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Protocolo de sentencias


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CAMARA DEL TRABAJO-SALA 2°

CORDOBA

PROTOCOLO DE SENTENCIAS

TOMO Nº
FOLIO Nº AÑO 2013
SECRETARIA Nº 4

Rosanna G. Campazzo



Secr. Letr. Cámara
.

SENTENCIA NÚMERO: veintiséis


En la ciudad de Córdoba, a treinta días del mes de abril del año dos mil trece, previa deliberación se constituye en audiencia pública y oral, en ausencia de las partes, el Tribunal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Única del Trabajo, integrada unipersonalmente por la señora Vocal de Cámara Silvia Díaz, en presencia de la actuaria Rosanna G. Campazzo, a los fines de dar lectura a la sentencia dictada en autos “GOTTARDI GABRIELA DEL MILAGRO c/ MAPFRE ART SA -ORDINARIO - ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) Nº 126266/37, de los que resulta: I. que a fs 1/9, comparece la señora Gabriela Del Milagro Gottardi y entabla formal demanda laboral en contra de Mapfre ART SA, persiguiendo el cobro de los conceptos y montos que surgen de la planilla anexa a la demanda, con más intereses y costas. Relata que ingresó a trabajar en relación de dependencia laboral, a las ordenes de Córdoba Golf club de Villa Allende en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres. Expresa que durante las catorce temporadas estivales fue contratada para la realización de tareas de maestranza vinculadas con la mayor actividad del club en el periodo de verano, más específicamente se desempeñó como encargada de la pileta, del vestuario y mantenimiento del predio. Manifiesta que por las tareas realizadas la patronal la encuadró convencionalmente como maestranza quinta categoría, resultando aplicable al vínculo el CCT 462/06. Que su jornada de trabajo en cada uno de los ciclos era de miércoles a domingos de once a diecinueve horas y los días martes de once a quince horas, abonándole la patronal una remuneración básica de un mil trescientos ochenta y cinco pesos con más adicionales previstos convencionalmente, lo que totaliza la suma de dos mil un pesos con seis centavos. Señala que las tareas desarrolladas, han consistido en movimientos repetitivos comprometiendo principalmente los miembros superiores. Destaca que vinculado al manejo de la pileta ha debido manipular distintas sustancias químicas, en especial ácidos, detergentes y cloros sin que se le proveyeran los elementos indispensables para su protección. Todo lo cual ha obrado como agente causal de las patologías que padece. Expresó que ante la aparición de síntomas tales como anosmia, cervicalgias y lumbalgias, concurrió a la consulta de un médico, quien le diagnostico síndrome cervicobraquial, lumbalgia crónica de origen postraumático y por esfuerzos físicos y anosmia por inhalación crónica de sustancias irritantes y toxicas. Las que fueron calificadas como enfermedades profesionales e incapacitantes en forma parcial y permanente de un treinta y dos por ciento de la total obrera. Manifiesta que ante el diagnostico, con fecha veintisiete de mayo de dos mil nueve remitió denuncia a la Aseguradora del Riesgo del Trabajo Mapfre ART SA, poniendo en conocimiento de ella lo que le fuera diagnosticado sin que recibiera una respuesta por parte de ésta. Solicita la declaración de inconstitucionalidad del Art. 12 de la ley de riesgos en cuanto establece que el modulo de calculo del IBM del trabajador sea el salario percibido durante el año anterior al accidente. Requiere la declaración de inconstitucionalidad, también, del Art. 6, punto dos de la LRT y del Art. 14, inc. 2, punto a), 21 y 22 del mismo cuerpo legal, y de los Arts. 7 y 8 de la ley 23.928, según texto de la ley 25.561, de los decretos 717/96 y 1278/00. Cita jurisprudencia en aval de su posición. Asimismo, sostiene la competencia de la justicia ordinaria para entender en cuestiones derivadas de la LRT, citó el fallo “Castillo” de la CSJN, por lo que solicita que se declare inconstitucional el Art. 46 de la LRT. Hace reserva de Caso Federal. II. Celebrada la audiencia de conciliación (Art. 47 de la ley 7987), no fue posible lograr el avenimiento de las partes, por lo que el actor se ratificó de su demanda y la demandada la contestó (fs. 28). En su memorial la parte demandada (fs. 16/22), destaca en primer lugar, que la protección asegurativa de ninguna manera puede extenderse a otros ámbitos, ajenos a la relación contractual con el empleador asegurado, por ello carecería de acción el demandante para exigir a su poderante que modifique su situación remunerativa y redetermine su índice base mensual, conforme las remuneraciones que dice haber percibido. El único responsable por la remuneración del actor es quien la abona. Manifesta que conforme el diagnostico de las dolencias del actor, basta destacar que su representada otorga cobertura asegurativa a aquellas contingencias previstas en la ley de riesgo, son esos riesgos por los cuales el asegurado ha abonado prima y no por otros. Al no encontrarse estipulada su cobertura, tampoco hay obligaciones derivadas de las mismas, por lo que corresponde declinar toda responsabilidad reparatoria de la aseguradora. Concluye en que las dolencias detectadas, no se encuentran al día de la fecha incluidas en el listado de enfermedades profesionales elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional. Luego de una negativa genérica y particular de los hechos y el derecho invocado, solicita el rechazo de la pretensión intentada por el actor, con expresa imposición de costas, impugna el certificado médico por no guardar correspondencia con la realidad factica, los cálculos realizados y el monto reclamado. Plantea la excepción de falta de acción, y reitera que en el caso de autos no existe relación jurídica, ni material entre la actora y su mandante y paralelo a ello, no existe conexión entre la causa invocada y el marco legal exigible a su representada. Señala que como consecuencia de lo sostenido precedentemente y en razón de la calidad en que concurre, opone defensa de falta de legitimación pasiva. Sostiene que el actor tendría que haber recurrido a los mecanismos previstos en el sistema para solicitar su aplicación a su caso concreto, pero ha obviado cumplir con el trámite de ley. Solicita el rechazo de los planteos de inconstitucionalidad. Cita legislación aplicable y jurisprudencia que hace a su derecho. Hace reserva de Caso Federal. III. Abierta a prueba la causa, la parte actora, ofreció: confesional, instrumental, documental, informativa, pericial medica, testimonial (fs.30). La parte demandada Mapfre ART SA, por su parte, ofreció: documental, confesional, testimonial, presuncional e indiciaria. (fs. 31/32). Diligenciadas las pertinentes ante el juzgado de conciliación interviniente, los autos fueron elevados a esta Sala y celebrada la audiencia de debate (fs. 95/96), quedaron en condiciones de que se dicte sentencia. El Tribunal se planteó dos cuestiones a resolver. PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta procedente el reclamo pretendido por el actor? y SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué resolución corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZ DE CÁMARA SILVIA DÍAZ DIJO: Previo a examinar la cuestión sustancial corresponde tratar las excepciones de falta de acción y falta de legitimación pasiva, interpuestas por la demandada. En relación a la excepción de falta de acción, la accionada manifiesta en que no existe relación jurídica ni material entre su parte y el actor, no existe conexión entre la causa invocada y el marco legal exigible y tampoco incumplimiento que genere responsabilidad resarcitoria. Al respecto debe señalarse en primer término, que el reclamo del trabajador se encuadra en un supuesto legal, cual es el de la responsabilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo previstas en el sistema de la Ley 24.557. En lo demás, el fundamento coincide con la cuestión sustancial por lo que su tratamiento se efectuará al momento de examinar las contingencias denunciadas por el accionante. En cuanto a la ausencia de legitimación pasiva por incumplimiento del procedimiento previsto por el sistema de riesgos de trabajo que atribuye al accionante debe señalarse que este Tribunal ha señalado reiteradamente que, a partir del precedente “Castillo”, el recaudo opuesto por la demandada como ineludible, no conforma una exigencia que vede la habilitación de la instancia, pues, si bien nuestro Máximo Tribunal nada indica, ni argumenta al respecto en el precedente citado, ingresa al análisis de la competencia en un caso judicial en que el trabajador no había concurrido al organismo administrativo, lo que importa una decisión implícita de admitir en sede judicial aquellos reclamos que no hubieren cumplimentado con el recaudo indicado. Más aún, en tanto habilita la vía judicial y decide declarar la inconstitucionalidad de la norma contenida en el Art. 46 y modificar el esquema competencial, no resulta razonable pensar que soslayó la exigencia de la LRT, sobre recurrir al procedimiento administrativo. Desde una perspectiva sustancial del reclamo, el no cumplimiento del trámite ante las comisiones médicas en modo alguno podría considerarse que afecta el derecho subjetivo del trabajador a reclamar por los efectos dañosos que el trabajo, según su consideración, le ha causado, so pena de incurrir en un excesivo rigor formal. Debe indicarse además, que nada impide que ante esta sede se efectúe la evaluación médica pertinente con amplias garantías en cuanto al ejercicio del derecho de defensa. Sin perjuicio de lo expuesto debe señalarse que el TSJ ha indicado “II. Reclamadas las prestaciones de la ley 24.557 por una contingencia allí prevista, el proceso de transición generado por la declaración de inconstitucionalidad de numerosas normas de aquel sistema justifica que en el particular, no se priorice el paso por la instancia administrativa –Arts. 21 y 22 íb.-. [...]” (TSJ in re Ferreyra Juan Silvano c/ Omega ART DDA– Rec/s de Casación e Inconstitucionalidad; Sentencia doscientos cuatro del veinticuatro de octubre de dos mil siete). Los argumentos expuestos se encuentran hoy reafirmados por el precedente de nuestro Máximo Tribunal de la Nación, que al resolver el recurso de hecho planteado por la parte actora en la causa “Obregón Francisco Víctor c/ Liberty ART”, sentencia del diecisiete de abril de dos mil doce, expresamente señaló: “3°) Que la solución del litigio en los términos indicados importó, asimismo, una inequívoca desatención de la doctrina constitucional afirmada por esta Corte en “Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” (Fallos: 327:3610 - 2004). En efecto, si bien ese precedente no se pronunció sobre la validez intrínseca del varias veces mentado trámite, fue del todo explícito en cuanto a que la habilitación de los estrados provinciales a que su aplicación dé lugar no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante “organismos de orden federal”, como lo son las comisiones médicas previstas en los Arts. 21 y 22 de la LRT (Castillo, cit., pág. 3620 y su cita)”. En esta perspectiva el argumento expuesto por la demandada, para justificar la falta de legitimación pasiva, no resulta razonable, pues omite compatibilizar el esquema procedimental de la ley de riesgos con lo actuado por CSJN, en el precedente “Castillo…”. En virtud de todo lo expuesto la defensa de falta de acción articulada por la demandada, no resulta procedente. Efectuadas estas precisiones, corresponde examinar la cuestión sustancial. La controversia radica en la pretensión indemnizatoria hecha valer por la actora con sustento en las patologías, que según su denuncia, conforman una contingencia cubierta por la ley de riesgos del trabajo. Asimismo debe señalarse que la ART, en su memorial de contestación, negó la realización de las tareas denunciadas y en las condiciones que el actor dijo haberlas realizado. Negó además, las patologías denunciadas. También negó, que las patologías denunciadas se hubieran generado como consecuencia de las tareas realizadas para la empleadora y que se encontrara afectada por el porcentaje de incapacidad que reclama. En tales condiciones, corresponde determinar si en el caso de autos, se verifican las referidas patologías, si ellas generan incapacidad en la actora y si guardan relación de causalidad con las tareas que dice haber desarrollado para su empleadora, en los términos exigidos por el sistema de riesgos de trabajo, de manera tal que autorice a calificarlas como enfermedad profesional y consecuentemente, como contingencia cubierta por la Ley de Riesgos del Trabajo. A efectos de dilucidar la disputa verificada en autos se examinará la prueba rendida. En la causa se ha incorporado a) documental TCL CD 025519661 de fecha veintisiete de mayo de dos mil nueve; b) audiencia a los fines de que el representante legal de la demandada proceda a reconocer autenticidad, recepción y fecha de entrega que surge de la constancia del seguimiento de dicha pieza postal. La parte actora dijo que en merito de la incomparecencia injustificada de la demandada, no obstante encontrarse debidamente notificada deberían aplicarse los apercibimientos que surgen de la ley y tenerse por reconocida autenticidad recepción y fecha de entrega, según constancia de seguimiento de la pieza postal TCL Nº CD 025519661 (fs. 38); b) informativa del Correo Oficial (fs. 55/56); c) se encuentra agregado a fs. 71/74 el informe pericial médico oficial. La doctora Antonia María Estela Gambino de Soria, en su informe hace mención de los antecedentes de la causa, exámenes físicos realizados, métodos auxiliares de diagnostico y establece como diagnóstico definitivo que la actora padece de síndrome cérvico braquial bilateral, con limitación funcional y lumbalgia por espóndilo artrosis con limitación funcional. Concluye que las patologías sufridas por la actora están constituidas por un conjunto de síntomas referidos al segmento cervical y lumbar de la columna vertebral, que provocan dolor que se irradia a miembros superiores e inferiores, acompañado de rigidez, contracturas muscular paravertebral, disminución de la fuerza muscular, con limitación de los movimientos. Luego de explicar la perito interviniente cómo es el funcionamiento de los grupos musculares comprometidos, explica que la actora al efectuar tareas fuera de los limites fisiológicos y al sumar un trabajo dinámico una mala postura, gestos repetitivos y mantenidos, sobrecarga, posiciones forzadas, rompen el equilibrio biodinámico, la persona sufre una fatiga acumulativa de los elementos biomecánicos por una mecanotaxia prolongada y la subsiguiente aparición del cuadro clínico de la enfermedad profesional. Expone que la realización por la actora de gestos repetitivos, posiciones forzosas en columna vertebral, miembros superiores hombros, codos y de los tendones extensores de la mano y los dedos; en las extremidades inferiores requería movimientos de flexoextensión de columna lumbar y rodillas. El tiempo de exposición de quince años y la lesión es síndrome cérvicobraquial bilateral, con limitación funcional, lumbalgia por espóndiloartrosis con limitación funcional, contemplados en la ley 24.557, decretos 658/96, 659/96 y 1278/00. Concluye que el cuadro clínico debe calificarse como enfermedad laboral, con una incapacidad laboral del once por ciento de la total obrera, correspondiendo seis por ciento al síndrome cérvicobraquial, con limitación funcional, cinco por ciento a lumbalgia por espóndiloartrosis con limitación funcional, sumados los factores de ponderación resulta un total del doce con sesenta por ciento de la total obrera. A fs. 81/85, el perito medico de control de la demandada, doctor Oscar A. Visconti, presentó informe en disidencia. Luego de exponer los datos del actor, antecedentes, realizar consideraciones médico legales, afirma que con respecto al síndrome cervicobraquial no se acreditó la existencia de la enfermedad, porque el informe oficial se sustentó en que el actor padece de una cervicobraquialgia, cuyo punto de partida es una artrosis cervical, enfermedad no listada como profesional. Sostiene que el cuadro clínico contemplado por el sistema, es el que se origina en el brazo, como lo estipulan las normas de procedimiento de aplicación del baremo. Refiere que tampoco se acredita el nexo de causalidad entre la enfermedad y el trabajo porque la actora no ha estado expuesta al agente de riesgo (movimientos repetitivos), por ello concluye que dicha enfermedad es inculpable. Con respecto artrosis lumbar, expresa que la radiografía y el examen son normales, y que además no ha estado expuesta al agente de riesgo, que conforme el listado son las vibraciones de cuerpo entero. Reseñada la prueba rendida corresponde, previo a ingresar al análisis de la controversia, señalar que el informe oficial fue impugnado por la accionante (fs. 78), quien se comprometió a exponer sus argumentos en la etapa procesal oportuna, extremo que no cumplimentó y que impone el rechazo del cuestionamiento. Conforme los términos de la disputa lo primero que hay que determinar es la existencia de daño, si éste incapacita a la accionante, el grado en que disminuye su capacidad laborativa y si conceptualmente ese daño debe incluirse como contingencia cubierta por el sistema. En esta perspectiva, lo primero que corresponde examinar es la denuncia de silencio de la aseguradora, frente a la comunicación efectuada por la accionante de las patologías diagnosticadas, extremo no negado por la accionada, que si bien atribuyó a la trabajadora incumplir el procedimiento previsto por el sistema, nada dijo en orden a la omisión injustificada que se le atribuía. No obstante la falta de controversia sobre el punto, con la informativa a Correo Argentino (fs. 55/56), se incorporó el TCL 74266300 CD 025519661, y con ello se acreditó la comunicación, referenciada en demanda, en orden a las patologías porcentaje incapacitante y calificación médico legal. El Art. 6 segundo párrafo del decreto 717/96, establece que “el silencio de la aseguradora se entenderá como aceptación de la pretensión, transcurridos diez días de recibida la denuncia”. El silencio de la ART. por el plazo legal, supone la aceptación de la existencia de la contingencia, en los términos en que ha sido denunciada, pues la aseguradora, como operadora del sistema que tiene a su cargo la reparación de los eventuales daños, está obligada, cuando media aceptación, a expresar en la notificación “el diagnóstico médico, el tipo de incapacidad laboral que sufre el trabajador y, en su caso, el carácter y el grado, indicando el contenido y alcance de las prestaciones en especie a otorgar” (Art. 7 del decr. 717/96). Esta obligación de la aseguradora de notificar en esos términos al trabajador, deriva de la facultad de controlar los extremos de la requisitoria del denunciante, con gran amplitud. La propia norma citada, en su segundo párrafo, le impone al trabajador la obligación de “someterse al control que efectúe el facultativo designado por la aseguradora, tantas veces como razonablemente le sea requerido”. Luego, si teniendo la posibilidad no utilizó la facultad de control concedida y a su vez incumplió la carga de manifestarse aceptando o rechazando la denuncia, los efectos de ese comportamiento importan una admisión del presupuesto fáctico y jurídico de la presentación. En autos el accionante en cumplimiento del mandato procesal contenido en el art. 46 CPT, acompañó certificado médico en el cual constaba diagnóstico, porcentaje de incapacidad y calificación médico legal. La pericia médica obrante en autos ratificó la existencia de las patologías y la calificó médico legalmente como enfermedades profesionales, disminuyendo el porcentaje a un doce con sesenta por ciento de la total obrera, incluidos los factores de ponderación. Debe señalarse que si bien el perito de control designado por la accionada ha presentado informe en disidencia. Al respecto debe señalarse que ha cuestionado la calificación medico legal del síndrome cervicobraquial, pero dicho cuestionamiento resulta genérico, pues se limita a afirmar que conforme al baremo previsto en el sistema el punto de partida de la patología es el brazo y no la artrosis cervical, afirmando además que la trabajadora no estuvo expuesta al agente de riesgo que prevé el sistema y que en el caso particular eran los movimientos repetitivos acorde a las normativas que determina la NIOSH. El cuestionamiento así formulado, contiene sólo una referencia genérica a los elementos que supuestamente reglarían la conclusión que pretende imponer frente al dictamen oficial, pero en modo alguno identifica de modo concreto y preciso, las normas en que se sustenta para extraer las conclusiones que expresa, impididendo al Tribunal el control de su veracidad y corrección. En tales condiciones, resulta insuficiente para desvirtuar el informe oficial. El señor perito de control ha cuestionado también la consideración de la patología lumbar y en primer término ha afirmado sin dar justificativo alguno que la radiografía y el examen de este sector de la columna son normales y por tanto no debe asignársele incapacidad. En tanto, su manifestación no se encuentra apoyada en razones que expliciten su afirmación, resulta insuficiente para contrariar lo dictaminado por la perito oficial. No acontece igual respecto de su consideración en orden a la exposición al agente de riesgo previsto en el listado para considerar a esta patología como contingencia cubierta, pues le asiste razón en cuanto a la exigencia del sistema en orden a que se verifique una exposición a vibraciones de cuerpo entero, extremo no considerado por la perito oficial. En este punto debe señalarse que el informe oficial presenta deficiencias que no sólo afectan a la fundamentación del dictamen, sino que lo privan de un presupuesto necesario para la identificación de la patología como una contingencia cubierta. Es de destacar que la perito no ha identificado agente de riesgo previsto por el sistema para esta patología, por el contrario ha referido genéricamente a que las tareas desarrolladas estaban fuera de los límites fisiológicos, que “un trabajo dinámico una mala postura, gestos repetitivos y mantenidos, sobrecargas, posiciones forzadas, que rompen el equilibrio biodinámica, el hombre sufre una fatiga acumulativa de los elementos biomecánicos por una mecanotaxia prolongada y la subsiguiente aparición del cuadro clínico típico de la enfermedad profesional”. De lo expuesto se advierte además, que la señora perito tampoco consideró las actividades laborales previstas en el listado, como hábiles para generar exposición. Ahora bien, conforme lo ya expresado en relación a lo dispuesto por el Art. 6 del decr. 717/96, habría operado una aceptación de la denuncia y la responsabilidad legal que de ella se derivaba. Sin embargo, conforme todo lo expuesto, ha quedado demostrado que una de las patologías que se denunciaban en la comunicación cursada a la ART, no califica como enfermedad profesional en los términos del listado y si bien en función del Art. 6 de la ley 24.557, modificada por el decreto 1278/00, podría haberse pretendido su inclusión para el caso concreto, ello debió ser denunciado en la demanda, lo que no se hizo. En tales condiciones este extremo quedó fuera de los términos de la litis y por ende su reclamo deviene injustificado y debe rechazarse. A partir de lo expuesto, el Tribunal se encuentra habilitado para concluir que el informe pericial resulta idóneo y eficiente para determinar conceptualmente el daño en la salud de la trabajadora respecto de la patología cervical y, teniendo presente lo previsto en el Art. 6 del decreto 717/96, en cuanto a la aceptación de la contingencia, el Tribunal queda eximido de examinar los presupuestos fácticos vinculados con dicha patología. En definitiva, el análisis precedente permite establecer que la patología diagnosticada genera a la trabajadora una incapacidad laboral parcial permanente del seis por ciento de la total obrera (Arts. 6 Ap. 1, 8 Ap. 2 y 14 Ap. 2 inc. a LRT), a la que debe sumarse los factores de ponderación. La señora perito, conforme lo expuesto al reseñar la pericia oficial, estableció por el tipo de actividad un diez por ciento y por edad cincuenta centésimas por ciento. Ambos factores se sumaron, en forma separada, al porcentaje de incapacidad funcional. Al respecto debe señalarse que el modo de cálculo empleado contraviene lo prescripto en el Baremo Nacional de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Decreto 659/96, en el que expresamente se dispone que “Una vez determinados los valores de cada uno de los tres factores de ponderación, éstos se sumarán entre si, determinando un valor único. Este único valor será el porcentaje en que se incrementará el valor que surja de la evaluación de incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades laborales”. En consecuencia, siguiendo el criterio establecido normativamente, sumados los valores de los factores de ponderación asignados por la señora perito se alcanza un valor único de diez con cincuenta centésimas por ciento que aplicado al porcentaje de incapacidad funcional que genera el síndrome cervicobraquial, arroja sesenta y tres centésimas por ciento, que constituye el valor único en que se incrementa el porcentaje del seis por ciento en que se estimó la incapacidad funcional, lo que totaliza un seis con sesenta y tres centésimas por ciento. A lo expuesto debe sumarse, que en la causa no se acreditó que se verificara alguno de los supuestos de exclusión pautados en el Art. 6 Ap. 3. Luego, atento el grado de incapacidad asignado por la señora perito médico oficial, la actora es acreedora a la prestación fijada en la ley, en el Art. 14 Ap. 2, inc a LRT, que determina una indemnización de pago único. En consecuencia corresponde condenar a la ART, a pagar la indemnización prevista en dicha norma, cuya cuantía será igual a cincuenta y tres veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resulta de dividir el número sesenta y cinco por la edad de la damnificada, a la fecha de la primera manifestación invalidante, veintisiete de mayo de dos mil nueve, fecha en que la actora efectuó su denuncia ante la ART, de las patologías que consideraba contingencias cubiertas según relato de demanda, aspecto no controvertido por la accionada. La determinación del monto correspondiente se efectuará en la etapa previa a la ejecución de sentencia y a tal fin se tomarán en consideración los montos remuneratorios correspondientes al año anterior a la primera manifestación invalidante, a cuyo efecto deberá requerirse al Córdoba Golf Club de Villa Allende, informe sobre las remuneraciones percibidas en el período señalado. En este punto debe señalarse que la accionante ha planteado la inconstitucionalidad del Art. 12 LRT, en cuanto dispone que las remuneraciones a considerar son las “[…] devengadas en los DOCE (12) meses anteriores a la primera manifestación invalidante […]”. Sin embargo, en su planteo se limita a afirmar que si se aplicase el mandato relacionado, las prestaciones quedarían diluidas en la nada. Para avalar su petición se ha limitado a efectuar consideraciones valorativas que en modo alguno demuestran un agravio dirimente para justificar la impugnación constitucional que pretende. Al respecto cabe señalar que tratándose de una acción plena, el presentante tenía la carga de afirmación y de prueba, extremo que en autos no se ha cumplido toda vez que, ni siquiera se enuncian en la demanda datos concretos que permitan establecer cuál es el perjuicio económico que le ocasiona la aplicación de la norma. En tales condiciones, el planteo debe rechazarse. En su alegato la accionante ha solicitado la aplicación inmediata de la ley 26.773, cita en aval de su pretensión los precedentes "Rodriguez c/ Mapfre" de la Sala Décima y "Torres c/ La Segunda ART" de la Sala Tercera. Al respecto debe señalarse, que conforme lo ha señalado este Tribunal en pronunciamientos anteriores (“BUELONI ENRIQUE TEODORO C/ LA CAJA ART SA - ORDINARIO ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS)” EXPTE Nº 129474/37, sentencia número veinte, de fecha doce de abril de dos mil trece; “LOTO, SANTIAGO JOSÉ c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - ORDINARIO - ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS)” EXPTE. 179203/37, sentencia número treinta y cinco, de fecha diecisiete de abril de dos mil trece; “VALDEZ, LEONARDO EMMANUEL c/ PROVINCIA ART S.A. - ORDINARIO – ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) - EXPEDIENTE Nº 175647/37”, sentencia Número veinticuatro, de fecha diecisiete de abril de dos mil trece), la aplicación de la pauta de ajuste no depende de la vigencia temporal establecida en el Art. 17 inc. 5 de la referida ley, sino que su aplicación corresponde en función de lo prescripto en el Art. 17 inc. 6, de la ley 26.773, el que dispone “Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social desde el 1° de enero del año 2010”. Esta norma, tal como surge de su texto, dispone el ajuste de las prestaciones en dinero por incapacidad permanente. En este análisis no debe soslayarse que el Art. 8 de la ley, también contiene una pauta de ajuste, pues establece “Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia”. Del texto reseñado surge que el dispositivo regula en primer término, de modo general y como regla, el ajuste de los importes que correspondan por incapacidad laboral permanente previstos en las normas comprendidas en el régimen, definido éste en el Art. 1, ya citado, por lo que las normas contempladas en el Art. 17 inc. 6, quedan incluídas en la previsión de este Art. 8. En segundo orden, prescribe, también de modo general y con el carácter de regla, que ese ajuste se producirá semestralmente, sin otro condicionamiento que la adecuación del ajuste a la variación del índice RIPTE. Luego, como se trata de una disposición que se relaciona con las prestaciones en dinero, la vigencia temporal estaría reglada por el inc. 5, del Art. 17 ib, con lo cual quedarían fuera del ajuste todas aquellas prestaciones en dinero por incapacidad permanente cuya primera manifestación invalidante se hubiere producido con anterioridad a la publicación de la Ley 26.773. Sin embargo, el legislador en el Art. 17 inc. 6 ib, sustrajo de entre las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente, previstas en las normas del régimen, aquellas que estaban regladas “[…] en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09 […]” y estableció respecto de ellas un mandato específico, en el que prescribió la aplicación de la regla de ajuste mediante el índice RIPTE, sin someterlas para su aplicación al condicionamiento exigido en el inc. 5, del Art. 17 ib, relativo a la fecha de producción de la primera manifestación invalidante. De lo expuesto surge claro que este mandato no es un complemento de la norma prevista en el referido inc. 5, ib. En definitiva y por el contrario, la directiva prescripta en el inc. 6, conforma una decisión normativa de incluir en la aplicación la pauta de ajuste conforme al índice RIPTE, a todas aquellas contingencias cubiertas que generen derecho a una prestación dineraria por incapacidad permanente, previstas en las normas indicadas. Asimismo, al disponer la norma para los supuestos regulados, que las prestaciones en dinero por incapacidad permanente deben ajustarse a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, conforme el índice RIPTE, sin requerir recaudo temporal alguno a cumplimentar, determina la aplicación inmediata del mandato. De tal manera, en tanto el caso objeto de decisión ha establecido como condena el pago de una prestación en dinero por una incapacidad permanente contenida en la ley 24.557 (en el caso Art. 14 Ap. 2 inc a LRT), queda comprendido en las previsiones del mandato en examen y en función de ello, se impone la solución ordenada en la norma, esto es la aplicación inmediata del ajuste reglado para la prestación objeto de la condena. Asimismo, como la aplicación del índice RIPTE importa un ajuste que persigue mantener el contenido económico del crédito, a partir de la fecha en que se ordena su cómputo, debe establecerse un interés que compense al trabajador por la mora de la accionada en el cumplimiento de la prestación, que lo compense en definitiva, por lo que hubiere obtenido de habérsele abonado en tiempo oportuno (Arg. "Bustos Ramón c/ Cor Acero", TSJ, Sentencia del 14/08/92). En este punto corresponde señalar que este Tribunal en los pronunciamientos citados precedentemente ha establecido un interés del quince por ciento anual hasta la fecha del efectivo pago. Sin embargo, a partir del criterio asumido sobre esta materia, por el doctor Luis Fernando Farías, en voto unipersonal, en la causa “Casas Walter Dante c/ Consolidar ART SA-Ordinario- Accidente (Ley de Riesgos)” Expte 118590/37, sentencia número treinta y ocho del veintidós de abril de dos mil trece, este Tribunal reconsidera su decisión y decide asumir el criterio adoptado por el señor vocal, atento que ofrece mayor razonabilidad en su aplicación y momentos que considera para su determinación. De tal manera, y como lo señala el colega en la fundamentación de su voto, los objetivos perseguidos se alcanzan con la aplicación, al capital ajustado, de un interés del doce por ciento anual hasta el momento en que quede firme el auto determinativo de montos y desde ese momento, esto es a partir de los diez días hábiles contados desde la notificación del auto determinativo de montos, y hasta su efectivo pago, a fin de desalentar el incumplimiento del deber de pago impuesto en la sentencia, el interés a aplicar, será del dos por ciento mensual, además de la tasa pasiva mensual. Finalmente, y con relación a los restantes planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas del régimen de riesgos de trabajo, efectuados por el accionante, en función las constancias de la causa y la decisión adoptada, tornan abstracto su tratamiento, lo que exime al Tribunal de efectuar consideraciones a su respecto. Así voto a esta cuestión, para cuyo análisis he tenido en cuenta toda la prueba rendida en autos, aunque sólo he hecho referencia a la que considero dirimente a los fines de la decisión. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DE CÁMARA SILVIA DÍAZ DIJO: Atento al sentido del voto dado a la cuestión anterior, corresponde acoger la demanda en cuanto reclama indemnización por incapacidad parcial y permanente derivada de síndrome cervicobraquial y en consecuencia, condenar a la demandada MAPFRE ART SA, a pagar a la actora la cantidad que se determine en la etapa previa a la ejecución de sentencia, en el plazo de diez días a contar desde la notificación del auto aprobatorio de la liquidación, conforme las pautas dadas en la cuestión anterior. Los créditos devengarán intereses desde que son exigibles y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, conforme lo resuelto por el Excmo. Tribunal de Justicia en “Hernández, Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A. – Demanda” (sentencia número treinta y nueve, del veinticinco de junio de dos mil dos), esto es, un interés del dos por ciento por mes, además de la media pasiva mensual que establece el Banco Central de la República Argentina. A partir del uno de enero de dos mil diez y hasta su efectivo pago, el capital se ajustará, hasta su efectivo pago, mediante la aplicación del índice RIPTE, en los términos previstos en los Arts. 8 y 17 inc. 6, de la ley 26.773. En cuanto al interés que corresponde aplicar a partir de esa fecha, uno de enero de dos mil diez y hasta el momento en que quede firme el auto determinativo de montos, es el equivalente al doce por ciento anual, y desde ese momento y hasta su efectivo pago, sobre el capital que en dicho auto quede determinado se aplicará un interés igual al dos por ciento mensual, además de la tasa media pasiva mensual que establece el Banco Central de la República Argentina. Las costas deben imponerse a la parte demandada por haber resultado objetivamente vencida y no advertirse la concurrencia de circunstancia alguna que autorice a eximirla de ellas (Art. 28, Ley 7987). El honorario de los abogados intervinientes se regulará cuando haya base suficiente para ello conforme lo prescripto por el Art. 26 de la Ley 9459, a contrario sensu. El honorario de la perito médico oficial, doctora María Estela Gambino, cuyo informe se encuentra agregado a fs. 71/74, en la suma de diez jus (art. 49 inc. 1 del CA), más aportes previsionales (quince por ciento), y los del perito medico de control, doctor Oscar Visconti, en la suma de cinco jus (art. 49 inc. 2 del CA), por su informe en disidencia (fs. 81/85), más los aportes previsionales (quince por ciento). Así voto. Por los fundamentos expuestos el Tribunal Unipersonal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara del Trabajo, RESUELVE: I. Acoger la demanda en cuanto reclama indemnización por incapacidad parcial y permanente derivada de síndrome cervicobraquial. En consecuencia, condenar a MAPFRE ART SA, a pagar a la actora las cantidades que se determinen en la etapa previa a la ejecución de la sentencia, en el plazo de diez días a contar desde la notificación del auto aprobatorio de la liquidación, conforme las pautas, condiciones y consecuencias establecidas en las cuestiones precedentes. II. Imponer a la parte demandada las costas del juicio, por los fundamentos expuestos en la cuestión anterior. III. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para cuando haya base suficiente. Regular el honorario de la perito médico oficial, doctora María Estela Gambino, en la suma de un mil setecientos setenta, más la suma de doscientos sesenta y cinco pesos con cincuenta centavos, en concepto de aportes previsionales. Regular el honorario del perito medico de control, doctor Oscar Visconti, en la suma de ochocientos ochenta y cinco pesos, más la suma de ciento treinta y dos con setenta y cinco centavos, en concepto de aportes previsionales. IV. Oportunamente deberá emplazarse a la accionada para que reponga la tasa de justicia (cuenta especial Nº 60.052), bajo apercibimiento de certificar la existencia de la deuda, conforme lo dispuesto en los Arts. 288, 3er. párrafo, y 295, séptimo párrafo, del Código Tributario, y para que cumplimente de los aportes previstos por el Art. 17 inc. “a”, párrafo 3º, de la ley 6468 (t.o. Ley 8404). V. Dar por reproducidas las citas legales efectuadas en los considerandos, por razones de brevedad. Protocolícese. Con lo que se dio por terminado el acto, que previa lectura y ratificación firma la señora Vocal de Cámara doctora Silvia Díaz, todo por ante mí, que doy fe.


“GOTTARDI GABRIELA DEL MILAGRO c/ MAPFRE ART SA -ORDINARIO - ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) Nº 126266/37




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