expresaron que la admisión del error de derecho extrapenal como causal exonerativa de culpabilidad -equiparada al error de hecho- es ampliamente reconocida en materia tributaria.

Agregaron que en el caso la firma desconocía la modificación del programa aplicativo que había sido establecida por la Comisión Arbitral y que tuvo vigencia en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a partir del 1° de noviembre de 2003, mediante la cual se sumó la obligación de presentar la declaración informativa CM13.

Destacaron que siempre habían cumplido con su obligación de presentar la declaración jurada determinativa pagando el impuesto liquidado, y que advertidos de la intimación cursada por el fisco, procedieron en un breve plazo a presentar todas las declaraciones juradas CM13, desde la entrada en vigencia de la obligación formal, subsanando la omisión incurrida.

Argumentaron que la información suministrada a través de las declaraciones juradas CM03, es exactamente la misma que la solicitada en el formulario CM13.

7.2. Por su parte la apoderada de la Fiscalía de Estado, al contestar la demanda, afirmó que según surge de las constancias obrantes en el expediente administrativo nº 2306-78203/05, la ex Dirección Provincial de Rentas constató que el mencionado contribuyente omitió presentar las declaraciones juradas correspondientes a los anticipos comprendidos entre el período 10/2003 al 03/2005, por lo que se encuentra debidamente acreditado el incumplimiento de los deberes formales previstos en el art. 30 del Código Fiscal.

Aclaró que ante esa situación que –sostuvo- fue reconocida por los propios accionantes, resulta aplicable la sanción establecida en el art. 52 del mismo código, ya que se trata de infracciones de tipo objetivas cuya configuración no requiere la investigación del elemento intencional y prevé una multa tarifada que ha sido correctamente aplicada en el caso.

Reiteró que de los términos de las normas antes indicadas, surge evidente que para la configuración de la infracción basta con la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas a las que se hallaba obligado, no resultando suficiente para enervar la legitimidad de la sanción impuesta, la circunstancia de que las declaraciones juradas revistan el carácter de informativas.

Explicó que este tipo de multas constituyen sanciones represivas previstas por el derecho tributario, las que tienen como objetivo desalentar ese tipo de conductas y que no son factibles de ser dejadas sin efecto por la mera invocación de la existencia de un error, máxime cuando no se ha demostrado en que consiste el error excusable alegado.

Destacó que los sancionados solo se limitaron a alegar el mero desconocimiento de la obligación de dar cumplimiento a las declaraciones juradas en cuestión, lo cual no resulta idóneo para tener por configurada la causal exculpatoria que invocaran.

7.3. Conforme resulta de las actuaciones administrativas agregadas, la Gerencia Regional de Gestión Territorial Polo Turístico Sur de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos dispuso instruir sumario a la firma Basso Roberto y Maisonnave Raúl Sociedad de Hecho, por la presunta infracción prevista en el art. 30 del Código Fiscal (t.o. 2004) y sancionada por el art. 52 del mismo texto legal (fs. 10/11 del expte. nº 2306-78203/05).

En dicho procedimiento, en el cual los nombrados ejercieron en forma oportuna su derecho de defensa (fs. 23/43), se estableció que la firma había incurrido en la infracción a los deberes formales prevista en la norma citada respecto de las declaraciones juradas mensuales CM 13 y soporte magnético de retenciones y percepciones (arts. 63 y 64 de la DN serie B Nº 1/2004) correspondientes a los períodos 10/2003 a 03/2005 y se procedió a dictar la Resolución Sancionatoria nº 740 del 7 de marzo de 2006 , por la cual se les aplicó una multa de $ 7.200 (fs. 46/47 del mismo expte.).

Contra dicha decisión los accionantes interpusieron recurso de reconsideración, el cual fue desestimado por la autoridad administrativa aquí demandada mediante la Disposición Delegada PC nº 199 del 9 de noviembre de 2009 (fs. 175/178 del mismo expte.).

7.4. Es menester analizar entonces las normas en las que se ha sustentado la sanción de multa objeto de impugnación en autos.

El art. 30 del Código Fiscal (t.o. 2004), bajo el título "Obligaciones de los contribuyentes. Enumeración", disponía -en lo que aquí interesa- que los contribuyentes y demás responsables tienen que cumplir con los deberes que este código y las respectivas reglamentaciones fiscales establezcan con el fin de permitir o facilitar la recaudación, fiscalización y determinación de los gravámenes. Sin perjuicio de las obligaciones específicas debía presentarse declaración jurada cuando así estuviera dispuesto.

Por su parte el art. 52 del mismo código, denominado "Multa por incumplimiento de los deberes formales", preveía -en lo concerniente a este caso- que: "El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este Código, en otras leyes fiscales y demás disposiciones dictadas en su consecuencia, dentro de los plazos dispuestos al efecto, será reprimido –sin necesidad de requerimiento previo– con una multa que se graduará entre la suma de $ 200 y la de pesos $ 30.000. ... La graduación de la multa establecida en el presente artículo se determinará atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. ... Cuando la infracción consista en la no presentación de declaraciones juradas, será sancionada, sin necesidad de requerimiento previo, con una multa automática de $ 200, la que se elevará a $ 400 si se tratare de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas regularmente o no. ... El procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse, a opción de la autoridad de aplicación, con una notificación emitida por el sistema de computación de datos o en forma manual, que reúna los requisitos establecidos en el art. 60 del presente Código ...".

Puedo concluir de ello que el legislador ha receptado la capital importancia que asume el cumplimiento de los aludidos deberes de información en el marco de una ordenada y eficiente administración tributaria, a tal punto que la propia ley prevé un régimen sancionatorio específico para las conductas infraccionales que se vinculen con incumplimientos a esa obligación (conf. Corti, Arístides H.; Blanco, B.; Buitrago, Ignacio J., Calvo, Rubén A. y Tesón, Miguel A., “Procedimiento Fiscal”, Edit. Tesis, Buenos Aires, 1987, pág. 65.).

Del texto de dichas normas se desprende con claridad que el fundamento de la existencia de sanciones puntuales para dichas conductas parte de la simple vulneración del orden legal. En otros términos, la causa de los mencionados conceptos reside en la falta de cumplimiento oportuno de la obligación fiscal por parte del contribuyente, con independencia de la calificación que su proceder pudiera merecer.

Se trata de sanciones de tipo objetivo cuya aplicación se justifica a partir de la simple comprobación del incumplimiento en la presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas, sin entrar a analizar las causas que motivaron la falta o la existencia de algún tipo de eximente o atenuante, extremos que, en su caso, podrán ser objeto de valoración al momento de graduar la multa a aplicar.

Ello por cuanto a través de las mismas se persigue la sujeción de los contribuyentes a los reglamentos fiscales como núcleo sobre el que gira todo el sistema económico y de circulación de bienes, teniendo en cuenta que la tan mentada equidad tributaria se tornaría ilusoria de no mediar, al menos, el cumplimiento de los deberes formales establecidos en cabeza de quienes tengan responsabilidad impositiva (conf. CSJN, doct. causa C. 1326. XXXVI, "Cámara de Comercio, Industria y Producción c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ amparo", sent. del 16/04/2002; Fallos 325:645).

7.5. En el presente caso, los accionantes no han negado el incumplimento de los mencionados deberes formales por parte de la firma Basso Roberto y Maisonnave Raúl Sociedad de Hecho respecto de dieciocho (18) períodos mensuales, solo han pretendido justificarlo en un error de interpretación de la norma aplicable (Disposición Normativa serie B Nº 1/2004).

En consecuencia, interpreto que la actuación de la autoridad administrativa demandada respecto de este punto se ha ajustado a lo previsto en los arts. 30 y 52 del Código Fiscal (t.o. 2004), por lo que desde este punto de vista el acto impugnado no merece objeción alguna.

8) Exceso de punición: En relación a este aspecto afirmaron los actores que debe existir proporción entre el hecho llevado a cabo por el sujeto y la pena que se aplica, lo cual -sostuvieron- tiene acogida en el art. 28 de la Constitución Nacional que recepta el principio de razonabilidad.

8.1. Remarcaron que en el caso particular existían circunstancias que justificaban eximirles de sanción, ya que cumplieron con la presentación de las declaraciones juradas mediante formulario 03 y pagaron el impuesto resultante.

Agregaron que las declaraciones juradas CM 13 revisten carácter meramente informativo y que la información que suministran es exactamente igual a la del formulario 03.

Sostuvieron que de acuerdo a ello, la aplicación de multa en la suma de $ 7.200 es violatoria de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, proyectándose sobre el derecho de propiedad.

8.2. Al contestar la demanda, la apoderada de la Fiscalía de Estado manifestó que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal (t.o. 2004), el incumplimiento de los deberes formales debe ser sancionado conforme los parámetros establecidos en dicho cuerpo normativo.

Añadió que en el caso, una vez acreditada la falta de presentación de las declaraciones juradas, se le aplicó a la sociedad de hecho que integraban los Sres. Basso y Maisonnave la sanción establecida en el art. 52 del mismo código, por lo que se trata de una multa tarifada, que ha sido correctamente aplicada en el presente caso.

8.3. Al analizar la cuestión planteada en el punto precedente, he reproducido parcialmente el mencionado art. 52 del Código Fiscal (t.o. 2004), al que hace referencia la demandada.

En lo que aquí interesa, dicha norma dispone que cuando la infracción consista en la no presentación de declaraciones juradas, será sancionada -sin necesidad de requerimiento previo- con una multa automática de $ 200, la que se elevará a $ 400 si se tratare de sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas regularmente o no (conf. párrafo 4to. de la norma citada).

Conforme ya lo he mencionado y según surge de las actuaciones administrativas nº 2306-78203/05 que tengo a la vista en este momento, en virtud de haberse acreditado que la firma Basso Roberto y Maisonnave Raúl Sociedad de Hecho había incumplido con el deber formal de presentación de dieciocho (18) declaraciones juradas CM 13 y soporte magnético de retenciones y percepciones (DN serie B Nº 1/2004) correspondientes a los períodos 10/2003 a 03/2005, la Gerencia Regional de Gestión Territorial Polo Turístico Sur de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos dictó la Resolución Sancionatoria nº 740 del 7 de marzo de 2006, por la cual se aplicó una multa de $ 7.200 ($ 400 x 18 DDJJ) (fs. 46/47 del expte.citado).

8.4. Cabe concluir entonces que el legislador ha reglado el contenido de dicho acto, por lo que en el presente caso, la Administración se ha limitado a verificar la existencia del supuesto de hecho previsto en la norma y a aplicar lo que ella indica.

Es decir, una vez comprobada la falta de presentación de las declaraciones juradas exigibles a la mencionada sociedad, la Dirección Provincial de Rentas simplemente aplicó la sanción pecuniaria en el monto previsto en la propia ley, o sea, procedió dentro de los límites expresamente previstos por la norma. sin hacer uso de valoración subjetiva alguna.

En ese orden de ideas ha sostenido calificada doctrina que: “…El ejercicio de las potestades regladas reduce a la Administración a la constatación…del supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y a aplicar en presencia del mismo lo que la propia Ley ha determinado también agotadoramente. Hay aquí un proceso aplicativo de la ley que no deja resquicio a juicio subjetivo ninguno, salvo a la constatación o verificación del supuesto mismo para contrastarlo con el tipo legal…Opera aquí la Administración de una manera que podría llamarse automática… (García de Enterría, Eduardo- Fernández, Tomás Ramón, “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, 1º Edit. Civitas Thomson-La Ley, 2006, pág. 461).

Atento a ello, estando tarifada lcon un monto único la sanción que se corresponde con la inobservancia verificada, no puede haberse configurado en el caso un supuesto de “exceso de punición”.

En consecuencia, el acto impugnado no merece objeción por esa causa.

9) Extensión de responsabilidad: Los accionantes cuestionaron la extensión de responsabilidad solidaria respecto de los integrantes de la firma Basso Roberto y Maisonnave Raúl Sociedad de Hecho.

9.1. Alegaron que tal procedimiento es improcedente, porque en virtud de la distribución de potestades implícitas previstas en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nación y la preeminencia de la legislación de fondo (Código Civil y ley de sociedades), no puede aplicarse la extensión de responsabilidad en forma objetiva como pretende la autoridad administrativa demandada, de conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso “Filcrosa".

Sostuvieron que de intentar extenderse la responsabilidad solidaria en materia de sanciones de naturaleza penal, se estaría violando el principio de culpabilidad o personalidad de la pena.

Argumentaron que habiéndose regularizado la sociedad de hecho, actualmente Softex S.A., solo podría extender la responsabilidad solidaria a quienes integren los órganos de administración.

Plantearon finalmente la inconstitucionalidad del art. 55 del Código Fiscal (t.o. 2004).

9.2. A su turno la apoderada fiscal sostuvo que la atribución de responsabilidad solidaria efectuada por la ex Dirección Provincial de Rentas respecto de los integrantes de la sociedad de hecho es irreprochable, dado que se ajusta a lo dispuesto por los arts. 18, 21 y 55 del Código Fiscal.

Agregó que particularmente en materia infraccional cobra relevancia la última de esas normas, en tanto establece que en cualquiera de los supuestos previstos en los arts. 52, 53 y 54, si la infracción fuera cometida por personas jurídicas regularmente constituidas, serán solidaria e ilimitadamente responsables para el pago de las multas los integrantes de los órganos de administración. De tratarse de personas jurídicas irregulares o simples asociaciones, la responsabilidad solidaria e ilimitada corresponderá a todos sus integrantes.

Expresó que es lógico que ello sea así, dado que las personas jurídicas actúan a través de sus representantes, o en el caso de sociedades irregulares o de hecho, a través de sus integrantes, a quienes compete dar cumplimiento a los deberes fiscales que pesan sobre la persona jurídica.

Señaló que uno de los poderes no delegados por las provincias al Gobierno Federal es lo relativo a la legislación en materia tributaria (arts. 5, 121 y 123 de la Constitución Nacional), a cuyo respecto los estados locales pueden establecer normas que reglamenten el nacimiento, la percepción y la extinción de los impuestos.

Aseveró que la determinación de los sujetos obligados a responder por el cumplimiento de la obligación impositiva, no puede ser desplazada por las disposiciones del derecho civil.

Resaltó que tampoco puede enervar la legitimidad de la solidaridad atribuida, el planteo en orden a que la misma contraría los principios del derecho penal, toda vez que los principios de esa rama del derecho no se aplican sin más en materia tributaria, en función de las particularidades que distinguen a las infracciones tributarias de los delitos penales.

9.3. A fin de abordar ordenadamente los cuestionamientos que plantean los actores respecto de la extensión de responsabilidad que efectuara la autoridad accionada, considero necesario señalar en primer lugar que las provincias conservan todas las facultades no delegadas al Gobierno Federal y, por consiguiente, pueden establecer tributos sobre todas las cosas que forman parte de su riqueza general y determinar los medios de distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente, facultades que mientras no contraríen principios consagrados en la Ley Fundamental de la Nación, pueden ser ejercidas en forma amplia y discrecional (conf. arts. 121, 122 y 123 del la Constitución Nacional; CSJN, doct. causas C. 811. XX., Cerro Castillo S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ repetición, sent. del 26/11/1987, Fallos 310:2443; C. 712. XXI.; COMENSA (Cía. Mendocina S.A.) c/ Pcia. de Mendoza s/ A.P.A., sent. del 28/06/1988, Fallos 311:1148; C 130 XXIX; Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo T. A. C. Limitada c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa, sent. del 08/09/1998, Fallos 321:2501;

De lo anterior se desprende que las facultades tributarias provinciales son amplias, siempre que actúen dentro de los parámetros constitucionales.

9.4. Sentado ello, recuerdo que el primero de los argumentos que han articulado los actores para cuestionar la extensión de responsabilidad, fue que de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Filcrosa" ese proceder contraría lo establecido en al art. 75 inc. “12” de la Constitución Nacional.

Tengo presente que la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en el precedente invocado por los accionantes, estableció una limitación a las provincias de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculan con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones, por entender que no es un instituto propio del derecho público local sino un instituto general del derecho, lo que justificada que los mismos sean regulados por el legislador nacional (conf. CSJN, doct Fallos 326:3899).

Ahora bien, de la ratio decidendi de dicho fallo puede deducirse que las provincias no tienen competencia para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso Nacional en materia de prescripción, pero ese no significa que no la tengan para establecer los casos en que se extiende la responsabilidad de la firma contribuyente a sus integrantes.

Sin perjuicio de ello, es del caso aclarar además que aún tomando -como pretenden los accionantes- la legislación de fondo, la solución no es diferente.

En efecto, ese principio de responsabilidad solidaria e ilimitada también ha sido plasmado por la ley de sociedades comerciales, toda vez que tratándose la firma infractora de una sociedad de hecho (Basso Roberto y Maisonnave Raúl Sociedad de Hecho), los nombrados son solidariamente obligados por las operaciones sociales (art. 23 de la ley 19.550).

En resumen, interpreto que el motivo alegado no determina una incompatibilidad notoria e inconciliable entre ambas regulaciones, que amerite la descalificación constitucional que los actores solicitan

9.5. Finalmente, con respecto a la manifestación según la cual con la extensión de responsabilidad de una sanción de naturaleza penal se estaría violando el principio de culpabilidad o personalidad de la pena, corresponde señalar incialmente que el derecho penal administrativo es un derecho especial, que admite en armónica síntesis no sólo la fundamental recurrencia a los principios del derecho penal, sino también la eventual derogación de los mismos, con el agregado de que tal derogación no tiene que ser necesariamente explícita, sino que puede resultar de la incongruencia de esos principios con el régimen que gobierna la institución de que se trate (conf. CSJN, doct. Fallos: 214:425; 191:245; 195:319; 211:1657; 212:64; entre otros).

Es decir, las infracciones administrativas se rigen, en principio, por las normas generales del derecho penal común, salvo cuando la derogación de los principios generales, aunque no sea explícita, debe considerarse implícitamente impuesta por el legislador, cosa que sucede cuando los principios generales son incongruentes axiológicamente con el régimen que organicen las normas de que se trata (conf. Aftalión, Enrique R., “Derecho Penal Administrativo”, Edit. Atayú, pág. 147 y sgtes.).

En el caso, la sanción aplicada se trata de un multa automática de tipo objetivo por incumplimiento de deberes formales, cuya aplicación se justifica a partir de la simple comprobación del incumplimiento en la presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas, sin que sea necesario un juicio personal de reprochabilidad dirigido a su autor.



De ello se deduce que como dice Alejandro Nieto, la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (conf. autor citado, “Derecho Administrativo Sancionador”, EdIT. Tecnos, Madrid, págs.37/38).

Desde mi punto de vista tampoco es cuestionable la sanción, desde que no se hace recaer la misma sobre un tercero ajeno a un hecho, sino que alcanza a los integrantes de la sociedad de hecho infractora y, por lo tanto, solidariamente responsables conjuntamente con aquella (art. 23 de la ley 19.550).

 En definitiva, tampoco advierto que este aspecto justifique el reproche constitucional que los accionantes solicitan.

Es decir, la extensión de responsabilidad hacia las personas integrantes de la Sociedad de Hecho, resulta ajustada a derecho tanto por aplicación del Código Fiscal como de la ley 19.550. De tal modo se desvanece el cuestionamiento que en tal sentido realizan los actores.

La referencia que los accionantes efectuaran en cuanto a que, por haber regularizado la Sociedad de Hecho denominada "Basso Roberto y Maisonnave Raúl S.H.", solo podría extenderse la responsabilidad solidaria a quienes integren los órganos de administración de Softex S.A. es incorrecta, puesto que ésta última no existía como tal a la fecha en que se verificaron los incumplimientos formales en los que incurriera la mencionada sociedad irregular. Así surge de la Resolución nº 3111 del Director Provincial de Personas Jurídicas de fecha 22 de mayo de 2009, que luce agregada en autos (fs. 61).

9.6. En consecuencia, concluyo que la Resolución n° 740 del 7 de marzo de 2006, mediante la cual la Dirección Provincial de Rentas aplicó una multa por la suma de $7.200, estableciendo que la firma Basso Roberto y Maisonnave Raúl Sociedad de Hecho había incurrido en infracción a los deberes formales prevista por el art. 30 y sancionada por el art. 52 del Código Fiscal (T.O. 2004), en razón de no haber presentado en término las declaraciones juradas y disponiendo la responsabilidad solidaria e ilimitada de los Sres. Basso y Maisonnave con la firma contribuyente por el pago de la sanción, pone en evidencia un correcto ejercicio de las facultades sancionatorias de dicha autoridad, y por ende, no corresponde revocarla.

Por lo hasta aquí expuesto FALLO:

1) Rechazando la demanda interpuesta (arts. 1 inc. "1", 12 incs. "1", 77 y ccdtes. del CCA; arts.17, 18, 30, 52, 53, 54, 55 y ccdtes. del Código Fiscal (t.o.2004); DN serie B Nº 1/2004; arts. 22, 23 y ccdtes. de la ley 19.550 (Texto ordenado por el Anexo del Decreto n° 841/84 B.O. 30/03/1984 con las modificaciones ).

2) Imponiendo las costas en el orden causado (art. 51 inc. 1º del CCA), por no presentarse ninguno de los supuestos de excepción previstos en el inciso 2º de la norma citada.

3) Regulando los honorarios por las tareas profesionales desempeñadas en autos por la Dra. MARIA LEANDRA DEBANDI, letrada patrocinante de los actores, en la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) (arts. 16, 28 y 44 de la ley 8904), con más los aportes previsionales de ley (arts. 12 y 16 ley 6716, t.o. decreto 4771/95). Con relación a la Dra. KARINA ELCOAZ, apoderada de la demandada, no se regulan honorarios en virtud de encontrarse comprendida en lo establecido por el art. 18 del decreto-ley 7543/69. Notifíquese por cédula a los obligados al pago, con transcripción del art. 54 de la ley 8904.

4) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.

SIMON FRANCISCO ISACCH



Juez en lo Contencioso Administrativo



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